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08
Jun
2022
El Observatorio del Español del Gobierno dependerá del Instituto Cervantes PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEl Consejo de Ministros aprueba su creación

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el fin de evitar el desecho de alimentos sin consumir y favorecer que se aprovechen mejor.

Igualmente, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC). Además, ha establecido las bases reguladoras de una ayuda excepcional de 193 millones de euros para compensar a determinadas producciones agrícolas y ganaderas por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el carácter pionero de la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en la Unión Europea -solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante- y su oportunidad, no solo porque todavía existen el hambre y la malnutrición en el mundo sino porque también "en estos momentos hablamos de la posibilidad de una crisis alimentaria y de la necesidad de la producción de alimentos en el mundo".

El despilfarro de alimentos, ha señalado Planas, es una ineficiencia de la cadena alimentaria, en la que se produce una pérdida del 20%. Para reducir ese porcentaje, todos los elementos de la cadena, excepto las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados, estarán obligados a tener un plan específico. La ley impone también otras obligaciones, como la de que los establecimientos de hostelería tendrán que poner a disposición del cliente la comida no consumida para llevársela, si así lo solicita.

Planas ha destacado que, de ese 20% de las pérdidas a lo largo de la cadena, un 40% se da en la venta al por menor o en los hogares, de ahí que la ley tenga en la concienciación social del problema uno de sus pilares. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros y 250 euros anuales por persona.

El texto regula, por otra parte, la donación a bancos de alimentos, estableciendo que solo podrán ser donados aquellos que estén dentro del periodo de consumo preferente, es decir, dentro del plazo en el que todas sus características están efectivamente vigentes.

El Proyecto de Ley que establece las Normas para la Aplicación en España de la Nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 regula obligaciones y objetivos, el régimen de sanciones y otras materias conexas relativas a la comercialización del aceite de oliva, la producción y comercialización de productos lácteos, la cría de animales, las mejores técnicas disponibles y la nutrición de suelos.

La PAC, ha repasado el ministro, constituye el 20% de los ingresos medios de una explotación agrícola o ganadera en España y su dotación para el periodo 2023-2027 asciende a 47.724 millones de euros.

Dos novedades que ha resaltado el ministro son la obligación de relación electrónica con la administración para gestionar la PAC y la utilización del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que permitirá un mejor control de las prestaciones, solicitudes y pago, la utilización de productos fitosanitarios, plaguicidas, pesticidas, antibióticos en la alimentación animal e incluso la contabilización de la utilización del agua en las explotaciones agrícolas y ganaderas. "Será de aplicación voluntaria entre 2023 y 2025 y a partir de entonces tendrá carácter obligatorio", ha puntualizado Planas.

El ministro ha anunciado que la norma aprobada será completada con hasta dieciocho reales decretos hasta diciembre, para conformar "el conjunto de este complejo y espeso instrumento y arquitectura legal de la PAC, tan importante para España". Este verano, además, se prevé que pueda ser aprobado definitivamente el Plan Estratégico de España para la PAC, en el que han trabajado conjuntamente el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

El Real Decreto que establece las Bases Reguladoras para la Concesión Directa de una Ayuda Excepcional de 193,47 millones de euros, para compensar a determinadas producciones agrícolas y ganaderas por las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania, se enmarca en el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania.

De esta cantidad, 128,98 millones se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 64,49 millones corresponden a fondos europeos. Las explotaciones de vacuno de carne recibirán 110 millones de euros; el ovino y caprino de carne, 31,7 millones; la avicultura de carne, 10 millones; la cunicultura, 3 millones y los cítricos 38,7 millones. La distribución de las ayudas ha sido acordada en Conferencia Sectorial y su pago será gestionado por las comunidades autónomas.

"Estas ayudas son muy importantes en un contexto como el actual, de precios altos desde el punto de vista agrario y ganadero, pero donde los insumos -en particular, cereales, oleaginosos o fertilizantes- se han incrementado de forma muy notable como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania", ha explicado el ministro. Concretamente los cereales y oleaginosas tienen un precio un 50% más alto que en las mismas fechas del año y los fertilizantes, un 100% más.

El Gobierno ha acordado el reparto de 176,5 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para mejorar la gestión de los residuos municipales y facilitar el cumplimiento de los objetivos europeos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aporta 175 millones, mientras que los otros 1,5 millones corren a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha detallado que las comunidades autónomas destinarán los fondos a la construcción y mejora de instalaciones de tratamiento, recogida y reciclado de residuos. Asimismo, ha precisado que el 47% de los fondos se utilizarán para la recogida y separación de residuos y su posterior reutilización.

Rodríguez ha subrayado que esta iniciativa es un compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y con el desarrollo de la economía circular, un proyecto estratégico que tiene como objetivo acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente, más sostenible en el uso de las materias primas.

El Ejecutivo ha acordado la creación del Observatorio Global del Español para maximizar el valor de las lenguas oficiales en el proceso de transformación digital de la economía.

Isabel Rodríguez ha explicado que este órgano colegiado interministerial, sin entidad jurídica, se reunirá en La Rioja. El observatorio dependerá del Instituto Cervantes y estará presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Este centro de análisis y perspectiva se enmarca en el Proyecto Estratégico (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua, que tiene como fin aprovechar el potencial del español y del resto de las lenguas oficiales como un factor de crecimiento económico, de competitividad en el ámbito internacional en áreas como la inteligencia artificial, la traducción, el aprendizaje, la divulgación cultural, la producción audiovisual, la investigación y la ciencia, ha resaltado la portavoz.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de más de 118 millones de euros para el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en Centros de Especial Complejidad Educativa (programa PROA+). Estos fondos se enmarcan en el componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que los fondos se dirigirán a centros sostenidos con fondos públicos que cuenten con alumnado con dificultades educativas, al que se prestará apoyo individualizado. Su objetivo es mejorar la calidad y la equidad del sistema y prevenir el abandono escolar.

Los fondos llegarán al alumnado de más de 3.000 centros educativos de todo el país, en especial a aquellos que se encuentran en zonas deprimidas y a los que cuentan con más de familias vulnerables

 

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