El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 200 millones de euros entre las comunidades autónomas para crear 21.000 nuevas plazas públicas de educación infantil destinadas a escolarizar a niños de 0-3 años. Esta partida, incluida en el
, se completará en los años 2022 y 2023 hasta alcanzar una inversión total de 670,1 millones de euros, que permitirán crear más de 65.000 plazas públicas gratuitas.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha subrayado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que todos los informes apuntan a que la escolarización temprana es fundamental para que los niños tengan un desarrollo educativo exitoso. Además considera que la medida tiene un fuerte impacto social porque favorecerá que más de 65.000 familias, con independencia de su renta familiar, puedan escolarizar a sus hijos en los primeros meses de su infancia.
Alegría ha resaltado que algunas familias no escolarizan a niños menores de cuatro años porque no pueden asumir el coste de las plazas. La medida aprobada hoy afronta directamente ese problema porque las plazas son públicas, gratuitas y se van a crear en centros de máxima calidad educativa. De esta manera, se alivia la economía familiar y se favorece la conciliación laboral, personal y familiar. "Estamos poniendo en marcha el ascensor social desde las edades más tempranas para avanzar en esa verdadera igualdad de oportunidades para todos", ha afirmado la ministra.
Pilar Alegría ha añadido que para realizar el reparto se ha tenido en cuenta el nivel de estudios de la población en cada comunidad autónoma, las tasas de escolarización de niños de 0, 1 y 2 años y la dispersión de la población. El Gobierno también ha autorizado la distribución de 87,7 millones de euros, enmarcados en el Plan de Recuperación, para la cualificación y recualificación de más de 300.000 trabajadores.
El objetivo, según ha indicado la ministra, es que estas personas mejoren su cualificación y estén más preparadas para responder a los retos que demanda el tejido productivo. "La cualificación y recualificación del capital humano de nuestro país es uno de los requisitos indispensables para poder afrontar con éxito la transformación de nuestra economía, para lo que necesitamos trabajadores formados, bien cualificados, que respondan a las necesidades de cada sector productivo", ha explicado Pilar Alegría.
Las acciones formativas atenderán prioritariamente a la formación en sectores emergentes, que están recogidos dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional. La titular de Educación ha precisado que la medida presta atención especial a los sectores con más trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), a los ámbitos vinculados al cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación.
El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto que regula la evaluación, la promoción y la titulación de las diferentes etapas educativas. Los cambios entrarán en vigor este curso. Pilar Alegría ha incidido en que la medida contempla la integración de todas las etapas educativas y pone el foco en la evaluación continua: "Damos un paso más en la dirección de reforzar la personalización de todos los procesos de aprendizaje".
El proceso de evaluación, ha añadido, hace hincapié en la detección temprana de las dificultades de los estudiantes, contempla medidas de refuerzo tan pronto sean necesarias y medidas de recuperación. El Real Decreto recoge que la repetición debe ser una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo, y siempre y cuando se estime que es lo más adecuado para favorecer el desarrollo del alumno.
En Bachillerato, la promoción entre el primer y el segundo curso exigirá un máximo de dos materias no superadas, con una evaluación continua y diferenciada por asignatura. La ministra ha destacado que se refuerza el trabajo colaborativo de los equipos docentes, que serán quienes decidan conjuntamente sobre el proceso de aprendizaje. "Estamos ante un nuevo modelo de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, en el trabajo colaborativo y en la participación", ha concluido.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2021-2023), que contempla incrementar los efectivos de la Inspección de Trabajo, invertir en la formación y la mejora de las condiciones en las que se presta este servicio público y apostar por la utilización generalizada de la tecnología, tanto en la actividad inspectora como en las relaciones con la ciudadanía.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha definido a la Inspección de Trabajo como una institución clave en la garantía de los derechos laborales en nuestro país: "En el Estado social de Derecho, y para garantizar la protección de los más débiles, no basta con tener buenas normas, sino también que esas normas se cumplan, y el pulmón que garantiza en el mundo laboral el cumplimiento de las mismas se llama Inspección de Trabajo".
El Plan presentado hoy va a ser "una las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país", ha continuado la vicepresidenta, que ha destacado su carácter innovador y su mirada "absolutamente moderna", más próxima a las realidades actuales de la conflictividad laboral y en línea con los parámetros de los restantes países europeos.
La vicepresidenta ha explicado que la premisa de la que parte el Plan es anticiparse a cualquier posibilidad de fraude del mercado de trabajo, para no limitarse solo su reparación: "Lo que hacemos ahora es abrir completamente el foco, convertir toda la acción pública en transversal y ampliar la mirada abarcando todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".
La lucha contra el fraude será un objetivo prioritario, continuando la línea actual, en la que solo entre enero y mayo de este año se ha multiplicado en un 355% la actividad de la Inspección de Trabajo, "el récord de toda su serie histórica", ha destacado Díaz. A la ya existente Oficina de lucha contra el fraude se sumará una segunda para atender al fraude transnacional, y estará muy vinculada a los países de la Unión Europea y Latinoamérica y a la Organización Internacional del Trabajo.
Otro eje fundamental será combatir la precariedad laboral. La ministra de Trabajo ha puesto como ejemplo la campaña realizada para controlar los contratos temporales con duración superior a los 24 meses que marca la ley, que ha servido para convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo. Se pondrá en marcha una Oficina especializada de lucha contra la discriminación, para actuar en la relación laboral desde el inicio hasta la salida de la carrera profesional, y evitar, entre otras, diferencias o dificultades de acceso al mercado laboral por razón de sexo, edad, origen o identidad sexual.
El organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta, por primera vez, con un presupuesto propio, y se prevé reforzar las plantillas de personal, incorporar nuevos perfiles especializados y potenciar el uso de la inteligencia artificial.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que incentiva la inversión e impulsa la creación de un punto único para la información y la tramitación de permisos para el despliegue de estas redes, y también regula los servicios de comunicaciones electrónicas. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que la norma se enmarca en las reformas para la modernización y la digitalización del país comprometidas ante la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la intención de convertir a España en el 'hub' de interconexión digital del sur de Europa.
El Plan prevé 4.000 millones de euros de inversión para extender la conectividad al 100% de la población en 2025, como recoge la Agenda España Digital 2025, y reforzar el desarrollo del 5G y la ciberseguridad. Los derechos de los usuarios españoles se refuerzan, se armonizan con los del resto de la Unión Europea y se introducen otros nuevos respecto a la portabilidad de líneas telefónicas. Los contratos, además, deberán ser accesibles para los usuarios con diversidad funcional.
El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la ley para regular los servicios de atención al cliente. La futura norma establecerá el derecho de los consumidores a obtener por parte del prestador de bienes y servicios una atención gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable. El texto mejora las comunicaciones entre consumidores y empresas, establece obligaciones en la forma de facilitar información, atender incidencias y resolver quejas y reclamaciones, "e incluso proclama el derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de un contestador automático", ha destacado la portavoz del Gobierno.
Las empresas de servicios básicos deberán ofrecer atención para incidencias en el servicio todos los días y las 24 horas, y garantizar la accesibilidad a los servicios de atención a las personas consumidoras vulnerables, como aquellas con discapacidad o de edad avanzada. Tendrán que adaptarse a la nueva regulación todas las grandes empresas -con más de 250 trabajadores, con un negocio anual de más de 50 millones de euros o con un balance de negocios superior a 43 millones- y, con independencia de su tamaño, las que presten servicios de carácter básico de interés general, como agua y energía, transporte, servicios telefónicos o servicios financieros.
Las comunidades autónomas recibirán un paquete de recursos destinados a la conectividad y a la investigación en el marco del Plan de Recuperación, según ha acordado hoy el Ejecutivo.
En primer lugar, recibirán 360 millones de euros de 2021 a 2023 para proyectos de digitalización y conectividad: "Se trata de avanzar y acelerar la universalización del acceso a la banda ancha, a la banda ultrarrápida en todo el territorio español, incluso acercando el 5G a las zonas rurales", ha destacado Isabel Rodríguez.
Estos fondos se emplearán en impulsar la conectividad en centros de referencia como hospitales, centros educativos, polígonos industriales y centros logísticos; a facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables de hasta 240 euros al año; y a adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000. Por otra parte, las comunidades dispondrán de 134 millones de euros para financiar los cuatro primeros planes de investigación conjuntos, dirigidos a áreas estratégicas claves: biotecnología aplicada a la salud, ciencias marinas, comunicación cuántica e hidrógeno renovable. Está previsto que se firmen otros cuatro planes complementarios en el primer semestre de 2022.
El Gobierno también ha aprobado el Real Decreto que regula las ayudas de 400 millones de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a transferir a las comunidades y ciudades autónomas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la descarbonización del transporte profesional.
El Consejo de Ministros ha acordado conceder a Juana Rivas, condenada por sustracción de menores, un indulto parcial que rebaja la actual pena de prisión de 2 años y 6 meses a una pena de prisión de un año y 3 meses. Asimismo, ha conmutado la pena actual de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 6 años por una pena de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
La medida de gracia, prevista en el Constitución y en la ley, se ha tomado siguiendo el procedimiento y los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, y teniendo en consideración, fundamentalmente, el interés de los menores -sus dos hijos- "y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la justicia", ha afirmado la portavoz del Gobierno.
Al inicio de la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez se ha referido el encuentro que ha tenido lugar esta mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, miembros del Ejecutivo y los secretarios generales de CCOO y UGT.
La reunión ha servido, ha dicho, para celebrar el acuerdo alcanzado sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para la garantía de las pensiones: "Lo que está haciendo este Gobierno es avanzar en una recuperación justa para todos en que nadie se quede atrás, ni los jóvenes, ni los más mayores que cobran sus pensiones hoy, ni los que las cobrarán mañana".
Rodríguez ha afirmado que la recuperación justa significa atender a los más vulnerables, con medidas como esta y también con, entre otras, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida del 3,7% del salario a los empleados públicos y la cobertura de los ERTE.
Alcanzado acuerdo con los sindicatos con el rechazo de los empresarios
