La Fiscalía quiere que los hechos se califiquen como “homicidio doloso”

La Fiscalía ha calificado los hechos ocurridos en Torrejón de Ardoz como un homicidio doloso, argumentando que la conducta del agente de policía municipal de Madrid que estranguló a Abderrahim Akkouh hasta la muerte debe ser considerada intencional, y no imprudente. La fiscalía ha solicitado al juzgado que el agente ingrese en prisión preventiva, una medida que también ha sido respaldada por la acusación particular y la familia de la víctima.

Abderrahim Akkouh, un hombre de 35 años de origen magrebí, falleció debido a anoxia, es decir, la falta de oxígeno en su organismo, según la autopsia preliminar. Los eventos que llevaron a su muerte han sido objeto de una investigación exhaustiva durante más de un mes, donde se han practicado numerosas diligencias.

La Fiscalía ha argumentado que la conducta del agente debe ser calificada como homicidio doloso, basándose en la existencia de "dolo eventual". Este concepto implica que el agente, al realizar la maniobra de estrangulamiento, era consciente del riesgo que esta conllevaba y, por lo tanto, debió prever las consecuencias fatales de sus acciones. La Fiscalía también ha señalado que varios testigos advirtieron al agente sobre el sufrimiento de la víctima durante el incidente.

La decisión sobre la prisión preventiva del agente recae en la magistrada del Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4, quien deberá tomar una decisión antes de agosto. En el pasado, el agente fue detenido la noche de los hechos, pero fue liberado bajo medidas cautelares y acusado inicialmente de homicidio imprudente. Sin embargo, tanto la familia de la víctima como el Ministerio Público han solicitado que esta calificación cambie a homicidio doloso, lo que implicaría penas más severas.

La Fiscalía ha expuesto que existen fundamentos para considerar que el agente podría representar un riesgo de fuga debido a la gravedad de la pena que podría enfrentar, que oscila entre 10 y 15 años de prisión. Además, han manifestado preocupación por la posible destrucción o alteración de pruebas.

La acusación particular, representada por los abogados de la familia de Abderrahim, sostiene que los hechos constituyen un asesinato debido a la alevosía con la que actuó el agente, privando a la víctima de cualquier posibilidad de defensa. Sin embargo, la Fiscalía ha aclarado que la contundencia de la intervención del policía estaba dirigida a evitar que la víctima huyera. La acusación también ha solicitado que un agente jubilado que estaba presente durante el incidente, y que no intervino para detener a su compañero, sea investigado y pierda su estatus de testigo en el proceso judicial.

Si la jueza acepta la nueva calificación del delito, el agente pasaría de enfrentar una pena de 1 a 4 años de prisión a una posible condena de entre 10 y 15 años. La familia de la víctima está a la espera de la autopsia definitiva, que confirmará si el estrangulamiento fue la causa directa de la muerte. Además, han señalado que los videos grabados por transeúntes son pruebas contundentes que podrían corroborar su versión de los hechos.