Rodríguez también ha subrayado que el texto "surge de la recuperación de la conversación y el acuerdo", ya que recoge una parte importante de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño -que, a su vez, se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- y el acuerdo firmado el 1 de julio entre Gobierno y los interlocutores sociales. La portavoz ha anticipado que, a partir de otoño, se abordarán otras cuestiones como la cotización de los autónomos por ingresos reales, la equiparación de las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad o a la cotización de los becarios.

Isabel Rodríguez ha destacado que el proyecto de ley aprobado recupera el IPC para calcular la revalorización de las pensiones: "A partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones, siempre se van a poder revalorizar, y en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior". Otro segundo bloque de medidas, ha continuado, abordan el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, mediante la revisión de las condiciones para las jubilaciones anticipada, demorada y forzosa.

Así, por ejemplo, se van a mejorar y flexibilizar los coeficientes reductores de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria. Y para incentivar la jubilación demorada, se prevén fórmulas como un 4% adicional de pensión de por vida, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas medidas. Como novedad, los pensionistas de clases pasivas van a tener la misma regularización que el resto en cuanto a revalorización e incentivos en la demora de la jubilación. Finalmente, se refuerza la estructura de ingresos del sistema con una mejora de la financiación de la Seguridad Social, que recibirá una transferencia anual del Estado.

El Consejo de Ministro ha aprobado en su segunda vuelta, el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Este texto, que supone la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, recoge una parte importante de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La nueva norma fijará un nuevo marco estable de revalorización de las pensiones. El nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se corrige definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018.

Como novedad de esta segunda vuelta, se incluye en el texto que los pensionistas de Clases Pasivas tengan la misma regulación en este aspecto.

Además, se incorporan diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.

Incentivos a la jubilación demorada

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Y, como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora:

-Un porcentaje adicional del 4%

-Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas

-Una combinación de ambas opciones

En este aspecto, el proyecto de ley aprobado hoy también recoge que los pensionistas de Clases Pasivas tengan la misma regulación en cuanto a los incentivos de demora.

Sobre la jubilación forzosa, el proyecto de ley establece que los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.

Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.

Respeto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema, el texto establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020. Una transferencia que ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

El Proyecto de Ley, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, también se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.

El texto ha pasado por el Consejo Económico y Social, que lo ha valorado positivamente y ha señalado que considera imprescindible "mantener el mismo espíritu de consenso que ha presidido la elaboración de este anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los próximos meses".

En su primer paso por el Consejo de Ministros, al comienzo de julio, ya se aprobó la tramitación del anteproyecto por vía de urgencia.