Estas subvenciones son para que los municipios con más de 50.000 habitantes, o con población inferior si son capital de provincia, mejoren y modernicen su organización con la incorporación de tecnologías de la información, digitalización de los procedimientos administrativos y adaptación de su gestión a medios digitales.

Para facilitar el acceso a la convocatoria, la Secretaría General de Administración Digital ha publicado, dentro de la página abierta para el fondo, unas guías técnicas, sobre aspectos generales y específicos de los requisitos de las actuaciones financiables, criterios de elegibilidad de los proyectos, proyectos prioritarios y obligatorios, las distintas líneas de actuación, el formato de los proyectos y la memoria técnica que las entidades locales tienen que presentar.

El importe total máximo de las subvenciones asciende a 92,77 millones de euros y la asignación entre las distintas entidades beneficiarias se efectuará del siguiente modo: el 45 % del importe total, 41.746.500 euros, se distribuirá entre los municipios con población superior a 250.000 habitantes. El 55 % restante, 51.023.500 euros, se distribuirá entre los municipios con población entre 50.001 y 250.000 habitantes o con población inferior si son capital de provincia. La cuantía máxima de la ayuda que corresponde a estos municipios se ha determinado en función del número de habitantes.

Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15:00 horas del 15 de diciembre de 2021 y solo de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial (procedimientos- subvenciones). Las entidades locales beneficiadas deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos.

Entre las prioridades de las subvenciones para la modernización y digitalización de las entidades locales figuran los siguientes:

- Mayor accesibilidad de ciudadanos y empresas a servicios públicos digitales

- Reducción de la brecha digital

- Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos

- Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas

- Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas…)

Con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia en la aplicación de los fondos y lograr con las actuaciones el mayor impacto para la ciudadanía en su conjunto, las entidades locales priorizarán los siguientes proyectos:

- Puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad, que será de ejecución obligatoria.

- Una Administración orientada al ciudadano, desarrollando los tres servicios más utilizados en modo App móvil o a través de una interfaz adaptable ("responsive") integrada en Mi Carpeta Ciudadana de la AGE.

- Operaciones Inteligentes. Puesta en marcha de un proyecto para automatizar procesos de prestación de servicios al ciudadano.

- Desarrollo o adaptación de servicios exentos de barreras transfronterizas para ciudadanos y empresas europeos.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incorpora importantes inversiones y reformas estructurales. El PRTR, aprobado también por la Comisión Europea el pasado 16 de junio y por el Consejo Europeo el 13 de julio, permitirá a España acceder a 140.000 millones de euros en créditos y transferencias entre 2021-2026 que impulsarán reformas, inversiones y una transformación económica.

El Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta componentes. La cuarta política palanca es una Administración para el siglo XXI, que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía. El componente 11 desarrolla esta política, a través de un conjunto de reformas, y establece como objetivos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.

La transformación digital y modernización de las administraciones públicas cuenta con una financiación de 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De esta cantidad, 578,6 millones se destinan a las comunidades autónomas y 391,4 millones a las entidades locales. De los 391,4 millones de euros para las entidades locales, en el ejercicio 2021 se dispone de 92,77 millones de euros para los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes o capitales de provincia. En 2022 y 2023 se publicarán las siguientes fases de este programa de digitalización y modernización de las administraciones que podrán beneficiar a todas las entidades locales.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública transferirá a las Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla el 30% del fondo extraordinario de 13.486 millones de euros de acuerdo con los criterios de población ajustada. De esta forma, la cantidad que se va a distribuir asciende a 4.046 millones de euros. Esa cantidad se suma a los 9.440 millones de euros que ya se repartieron el pasado mes de septiembre, equivalentes al 70% del total del fondo. Esta distribución se efectúa conforme a lo decidido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 28 de julio.

Esta transferencia adicional y extraordinaria a las Comunidades Autónomas, que se encuentra al margen del sistema de financiación, ya se había comunicado a los gobiernos regionales en otoño de 2020 y estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Con este fondo, el Gobierno asume una parte importante del déficit autonómico. Ello permitirá que las Comunidades Autónomas cuenten con mayor liquidez para hacer frente a las consecuencias económicas de la COVID-19 y para que puedan prestar servicios públicos de calidad.

La distribución de estos recursos entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas se realiza con el criterio de población ajustada. Esta es la fórmula elegida por la mayor parte de gobiernos regionales después de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, siguiendo el principio de cogobernanza y el mayor consenso, abrió un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas para conocer qué criterio de reparto preferían aplicar para distribuir el fondo.

En concreto, de acuerdo con el Real Decreto aprobado en agosto, el criterio que se sigue para las Comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación. La asignación a País Vasco y Navarra responde a la población ajustada de 2020 que resultaría de aplicar a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las forales, las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Por último, a Ceuta y Melilla se les ingresará un total de 10 millones de euros y, por tanto, se entregarán hoy tres millones a cada ciudad autónoma, después de recibir siete millones en la primera entrega.

Este fondo extraordinario se suma a los 105.589 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de este año 2021, una cifra elevada incluida en el sistema de financiación autonómica, a los 8.963 millones del pago de la liquidación del sistema, correspondiente al ejercicio 2019, y a otros 7.000 millones de euros correspondientes a las ayudas directas que han recibido los territorios autonómicos para reforzar la solvencia de pymes y autónomos afectados por la pandemia. También este año las comunidades han recibido 8.000 millones del fondo REACT.

En cuanto a 2022 los territorios también contarán con unos recursos importantes, cifrados en 126.508 millones de euros. En concreto, se destinan 108.792 millones correspondientes a los recursos del sistema de financiación, 10.712 millones en fondos europeos (sumando el REACT) y 7.004 millones de euros en transferencias extraordinarias, al margen del sistema de financiación, una cifra que resulta de la suma de la cobertura de las liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por el SII IVA.

El encuentro, que ha tenido lugar en la sede del CSD, ha permitido al ministro Iceta concretar a los consejeros autonómicos que esta partida será destinada íntegramente a renovar las instalaciones de los Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva repartidos por toda la geografía española. El objetivo, ha añadido, es impulsar la adaptación de los mismos a la nueva realidad socioeconómica mediante los procesos de transformación digital y de transición ecológica que sean necesarios para su modernización.

En concreto, las acciones que se llevarán a cabo se enmarcan dentro del proyecto 'Modernización de Centros de Alto Rendimiento: Plan Energía Deporte 2.0'. En él se contemplan diversas acciones destinadas a la sustitución de las energías actuales que emplean en su funcionamiento por otras con menores emisiones contaminantes, así como la renovación de equipos para la obtención del máximo rendimiento energético de cada uno de los sistemas de los que disponen. Una serie de actuaciones establecidas dentro de la línea de Transición Ecológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno.

En total, durante los próximos dos años, se destinará la cantidad de 75 millones de euros a la modernización de las instalaciones deportivas españolas. En concreto, a lo largo del último trimestre de 2021 la inversión será de 49 millones de euros, a los que hay que añadir otros 26 previstos para el año que viene. De esta manera, al menos 54 centros de tecnificación y/o instalaciones deportivas se renovarán, mejorarán su eficiencia energética y actualizarán sus infraestructuras.

Así, los recursos que gestionarán las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante los próximos dos años tendrán la siguiente distribución por anualidades a partir de los datos obtenidos de la Red de centros de Tecnificación: