Ayuso quiere mantener la zona única educativa a pesar de la LOMLOE

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, una normativa autonómica con la que el Ejecutivo madrileño, dentro de sus competencias, pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). El Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta tramitación para que pueda, finalmente, ser aprobada en la Asamblea de Madrid.

El objetivo de esta iniciativa del Ejecutivo regional es garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad y el desarrollo integral de los alumnos, y, de manera específica, de aquellos que presentan necesidades educativas especiales.

En este sentido, la nueva Ley regulará la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

Para ello, se asegurará la existencia de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, y se asegurará la escolarización en Centros de Educación Especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios.

Asimismo, la normativa señalará que se tendrá en cuenta la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un Centro de Educación Especial, con el fin de que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno. En la actualidad, este tipo de centros acoge al 8,3% del alumnado con necesidades de apoyo educativo.

La nueva Ley Maestra apostará por el esfuerzo y la excelencia dentro del sistema educativo, frente al planteamiento de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos. Entre otras medidas, se apostará por la realización de pruebas externas que fomenten la calidad y se garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, como lengua oficial y vehicular de España.

Asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, que se traduce en que el 94% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años durante el presente curso. Esta cifra supone una nueva mejoría con respecto a los anteriores datos registrados y son el mejor porcentaje en toda la serie histórica.

Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa estatal, ya en vigor, poniendo en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación.

En el presente curso escolar, el 29,6% de los alumnos de la región estudia en un centro concertado, un porcentaje que, en la ciudad de Madrid, según los datos del curso pasado, es muy superior. De los 347.435 alumnos que recibían estudios en centros sostenidos de la capital con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo han hecho en centros concertados, mientras que los restantes 143.290 (41,25%), en centros públicos.

Además, en 14 de los 21 distritos de la capital, las familias optaron de manera mayoritaria por matricular a sus hijos en colegios concertados, siendo igualmente superior en algunos de los distritos que tienen una renta per cápita más baja de la capital de la región. Del mismo modo, la Ley madrileña que inicia ahora su tramitación recogerá que la educación diferenciada cumple el principio de igualdad de la Constitución, tal y como ha respaldado el Tribunal Constitucional.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha participado en Nueva Economía Fórum Online, donde ha analizado las principales novedades y mejoras que incorpora la Ley de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), que acaba de entrar en vigor. Celaá ha pedido que las administraciones sumen esfuerzos para afrontar los desafíos a los que debe enfrentarse el sistema educativo español.

"Animo a todas las administraciones educativas a trabajar juntos, a sumar esfuerzos para mejorar el sistema educativo español, que se enfrenta a enormes desafíos que debemos superar", ha señalado Celaá. "La educación no tiene tiempo; tenemos urgencia y necesidad de modificar el sistema para que sea más eficiente y para que todo el mundo pueda progresar", ha añadido.

Con este fin, precisamente, se ha desarrollado la LOMLOE, que entró ayer en vigor. Una Ley "de equilibrio, merecedora de grandes acuerdos, que busca promover el talento de todos y que va a modernizar el sistema educativo", en palabras de la ministra.

Para ello, la LOMLOE se centra en nuevas metodologías educativas, la personalización de la enseñanza, un currículo competencial o el desarrollo de la carrera profesional docente. El objetivo es garantizar el derecho a la educación de todos, independientemente de sus condicionamientos de origen, para "promocionar todos los talentos".

Dentro de estas líneas estratégicas está, además, la digitalización, una de las políticas centrales del Ejecutivo y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las CCAA y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, lleva a cabo un plan para la digitalización de la educación que implica la dotación de recursos para centros y, especialmente, para el alumnado más vulnerable con el fin de reducir la brecha digital, la capacitación de docentes o la transformación de las aulas hacia modelos interactivos.

"La digitalización es una palanca de transformación. Tenemos el objetivo de formar a todos los docentes en esta materia en los próximos tres años, para lo cual contamos con 300 millones de euros; lograr la conectividad de los centros, que se completará en 2023; transformar el 50% de las aulas en interactivas y proporcionar recursos digitales a los alumnos", ha explicado Celaá.

La ministra se ha referido también al Plan de Modernización de la Formación Profesional, gracias al que se han creado hasta la fecha 60.000 nuevas plazas, lo que supone un incremento del 5% de la oferta. El objetivo es crear 140.000 más de aquí a 2023. Además, se han aprobado 33 nuevos títulos dentro del proceso de actualización del catálogo de titulaciones y se están agilizando los procedimientos de acreditación de competencias para 3,3 millones de trabajadores.

La ministra ha señalado que "para afianzar todos estos cambios, estamos preparando una ley de Formación Profesional. Para hacerlo, trabajamos ya con más de 300 empresas, y con las CCAA y partidos políticos que han manifestado su intención de participar en este proceso".

Celaá ha reconocido de nuevo el trabajo y el esfuerzo de docentes, alumnos, padres y madres para que la educación continúe en las circunstancias generadas por la pandemia. "Hemos hecho una apuesta firme por mantener las aulas abiertas porque pensamos que la presencialidad es insustituible", ha subrayado la ministra. "Toda la comunidad educativa ha tenido un comportamiento ejemplar durante el primer trimestre del curso, que ha permitido tener la escuela abierta. Queremos que siga siendo así, para lo que debemos extremas todas las medidas de prevención", ha añadido.

En el acto de Nueva Economía, han intervenido también Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, y Yolanda Rueda, fundadora y presidenta de Cibervoluntarios.