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19
Sep
2021
El Gobierno mantiene en 2022 la suspensión de la regla de gasto PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosAprobado por el Congreso de los Diputados

El Congreso de los Diputados ha respaldado este lunes que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que aconsejan y justifican mantener la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la recomendación de las autoridades europeas desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia.

Se trata de una solicitud que el Gobierno ha realizado en cumplimiento con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con la Constitución, que en su artículo 135.4 contempla la posibilidad de la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda, así como de la regla de gasto, en el caso de "situaciones de emergencia extraordinaria que perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado" y que el Parlamento ha aprobado por amplia mayoría.

Se trata de una decisión que España toma en línea con Europa. La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, la prorrogó para el ejercicio 2021 y el pasado mes de junio consideró que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022. El objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en su intervención en la Cámara, valoró que Bruselas esté ofreciendo para esta crisis una respuesta diferente y alejada de la austeridad con que se gestionó la recesión de 2008.

De acuerdo con las directrices comunitarias, el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020 suspendió las reglas fiscales de ese año y del siguiente; el Congreso de los Diputados respaldó la decisión del Gobierno el día 20 de ese mismo mes. Y con vistas a los planes presupuestarios del próximo ejercicio, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales que ahora el Congreso de los Diputados ratifica por segunda vez.

Con este trámite parlamentario, afirmó Montero, se da un paso más hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que serán, en palabras de la ministra, los de la consolidación de una recuperación económica y social justa que llegue a todas las personas y los territorios y también los del avance en la modernización del tejido productivo de España con la digitalización, la transición verde, la formación juvenil y la igualdad de género. Al mismo tiempo, esas cuentas públicas también permitirán avanzar en la reducción del déficit.

Montero aclaró a la Cámara que la suspensión de las reglas fiscales no implica que se abandone el compromiso con la consolidación fiscal. "De hecho", afirmó que "el Gobierno mantiene su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria". Y recordó las tasas de referencia orientativas establecidas por el Ejecutivo para el periodo 2021-2024 que dibujan una marcada tendencia descendente y que, por ello, van a permitir el inicio de un proceso de reequilibrio a medio plazo sin renunciar a continuar apoyando a trabajadores, familias, autónomos y empresas mientras la recuperación de la economía se asienta.

Así, para 2022 se prevé una tasa de referencia del déficit del 5%, frente al 11% de 2020, cifra a la que llevaron las políticas de protección de rentas y apoyo al tejido productivo frente a la pandemia. En dos años, el déficit se reducirá a menos de la mitad. Y en 2024 se estima una tasa de referencia del 3,2%, nivel muy cercano al umbral exigido por el Pacto de Estabilidad europeo, como ya se recogía en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas en abril.

Para lograr esta reducción del déficit tan relevante, Montero señaló la importancia de que la recuperación económica se esté asentando gracias al éxito de la campaña de vacunación. El grueso del déficit calculado para el próximo ejercicio (3,9 puntos porcentuales de los 5) corresponderá a la Administración Central, ya que el Estado seguirá asumiendo la mayor parte del coste de pandemia, como este año y el pasado.

El resto del déficit se repartirá entre comunidades autónomas (0,6 puntos) y la Seguridad Social (0,5 puntos), ya que las Entidades Locales mantendrán su tasa de referencia en equilibrio.

La ministra señaló que las comunidades autónomas, con ese margen de déficit y los recursos planeados por el Gobierno para el próximo año, dispondrán de la misma capacidad de gasto que en 2021. Mientras tanto, el sistema de la Seguridad Social contará con una transferencia de 18.396 millones de euros, ya que parte de los recursos que en los últimos años se han destinado a proteger rentas se dedicarán a reforzar el sistema público de pensiones. El Gobierno da cumplimiento, así, al compromiso consensuado en el Pacto de Toledo de que el Estado asuma progresivamente los gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Aunque el límite de gasto no financiero del Estado de 2022 no se sometía a votación en el Congreso, la ministra dio cuenta de él: recordó que el Gobierno lo fijó en los 196.142 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de 2021 y, por tanto, la más elevada de la serie. Este límite de gasto incorpora los 26.355 millones de euros de fondos europeos previstos para 2022 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Montero defendió que el techo de gasto va a permitir consolidar la recuperación, potenciar el crecimiento y fortalecer los servicios públicos, al tiempo que se aborda la transformación y modernización de la economía.

Los PGE de 2022 mantendrán el esfuerzo en inversión pública y permitirán avanzar en la reducción del déficit, anticipó Montero. También comunicó al Parlamento que su objetivo es sumar los máximos apoyos posibles para esas cuentas públicas "porque impulsar la recuperación económica y social del país es tarea de todos y especialmente de quienes representamos a la ciudadanía".

El Congreso de los Diputados ha aprobado la solicitud del Gobierno de apreciar que la pandemia que está sufriendo España es una situación de emergencia extraordinaria para permitir a las administraciones públicas incurrir en déficit estructural. Además, ha convalidado un real decreto-ley con medidas de protección social y ha rechazado las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley para crear el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que continuará así con su tramitación parlamentaria.

El Pleno comenzó el lunes, 13 de septiembre, a las 15:00 horas, con la convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, con 288 votos a favor, 9 en contra y 52 abstenciones. El texto prorroga la vigencia de algunas medidas para garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural. También amplía medidas relacionadas con el acceso al bono social para colectivos en situación de vulnerabilidad económica y para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda. Extiende, además, que los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género sean considerados esenciales.
A continuación, la Cámara debatió, a solicitud del Gobierno, si aprecia que la situación de pandemia es una emergencia extraordinaria. Dicha apreciación, aprobada por 198 votos a favor, 54 en contra y 97 abstenciones, supone la posibilidad de que el Estado y las comunidades autónomas puedan superar los límites de déficit estructural y de deuda pública, que incluye un límite de gasto no financiero para 2022 para el Estado de 196.142 millones de euros. Este debate se ha ajustado a la previsiones contenidas en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Posteriormente, y también durante la sesión plenaria del lunes, se celebró el debate de totalidad del Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, defendido por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. A este Proyecto de Ley los grupos parlamentarios Vox y Plural (BNG) presentaron sendas enmiendas a la totalidad para solicitar la devolución del proyecto al Gobierno. Ambas enmiendas fueron rechazadas por 55 votos a favor, 203 en contra y 91 abstenciones. Por otra parte, la formación política del PdeCAT, integrada en el Grupo Plural, solicitó la avocación al Pleno del Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, rechazada por 168 votos a favor, 176 en contra y 4 abstenciones.
Esta iniciativa legislativa, que continúa su tramitación parlamentaria, tiene por objeto crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, sin personalidad jurídica, cuya finalidad será "financiar las políticas de fomento de las energías renovables, la cogeneración y la valorización de residuos en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en el ámbito integrado de energía y clima".
El Pleno también ha visto una reforma del Reglamento del Congreso para adaptar las comisiones permanentes legislativas a la última remodelación del Gobierno. La propuesta de reforma, a iniciativa de los grupos Socialista, Popular y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene por objeto modificar el artículo 46.1 del Reglamento para crear las comisiones de Hacienda y Función Pública y la de Política Territorial.
En la sesión del lunes, se aprobó la toma en consideración de esta iniciativa por 349 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Además, se acordó su tramitación directa y en lectura única, por 349 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.

Posteriormente, en la sesión del martes, tras su debate, se rechazó por 51 votos a favor, 291 votos en contra y ninguna abstención, la enmienda que el Grupo Vox presentó a esta iniciativa. Finalmente, en la sesión de hoy se ha llevado a cabo la votación de conjunto de la reforma del Reglamento del Congreso, que ha quedado aprobada por 292 votos a favor,  50 en contra y ninguna abstención.
El Pleno del martes, 14 de septiembre, comenzó con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Navarra, sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (Orgánica). Esta iniciativa, rechazada por 61 votos a favor, 174 en contra y 95 abstenciones, tenía por objeto modificar tanto el artículo 193 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sobre los límites de los gastos electorales, como el artículo 17 bis de esta Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, para cambiar las sanciones previstas a las formaciones políticas por inclumplir con los requisitos legales de financiación. La iniciativa ha sido defendida por una Delegación del Parlamento de Navarra compuesta por Pablo Azcona Molinet, María Luisa De Simón Caballero y Mikel Buil García.
El Pleno del martes continuó con el debate de dos proposiciones no de ley y una moción consecuencia de interpelación urgente. En primer lugar, se debatió la del Grupo Parlamentario Socialista sobre los ataques violentos y los actos de intolerancia y discriminación hacia las personas LGTBI, por la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno a agilizar el proceso de tramitación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta proposición no de ley, votada en los términos de una enmienda transaccional de los grupos Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano y Vasco, ha sido aprobada por 191 votos a favor, 51 en contra y 100 abstenciones.
En segundo lugar, el Pleno vio la proposición no de ley relativa a desbloquear los 7.000 millones de euros de ayudas directas para salvar nuestro tejido productivo. La iniciativa, que ha sido presentada por el Grupo Popular en el Congreso, insta al Gobierno a "realizar los cambios normativos y dar todos los pasos necesarios para desbloquear, de forma inmediata, los 7.000 millones de euros de ayudas directas imprescindibles para la supervivencia de nuestras pymes y autónomos". Esta proposición no de ley ha sido rechazada por 150 votos a favor, 174 votos en contra y 18 abstenciones.
La jornada del martes finalizó con el debate de una moción consecuencia de interpelación urgente, impulsada por Coalición Canaria, formación integrada en el Grupo Mixto, "sobre la solución que va a dar el Gobierno a la situación de fraude de ley por abuso de temporalidad de los empleados públicos tanto en Canarias como en el resto del Estado". La iniciativa ha sido votada en sus términos y ha quedado rechazada.
El Pleno se reanudaba el miércoles 15 de septiembre, con la Sesión de Control al Gobierno. Los grupos parlamentarios han formulado las preguntas a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
Las preguntas han ido dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la ministra de Sanidad, Carolina Darias; y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Tras las preguntas han tenido lugar tres interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Popular, "para dar cuenta del orden del día y contenido de la agenda de la mal llamada Mesa del Diálogo, en realidad Mesa de la Autodeterminación, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña prevista para esta semana", dirigida a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. A continuación, la del Grupo Mixto (Foro Asturias), "sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias", que ha respondido la ministra Raquel Sánchez. Por último, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respondido a la interpelación urgente del Grupo Vox en el Congreso "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio". La sesión del miércoles ha concluido con el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, una del Grupo Popular "para que el Gobierno explique por qué defiende frente a organismos internacionales que la política de vivienda debe estar al servicio de los intereses del Gobierno y no del ciudadano", rechazada por 150 votos a favor, 162 votos en contra y 30 abstenciones. Y, finalmente, la moción presentada por el Grupo Parlamentario VOX "sobre los motivos reales en virtud de los cuales se conceden los indultos a los condenados por la Sentencia firme 459/2019 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin concurrir las causas legales para ello", rechazada por 146 votos a favor, 194 votos en contra y ninguna abstención.
 

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