Convocan una manifestación por las calles de la localidad

Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el número 7 y el número 25, han admitido a trámite sendos recursos especiales para la protección de derechos fundamentales interpuestos por vecinos de la Cañada Real Galiana, en el Sector 4 de Rivas-Vaciamadrid, contra actuaciones del Ayuntamiento realizadas el pasado 28 de abril de 2026 . La admisión supone que los tribunales aprecian la concurrencia de los requisitos necesarios para examinar el fondo de unas denuncias que plantean cuestiones de relevancia constitucional sobre los límites de la actuación administrativa . Los juzgados han requerido al Ayuntamiento que remita el expediente completo de las actuaciones, en las que se destruyó una habitación de una vivienda y la mitad de otra parcela, incluyendo la tala de 17 árboles de más de diez años, todo ello sin autorización judicial previa .

Los afectados, que cuentan con la asistencia letrada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), sostienen que desde hace años se vienen produciendo actuaciones orientadas a forzar la salida de los vecinos del barrio, algunos con más de 30 años de residencia, mediante mecanismos que consideran incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales . La entidad recuerda que el Ayuntamiento de Rivas ya fue condenado en firme hace dos años por el derribo sin autorización judicial de una vivienda de una familia en el mismo sector 4, y considera que estos casos son clave para "la defensa de los derechos y garantías constitucionales" de los residentes que "resisten a una presión especulativa sin precedentes" . Por su parte, la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 ha mostrado su satisfacción y ha subrayado que "nuestra reclamación es consolidar nuestras viviendas y pagar las contribuciones que nos correspondan" .

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid defiende la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones, realizadas en el marco de sus competencias en materia de disciplina urbanística y en coordinación con la Comunidad de Madrid, titular del suelo . Según fuentes municipales, las actuaciones no se dirigieron contra infraviviendas ni contra espacios residenciales, sino contra "ocupaciones ilegales de suelo público anexas a las viviendas" que ya habían sido objeto de expedientes previos y que habían vuelto a ser ocupadas para usos privativos . El Consistorio añade que en algunos casos se trata de "ocupaciones reincidentes que persiguen la apropiación irregular de suelo público, su parcelación con fines de especulación urbanística y su transmisión fraudulenta", destacando que una de las ocupaciones se produjo sobre el trazado del gasoducto de Enagás, lo que supone un riesgo para la seguridad de la propia Cañada Real y de zonas próximas .

El Ayuntamiento ha subrayado que la Cañada Real Galiana es suelo público, propiedad de la Comunidad de Madrid, clasificado como suelo no urbanizable de protección, donde no está permitido construir . Su política combina "la defensa del derecho a una vivienda digna para la población vulnerable, que promueve a través del programa de realojos del Pacto Regional de la Cañada Real, y la defensa de la legalidad urbanística" . El Consistorio insiste en que la solución no pasa por permitir nuevas construcciones ilegales, sino por "acompañar los procesos de realojo, impedir que se consoliden nuevas situaciones de riesgo y asegurar que las familias vulnerables puedan acceder a alternativas habitacionales dignas conforme al Pacto Regional" .

Precisamente frente a este tipo de prácticas, los vecinos de la Cañada Real han convocado una manifestación para este domingo 14 de junio a las 11:00 horas, que recorrerá las calles de Rivas-Vaciamadrid, con salida desde el CEIP Mario Benedetti hasta la Plaza de la Constitución . La convocatoria, respaldada por CCOO de Madrid, pretende denunciar lo que consideran una situación de "acoso institucional continuado" hacia los residentes de los distintos sectores de la Cañada Real, bajo el lema "Basta de expulsar familias, basta de años sin luz y acoso institucional" . Las familias afectadas confían en la justicia y esperan que la tramitación de estos procedimientos permita esclarecer los hechos y garantizar que ninguna actuación administrativa se desarrolle al margen de las garantías constitucionales .