Consideran que el contrato es “abusivo y lesivo”

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas (EMV) ha decidido iniciar acciones judiciales contra la sociedad de inversión SCI, participada accionarialmente por el Grupo Ortiz, con el objetivo de anular el contrato firmado por el IVIMA en 2005, por el que la empresa pública ripense asumía la gestión de un bloque de 124 pisos de protección oficial ubicado en el municipio.

El órgano de la EMV ha tomado esta determinación con el apoyo de todos los grupos municipales salvo el PP (que se ha abstenido) tras conocer un informe de la interventora municipal que califica de "abusivo y lesivo para los intereses municipales" un acuerdo que contenía unas condiciones leoninas impuestas por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Empresas del Grupo Ortiz han aparecido recientemente citadas en investigaciones judiciales sobre tramas de corrupción política. Se las ha vinculado a casos de financiación ilegal de partidos (PP y CiU) como el de la Púnica, en municipios de la Comunidad de Madrid, o relacionado con el pago a la fundación de la antigua Convergencia i Unió para conseguir obras en Cataluña.

La EMV de Rivas pretende revisar las condiciones de un contrato que entiende injusto y que obliga a detraer cada año de las arcas públicas un canon de más de un millón de euros por la gestión de un bloque de pisos de protección oficial. Esta cantidad, que la empresa pública ripense se ve forzada a abonar hasta 2023, representa al final de cada año un déficit que roza los 500.000 euros para la hacienda local de Rivas ya que la EMV también debe cargar con los gastos de mantenimiento del edificio.

Hay que remontarse a 2003, año en el que el Grupo Ortiz construye en el barrio Centro de Rivas un bloque de 124 viviendas sociales en régimen de alquiler por encargo del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), organismo dependiente de la Comunidad madrileña dedicado a garantizar el derecho a una residencia a población más desfavorecida.

El IVIMA transfirió en 2005, con unas condiciones ya fijadas, la gestión de este edificio a la EMV de Rivas cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y Francisco Granados era consejero de Presidencia.

La subrogación se hizo siguiendo el modelo de 'derecho de superficie', una fórmula que le permite a SCI cobrar a la Comunidad de Madrid en otros municipios de la región cánones millonarios por otros 1.300 pisos de protección pública. Si prosperara la demanda de Rivas, este grupo empresarial se arriesga a una resolución judicial contra este tipo de prácticas que podría poner en cuestión un negocio que lleva años produciéndose.

En palabras de Pedro Del Cura, alcalde de Rivas y presidente de la EMV: "Los vecinos y vecinas de Rivas, y quienes viven en esas viviendas, no deben cargar en sus espaldas con el negocio redondo que Esperanza Aguirre hizo a la medida de sus amigos. En estos tiempos en que conocemos en que nos desayunamos a diario en los medios con la desvergüenza del PP gestionando vivienda social o malvendiéndola a fondos buitres, seguiremos defendiendo el interés público que es el de nuestra ciudadanía".

BENEFICIO MULTIPLICADO POR TRES

La construcción del edificio que albergaba las 124 viviendas sociales supuso al Grupo Ortiz un desembolso de 5 millones de euros. El pago del canon anual que se exige a la EMV de Rivas se sitúa en 1.059.000 euros hasta 2023, de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato. Este trato desproporcionado le permitiría a SCI, sociedad de inversión en la que participa Ortiz y que gestiona este negocio, recibir así más de 18 millones de euros y multiplicar por tres la inversión realizada hace trece años.

El Ayuntamiento de Rivas llega a la decisión de querellarse tras intentar, sin éxito, la vía de la negociación con el Grupo Ortiz. Su respuesta fue la de emprender acciones judiciales contra el alcalde ripense y los miembros del Consejo de Administración de la EMV.