El Gobierno Regional deberá pagar 43 millones de euros a la Universidad

El portavoz socialista en materia de Educación en la Asamblea de Madrid, Eusebio González, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid "debe pagar lo que debe a la Universidad Complutense, un total de 43,3 millones que el Ejecutivo regional dejó de pagar en 2010".

“La sentencia del Supremo del día de ayer da la razón a la Universidad Complutense y con ello da la razón a la universidad pública, a la escuela pública en Madrid. El Supremo ha tenido que dar a la Universidad Complutense lo que le quitó en su momento el Gobierno de Esperanza Aguirre, lo que le quitó en su momento la Consejería de Educación que dirige Lucía Figar” ha manifestado el responsable socialista.

González ha subrayado que "con este auto judicial se abre la puerta a las reclamaciones que plantearon el resto de universidades, para que los campus públicos madrileños recuperen el dinero que les recortó, injustificadamente, Aguirre. Es inaceptable que la Comunidad de Madrid no sólo haya dejado de pagar lo que es suyo a la Complutense, sino que para 2013 haya recortado en 158 millones a las universidades”, ha añadido el responsable socialista de Educación, quien ha incidido en las consecuencias : subida de tasas, menos recursos humanos... En definitiva, “que cuando Figar deja de hacer sus deberes lo pagan los ciudadanos madrileños, los estudiantes y profesores”.

Por otra parte, la portavoz de Educación de IU en la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, ha pedido la dimisión de la consejera del ramo, Lucía Figar, por su “gestión tramposa” al frente de la Consejería como ha señalado el Tribunal Supremo. Vaquero ha señalado que "han tenido que ser de nuevo los tribunales los que le hagan rectificar una política educativa tan autoritaria como trasgresora de la legalidad vigente". Así, ha recordado los “varapalos judiciales” cosechados desde que llegó a la Consejería y ha puesto como ejemplo "la venta de un colegio público en El Álamo o la contratación de profesores nativos de inglés".

Por su parte, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha incidido en que Figar, de forma reiterada, “hace las cosas de forma ilegal y además las hace a sabiendas”. Así, ha señalado que "el incumplimiento del plan de inversiones en las universidades es ilegal, y aún así se empeña en mantener su actitud, desmantelar y estrangular la universidad pública madrileña”.

Gordo ha afirmado que "si el presidente Ignacio González no convoca elecciones anticipadas, ante la situación de acorralamiento y desprestigio de su gobierno, se aconseja que Figar sea la primera en salir del Ejecutivo regional porque lleva un curriculum que no se corresponde con lo que debería ser su función, la defensa y desarrollo de la educación pública”.

En este sentido, ha denunciado que Figar se ha dedicado a “liquidar la enseñanza pública y a dejar las universidades públicas en las peores condiciones” y ha lamentado que "para el PP la educación no sea una prioridad, sobre todo en un momento de crisis, sino trabajar para que las empresas tengan su beneficio con la privatización de la enseñanza. El Grupo Parlamentario de IU exigirá la comparecencia de Figar en la Asamblea de Madrid para que explique como va a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo".