Ocuparán las calles a finales de febrero

Entre el 26 y el 30 de enero, agricultores y ganaderos españoles están organizando movilizaciones en todo el país como respuesta a los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC) y al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Estas decisiones están exacerbando la crisis que enfrenta el sector agrícola en España. Las protestas son promovidas por varias asociaciones agrarias, incluyendo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

El anuncio de estas movilizaciones fue realizado por los líderes de las asociaciones agrarias, destacando que el objetivo principal es concentrar la mayor cantidad de protestas el 29 de enero. Este día se prevén tractoradas y diversas actividades de las asociaciones locales, especialmente en Madrid. Sin embargo, hasta el momento no hay una movilización nacional oficialmente organizada.

Las movilizaciones ya han comenzado, con acciones en la frontera entre España y Francia en Irún. Además, se han convocado tractoradas en Extremadura y se han programado concentraciones en otras regiones como el Levante y Valladolid para los próximos días. Cristobal Cano, secretario general de UPA, ha señalado que uno de los principales motivos de la protesta es la reducción del presupuesto de la próxima PAC. Este recorte se considera perjudicial para el sector agrícola, que ya enfrenta numerosas dificultades.

Pedro Barato, presidente de Asaja, ha expresado un "rotundo rechazo" al acuerdo con Mercosur en su forma actual, argumentando que carece de reciprocidad y que representa una competencia desleal para los agricultores españoles. Barato enfatiza que es crucial que el campo español exprese su desacuerdo con las medidas propuestas.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha añadido que el sector no está en contra del comercio, pero sí de las condiciones en las que se lleva a cabo. Critica que el acuerdo con Mercosur implica desigualdad y competencia desleal, lo que pone en riesgo la viabilidad del sector agrario español. Padilla también menciona que el sector está siendo "vendido por calderilla" y se siente utilizado como "moneda de cambio".

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, junto al resto de organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de la Comunidad de Madrid, se reunieron en la tarde de ayer con el Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Don Carlos Novillo Piris, con el Viceconsejero de Medioambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Don Rafael García González y con el Director General de Agricultura y Ganadería y Alimentación , Don Ángel de Oteo Mancebo, para trasladar la oposición frontal del sector agrario madrileño al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y denunciar las graves consecuencias que tendría para la agricultura y la ganadería de la región.

En el marco de esta reunión, UGAMA valora de forma positiva la propuesta y firma del pacto entre la Comunidad de Madrid y las organizaciones agrarias para defender al sector primario regional, al considerar que puede ser una herramienta útil para presionar al Gobierno central y a los eurodiputados españoles frente a un acuerdo que pone en riesgo la viabilidad del sector.

Desde UGAMA se advierte de que Mercosur supone un ataque directo al modelo de agricultura y ganadería profesional, en un momento crítico para las explotaciones, asfixiadas por los costes, la falta de rentabilidad y una normativa cada vez más exigente.

En la Comunidad de Madrid, los sectores más directamente afectados serán el vacuno de carne, la apicultura y las aves de corral, pero también el porcino, el ovino y caprino, los cereales, el sector lácteo, determinados cultivos y toda la industria agroalimentaria vinculada al territorio. Esto no es un problema de unos pocos: es un problema sistémico que afecta al conjunto de nuestra economía rural y a la seguridad alimentaria del país.

El presidente de UGAMA, Alfredo Berrocal, ha sido tajante: “No se puede seguir utilizando a los agricultores y ganaderos como moneda de cambio en los acuerdos comerciales. No se puede exigir cada vez más a nuestros agricultores y ganaderos mientras se permite la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas normas medioambientales, sociales ni sanitarias.”.”

UGAMA subraya que Mercosur no es solo un problema del sector primario, sino que afecta al conjunto de la ciudadanía, al poner en riesgo la calidad y seguridad de los alimentos, la soberanía alimentaria y el mantenimiento del medio rural. La entrada de productos a precios artificialmente bajos provocará un hundimiento de los precios en origen y una mayor dependencia del exterior.

"Mercosur no es solo un problema del campo. Es un problema para los consumidores, que acabarán comiendo productos producidos con menos garantías de calidad, menos controles y a miles de kilómetros, mientras desaparece la producción local”, subraya Berrocal.

UGAMA ha solicitado a la Comunidad de Madrid que no mire hacia otro lado y que utilice todo su peso político e institucional para presionar al Gobierno central y Eurodiputados, con el fin de blindar a la agricultura y la ganadería madrileña y del conjunto de España frente a acuerdos comerciales que ponen en riesgo su viabilidad.

En este sentido, UGAMA exige que se defiendan con firmeza ante el Gobierno central y las instituciones europeas:

La exclusión de los sectores más sensibles del acuerdo Mercosur.

La aplicación real y sin excepciones de cláusulas espejo.

Controles estrictos y efectivos en frontera.

Mecanismos de salvaguarda automáticos y compensaciones reales si el acuerdo avanza.

UGAMA no cesará en su empeño de impedir que el acuerdo Mercosur sea ratificado en el Parlamento Europeo y entre en vigor, utilizando todas las vías políticas, institucionales y de movilización necesarias. En este contexto recuerda que este rechazo es uno de los ejes de la tractorada convocada junto con Unión de Uniones, para el próximo 11 de febrero de 2026, animando a agricultores, ganaderos y ciudadanía a defender una producción de alimentos cercana, segura y justa.

La Comunidad de Madrid ha suscrito un pacto para proteger y defender al sector primario regional tras el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. En el marco de esta iniciativa, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha mantenido una reunión con los representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas.

Este documento recoge el compromiso del Ejecutivo autonómico y de las asociaciones firmantes de trabajar de manera conjunta para garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector. Todos ellos han advertido del riesgo que supondría depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que se les exijan los mismos requisitos sanitarios. Con el fin de garantizar su cumplimiento, se reforzarán los controles en frontera y las inspecciones en los países de origen.

El consejero Novillo ha defendido la posición de la Administración madrileña a favor de una Política Agraria Común sólida “con una financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo”. Por su parte, los productores han manifestado su inquietud respecto a las medidas de salvaguarda, lo que ha llevado a acordar la exigencia de garantías efectivas que incluyan compensaciones operativas cuando resulte necesario.

Asimismo, se ha establecido que la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur esté supeditada al respeto de la reciprocidad normativa. Novillo ha insistido en que “nuestros agricultores necesitan competir en igualdad de condiciones para evitar desequilibrios en la producción europea que pongan en peligro su trabajo”. Así, se ha pactado que todos los profesionales cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, garantizando de este modo la seguridad alimentaria y la autosuficiencia con importaciones equitativas en ambas direcciones del Atlántico.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha realizado declaraciones significativas en el contexto de la firma del acuerdo de Mercosur, programada para el 17 de enero. Durante su intervención en una jornada organizada por el PP europeo, ha abordado temas cruciales relacionados con la competitividad en la Unión Europea (UE) y ha planteado exigencias al Gobierno central y a las instituciones europeas.

Feijóo ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno central implemente un mayor control en las fronteras. Esta medida es vista como esencial para proteger los intereses del sector agrario español en el contexto del nuevo acuerdo comercial con Mercosur. El líder del PP ha demandado que el acuerdo con Mercosur incluya cláusulas de protección que salvaguarden al sector agrario. Ha argumentado que, aunque este acuerdo puede representar una oportunidad económica y política, es fundamental que se establezcan garantías adecuadas antes de su implementación.

Feijóo ha delineado tres áreas críticas que deben abordarse en relación con el acuerdo de Mercosur:

Aplicación de Cláusulas de Protección: Ha instado a la Comisión Europea a garantizar que las cláusulas de protección se apliquen de manera automática.

Refuerzo del Control Fronterizo: Ha solicitado al Gobierno que implemente inspecciones más eficaces en las fronteras para asegurar la competitividad del sector agrario.

Reducción de Exigencias: Ha pedido que tanto Bruselas como Madrid alivien al sector de las numerosas exigencias europeas vigentes que podrían obstaculizar su competitividad.

Feijóo ha subrayado que la simplificación de normas es crucial para que Europa pueda competir a nivel global. Ha advertido que la UE no debe enfocarse únicamente en la sostenibilidad y la regulación, ya que esto podría comprometer el bienestar de los ciudadanos.

El presidente del PP ha defendido la necesidad de equilibrar la sostenibilidad con la competitividad. Ha expresado su apoyo a la venta de coches con motores de combustión más allá de 2035, argumentando que la competitividad debe guiar el sistema económico europeo.

Feijóo ha declarado que la seguridad es una prioridad fundamental en el contexto actual, sugiriendo que Europa debe prepararse para enfrentar diversas amenazas a la democracia y al estilo de vida europeo.

El líder del PP ha abogado por fortalecer la autonomía estratégica de Europa, lo que implica reducir la dependencia de terceros países en sectores clave. Ha propuesto:

Reforzar las cadenas de valor.

Diversificar proveedores.

Impulsar la producción local.

Garantizar una energía competitiva.

Feijóo ha criticado el cierre de centrales nucleares, argumentando que esta decisión no solo es un error económico, sino también político, dado que representa una pérdida significativa de capacidad energética.

El dirigente popular ha calificado el reto demográfico como "existencial". Ha manifestado su preocupación por la precariedad de los jóvenes, la crisis de la vivienda y la posibilidad de que una generación viva en peores condiciones que sus padres. Ha pedido reformas que aseguren la prosperidad de los jóvenes y el futuro de Europa.

Feijóo ha definido el sector industrial como un "aliado" clave en los objetivos del PP, destacando su papel en la innovación, el empleo y el desarrollo económico. Ha enfatizado que una industria europea fuerte es esencial para una Unión Europea robusta.

El presidente del PP ha instado a ser ambiciosos en la transformación digital, a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y a reducir drásticamente la burocracia para fomentar el crecimiento industrial.