Según explica el Consistorio, tendrá psicólogos, abogados y orientadores laborales

“Uno de los efectos más dramáticos generados por la burbuja inmobiliaria y la codicia de las entidades financieras ha sido el de los desahucios”, ha aseverado José Masa, alcalde de Rivas al presentar una batería de medidas que buscan apoyar a ripenses que, tras perder su empleo, pueden hallarse en riesgo de perder también su vivienda. También en nuestro municipio, como en el resto del país, surgen cada vez más casos de familias que, fruto del desempleo, están pasando por serias dificultades para hacer frente a sus deudas.

El Ayuntamiento de Rivas pone en marcha en febrero una Oficina de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio desde la que se va a asesorar sobre la cobertura jurídica que necesita cada situación particular. Este servicio estará coordinado por la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), en la sede del Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1. Las personas que deseen información deben dirigirse a Atención a la Ciudadanía (en las sedes consistoriales de las plazas de la Constitución y 19 de Abril) o llamando al 010.

“Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como administración pública en la búsqueda de soluciones para paliar este drama humano”, reconoce Masa. La Oficina que se crea contará  con un equipo multidisciplinar formado por profesionales del derecho, la psicología, el trabajo social y la orientación laboral. Su misión es asesorar a quien lo necesite sobre cuáles son los recursos y  alternativas para impedir que nadie se vea obligado a  sufrir un ‘lanzamiento’, que es la certificación judicial de lo que comúnmente se conoce como desahucio.

El servicio que se pone en marcha, más que atender a personas a las que ya se ha ejecutado el desahucio -que tradicionalmente se convierten en usuarias de Servicios Sociales- se dirige más bien a las familias que, tras ver trastocado gravemente su nivel de ingresos por la pérdida del trabajo, pueden verse en breve imposibilitadas de responder a los compromisos adquiridos con entidades bancarias a través de créditos hipotecarios. “No queremos limitarnos a ser una administración asistencialista”, declara Pedro del Cura, concejal del Área Social. “Se trata de guiar a las familias que se encuentran en situación de insolvencia, actuando con los medios de los que dispone el Ayuntamiento en los ámbitos de prevención, interlocución, asesoramiento jurídico y búsqueda de soluciones paliativas”, añade Luz Matas, edil de Presidencia.

Para la mayoría de personas que se encuentra en riesgo de no poder pagar su hipoteca o el alquiler de su piso, el apoyo de la Oficina de Atención a Familias con Dificultades les va garantizar la intermediación desde el Ayuntamiento ante terceros (entidades bancarias, sobre todo) para llegar a acuerdos que resuelvan o aplacen las respuestas más graves. La iniciativa reseñada la presentará el Gobierno Municipal ante el Pleno el próximo 19 de febrero, en el marco  del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebrará por primera vez en la historia del municipio. También está previsto que el alcalde la adelante, el 14 de febrero, ante los representantes de los foros de participación ciudadana, en la celebración del Consejo de Ciudad.

La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) estima que desde 2010 se han producido en España al menos 334.080 lanzamientos (desahucios). Mientras esto sucede, los bancos disponen de cientos de miles de viviendas vacías de la larga lista que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa en cuanto a pisos inhabitados.

Para frenar esta ‘sangría’, presentaron a finales de enero ante el Congreso de los Diputados 750.000 firmas para solicitar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que defienda la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y la petición a los poderes públicos para que promuevan el alquiler social.