Denuncian que solo beneficia a los independentistas catalanes

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta de nuevo modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas. El nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero ha destacado que el modelo propuesto es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos autonómicos para blindar el Estado de bienestar, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por habitante.

Montero ha explicado las bases de este nuevo modelo de financiación, cumpliendo así la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plantear una financiación más amplia y justa para las comunidades reconociendo a la vez las singularidades de cada territorio. Dicha propuesta ha sido remitida al conjunto de gobiernos autonómicos para su conocimiento, con el fin de que sea debatida y analizada el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario.

Montero ha destacado que la propuesta refleja "un gran trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda, que ha recogido y analizado infinidad de propuestas de parlamentos autonómicos, de expertos o de centros de estudios" para idear un modelo de financiación que responde al "interés general" y que incorpora "unos principios rectores justos, claros y transparentes". Por este motivo, ha reclamado a las comunidades que acudan a la reunión del CPFF con "espíritu constructivo".

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.

Se amplia, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.

La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.

La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático

Garantía de statu quo, por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo.

Mecanismo complementario de financiación.

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido.

Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30% de la ponderación de la población ajustada.

Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38%. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en función de la edad de los beneficiarios.

Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otros dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%.

Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación:

Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación.

Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.

Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.

Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas comunidades. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.

Incremento de la capacidad tributaria

La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.

Actualmente, la capacidad tributaria de las comunidades se determina por la recaudación normativa de los siguientes impuestos:

El 50% del IRPF y el IVA.

El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e Hidrocarburos.

El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el Impuesto sobre la Electricidad.

Este nuevo modelo de financiación plantea un incremento de esa capacidad tributaria, facilitando así que dispongan de más ingresos y una mayor autonomía fiscal. En concreto, los recursos aumentarán en casi 16.000 millones en 2027.

La modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Nivelación horizontal

Como ha señalado Montero, el modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria.

De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante.

Nivelación vertical

Este parámetro es el que visibiliza de manera más evidente el compromiso del Gobierno y el Estado con las comunidades autónomas y el Estado de bienestar. Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es reducir en 2/3 la distancia de cada comunidad respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición.

Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

Todos los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El modelo contempla otros elementos, pero con menor importancia económica.

Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo económico, las comunidades podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En caso contrario, el importe será negativo. Un aspecto relevante es que los fondos de esta fase no son competitivos, por lo que un aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro.

Fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones. 2/3 del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura. El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre. En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha desgranado otros aspectos de la propuesta relacionadas con la gestión tributaria y con la financiación de las competencias no homogéneas.

El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma. Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha señalado que la intención del Ejecutivo es reformular el funcionamiento del modelo actual, en el que las comunidades reciben unas entregas a cuenta en función de la previsión de la recaudación tributaria. Un modelo en el que hasta dos años más tarde no se realiza la liquidación definitiva.

"Queremos abordar con las comunidades una negociación para que las liquidaciones sean antes y se realicen de forma más ágil", ha señalado en la rueda de prensa en el Ministerio. Bajo esta premisa, Montero ha anunciado que "las comunidades que así lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja común o compartida en el que los ingresos del IRPF y otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal y autonómica". La decisión de participar en este nuevo sistema de pagos se manifestará por cada comunidad en la Comisión Mixta con el Estado y podrá ser modificada cada cinco años.

En la línea de potenciar la cooperación y la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, la vicepresidenta también ha anunciado la intención del Ejecutivo de poner en marcha un nuevo "modelo de gestión en red del sistema impositivo". El objetivo es que las comunidades autónomas puedan ir asumiendo más competencias gestoras, siempre en coordinación con el Estado.

Montero ha destacado que este modelo mejora la equidad en la medida en que las diferencias entre la comunidad con más y con menos recursos por habitante ajustado pasa de 1.500 euros con el modelo actual a 477 euros con el sistema propuesto antes de la fase de statu quo. Tras la corrección para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior modelo, las diferencias se sitúan en 700 euros. Es decir, se reduce a la mitad el diferencial que arroja el modelo vigente.

La vicepresidenta primera ha insistido en la idea de que la propuesta del Gobierno beneficia a todas las comunidades autónomas. Y ha avanzado la voluntad del Ejecutivo de habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las comunidades y garantizar una aportación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante. Montero ha defendido que esta medida tiene una lógica económica evidente. "Si una comunidad está por debajo de la media en financiación por habitante significa que es menos dinámica económicamente y ello se mejora a través de más recursos, pero también con mejores inversiones e infraestructuras", ha concluido.

Montero ha concluido que las principales fortalezas del modelo son que incrementa los recursos para fortalecer el Estado de bienestar, respeta las singularidades territoriales, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial, eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y hace compatible la coexistencia de mecanismos de negociación multilateral y bilateral.

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo supondrá que la Comunidad de Madrid reciba 2.555 millones más al año, a partir de 2027, y se sitúe como la comunidad con más recursos por habitante ajustado, solo por detrás de Cantabria.

En rueda de prensa, ha expuesto en qué podría materializarse este incremento de recursos para fortalecer los servicios públicos de la región. Por ejemplo, este aumento supone casi duplicar el presupuesto de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, incrementar en un 80% los recursos de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras o multiplicar por 4,6 el presupuesto de vivienda de 2026.

Asimismo, equivale a incrementar un 8,3% el presupuesto total de la región, un 10,6 % el presupuesto social, un 23% en Sanidad o duplicar el presupuesto en Atención Primaria; si se dedicara a Educación, equivaldría a contar con un 37% más, lo que serviría para hacer frente a la asfixia financiera actual que sufren las universidades públicas de la región.

En resumen, invertir en mejorar la calidad de vida de los madrileños a través del fortalecimiento de los servicios públicos y “nadie podría entender que el Gobierno autonómico se negara a gestionar estos mayores recursos que conllevan tantos beneficios”. Por ello, ha calificado de este de “un día muy importante y positivo para España y para la Comunidad de Madrid” en el que, por fin, se haya actualizado un modelo de financiación que llevaba caducado ya 13 años.

Asimismo, ha defendido que “nunca la Comunidad de Madrid había recibido tantos recursos como con el Gobierno de Pedro Sánchez”, como demuestran las cifras: un 50 % más de recursos en los últimos 7 años y más de 43.000 millones que con los gobiernos de Mariano Rajoy; el ofrecimiento de la condonación de casi 8.000 millones y las mayores transferencias a cuenta de la historia.

Una tendencia que se mantendrá en el nuevo modelo que, además, tiene en cuenta la singularidad empresarial de la Comunidad de Madrid al ser una de las principales beneficiarias del nuevo mecanismo IVA Pymes, por el que las comunidades autónomas podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Esto supone una ventaja para una comunidad con un amplio y competitivo tejido empresarial de pymes.

De esta forma se reconoce la realidad del tejido productivo de la región y su esfuerzo en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se avanza en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal y se incentiva el desarrollo económico. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades, entre ellas, la Comunidad de Madrid.

A la vista de la realidad de las cifras, el delegado del Gobierno ha destacado que se trata de un modelo que eleva los recursos del sistema autonómico para blindar el Estado de Bienestar y que beneficia al conjunto de comunidades autónomas, dado que todas contarán con la mayor financiación de su historia. Además, garantiza, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial. Estamos ante un modelo solidario, donde hay un trasvase de recursos de comunidades ricas a comunidades con menos recursos con una metodología transparente, justa y clara. La solidaridad interterritorial aumenta en 3.000 millones.

Por otro lado, refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal al incrementar los porcentajes de cesión de los dos principales impuestos: IRPF e IVA, y es más equitativo al reducir a la mitad las distancias actuales en financiación por habitante.

Lógicamente, la propuesta provocaba un auténtico huracán de repercusiones, y casi ninguna positiva. Madrid era la más beligerante, anunciando que, si se aprueba, lo llevará a los tribunales por romper el principio de autonomía fiscal de las CCAA.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ofreció declaraciones a los medios de comunicación en respuesta a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno español. Este anuncio se enmarca en un contexto político tenso, donde la Comunidad de Madrid se opone firmemente a las medidas que considera perjudiciales para sus ciudadanos.

El Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su intención de explorar todos los recursos legales disponibles para bloquear la reforma del sistema de financiación autonómica. Según la consejera Albert, esta reforma es vista como un ataque directo a los intereses de los madrileños. La postura del Gobierno regional es clara: se oponen a cualquier cambio que pueda afectar negativamente a la economía de la Comunidad de Madrid.

Rocío Albert no escatimó en críticas hacia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La consejera acusó a Montero de "difamar" y "mentir" acerca de la situación fiscal de Madrid, en particular, al insinuar que la región está llevando a cabo un "dumping fiscal". Este término se refiere a la práctica de ofrecer impuestos más bajos para atraer inversión y población, lo que, según Albert, es una tergiversación de la realidad.

Albert argumentó que la reforma propuesta perjudica a los ciudadanos de Madrid, ya que implicaría que los impuestos recaudados en la región se destinarían a financiar lo que ella denomina una "fiesta independentista". Esta afirmación sugiere que los recursos de los madrileños serían utilizados para beneficiar a comunidades autónomas que, según su perspectiva, tienen intereses secesionistas.

La consejera también destacó que el nuevo sistema de financiación que se plantea favorecería principalmente a los independentistas, sugiriendo que la reforma está diseñada para beneficiar a regiones que buscan distanciarse del resto de España. Según sus palabras, esto no solo es injusto, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica de Madrid.

A pesar de las críticas de la consejera, el Ministerio de Hacienda ha presentado datos que indican que la Comunidad de Madrid podría ver un incremento en sus recursos de 2.555 millones de euros para el año 2027. Este aumento posicionaría a Madrid como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento bajo el nuevo modelo, después de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Este dato contrasta con las afirmaciones de Albert, quien sostiene que la reforma es perjudicial.

El secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Alfonso Serrano, expresó su oposición a las intenciones del Gobierno de la nación de limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, con un enfoque particular en la Comunidad de Madrid. Esta crítica surge en un momento en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que su departamento está trabajando en establecer límites al "dumping fiscal" que, según su opinión, algunas comunidades, especialmente Madrid, están llevando a cabo.

Serrano argumentó que el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno tiene como objetivo restringir la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Según él, esta medida está dirigida principalmente a Madrid y considera que las rebajas fiscales implementadas en la región han resultado en un aumento de la recaudación fiscal, gracias al crecimiento de la actividad económica. El secretario general del PP de Madrid defendió que su comunidad no solo ha mantenido sus propios servicios públicos, sino que también ha contribuido significativamente a los servicios del resto de España. Resaltó que la solidaridad entre territorios ha aumentado cada año, incluso a pesar de las reducciones impositivas.

Serrano criticó la forma en que el Gobierno está negociando el nuevo acuerdo de financiación con Cataluña, describiéndolo como un "modelo a la carta" que favorece a los independentistas. Considera que este enfoque es injusto, ya que las demás comunidades autónomas se ven obligadas a aceptar lo que se les impone sin tener voz en el proceso. El secretario general del PP también planteó interrogantes sobre cómo se financiarán las promesas del Gobierno de distribuir más recursos a todas las comunidades autónomas, especialmente a Cataluña. Se cuestionó de dónde provendría el dinero necesario para cumplir con estas promesas.

Serrano se mostró escéptico respecto a la intención del Gobierno de aumentar el porcentaje de cesión del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas. Afirmó que esta propuesta tiene "trampa", ya que, según él, ceder un impuesto no significa que las comunidades se queden con la recaudación correspondiente.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realizó una visita a las obras del Parque Ventas, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez. Durante esta visita, Almeida aprovechó la ocasión para expresar su preocupación respecto al nuevo sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El nuevo sistema propuesto incluye un aumento en el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 50% al 55%, y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 50% al 56,5%. Almeida argumenta que este cambio "quiebra el principio de solidaridad" que debería regir la financiación entre comunidades.

Almeida enfatiza que el principio de ordinalidad, que establece que las comunidades con mayor capacidad económica recibirán más recursos, es el núcleo del problema. Según él, esto significa que las comunidades más ricas, como Cataluña, no solo dejarán de ser donantes al sistema, sino que también recibirán una cantidad proporcionalmente igual a su aportación. Esto, a su juicio, perjudica a las comunidades que realmente necesitan más recursos y políticas de equilibrio.

El alcalde sostiene que si no hay una transferencia de recursos desde las comunidades autónomas más ricas hacia aquellas con menos capacidad económica, se generará un problema de "quiebra de la solidaridad". Esto podría resultar en un desbalance en la distribución de recursos, afectando negativamente a las comunidades que tienen mayores necesidades.

Almeida reafirma que Madrid, como motor económico de España, desea el bienestar de todas las comunidades autónomas, especialmente de aquellas que enfrentan más dificultades. A pesar de que el 70% de los fondos de solidaridad interterritorial provienen de la Comunidad de Madrid, el alcalde aclara que no se quejará de esta situación. Sin embargo, sí se opone firmemente al nuevo sistema que, según él, favorece a Cataluña en detrimento de las comunidades que más lo necesitan.

Pero Madrid no era la única Comunidad que ponía el grito en el cielo con la última ocurrencia de Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su fuerte oposición al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Este modelo ha sido objeto de críticas por parte de García-Page, quien considera que pone en peligro la igualdad entre las comunidades autónomas en España.

En un evento celebrado en Alcoba de los Montes, un municipio de Ciudad Real, García-Page calificó el día como “doloroso” y dejó claro que no participará en lo que describió como un “intento de suicidio político de la izquierda” motivado por intereses personales. Esta declaración refleja su preocupación por la dirección que está tomando la política en relación con la financiación autonómica.

García-Page criticó la falta de negociación en la elaboración del nuevo modelo de financiación, afirmando que no se ha consultado a nadie en el proceso. Lamentó haber escuchado “argumentos ininteligibles y caóticos” que intentan justificar un modelo que, según él, carece de lógica desde una perspectiva progresista.

El presidente autonómico considera “intolerable” que el modelo de financiación se pacte con grupos independentistas, sugiriendo que esto crea una dinámica de desigualdad entre las comunidades autónomas. Señaló que este modelo no solo es perjudicial para Castilla-La Mancha, sino que también representa un retroceso en la lucha por la progresividad fiscal que ha caracterizado a España durante años. García-Page enfatizó que la idea de que “pague más el que más tiene” no debe traducirse en que “se lleve más el que más tiene”.

García-Page argumentó que el cambio de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es “inconcebible” y una “ofensa” a los valores progresistas defendidos en el país. Este cambio, según su perspectiva, no solo afecta a la financiación, sino que también tiene profundas implicaciones para la justicia social y la equidad en la distribución de recursos.

El presidente de Castilla-La Mancha advirtió que el nuevo sistema de financiación representa “el mayor ataque a la igualdad” en la historia democrática de España. García-Page hizo hincapié en que se están jugando el futuro de las próximas generaciones, lo que añade un sentido de urgencia a su crítica.

García-Page cuestionó la legitimidad de utilizar acuerdos con grupos independentistas para discutir la financiación autonómica, sugiriendo que antes de que se tomen decisiones que afecten a la distribución de la riqueza en España, debería haber un diálogo más amplio que incluya a todos los españoles. Reiteró su compromiso de no tolerar “más trampas y más engaños” en el proceso de financiación.