"El juez va a estudiar las irregularidades relacionadas con la privatización de estos centros y entre los imputados figuran los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía hoy director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio, beneficiarias de varios de los contratos de esta privatización". A preguntas de los periodistas, Tomás Gómez manifestó que "esta decisión judicial viene a confirmar las sospechas de que todo el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública de Madrid está rodeado de mucho oscurantismo y de muchas irregularidades".

Por eso, el líder socialista aseguró que, "por los derroteros que está llevando el proceso, lo que debería hacer un Gobierno sensato es paralizar el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública de Madrid, que inició en 2003 Esperanza Aguirre y continúa ahora su heredero Ignacio González".

Sin embargo, la Comunidad se muestra tranquila y segura de que las cosas se hicieron bien: “las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defecto de forma. La primera externalización se produjo con todos los procedimientos legalmente establecidos”.

Además, la Comunidad opina que la querella no es más que “una maniobra política del PSM y su sindicato médico pues estos Hospitales tienen una ratio de satisfacción superior a la media de los Hospitales de la región”.