Tendrán en cuenta el número de empadronados y exhimirán del pago a los garajes

La delegada de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, se dirigió al Pleno de Cibeles para abordar la reciente implementación de la tasa de basuras, que ha sido objeto de críticas y controversias. Durante su intervención, Hidalgo destacó la percepción del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, sobre los ayuntamientos, a quienes considera "la hermana pequeña" y "los grandes olvidados". Este resumen detalla los puntos clave de su discurso, las críticas a la normativa vigente y los cambios previstos para 2026.

Engracia Hidalgo expresó su descontento con la tasa de basuras, argumentando que esta medida ataca la autonomía municipal. En su opinión, la falta de una normativa clara y coherente por parte del Gobierno central ha dificultado la implementación de esta tasa. Hidalgo subrayó que el Gobierno solo dedicó "tres párrafos" a este gravamen, lo que evidencia una "ausencia de normativa" y una falta de homogeneidad en su aplicación.

Durante su intervención, Hidalgo respondió a las críticas del grupo municipal Vox, que calificó la tasa de basuras como un "engendro tributario". La concejala de Vox, Arantxa Cabello, cuestionó la corrección de la tasa, a lo que Hidalgo replicó que la responsabilidad de su aprobación recae en la izquierda, señalando que la tasa ya se aplica en otros municipios gobernados por Vox.

Hidalgo también criticó al Gobierno de la Nación por haber afirmado inicialmente que la tasa era una exigencia de Europa. La delegada aclaró que, según el vicepresidente europeo, esta tasa es una opción política del Gobierno español y no una obligación impuesta desde la Unión Europea.

La tasa de basuras se compone de una parte fija, basada en el valor catastral de la vivienda, y una parte variable, que depende de la cantidad de residuos generados en cada uno de los 131 barrios de Madrid. La delegada explicó que se establecerá un coeficiente que incentivará la correcta separación de residuos, penalizando a quienes no lo hagan adecuadamente.

De cara a 2026, se introducirán cambios significativos en la tasa, como la inclusión del número de empadronados en el cálculo de la tarifa. Esto permitirá establecer tarifas diferenciadas según el número de residentes en un inmueble, lo que busca hacer la tasa más equitativa. Hidalgo destacó que este proceso ha requerido un arduo trabajo informático debido a la complejidad de las bases de datos involucradas.

En relación con los garajes de uso residencial, Hidalgo explicó que, según el catastro, estos se registran como industriales, lo que ha afectado su tributación. Para el próximo año, se prevén modificaciones que permitirán a los propietarios de garajes residenciales dejar de pagar la tasa con una declaración responsable, tras la verificación correspondiente por parte de la Administración.

Los grupos municipales de Más Madrid y el PSOE criticaron al alcalde José Luis Martínez-Almeida por la situación de suciedad en Madrid y la implementación de una tasa de basuras que consideran injusta y mal diseñada. Esta sesión se centró en la gestión de residuos y la limpieza de la ciudad, con un fuerte enfoque en las preocupaciones de la oposición respecto a la tasa de residuos.

La concejala de Más Madrid, Sara Ladra, afirmó que el diseño de la tasa de basuras es "únicamente responsabilidad" del alcalde y su equipo. Criticó la manera en que se implementó, argumentando que penaliza a los distritos más vulnerables, donde los ciudadanos enfrentan una limpieza deficiente. Ladra destacó que la tasa no sigue el principio de "quien más contamina, más paga", lo que genera desigualdades en la carga del impuesto.

Ladra subrayó que los residentes de los distritos del sur de Madrid pagarán más por la tarifa de generación de residuos, mientras que la frecuencia de limpieza es significativamente menor en comparación con la recogida de residuos. Además, mencionó que los pisos turísticos son los "únicos ganadores" de esta tasa, ya que no se les penaliza adecuadamente por la cantidad de residuos que generan.

La concejala también cuestionó la falta de criterios de progresividad en la tasa, que afecta a familias vulnerables, como los inquilinos de la EMVS, lo que consideró una falta de sensibilidad por parte del Gobierno local. Preguntó cómo podían cargar a estas familias con el costo de la tasa sin tener en cuenta sus ingresos.

El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, también se unió a las críticas, mostrando imágenes de contenedores desbordados y calles sucias. Sugirió que si los ciudadanos tuvieran un servicio de recogida de basuras eficiente, podrían estar más dispuestos a pagar la tasa.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, se refirió a Almeida como el "máximo responsable" de la suciedad en Madrid, evidenciando una falta de planificación en la gestión de residuos durante sus seis años en el cargo. Criticó el aumento del volumen de residuos y la aplicación de una tasa que considera injusta yproporcionada. Maroto argumentó que la tasa no sigue el principio de "quien contamina, paga", y exigió que se establezcan mecanismos correctores para los residuos generados por los turistas.

La concejala de Vox, Arantxa Cabello, calificó la tasa de basuras como un "engendro tributario" y un "atraco a los madrileños". Criticó al PP por su apoyo inicial a la tasa y su posterior renuncia debido a las consecuencias electorales. El portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith, respaldó esta crítica, afirmando que el Gobierno de Almeida se enfoca en recaudar y mentir.

Durante el Pleno, los grupos de oposición también señalaron la de residuos de la Comunidad de Madrid de 2017. Maroto cuestionó si Almeida desautorizaría a la Comunidad, que propone que el Gobierno de España estudie la obligatoriedad de la tasa de residuos. Ladra insistió en que el PP no se opuso a esta tasa en el Parlamento Europeo ni en el Congreso, lo que contradice sus actuales críticas.

Cabello de Vox criticó al PP por su falta de oposición a la tasa y por presentar una Proposición No de Ley (PNL) que no tuvo acciones concretas. La oposición exigió claridad y coherencia en la gestión de residuos y en la aplicación de la tasa.

El Grupo Municipal Vox ha tomado la iniciativa de proporcionar un modelo de reclamación en línea para que los ciudadanos puedan impugnar la nueva tasa de basuras impuesta por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Esta acción se enmarca dentro de un contexto político en el que la oposición, liderada por Más Madrid, también ha manifestado su desacuerdo con esta tasa.

La portavoz de Hacienda de Vox, Arantxa Cabello, anunció esta medida durante el Pleno de Cibeles, donde hizo un llamado a los ciudadanos para que presenten sus reclamaciones. Cabello exig que se desista de esta tasa, refiriéndose a ella como un "tasazo", lo que indica el descontento del partido con la política fiscal del alcalde.

Vox ha puesto a disposición de los ciudadanos tres modelos de reclamación, que se pueden utilizar según diferentes categorías:

Uso Residencial: Para aquellos que residen en propiedades que se ven afectadas por la nueva tasa.

Uso No Residencial: Para negocios y otros tipos de propiedades no residenciales que también están sujetas a la tasa.

Plazas de Aparcamiento Particular: Para propietarios de plazas de aparcamiento que desean impugnar la tasa.

El plazo para presentar estas reclamaciones es de un mes a partir de la notificación de la tasa. Los ciudadanos deben presentar sus reclamaciones el Registro del Ayuntamiento o en cualquier Registro General. Para facilitar este proceso, Vox ha proporcionado un enlace donde los interesados pueden descargar el formulario necesario: Descargar Reclamación.

Esta acción de Vox se produce en un contexto en el que la oposición, liderada por Más Madrid, también ha tomado medidas para combatir lo que consideran un aumento injustificado de la tasa de basuras. Una semana antes del anuncio de Vox, Más Madrid había habilitado un formulario en su página web para que los ciudadanos pudieran recurrir la tasa. Además, se ha informado que este grupo político ya ha presentado una demanda ante los tribunales en contra de la tasa, lo que indica una creciente tensión política en torno a este tema.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea, señalando que la tasa de basuras impuesta por varios ayuntamientos en España podría estar en desacuerdo con la directiva europea sobre residuos. Esta acción busca evaluar la conformidad de la transposición de dicha directiva en los municipios españoles y, en caso de incumplimiento, solicitar que se inicien los procedimientos necesarios para garantizar su cumplimiento.

La OCU ha enfatizado que la directiva europea sobre residuos establece un principio fundamental: "quien contamina, paga". Este principio está diseñado para incentivar una gestión adecuada de todos los tipos de residuos, promoviendo así prácticas más sostenibles y responsables en el manejo de desechos.

En España, la implementación de esta normativa se llevó a cabo mediante la de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley impone a los municipios con más de 5,000 habitantes la obligación de establecer una tasa de gestión de residuos que refleje el coste real de dicha gestión. Sin embargo, la OCU ha señalado que esta obligación no se ha cumplido adecuadamente en varios municipios.

La OCU ha identificado una serie de municipios donde la aplicación de la tasa de basuras no cumple con la normativa. Entre ellos se encuentran:

Badajoz

Ciudad Real

Guadalajara

Huelva

Huesca

Las Palmas de Gran Canaria

Lugo

Murcia

Orense

Oviedo

Palma de Mallorca

Pontevedra

Santa Cruz de Tenerife

Teruel

Zamora

En estos lugares, se aplica una tarifa fija a todos los contribuyentes, lo que no refleja el coste real del servicio ni se alinea con el principio de "quien contamina, paga".

La OCU ha destacado que el Ayuntamiento de Madrid también infringe este principio. En la capital, la tasa de basuras se calcula en parte en función del valor catastral de la vivienda, lo que la OCU considera discriminatorio y desconectado del coste real del servicio. Este cálculo se complementa con otros dos criterios: la generación de residuos por barrios y la calidad de la separación de basuras en cada distrito.

Este sistema de cálculo genera "grandes diferencias" entre los vecinos, ya que se mezclan residuos de origen no residencial, como los generados por pisos turísticos y comercios, con los de residencias. Esto resulta en una "fuerte penalización" para algunos vecinos, creando una situación de desigualdad en la carga de la tasa de basuras.

La OCU ha informado que los ciudadanos que no estén conformes con la liquidación de la tasa de basuras tienen un plazo de un mes para impugnarla. Los recursos pueden ser presentados ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal, lo que proporciona un canal para que los ciudadanos expresen su desacuerdo y busquen una revisión de la tasa impuesta.

La campaña del Partido Popular (PP) en contra de la nueva tasa de basuras impuesta por el gobierno de España ha cobrado fuerza, con todos los ayuntamientos gobernados por este partido, comenzando por el de Madrid, presentando mociones para exigir la eliminación de dicho impuesto. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente descontento entre los ciudadanos, quienes han comenzado a recibir los nuevos recibos de la tasa.

El PP sostiene que la nueva tasa de basuras es una medida injusta y afirma que no existe una obligación por parte de Europa que exija su implementación. En cambio, argumentan que esta tasa es resultado de lo que califican como "voracidad fiscal" del presidente Pedro Sánchez. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado una nueva reducción de impuestos, incluyendo una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal antes de que finalice la legislatura.

La llegada del nuevo recibo de la tasa de basuras ha generado un enfrentamiento político significativo. Muchos ciudadanos cuestionan la necesidad de pagar esta tasa, dado que una parte del IBI ya estaba destinada a cubrir los costos de la gestión de residuos. Este descontento ha sido capitalizado por el PP en su campaña.

El Gobierno central aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, que establece un plazo de tres años para los municipios con más de 5,000 implementen una tasa de basuras. Esta ley incorpora una directiva europea de 2018 (2018/851) que no exige la creación de un nuevo impuesto, sino que establece metas para reducir los residuos alimentarios en la Unión Europea: un 30% para 2026 y un 50% para 2030.

Históricamente, muchos ayuntamientos ya financiaban total o parcialmente los servicios de recogida de basuras a través de sus presupuestos municipales. Con la nueva tasa, se les exige cubrir el 100% de los costos, lo que ha llevado a un aumento en la carga fiscal para los ciudadanos.

En una carta dirigida al ayuntamiento de Móstoles, el Parlamento Europeo ha afirmado que la directiva europea no obliga a España a implementar una tasa de basuras. Esta afirmación respalda la posición del PP y subraya que no es la primera vez que Bruselas contradice al gobierno español en este asunto.

A pesar de la imposición de la nueva tasa, la mayoría de los municipios en la región han optado por reducir otros recibos para aliviar la carga fiscal sobre sus ciudadanos. El ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha anunciado recientemente una reducción en el IBI. Todos los municipios gobernados por el PP han manifestado su intención de eliminar la nueva Tasa de Gestión de Residuos tan pronto como se reforme la ley aprobada por el Gobierno de Sánchez.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado cuenta este martes, en el Pleno municipal, del análisis que han llevado a cabo los técnicos municipales sobre el estado de la limpieza de la ciudad. Tras informar sobre los resultados de este estudio, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un plan para mejorar la limpieza de las calles, ya que se ha detectado un creciente abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida.

Almeida ha recordado que, desde 2021, el Ayuntamiento realiza un esfuerzo sin precedentes en la mejora de la limpieza del municipio gracias a los nuevos contratos que entraron en vigor en noviembre de ese año: se incrementó la inversión un 45 % respecto a 2013, lo que permitió disponer en calle de casi 2.000 operarios más para estas labores y aumentar el presupuesto destinado a esta materia de 59,6 euros per cápita a los 86,31 euros actuales.

Gracias a los nuevos servicios, la limpieza mejoró notablemente. Sin embargo, con el estudio que se ha llevado a cabo a pie de calle durante las últimas semanas a través de los servicios municipales responsables de esta competencia, se ha detectado que, pese a que el número de quejas y reclamaciones registradas está en mínimos históricos -se han reducido un 51 % desde 2018, pasando de 2.831 a 1.443 en 2024-, existe un empeoramiento del estado de las vías imputable a conductas incívicas de algunos ciudadanos y el sector comercial.

El problema se localiza en el abandono indebido de residuos a pie de contenedor. Por un lado, ha señalado Almeida, los servicios de limpieza han constatado que numerosos establecimientos comerciales no están cumpliendo con los horarios del servicio de recogida ‘puerta a puerta’ y depositan sus residuos fuera o dentro de los recipientes, colmándolos para el uso por parte de las comunidades de vecinos.

Por otro lado, ha indicado el regidor madrileño, están apareciendo nuevos puntos de suciedad en determinados barrios debido a que los usuarios dejan sus residuos a pie de contenedor, manteniéndose los recipientes vacíos. Según el análisis técnico, se está produciendo un gran aumento de abandono de muebles y enseres, especialmente en Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, con una media de abandono del 90 % frente al 50 % del resto de distritos la ciudad. Ni se avisa a los servicios municipales para su retirada, ni se respetan los días de recogida programada.

Almeida ha anunciado que se va a poner en marcha un plan para reconducir estas conductas y mejorar el estado de limpieza de la ciudad. Una de las principales medidas que contempla es el refuerzo del personal de limpieza y peinados para retirada de residuos en el entorno de los contenedores. Durante tres meses, se incrementará en un número de aproximadamente 300 personas las destinadas a esta misión.

Se va a poner a disposición de las juntas de distrito unas brigadas de proximidad las 24 horas del día, para el traslado de las incidencias que se detecten a través de los ciudadanos, de forma que se puedan resolver de forma rápida las de mayor impacto mediante la movilización de los recursos necesarios, ya sean de limpieza, SELUR, interbloques, recogida y contenerización.

Con el objetivo de garantizar la efectividad de este plan, se va a intensificar la coordinación entre Policía y los servicios de limpieza para incrementar la vigilancia y el posible aumento de la eficiencia sancionadora en esta materia. El Gobierno municipal también reforzará la información y concienciación al sector comercial de la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos, y a los ciudadanos en situados de los contenedores acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones.

Otra de las actuaciones contempladas en este plan es el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, a fin de que no generen un indeseado ‘efecto llamada’ con el que particulares depositen residuos domiciliarios en su entorno. El Ayuntamiento garantizará que se retiren una vez finalizados los trabajos.

El Ayuntamiento de Madrid dedica más de 800 millones de euros a los servicios de limpieza de la ciudad, incluyendo el contrato del SELUR (8,9 millones de euros), que entró en vigor en septiembre de 2022, con el que se activaron las patrullas antigrafiti. A finales de ese mismo año, también entró en funcionamiento el primer servicio de limpieza interbloques, desatendidos hasta la fecha, con 13 millones de euros.

El grueso del presupuesto se lo lleva el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos (240,3 millones de euros), con el que se han renovado todos los contenedores de la ciudad y se ha duplicado la frecuencia de recogida. En 2019, se recogían los residuos 14 veces a la semana y ahora, 27. Asimismo, se ha incrementado el número de puntos móviles y de proximidad y se ha ampliado el horario. La limpieza de las papeleras, de las zonas verdes, parques y jardines también cuenta con contratos específicos para mantener cada zona de la ciudad en las mejores condiciones posibles.