 Educación, Sanidad, Ciencia y Medio Ambiente, en el ojo del huracán
Antiguamente se daban cien días de cortesía a los nuevos gobiernos, pero parece que al Gobierno de la Comunidad de Madrid no se le van a dar ni 24 horas de cortesía, y es que ecologistas, consumidores y sindicatos cargaban ayer contra cuatro de los nuevos responsables autonómicos, en concreto los titulares de Sanidad, Educación, Ciencia y Medio Ambiente.
FACUA Madrid lamenta la continuidad de Enrique Ruiz Escudero al frente de la Consejería de Sanidad, que implica una apuesta por mantener la política sanitaria de la legislatura anterior: una descapitalización paulatina del sistema público de salud para potenciar el privado. La asociación reclama al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la popular Isabel Díaz-Ayuso un cambio sustancial en sus políticas de sanidad, de tal manera que se garantice un sistema público, gratuito y de calidad y se abandonen las prácticas sistemáticas de derivar pacientes de los centros públicos a los privados, aparejado de un cierre de camas en los centros públicos mientras se aumenta el presupuesto de los hospitales públicos de gestión privada.
Es imprescindible aumentar el presupuesto destinado al sistema público de salud, el segundo más bajo per cápita de toda España, valora FACUA Madrid. En este sentido, ha remitido un escrito a la Consejería con las medidas que considera urgentes para el servicio y en el que recoge las graves incidencias que lo han ido deteriorando el servicio. La asociación reclama al consejero que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar los futuros Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024 y Plan de Inversión en Infraestructuras Hospitalarias. Entre otras cuestiones, Ruiz Escudero debe asumir el compromiso de la legislatura anterior y realizar las obras de ampliación de los nuevos centros de salud Baviera y de Pezuela de las Torres, del centro de salud Ensanche de Vallecas I y del consultorio local de Collado Mediano e incluir en el nuevo Plan la construcción de los tres centros de salud que desde hace más de 20 años se han prometido al Distrito de Carabanchel.
Asimismo, FACUA Madrid considera prioritaria la inversión y elaboración de políticas de mejora específicamente para la atención primaria y pediatría, que vive una paulatina situación de deterioro. La falta de personal repercute en la calidad de la atención que reciben los usuarios. La propia Consejería reconocía el pasado mes de abril la existencia de casi 400 plazas en las que no se habría repuesto el servicio en ausencia del médico titular.
En su escrito, la asociación reclama también un refuerzo de los servicios y consultas de atención psicológica, que viven una situación de colapso permanente pese a que según los datos del Plan Estratégico de Salud Mental, los trastornos y enfermedades mentales tienen una tendencia al alza desde 2002, con la Comunidad de Madrid por encima de la media de los casos nacionales. Los tiempos de espera en estos servicios son de más de tres meses en los casos de menores de edad y de más de cuatro en los adultos.
FACUA Madrid recuerda a Ruiz Escudero que la Consejería debe poner en marcha de manera urgente la Ley 7/2018, de 26 de diciembre, de Atención a la Salud Bucodental y la creación del Programa de Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid, además de un servicio de atención para la salud bucodental sin límites de edad para aquellos colectivos vulnerables o en riesgos de exclusión social. Evitar fraudes masivos como los que han sufrido los madrileños durante los últimos años con el cierre de las clínicas dentales de Funnydent e iDental, que han afectado precisamente a los tramos de rentas más bajas y han causado un grave perjuicio en la salud de decenas de usuarios, debe ser tarea primordial del ratificado responsable de la Sanidad de la Comunidad.
El perfil de los nuevos consejeros de Educación y Universidades, Enrique Ossorio y Eduardo Sicilia, respectivamente, ha provocado alarma en la comunidad educativa madrileña. La secretaria general de de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha explicado que la preocupación se debe, por un lado, a que ni Osorio ni Sicilia proceden de los sectores educativo y universitario, ni tienen experiencia en esos ámbitos, por lo que carecen del bagaje y conocimiento necesario para gestionar dos carteras con tanto peso en el presente y futuro de la sociedad madrileña.
La responsable sindical ha recordado, por otro lado, que Ossorio, como responsable de Hacienda de Esperanza Aguirre, defendió la subida de tasas universitarias, que supuso la expulsión de la universidad de un gran número de estudiantes, y apoyó todos los procesos de privatización llevado a cabo por los gobiernos del PP que han convertido los servicios públicos en negocios particulares: “Ossorio, en declaraciones previas a la toma de posesión, ha dejado clara su defensa del “aguirrismo” que tanto daño ha hecho a la escuela pública, aumentando la segregación escolar y reduciendo los recursos”, denuncia Galvín.
Respecto a Eduardo Sicilia, CCOO muestra su sorpresa por el hecho de que Ciudadanos no haya encontrado a ningún académico o académica de reconocido prestigio en investigación e innovación y conocimiento para la Consejería de Universidades y haya optado por un economista del sector financiero. “Esta decisión –señala Galvín– revela la visión determinista de la Universidad que tiene Ciudadanos y, por extensión, el nuevo gobierno de Madrid, como una agencia de colocación al servicio de las empresas”.
“Todo apunta a una vuelta a los momentos más duros del PP, diametralmente opuestos a una renovación o regeneración”, advierte la responsable sindical, que ha calificado los perfiles de los nuevos consejeros de Educación y Universidades de “reaccionarios en lo social y neoliberales en lo económico”.
Finalmente, CCOO lamenta “el empecinamiento del PP en sus políticas neoliberales, el giro de Ciudadanos hacia posiciones cada vez más reaccionarias en lo social, y el liderazgo ideológico de VOX en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid”.
"Paloma Martín tiene el reto y la oportunidad de transformar y modernizar la política y la gestión medioambiental y la ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid. La dinámica de los últimos gobiernos, en materia ambiental y urbanística ha sido el estancamiento –cuando no el retroceso- y el desinterés por lograr avances en conservación de la naturaleza, en gestión de residuos, en transparencia sobre la gestión de caza y pesca, en mejoras en calidad del aire y movilidad, en la implementación de medidas ante la grave emergencia climática a la que se enfrenta el territorio madrileño, modificaciones constantes de la Ley del Suelo para permitir proyectos no autorizables, etc", tal y como contaba Ecologistas en Acción en un comunicado.
Actualmente la región carece de normativa que regule la declaración de espacios protegidos, ni el turismo y los deportes de gran impacto en la naturaleza. No ha aprobado ni un solo plan de recuperación de especies o planes de conservación de hábitats, a pesar de ser una obligación. No tiene ley de caza ni ley de pesca fluvial, se rige por las leyes preconstitucionales de 1970 y 1942, respectivamente. Carece de ley de cambio climatico, de estrategia de calidad del aire y la generación de residuos se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales de la región.
En materia urbanística están pendientes la aprobación o el rechazo de grandes proyectos urbanísticos insostenibles, como son la Operación Chamartín y los desarrollos del sureste de la ciudad de Madrid. la Comunidad de Madrid, necesita un modelo urbano diferente y una estrategia territorial que, a pesar de estar contemplada desde 1995, ningún gobierno regional ha aprobado.
Entre las 155 medidas pactadas entre el Partido Popular y Ciudadanos se incluyen la aprobación de una ley de eficiencia energética, incentivar la adquisición de vehículos bajos en emisiones, así como repoblar con 500.000 árboles y crear un arco verde. A juicio de los colectivos ecologistas se trata de medidas que ya se prometieron en legislaturas pasadas, sin conexión y alejadas de los retos urgentes de la realidad madrileña. El impacto de estas medidas -ante los altos niveles de contaminación, el aumento de temperatura media, la sequía, los incendios, la pérdida de biodiversidad por la degradación de hábitats, la proliferación de especies exóticas invasoras, el avance de zonas artificiales urbanas y de infraestructuras- será insignificante.
Los colectivos ecologistas consideran que el escaso bagaje y perfil ambiental de Paloma Martín es un inconveniente. Al igual que ha sucedido con las últimas personas que han desempeñado ese cargo, carece de formación, experiencia y objetivos sobre la materia que ha de gestionar. Esta situación, ha propiciado que la gestión ambiental y la ordenación del territorio se hayan situado a la cola de las comunidades autónomas.
A pesar de todo, comienza una nueva legislatura y Paloma Martín tiene la posibilidad y la capacidad de cambiar las dinámicas de funcionamiento de la consejería que dirigirá en los próximo cuatro años. Las malas prácticas administrativas, que tuercen los procedimientos a favor de intereses ajenos a la conservación y al interés general, son muy habituales en numerosos departamentos de medio ambiente. Frenar esta tendencia,ya sería un avance.
Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo consideran necesario un giro radical que transforme las políticas y la gestión ambiental en la Comunidad de Madrid. Por ello, ponen a disposición de la consejera Paloma Martín 147 propuestas concretas para la gestión ambiental de la región. Desarrollar estas propuestas alejarían su futuro mandato del desinterés, la opacidad, la propaganda y el lavado verde de cara que han caracterizado a sus antecesores y antecesoras en el cargo.
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