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27
Abr
2022
El Tribunal de Cuentas auditará la Casa Real PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaEl Gobierno modifica la estructura de la Jefatura del Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se reforma la estructura y funcionamiento de la Casa de S.M. el Rey, que contiene medidas relativas a transparencia y rendición de cuentas, eficiencia en el servicio público y ejemplaridad.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mostrado su satisfacción por esta nueva norma, con la que "la monarquía española da un paso adelante y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas". Ayer, ha destacado, el rey Felipe VI ya hizo público cuál es su patrimonio actual.

El Real Decreto otorga rango legal a prácticas que ya se estaban llevando a cabo, introduce otras nuevas, garantiza la coordinación de su actividad con la Administración General del Estado (AGE) y avanza "en la ejemplaridad, integridad, honestidad y transparencia que la ciudadanía pide hoy por hoy a todas las instituciones, también a la jefatura del Estado", ha subrayado Bolaños.

Entre las medidas dirigidas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, figura la regulación de la actividad contractual, para que se ajuste a los principios de la contratación pública, como es el de publicidad. Los contratos deberán recogerse en la web de la Casa Real, así como el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades. Por otro lado, las cuentas de la Casa serán auditadas por el Tribunal de Cuentas, para lo que se formalizará un convenio de colaboración.

Respecto a la eficiencia en el servicio público, Bolaños ha señalado que "se apuesta por la función pública en la Casa de S.M. el Rey". Así, la Oficina de la Intervención será ejercida por un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el Consejero Diplomático será un funcionario perteneciente a la carrera diplomática. La Abogacía del Estado constituirá el servicio de asesoramiento jurídico gracias a un convenio de colaboración con la AGE, y se habilita la posibilidad de futuros convenios con otros órganos de la Administración paras diferentes ámbitos de actividad.

El personal deberá ejercer sus funciones con arreglo al código de conducta vigente, basado en los principios de objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, ejemplaridad, austeridad, honradez, protección del medio ambiente e igualdad entre mujeres y hombres. Además, los altos cargos y el personal de alta dirección deberán publicar anualmente su declaración de bienes.

Por último, ha explicado el ministro, todos los regalos que se reciban en la Casa de S.M. el Rey serán inventariados, registrados y custodiados, y se estudiará, en función de su naturaleza, si permanecen en ella, pasan a Patrimonio Nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro.

El Gobierno ha aprobado el Informe de Evaluación del Plan Anual Normativo (PAN) 2021, en el que se analiza la actividad normativa desplegada por el Gobierno desde el 1 de enero de 2021 hasta el día de hoy.

Bolaños ha subrayado que tanto la aprobación como la evaluación del PAN suponen un ejercicio muy importante de transparencia, planificación y rendición de cuentas. Por este motivo, el Ejecutivo presentó el año pasado por primera vez una evaluación de la planificación normativa -ningún Gobierno lo había hecho antes-, aprobó el PAN 2022 en el primer Consejo de Ministros del año y hoy ha presentado el informe de evaluación del año anterior.

El informe correspondiente a 2021 indica que el 94% de las iniciativas planificadas ya han sido aprobadas o están actualmente en tramitación. Entre ellas, Bolaños ha destacado las normas relacionadas con el desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y también la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, presentada por el Gobierno en tiempo y forma antes del último trimestre del año y aprobada por el Congreso para su entrada en vigor el 1 de enero.

Por otro lado, se aprobaron en total 261 normas que no estaban previstas para poder hacer frente a "un año complejo y difícil, donde tuvimos que seguir luchando contra la pandemia y contra sus consecuencias económicas y sociales", ha señalado el ministro.

A pesar de dificultades como el COVID-19, o la gestión de las consecuencias de la reciente guerra de Ucrania, Bolaños ha asegurado que el Gobierno continúa con su agenda legislativa y de transformación económica y social del país, para consolidar el crecimiento económico, reforzar el Estado del bienestar y proteger a la ciudadanía, las clases trabajadoras y medias, los autónomos y las empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas del bombardeo de Gernika, coincidiendo con el 85º aniversario de estos hechos.

Félix Bolaños ha destacado que la declaración condena expresamente, por primera vez, las acciones de guerra contra la población civil "tan absolutamente crueles". Al respecto, ha recordado que las tropas nazis y la aviación fascista italiana destruyeron la villa de Gernika, que "se ha convertido en un símbolo universal contra la barbarie y contra el horror que supone una guerra y el bombardeo de personas indefensas".

El ministro ha resaltado que el texto recoge el compromiso del Ejecutivo con la pervivencia de la memoria de todas las víctimas y reafirma su compromiso en la defensa de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en la construcción de una memoria común que contribuya al mantenimiento de la paz.

En este contexto, Bolaños ha recordado el discurso pronunciado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante su intervención por videoconferencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril. El ministro ha reiterado que "el compromiso del Gobierno de España con el pueblo ucraniano es absoluto" y ha puesto como ejemplo la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada a Kiev.

Como muestra de solidaridad y apoyo, el Ejecutivo duplicará el envío de material a Ucrania y destinará 31 millones de euros, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), a las personas que sufren en ese país las consecuencias de la guerra y a los refugiados que han traspasado sus fronteras.

Félix Bolaños ha concretado que España acoge, hasta ahora, a 137.000 ucranianos, de los que 70.000 han solicitado una protección temporal que el Gobierno está tramitando.

El ministro también ha subrayado la respuesta de toda la Unión Europea tras la invasión de Rusia en Ucrania, que ha aplicado restricciones económicas contra Rusia.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que el Consejo de Ministros ha articulado un sistema excepcional para impedir que los oligarcas rusos burlen las normas y las sanciones impuestas en el contexto europeo.

Mediante un Real Decreto-ley se ajustan las normas registrales con el fin de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España, aunque la titularidad de esos bienes la ostenten testaferros o personas interpuestas.

Por otra parte, Isabel Rodríguez ha confirmado que el jefe del Ejecutivo visitará el jueves y el viernes Moldavia y Polonia, respectivamente, para expresar la solidaridad del pueblo español con estos países, que han asumido gran parte de la acogida de los refugiados ucranianos. Pedro Sánchez mantendrá reuniones bilaterales con sus primeros ministros y visitará dos centros de refugiados.

El Gobierno ha aprobado la distribución de 87,5 millones de euros a las comunidades autónomas para la cualificación y recualificación de la población activa.

Isabel Rodríguez ha detallado que estos fondos, procedentes del Componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se destinarán a "formar, cualificar o recualificar" a cerca de 160.000 trabajadores ocupados y desempleados, apostando por "nuevos nichos de empleo".

La oferta formativa estará orientada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación. Esta formación, vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, podrá ser acreditable, al formar parte de un módulo de un título de Formación Profesional o de un certificado de profesionalidad.

El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de tramitación anticipada de ayudas "Beatriz Galindo", integradas en el Subprograma Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, que forma parte del Plan Estatal de I+D+i. El objetivo es fomentar y poner en valor el talento del personal investigador, tecnólogo e innovador y favorecer la incorporación de jóvenes investigadores y de personal de I+D+i.

La portavoz ha precisado que la medida pretende que el talento de los jóvenes investigadores se quede en las universidades españolas.

La convocatoria prevé la concesión de 100 ayudas, 40 sénior y 60 júnior, por un importe de 18,8 millones de euros; tienen una duración máxima de cuatro años y se articulan a través de un contrato de investigador distinguido entre la universidad y el investigador seleccionado.

El Ejecutivo ha autorizado dos nuevas operaciones del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas por valor de 85 millones de euros a los grupos hoteleros Abba y Hesperia (30 y 55 millones, respectivamente).

Isabel Rodríguez ha argumentado que ambos tienen un carácter estratégico para la economía por su pertenencia al sector turístico y el fuerte arraigo en los territorios donde están implantados, con un importante volumen de empleo.

Estas empresas suman más de 3.400 trabajadores fijos en sus plantillas habituales y en temporada alta incrementan estas cifras. Además, en algunos casos, están asentados en el medio rural o en entornos industriales.

La portavoz ha mantenido que las ayudas públicas procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aprobado en julio de 2020, han evitado que los sectores del turismo y la restauración cayeran.

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de la cesión temporal de espacios y prestación de servicios y suministros para la organización de la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuyos actos se celebran en Madrid entre los días 28 y 30 de mayo. El valor estimado del contrato es de 29.752.066,11 euros.

Isabel Rodríguez ha destacado la repercusión que esta cita tendrá para España en el contexto internacional, así como la inversión que supondrá para la comunidad autónoma y la ciudad de Madrid. A la cumbre acudirán numerosos jefes de Estado y de Gobierno y más de 2.000 informadores.

 

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