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27
Jun
2018
Madrid pide a Montero que modifique los criterios para calcular la regla de gasto PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridAdemás el Pleno aprobó apoyar las reivindicaciones de las empleadas del hogar y una declaración sobre el Orgullo

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una moción presentada por el grupo municipal de Ahora Madrid para solicitar que el Estado aplique a la capital el mismo criterio de cálculo de la regla de gasto que se utiliza para el resto de entidades locales. Ante las carencias y defectos que presenta la actual regulación de la regla de gasto, que limita el aumento del gasto público de las Administraciones Púbicas, el Ayuntamiento de la ciudad pide al Ministerio de Hacienda que acabe con lo que considera que ha sido hasta ahora un “trato discriminatorio” y modifique la regla de gasto en el ejercicio 2018.

En particular, al Ayuntamiento de Madrid se le ha negado la posibilidad de calcular el cumplimiento de este mecanismo fiscal partiendo del gasto efectivamente liquidado en el ejercicio anterior, a pesar de que ese es el criterio que se aplica para el resto de entidades locales.

Concretamente, la moción reza así: “En virtud de lo expuesto, instamos respetuosamente a la nueva Ministra de Hacienda  a que aplique, para juzgar el cumplimiento del Ayuntamiento de Madrid de la regla de gasto en el ejercicio 2018, el mismo criterio que se utiliza con el resto de municipios, esto es, que el incremento de gasto se calcule sobre la base de los empleos no financieros que consten en la liquidación del Presupuesto de 2017”.

Grupo municipal de Ahora Madrid: “es inaceptable que se haya dispensado un trato discriminatorio a esta ciudad con la actual interpretación de la regla de gasto, algo que ha perjudicado de manera evidente la realización de infraestructuras y la ampliación de servicios vitales para la ciudadanía”.

Explicación de la moción (texto íntegro)

En la actualidad, la regla de gasto, que limita el aumento del gasto público de todas las Administraciones Públicas (salvo la Seguridad Social), se regula en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En dicha norma se estableció que se entendería por gasto computable “los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación”.

Las carencias en la regulación de la regla de gasto son notorias y ya han sido puestas de manifiesto, entre otros, en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, donde se afirmó que “el diseño de la regla de gasto es mejorable en varios sentidos”.

No solo existe en la actualidad una regulación muy defectuosa, sino que además la aplicación que se ha realizado de la misma es claramente inadecuada. En efecto, hace apenas unos meses la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) constató que “siguen produciéndose diferencias de criterio que deben ser resueltas y que (…) han permitido que ayuntamientos encadenen incumplimientos sin la cobertura de un Plan Económico Financiero, que en otros casos ayuntamientos modifiquen un PEF durante su vigencia evitando con ello su incumplimiento, y en algún caso de algún ayuntamiento, tengan aprobado un presupuesto y un Plan Económico Financiero (PEF) con déficit, cuando la Constitución Española y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exigen el equilibrio presupuestario”.

No resulta admisible que se haya dado un tratamiento distinto a las entidades locales, por razones que no se han explicado, sino que la interdicción de la arbitrariedad, que nuestra Constitución proclama en su artículo noveno, obliga a que se apliquen los mismos criterios, claros y explicitados, a todas las entidades locales.

En particular, al Ayuntamiento de Madrid se le ha negado la posibilidad de calcular el cumplimiento de la regla de gasto partiendo del gasto efectivamente liquidado en el ejercicio anterior, a pesar de que ese es el criterio que se aplica para el resto de entidades locales. No en vano, en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales, Artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”, aprobada por el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se afirma que “el cálculo del gasto computable del año n-1 se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio”.

Igualmente, este es el criterio que sigue el propio aplicativo informático del Ministerio “PEFEL2”, que no permite a este Ayuntamiento, ni a ningún otro, efectuar cambios sobre los datos relativos a liquidaciones de ejercicios anteriores y que establece de forma automática el gasto computable de partida para la formulación del PEF.

Resulta por ello inaceptable que se haya dispensado un trato discriminatorio a esta ciudad, lo que ha perjudicado de manera evidente la realización de infraestructuras y la ampliación de servicios vitales para la ciudadanía. No hay tiempo para restaurar las injusticias del pasado, ni tiene la actual Ministra de Hacienda responsabilidad alguna sobre ellas, pero sí se puede evitar la consecución de nuevas discriminaciones en el presente.

El Gobierno municipal de Ahora Madrid ha presentado en la sesión plenaria una moción de urgencia solicitando que el Ayuntamiento apoye públicamente la equiparación de derechos de las empleadas de hogar con el régimen general de la Seguridad Social. Esta asimilación en el régimen general, acordada en 2012, se encuentra retrasada hasta enero de 2024 con la aprobación en el Congreso de una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento, a excepción del Partido Popular, han votado a favor de la propuesta.

La enmienda tiene un número, el 6777, y su aplicación supone, en palabras de la delegada del Área de Políticas de Genero y Diversidad Celia Mayer, “un castigo y una restricción de los derechos de uno de los colectivos más vulnerables del país”. En España, trabajan en el servicio doméstico más de 600.000 personas, de ellas, un 30% no tienen contrato laboral y el 96% son mujeres.

La aprobación de la enmienda 6777 no solo aplaza la equiparación de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que mantiene a este colectivo cobrando por debajo de los salarios reales. Ello conlleva un perjuicio para sus jubilaciones futuras y para las prestaciones contributivas de estas trabajadoras y trabajadores. Retrasa, además, el reconocimiento de sus derechos, unos derechos que históricamente han sido discriminatorios e invisibilizados. Hoy en día no tienen reconocido el derecho a la prestación por desempleo, el despido es prácticamente libre y no está habilitada la fórmula para que inspección de trabajo pueda hacer su función en relación con este colectivo.

El Gobierno municipal de Ahora Madrid ha elevado al Pleno una proposición solicitando el compromiso de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos) para trabajar en materia de sensibilización y prevención de la violencia sexual, y que este compromiso se materialice en acciones concretas como la creación de Centros de Crisis para la atención a víctimas de la violencia sexual. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

La delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha expresado durante la defensa de esta proposición que lo hacía “impactada” aún por la decisión judicial de la Audiencia Provincial de Navarra de conceder la libertad provisional a los cinco miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales. “Estamos estremecidas –subrayó- como lo están la mayoría de las mujeres de este país, independientemente de la ideología de cada una de nosotras”.

Mayer ha dicho que las administraciones públicas “no pueden seguir dando la espalda a esta vulneración de los derechos humanos, porque la violencia machista sigue siendo una de las formas de agresión más habitual, más invisibilizada y que menos se denuncia”. Los datos que arrojan diferentes organismos institucionales muestran una radiografía de la situación muy preocupante y denotan que queda mucho por hacer. Por ejemplo, según cifras registradas desde 2009 por el Ministerio del Interior, se producen 1.200 violaciones al año en España, es decir, cada día son violadas tres mujeres, una cada ocho horas.

Una macroencuesta realizada en 2015 por ll Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apuntaba que casi una 14 % de las mujeres residentes en España manifestaba haber sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas por parte de sus parejas, exparejas o terceros. Un 7,2% de las que tenían 16 años, expresaba haber sido víctimas por parte de alguna persona con la que no mantenían ni habían tenido ninguna relación de pareja.

No obstante, Mayer hizo hincapié en el hecho de que estos datos “son solo la punta del iceberg. Representan una mínima proporción del total de las mujeres víctimas de la violencia machista, porque todavía no se denuncian todos los casos”. Y no se denuncian porque sigue perviviendo el miedo, la vergüenza, el sentimiento de desamparo, de culpa y la estigmatización.

La delegada de Políticas de Género y Diversidad apuesta por la implicación de las administraciones públicas  en la creación de medidas y recursos. “Los ayuntamientos –ha argumentado- no tenemos competencias judiciales, no podemos reformar el Código Penal, pero sí podemos pasar a la acción con hechos como la puesta en marcha de Centros de Crisis”.

De hecho, el Área de Políticas de Género y Diversidad anunció el pasado 14 de junio la apertura del primero de estos equipamientos municipales en el primer semestre de 2019. Un espacio pionero que funcionará 24 horas, todos los días del año. Contará con una inversión total de 850.000 euros, 350.000 euros para la obra y 500.000 para la licitación del servicio.

Con esta apertura, la ciudad de Madrid inicia el camino para acercarse a las recomendaciones recogidas en el informe del Consejo de Europa de 2008 ‘Combatiendo la violencia contra las mujeres: estándares mínimos para servicios de apoyo’, que aconseja un centro de crisis por cada 200.000 mujeres. Madrid necesitaría un total de ocho, de ahí que la proposición busque el compromiso de todos los grupos políticos en la creación de los siete espacios restantes antes de 2025.

Tras pasar por la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 17 de mayo y por la correspondiente Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente una quinta partida de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), por un importe global de 27,3 millones de euros, que se distribuyen en 89 proyectos.

De los más de 750 millones que se van a destinar a este tipo de inversiones en 2018, desde el mes de abril y hasta ahora han pasado por Junta de Gobierno 645,4 millones de euros para IFS, que se corresponden con 1.441 actuaciones. Y de éstas, el Pleno ya ha aprobado definitivamente cinco partidas de IFS (contando la de hoy), que suman 604,5 millones y se distribuyen en 1.296 proyectos:

  1. La sesión extraordinaria del Pleno del pasado 17 de mayo dio el visto bueno a un total de 333 millones de euros repartidos en 685 proyectos que benefician a los 21 distritos de la capital. Este primer paquete se llevó a la Junta de Gobierno del pasado 12 de abril.

  2. La sesión plenaria del 7 de junio refrendó la segunda y tercera partida de IFS, que sumaban 230,6 millones de euros y se reparten en 446 proyectos, y que se correspondían con las que recibieron aprobación inicial en las Juntas de Gobierno de los días 3 y 7 de mayo.

  3. El Pleno extraordinario del 26 de junio dio luz verde a un cuarto grupo de IFS (Junta de Gobierno del 24 de mayo), por valor de 13,6 millones de euros y 76 proyectos.

  4. Y la sesión ordinaria de hoy ha aprobado definitivamente un quinto paquete de IFS (Junta de Gobierno 17 de mayo), 27,3 millones y 89 intervenciones.

Tal y como marcan los plazos legales –aproximadamente un mes desde su aprobación inicial en la Junta de Gobierno y su posterior paso por la Comisión del Área de Economía y Hacienda–, la Corporación municipal somete a aprobación en el Pleno los distintos paquetes de IFS.

La financiación de los suplementos de crédito para IFS aprobados en la Junta de Gobierno se efectúa con el remanente de Tesorería para Gastos Generales, obtenido tras la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 el pasado mes de febrero, y que supera los 1.000 millones de euros.

Los mayores importes de los 27,3 millones de euros del quinto paquete de IFS distribuidos en 89 proyectos que pasaron por la Junta de Gobierno del 17 de mayo corresponden a actuaciones en vías públicas (aceras y calzadas), parques y reformas en instalaciones deportivas.

Por líneas de actuación, los 27,3 millones de este quinto paquete de IFS se reparten de la siguiente manera:

  1. Cultura (bibliotecas, centros culturales, museos…): 2,8 millones de euros

  2. Deportes, juventud y esparcimiento (pistas deportivas básicas, polideportivos): 6,47 millones de euros

  3. Educación (colegios, escuelas de música, escuelas infantiles): 1,35 millones de euros

  4. Infraestructuras (edificios, servicios administrativos): 19.000 euros

  5. Inversiones de carácter general: 118.000 euros

  6. Mantenimiento urbano (vías públicas, mobiliario urbano): 10,1 millones

  7. Medio ambiente (parques, zonas ajardinadas, sostenibilidad): 4,87 millones

  8. Otros bienes públicos de carácter económico (informática): 500.000 euros

  9. Protección civil y seguridad ciudadana (Policía Municipal): 700.000 euros

  10. Protección y promoción social (centros de mayores, centro de servicios sociales, promoción para el empleo, infancia y familia…): 317.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid resaltará su compromiso en la lucha contra la LGTBIfobia durante la conmemoración del Orgullo 2018, en una declaración institucional que han votado todos los grupos políticos en la sesión plenaria celebrada hoy miércoles 27 de junio. La corporación seguirá impulsando medidas que fomenten el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género, además de subrayar el combate de la Administración local contra la discriminación, la estigmatización y la violencia contra la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales).

Entre los compromisos recogidos en la declaración, está la promoción de programas contra el acoso escolar de niños, niñas y adolescentes LGTBI para arrostrar situaciones de discriminación y acoso que se producen, así como de normativas y protocolos frente a la LGTBIfobia en los reglamentos de funcionamiento en los Centros Municipales. Se incluirán cláusulas que garanticen la diversidad en el deporte y la prevención de la LGTBIfobia en los convenios de colaboración que se suscriban con entidades, así como en las convocatorias de subvenciones a entidades deportivas.

Otro compromiso del Ayuntamiento será la inclusión en la formación del personal de los centros deportivos municipales de módulos de equidad y no discriminación en la práctica deportiva. Se propone además que la EMT (Empresa Municipal de Transportes) y el Observatorio de Delitos de Odio y la Unidad de Gestión de la Diversidad desarrollen un convenio de colaboración para coordinarse ante situaciones de discriminación y delitos de odio en el transporte público madrileño.

Se estrechará la colaboración municipal con las asociaciones y colectivos LGTBI en la denuncia de actos discriminatorios y ante los delitos de odio que se presenten, con el fin de atender y reparar daños a las víctimas. Asimismo, se plantea poner en marcha un protocolo de acompañamiento en los procesos de transición de Identidad Sexual y/o de Género en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. Además, se instará a la Comunidad de Madrid a profundizar en las medidas de desarrollo de las leyes 2/2016 y 3/2016.

Se trata de una serie de propuestas de trabajo destinadas al reconocimiento del compromiso activo de la ciudadanía madrileña en la erradicación de toda discriminación por orientación sexual e identidad de género. El respeto a la diversidad en la sociedad madrileña es el eje de participación en los actos de celebración del Orgullo de Madrid, entre el 28 de junio y el 8 de julio.

En el marco de las celebraciones del Orgullo se recordará que en más de setenta países no se reconocen los derechos de las personas LGTBI y existe persecución. La lucha por estos derechos comenzó hace 40 años en las calles de Madrid, hoy una ciudad de referencia mundial en derechos y visibilización LGTBI, si bien queda mucho trabajo por hacer. El activismo desplegado por miles de personas se ha sumado a la labor institucional en la defensa de la libertad en la diversidad, el respeto y la inclusión.

Ese avance también ha tenido su reflejo en la esfera jurídica. La Ley 13/2005 modificó el Código Civil en cuanto a derecho al matrimonio y uniones de hecho. También se ha avanzado en el reconocimiento de las personas transexuales en la legislación penal, civil, sanitaria y laboral.

Además, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguló la rectificación registral de la mención de sexo de las personas, si bien quedan pendientes flecos de cambio de identidad de género. Es una carencia legislativa paliada en parte por el avance en algunas Comunidades Autónomas. En el caso de Madrid gracias a la Ley 2/2016, de 29 de marzo (sobre Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid) o la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud también ha retirado la transexualidad de su listado de enfermedades mentales.

Son normas que significan progresos en la recuperación de la dignidad a las personas Trans. La fobia a la comunidad LGTBI es un problema de toda la sociedad y no exclusivamente de las personas directamente afectadas, ya que perjudica el principio de igualdad que debe prevalecer en las relaciones sociales, por lo que las administraciones públicas han de actuar en este sentido.

El pleno municipal ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta declaración renueva la acordada el pasado año que se ha traducido en una guía que orienta a todos los agentes implicados, y especialmente a las redes municipales de servicios sociales y sanitarios junto a la Policía Municipal, para que su actuación sea coordinada en su lucha contra esta lacra.

En la declaración el Consistorio madrileño se compromete a promover un verdadero buen trato hacia las personas mayores con políticas específicas y a reconocer el trabajo que, en este sentido, hace la ciudad de Madrid gracias a excelentes profesionales, desde los recursos, programas y servicios tanto públicos como privados, mercantiles y no lucrativos, y el imprescindible desempeño de entidades y asociaciones que integran el tejido social.

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid busca sensibilizar y alzar una única voz contra el edadismo (discriminación por edad), promover el empoderamiento de las personas mayores para el ejercicio de su plena autodeterminación y facilitar, mediante la participación, su implicación en la toma de decisiones de la ciudad.

Además, en esta declaración el pleno municipal acuerda dirigir sus actuaciones al reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad del colectivo de las personas mayores y a promover acciones transversales que conlleven una imagen favorable y un mensaje positivo de la vejez.

Otras actuaciones estarán dirigidas a integrar políticas que favorezcan y visibilicen la participación de las personas mayores en la sociedad, a escuchar activamente sus necesidades, a respetar sus decisiones y sus opciones de vida y a reconocer que el legado generacional es un derecho y un deber a cualquier edad.

El Ayuntamiento de Madrid también dedicará sus esfuerzos a intensificar las medidas establecidas para la detección temprana de situaciones de extrema vulnerabilidad y maltrato en los servicios municipales de acuerdo con las pautas recogidas en la “Guía de actuación de atención a personas mayores vulnerables que sufren maltrato”.

 

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