Es el segundo pago de la segunda fase del rescate

La Comisión Europea ha anunciado la transferencia a España de 1.043 millones de euros de prefinanciación correspondiente a las transferencias no reembolsables de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta cantidad se suma a los 340 millones de euros desembolsados la semana pasada procedentes del anticipo de los préstamos de la Adenda. De esta forma, España ha recibido ya 1.383 millones de euros de prefinanciación de esta segunda fase del Plan de Recuperación.

El objetivo principal de estos recursos adicionales es reforzar los proyectos estratégicos puestos en marcha (PERTE) para fortalecer la autonomía en los ámbitos energético, medioambiental, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. De esta forma, España seguirá profundizando en el cambio del modelo productivo para adaptarlo a los retos del siglo XXI.

La Adenda del Plan de Recuperación fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y recibió el visto bueno de la Comisión Europea en octubre. Permitirá movilizar más de 10.000 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 83.000 millones en préstamos de los fondos Next Generation EU y RepowerEU.

En total, el Plan de Recuperación -incluyendo la Adenda- permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.

El despliegue del Plan de Recuperación contribuye también al impulso de la economía española, que en 2023 superó todas las previsiones y creció un 2,5%, según el dato adelantado por el INE. La estimación de la propia Comisión Europea es que la Adenda, a través del conjunto de transferencias y préstamos, tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025. Eso sin incluir el impacto positivo de las reformas estructurales.

Los fondos europeos también han favorecido el incremento de casi un 5% de la inversión, especialmente la relacionada con la transición verde y digital, aumentando la productividad y competitividad de las empresas e impulsando la estabilidad en el empleo -que se mantiene en cifras récord con 21,2 millones de ocupados según la última Encuesta de Población Activa- y el aumento de la ocupación en sectores de alto valor añadido.

Asimismo, la autorización del desembolso de la prefinanciación de la Adenda por parte de la Comisión Europea pone de manifiesto el buen desempeño de España y todas sus Administraciones Públicas en la aplicación de los fondos europeos. En este sentido, España solicitó en diciembre el cuarto desembolso del Plan por valor de 10.021 millones de euros vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Este importe se sumará a los 37.036 millones de euros ya recibidos de los tres desembolsos anteriores y la primera prefinanciación.

La Adenda tiene como finalidad destacada reforzar los proyectos estratégicos del PRTR. Así, los más de 10.000 millones de las transferencias adicionales y parte de los préstamos se destinarán a potenciar la docena de PERTEs que ya están en marcha para movilizar y canalizar la inversión pública y privada. En concreto, a través de la Adenda se dotará a los PERTEs con casi 27.000 millones de recursos adicionales, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos y realizar nuevas inversiones.

Entre ellos destaca la financiación de las actuaciones bajo la iniciativa RepowerEU, con cerca de 7.000 millones de euros de financiación de los que cerca de 4.200 millones de euros están dirigidos al PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento energético (ERHA).

La Adenda también incluye 17 reformas para continuar con la transformación de la economía y consolidar el modelo de crecimiento inclusivo y sostenible. Entre esas reformas se encuentran la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado, la revisión de la Ley del Mercado de Valores o la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones para situaciones de vulnerabilidad económica.