 Aprobado en el Pleno con los votos de las izquierdas y Cs
El Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y empresas municipales registraron en 2020 un volumen de licitación en la contratación de 2.028 millones de euros, un crecimiento superior al 26,5 % con respecto a 2019. Asimismo, el número de contratos se redujo un 27,7 %, pasando de los 14.615 a 10.556, principalmente como consecuencia de la reducción del número de contratos menores y de los basados en acuerdos marco.
Unos datos, que la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha dado a conocer en el Pleno durante su intervención para dar cuenta de la Memoria de Registros de Contratos presentada este mes en la Comisión Permanente de Vigilancia de Contratación, donde además del equipo de Gobierno municipal, están presente todos los grupos de la oposición.
De acuerdo con los datos inscritos en el Registro, el incremento del gasto en contratación pública se ha concentrado de forma destacada en los contratos de servicios sociales, seguridad y emergencias y en mejora de la digitalización.
La distribución de la contratación se corresponde en un 87,4 %, 1.772 millones de euros, con la contratación de las áreas, distritos y organismos autónomos del Ayuntamiento para un total de 6.528 contratos y un importe medio por contrato de 271.506 euros. Además, un 8,2 % del gasto, 165 millones de euros, lo realizaron las sociedades del sector público municipal para un total de 3.360 contratos y un importe medio por contrato de 49.274 euros. El 4,5 % del gasto, alrededor de 90 millones de euros, corresponde a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), para un total de 668 contratos.
El número de contratos menores descendió respecto al ejercicio anterior. Frente a los 8.752 de 2019, el pasado año se redujeron hasta los 6.130, con un volumen de contratación de 38,9 millones de euros frente a los 47,2 de 2019. Unas estadísticas que representan el 1,7% del total del gasto, la cifra más baja de toda la serie histórica y por primera vez por debajo del 2% del gasto en contratación.
Además, el importe de los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción de iniciativa social formalizados durante el año 2020 alcanzó los 16,1 millones de euros, más que duplicando los datos de 2019 en los que el importe fue de 7,4 millones.
Asimismo, la distribución del gasto por expedientes de contratación del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, sin contabilizar los de las empresas municipales, muestra importantes cambios con respecto a la tendencia de los años precedentes. El gasto total en los contratos por procedimiento abierto, negociado y de emergencia duplicó el gasto de cualquiera de las tres anualidades precedentes (2017-2019), en las que no superó los 600 millones de euros, mientras en 2020 se incrementó hasta los 1.250 millones de euros. Además, el número de contratos pasó de 935 en 2019 a 1.052 en 2020.
Al igual que en años anteriores, el contrato de servicios fue el más utilizado en 2020, con un total de 598, un 57 % del total y casi el 78 % del gasto. El procedimiento negociado sin publicidad se utilizó en 29 contratos frente a los 27 de 2019, con un importe del gasto mucho menor, 2,8 millones de euros frente a los más de 15 en 2019.
Asimismo, los datos estadísticos de la memoria recogen el impacto de la pandemia en la contratación municipal, que se ha extendido por buena parte de 2020 y 2021. Este impacto refleja la reducción del número de contratos de las empresas del sector público municipal, un número relevante de las modificaciones y prórrogas y los contratos menores con los que las áreas de Gobierno han cubierto los suministros y servicios vinculados a las exigencias impuestas por la COVID-19 (mamparas, señalética, limpieza, mantenimiento extraordinario y similares).
Desde el inicio de la pandemia, la contratación por el procedimiento de emergencia, que en los últimos años había sido anecdótica en el Ayuntamiento de Madrid, permitió responder con agilidad a las prestaciones que el avance de la enfermedad iba imponiendo a la administración. A través de esta contratación, en 2020 se formalizaron e inscribieron en el Registro de Contratos un total de 329 contratos de emergencia, por un importe de adjudicación de 43,1 millones de euros.
Además, fuera del ámbito propio de la memoria, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. adjudicó 164 contratos de emergencia por una cuantía de 41,9 millones de euros.
En resumen, para paliar las consecuencias derivadas de la COVID-19, en 2020 se gastaron cerca de 100 millones de euros en los 493 contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia, incluyendo las prórrogas y modificaciones de los que exigieron su extensión en el tiempo o la adaptación de las condiciones de su ejecución.
Hidalgo ha destacado “el ingente trabajo llevado a cabo por los profesionales de los servicios y unidades de contratación de las áreas de Gobierno, los distritos, los organismos autónomos y las empresas municipales, quienes han sido capaces de responder de manera sobresaliente a las exigencias extraordinarias de la COVID-19, al tiempo que aseguraban el funcionamiento y la continuidad de los servicios que los madrileños necesitaban y requerían en una situación de extraordinaria dificultad”.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la Ordenanza de Derogación Normativa por la que se procede a suprimir 17 normas y ordenanzas municipales que habían quedado obsoletas. Esta ordenanza es el primer paso de un proceso de derogación que busca el objetivo prioritario del Consistorio de mejorar las normas municipales a través de un ordenamiento jurídico municipal, sencillo, claro y transparente para los ciudadanos y empresas.
El equipo de Gobierno considera que, para mejorar la calidad normativa municipal, es necesario, por un lado, actuar sobre las normas futuras, mejorando su contenido y evaluando sus impactos y, por otro, sobre las normas que ya forman parte del ordenamiento jurídico para detectar obsolescencias, contradicciones o cuestiones susceptibles de mejora. La Ordenanza de Derogación Normativa aprobada hoy forma parte del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa que incluye como una de sus primeras medidas una revisión de las 123 ordenanzas y reglamentos municipales que conforman el marco jurídico del Ayuntamiento de Madrid con objeto de mejorar su calidad.
De esta forma, la ordenanza derogatoria efectúa una importante revisión del inventario normativo municipal para que los ciudadanos y los operadores jurídicos conozcan con certeza qué normas están vigentes, eliminando todas aquellas que no son necesarias.
Las razones por las que se ha llevado a cabo la derogación de 17 ordenanzas y reglamentos, una de ellas preconstitucional, pueden agruparse en tres grandes categorías:
Un primer grupo de disposiciones está integrado por normas que han caído en desuso y que no han sido expresamente derogadas, pero cuyo contenido sí ha sido superado e incorporado en otras normas.
El principal ejemplo de ello es la Ordenanza de Policía Urbana y Gobierno de la Villa, de 16 de julio de 1948. Esta ordenanza, que tiene una extensión de 690 artículos, regula normas de conducta y convivencia que ya no casan con la realidad actual o bien reglas que se han regulado posteriormente por otras ordenanzas en materia medioambiental o de uso del espacio público.
También se encuentran en esta situación las dos ordenanzas reguladoras del régimen de actividades y de subvenciones de la Zona de Actuación Acústica de Centro de los años 2002 y 2003, al haber quedado dicha zona sustituida por posteriores regulaciones, y los reglamentos de Ficheros de Datos de Carácter Personal de 2004 y 2005.
Un segundo grupo de derogaciones ha afectado a normas que tenían relación con ámbitos en los que el Ayuntamiento ya no tiene competencias, al haber quedado superadas por otras legislaciones posteriores y más concretas. En esta situación se encuentra, por ejemplo, la Ordenanza de la placa identificativa de ciclomotores, de 28 de enero de 1994, cuyo contenido ha sido suplido por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
En tercer lugar, existen normas que han perdido su razón de ser porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales, como en el caso de la Academia de Policía Municipal de Madrid, el Centro Ocupacional Villaverde o el Instituto Madrileño de Investigaciones.
El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha anunciado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el lanzamiento de un nuevo Programa de Intervención Familiar ante Situaciones de Acoso Escolar que se ofrece en los centros de apoyo a las familias (CAF) municipales. Este programa tiene como objetivo principal trabajar con las familias para que sean capaces de prevenir e identificar posibles situaciones de acoso escolar en las que estén involucrados sus hijos.
“Todos los colegios tienen programas contra el acoso, pero hasta ahora no existía ninguno de apoyo a las familias a pesar de que tienen un papel clave”, ha avanzado Aniorte y ha explicado que esta iniciativa “pionera” busca detectar, prevenir y orientar a las familias en el momento en que sospechen o encuentren situaciones de acoso.
El nuevo Programa de Intervención Familiar ante Situaciones de Acoso Escolar se pone en marcha en los siete CAF municipales con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el acoso escolar, prevenir, desde el ámbito familiar, la aparición de estas situaciones, aprender a gestionar los conflictos desde la familia y el aula y orientar y apoyar a las familias ante situaciones de acoso, ya sea sufrido o ejercido por sus hijos. “El programa también se centrará en los acosadores, porque estas familias también tienen un problema que debemos atender”, ha destacado Aniorte.
El programa se organiza a través de intervenciones familiares con acciones formativas sobre el acoso escolar y sus consecuencias y un servicio de orientación psicológica donde se ofrecen pautas ante situaciones activas o que hayan sucedido en el pasado. En este sentido, el servicio de apoyo psicológico se centra en el abordaje de conflictos familiares o reducción de la agresividad en los hijos que generan conflictividad en el aula, entre otros.
Asimismo, el programa contempla acciones grupales orientadas a favorecer los valores de cooperación y respeto y la formación de grupos de adolescentes que compartan sus experiencias relacionadas con el acoso escolar y sus consecuencias en las familias.
“Con este programa damos un paso importante en la prevención del malestar psicológico, abordando el problema del acoso de una forma que no se había hecho hasta ahora”, ha subrayado Aniorte, “y lo hacemos desde la certeza de que no hay mejor política de prevención que ayudar a las familias”. |
