El delegado del Gobierno la acusa de boicotearlo

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el nuevo decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, aprobado en Consejo de Ministros, por vulnerar de nuevo competencias autonómicas, tal y como ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Este recurso judicial se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio. El primero fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 CCAA ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

El segundo lo presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias, y cuyo informe de la Abogacía General de la Comunidad ha sido remitido hoy al Consejo de Gobierno madrileño.

Al margen de los actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo arbitrario, opaco y discriminatorio.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, criticó fuertemente a la Comunidad de Madrid por su decisión de presentar un recurso contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes. Martín acusó al Ejecutivo madrileño de boicotear una política que considera "absolutamente humanitaria". En sus declaraciones, realizadas en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro, señaló que la actitud de la Comunidad de Madrid no sorprende, ya que ha sido parte de una dinámica de oposición a las políticas del Gobierno central desde el inicio de la crisis migratoria.

El delegado instó a las administraciones a colaborar en la construcción de soluciones en lugar de generar más problemas. Esta llamada a la unidad se presenta como una respuesta a la creciente tensión política en torno a la gestión de la crisis migratoria y el tratamiento de los menores no acompañados.

Francisco Martín también criticó al Partido Popular (PP) de Madrid, sugiriendo que su postura actual es una respuesta a una competencia política con Vox. Según Martín, el PP ha adoptado una posición "radicalmente diferente" en comparación con su reacción inicial ante la llegada de menores ucranianos durante la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Esta comparación pone de manifiesto un cambio en la narrativa y las prioridades del PP en relación a la migración.

Martín describió la reacción del Gobierno regional como "irresponsable" y con un "enorme tufo racista". Esta afirmación resalta la gravedad con la que el delegado percibe la situación y su preocupación por el impacto que estas políticas pueden tener en la percepción pública sobre los migrantes.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín calificó la política migratoria del Gobierno central como "fallida". En su opinión, el nuevo real decreto para el reparto de menores migrantes no solo es ineficaz, sino que también infringe principios fundamentales de solidaridad y lealtad entre las distintas administraciones. Este decreto, según el consejero, crea una situación de desigualdad entre comunidades autónomas, lo que podría tener repercusiones serias en la atención a los menores migrantes.

El consejero expresó su preocupación por cómo este reparto de menores migrantes beneficia desproporcionadamente a ciertas comunidades, específicamente a Cataluña y el País Vasco, en detrimento de otras. García Martín argumentó que el decreto no garantiza la financiación necesaria para atender adecuadamente a los menores desplazados, lo que podría llevar a una mayor desigualdad entre las distintas regiones de España.

En respuesta a estas preocupaciones, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió interponer un nuevo recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, el cual será el tercero en relación con este asunto. García Martín destacó que estos recursos se presentan debido a la creencia de que el decreto invade las competencias autonómicas, lo que añade una capa de complejidad legal a la situación.

A pesar de las críticas a la política del Gobierno central, García Martín subrayó el compromiso de la Comunidad de Madrid con la atención a los menores migrantes. Desde la llegada del presidente Pedro Sánchez al Gobierno, la región ha atendido a un total de 11.000 menores migrantes, de los cuales más de 1.300 han sido atendidos en lo que va del año. Esta cifra refleja un esfuerzo significativo por parte de la Comunidad de Madrid para abordar la situación de los menores migrantes, a pesar de las dificultades impuestas por la política central.

García Martín no escatimó en señalar que el Gobierno central está utilizando la migración como un "peaje" en sus negociaciones con los partidos independentistas. Esta afirmación sugiere que la política migratoria no solo es un asunto administrativo, sino que también está influenciada por dinámicas políticas más amplias, lo que podría tener implicaciones tanto a nivel nacional como europeo.

El consejero también mencionó que la política migratoria del Gobierno central no solo genera preocupación dentro de España, sino que también ha llamado la atención de los socios europeos. García Martín argumentó que la única medida visible del Gobierno en relación con la migración ha sido el "reparto del problema", lo que indica una falta de un enfoque integral y efectivo para abordar la crisis migratoria.