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20
Mar
2020
Al menos 19 juzgados de la Comunidad tienen contagiados PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMEntre los más afectados, los juzgados de La Paloma de Alcalá

CCOO ha exigido por escrito al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid el cierre inmediato de todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sindicato denuncia que la falta de medidas preventivas en las sedes judiciales así como el empecinamiento de la Consejería de Justicia en no reducir, primero drásticamente la atención al público (con la excusa de la inaceptable decisión del Consejo General del Poder Judicial) y, posteriormente, a pesar de la evidencia de la gravedad de la situación, en no aceptar el trabajo presencial sólo en los juzgados de guardia y la disponibilidad del resto de personal, han precipitado los contagios en al menos 19 sedes judiciales.

Por eso, dada la extremada gravedad de la situación, ya constatada, para la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que, a su vez, compromete seriamente la salud de sus familiares (algunos de ellos personas mayores y con patalogías con riesgo de agravarse en caso de contagio), en cumplimiento de los requerimientos de las autoridades sanitarias y de los objetivos del estado de alarma, desde CCOO se ha presentado un escrito al consejero exigiendo , sin ninguna excusa y de forma inmediata, entre otras cuestiones, el cierre de las sedes judiciales salvo para las actuaciones que se incluyen en dicho escrito.

CCOO anuncia que, de no hacerlo, exigirá las máximas responsabilidades políticas, administrativas y judiciales a los y las responsables políticos de la Consejería de Justicia, por atentar contra la salud de las personas trabajadoras de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL denuncia que, desde el pasado lunes 9 de marzo,  fecha en la que la Comunidad de Madrid estableció medidas ante la alerta sanitaria por Coronavirus, como el cierre de los centros escolares, por ejemplo,  los funcionarios de Justicia de la región se han visto completamente abandonados, puesto que los responsables de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas comunicaba la imposibilidad de que sus trabajadores pudieran trabajar en sus casas hasta que el Consejo General del Poder Judicial  no decrete el cierre de juzgados y la paralización de la actividad judicial.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos que el CGPJ ha actuado de una manera totalmente irresponsable, y sin un mínimo de conciencia social, dictando varias resoluciones en una sola semana en las que se niega a que los juzgados sean clausurados. Esto conlleva que, a día de hoy, se continúe atendiendo a los ciudadanos, circunstancia que provoca la concentración de ciudadanos, profesionales y funcionarios en todas las sedes judiciales, originando que se hayan producido distintos focos del COVID-19, habiéndose desalojado juzgados y, en algunos casos, plantas completas, como en los Juzgados de Primera Instancia y Familia de Francisco Gervás, en los Juzgados de lo Social o en los de Alcalá de Henares, entre otros.

Sin embargo, mientras todo esto sucedía, Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia se quedaban en sus casas, alejados de los juzgados, “abandonando el barco” los primeros, y dejando al resto de funcionarios solos ante el caos.

Tras muchas reclamaciones por parte de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, y  del resto de sindicatos que componen la Junta de personal, habiendo incluso presentado un acuerdo de paralización de la actividad por RIESGO GRAVE E INMINENTE (recogido en el art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid no sólo no ha velado por la salud y seguridad de los trabajadores, sino que no  suministra guantes ni mascarillas a todos los profesionales que han de seguir acudiendo a sus puestos de trabajo diariamente. Además, desde esta Organización Sindical subrayamos que esta Administración, hasta el momento, ni tan siquiera está desinfectando las sedes de manera regular, vulnerando la Ley, así como las vigentes recomendaciones sanitarias aprobadas.

Como resultado de esta nefasta gestión política, se ha triplicado el porcentaje de contagios entre los funcionarios de Justicia. Por ello, CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige el cierre total de las sedes judiciales de  toda la Comunidad de Madrid, dado que se han convertido en focos importantes de transmisión del COVID-19, poniéndose en riesgo la seguridad de todos.

La Comunidad de Madrid ha solicitado apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que ayude a incrementar la desinfección de sedes judiciales esenciales. En concreto, se ha solicitado la desinfección extra de los juzgados de Plaza de Castilla y Francisco Gervás, en la ciudad de Madrid y de la Plaza de la Paloma, en Alcalá de Henares.

Estas labores de limpieza vienen a complementar las tareas de desinfección que la Comunidad ya realiza y ha intensificado estas semanas a través de una empresa contratada a tal fin. Además, la semana pasada se instalaron 400 dispensadores y más de 1.700 litros de gel en las 70 sedes judiciales de la región.

En lo que respecta a la protección de los funcionarios, la Comunidad de Madrid recuerda que, debido a la declaración del estado de alarma, la autoridad sanitaria ha requisado y administra el material de protección y sanitario y, por tanto, el Ejecutivo regional no puede disponer libremente del mismo.

Pese a ello, al principio de esta semana, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas al objeto de extremar la protección de los trabajadores de la administración de justicia, solicitó la entrega de equipos de protección individual a la autoridad sanitaria competente.

Además, el pasado domingo el Ejecutivo regional emitió una resolución para que, al objeto de facilitar la conciliación y proteger a colectivos vulnerables, se liberara de acudir al centro de trabajo a todos aquellos funcionarios con patologías médicas que pudieran verse afectados por el coronavirus (COVID-19) o tuvieran hijos menores de edad o personas mayores y dependientes a su cargo. Esta resolución vigente, además, permite a los jueces y letrados de la administración de Justicia flexibilizar y adaptar la presencia de trabajadores a la situación actual.

Por último, la Comunidad de Madrid recuerda que es el Consejo General del Poder Judicial la institución encargada de definir qué servicios judiciales se deben garantizar durante el tiempo que dure la crisis sanitaria del COVID-19 y, en función de esas instrucciones y los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Comunidad de Madrid debe proveer los medios y personal que sean requeridos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una subvención de 550.000 euros para que el Colegio de Abogados de Madrid preste el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) durante el presente año en todo el territorio de la región, a excepción del que corresponde al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

El Servicio de Orientación Jurídica es un servicio público y gratuito de orientación legal que se presta en nuestro país a través de los 83 Colegios de abogados. De esta manera, dependiendo del Colegio, puede ser un servicio generalizado o especializado en materias de contencioso-administrativo, social, mujer, extranjería, racismo y xenofobia, homofobia-transfobia, menores de edad, hipotecario-subastas, entre otros temas.

En virtud de este convenio el Colegio de Abogados de Madrid está obligado a poner a disposición de los usuarios del SOJ un sistema de cita previa mediante un teléfono gratuito, otro de quejas, sugerencias y reclamaciones, además de realizar acciones de difusión e información de este servicio a través de guías, diccionarios y otros materiales divulgativos dirigidos a colectivos específicos.

Los presupuestos prorrogados de la Comunidad de Madrid para 2020 contemplan una partida de casi 50 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores. Del total de la partida de este año, 43,88 millones se destinarán a los abogados y 5,95 millones a los procuradores (42,83 millones de euros a justicia gratuita y 7 millones a turno de oficio).

En 2019, a través de estas subvenciones se financiaron casi 300.000 actuaciones (175.000 de abogados y casi 112.000 de procuradores) correspondientes a los gastos de tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido, junto a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales de abogados y procuradores, además de la asistencia letrada al detenido realizada por los abogados.

Con estos pagos se sufragan las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.

La asistencia jurídica gratuita es uno de los pilares del Plan Justicia 21x21 que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización y humanización de las infraestructuras judiciales. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto anual de unos 500 millones de euros.

 

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