 Dentro de la investigación que provocó su detención hace una semana
La Audiencia Nacional de España ha tomado la decisión de bloquear las cuentas bancarias de tres individuos involucrados en una investigación relacionada con una presunta trama de comisiones ilegales vinculadas a ayudas y contratos públicos. Los implicados son Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, un empresario asociado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
La medida de bloqueo de cuentas fue ratificada por el juez Santiago Pedraz, quien está a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 5. Esta decisión se produce tras un primer bloqueo ordenado por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, dirigido por Antonio Piña, quien realizó las primeras diligencias del caso antes de que este fuera transferido a Pedraz.
Los tres investigados fueron detenidos recientemente bajo la sospecha de haber participado en una trama que, según las autoridades, habría generado alrededor de 700.000 euros en comisiones. Esta actividad delictiva implicaría a diversas empresas públicas y entidades asociadas a la SEPI en un total de cinco operaciones distintas. La causa está siendo impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos que incluyen:
Prevaricación
Malversación
Tráfico de influencias
Organización criminal
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados formarían parte de un grupo denominado 'Hirurok'. Este grupo habría utilizado su influencia para manipular expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechando sus conexiones y posiciones dentro de la administración pública.
El juez Piña ha señalado que los tres implicados actuaron de manera coordinada para maximizar sus beneficios económicos a través del cobro de comisiones y la facturación irregular. La actividad delictiva se habría desarrollado entre los años 2021 y 2023 y se habría extendido a varias administraciones públicas en todo el país. Para evitar la detección, los investigados implementaron medidas de discreción y confidencialidad en sus operaciones.
Se han identificado cinco operaciones específicas en las que los investigados lograron obtener decisiones favorables a sus intereses desde diferentes administraciones públicas. Estas operaciones involucraron a empresas públicas y entidades que estaban bajo la supervisión de la SEPI, presidida por Vicente Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
A pesar de las graves acusaciones, el juez Piña decidió dejar en libertad a los tres investigados. Sin embargo, se les impusieron varias medidas cautelares que incluyen:
Retirada del pasaporte
Prohibición de salir del país
Comparecencias quincenales en sede judicial |
