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28
Jul
2021
El Gobierno aprueba el techo de gasto más alto de la historia PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ministerio de EconomíaLlevarán al Congreso la petición para que continúe suspendida la regla de gasto de Ayuntamientos

El Gobierno ha acordado un límite de gasto no financiero para el año 2022 de 196.142 millones de euros, que supone la cifra más alta de la historia en la asignación de recursos para los próximos Presupuestos Generales del Estado, como ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Este paso es fundamental en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos, junto a la publicación, el pasado 28 de junio, de la Orden ministerial que dicta las normas para su elaboración.

Montero ha afirmado que los objetivos de las cuentas públicas para 2022 son la consolidación de la recuperación económica y el blindaje del Estado de bienestar, "clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país". La ministra ha señalado que es empeño del Ejecutivo construir una España más fuerte, más justa y más productiva "entre todos".

En este sentido, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado su confianza en que los grupos de la oposición secunden estos objetivos en el trámite parlamentario: "El acuerdo es un valor, el entendimiento genera riqueza, crea empleo y esta es una máxima que todos deberíamos incorporar para trabajar en esa senda de diálogo que, sin duda, aportará a nuestro país".

María Jesús Montero ha señalado que, en los 196.142 millones de euros fijados como techo de gasto, se incluyen 18.396 millones como transferencia al Sistema de la Seguridad Social -un 32% más que el año pasado- para, en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostener el pilar de las pensiones, "una de las prioridades para este gobierno". Asimismo, se incluyen 25.622 millones de euros procedentes de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Hacienda ha informado de que el acuerdo alcanzado hoy incluye la solicitud al Congreso de los Diputados para que aprecie que siguen concurriendo las circunstancias extraordinarias, derivadas de la pandemia, para incurrir en déficit estructural y que pueda seguir en suspenso, como en 2021, la obligación de establecer los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales. No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno y el conjunto de las Administraciones públicas mantienen su responsabilidad en relación con la consolidación fiscal y la sostenibilidad presupuestaria y por ello se han fijado tasas de referencia.

Así, el déficit se ha establecido para 2022 en un 5% para el conjunto de las Administraciones Públicas, que supone un 3,4% menos respecto al 8,4% con que se prevé cerrar el actual ejercicio 2021. La Administración del Estado asumirá la mayor parte de ese porcentaje, un 3,9%, tal y como ya hizo el año pasado para proteger al resto de administraciones, que son "las que sustentan el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha puntualizado Montero. La tasa para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% y para las entidades locales seguirá siendo cero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que el informe de situación de la economía española refleja una evolución muy positiva desde mediados de marzo, que se ha consolidado en el segundo trimestre con un crecimiento que podría superar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB).

Durante la presentación del escenario macroeconómico, Calviño ha afirmado que "todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en la segunda mitad del año". En este sentido, ha destacado que el dinamismo del empleo es el mejor reflejo de la fortaleza de la recuperación. El número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha pasado de un millón a principios de febrero a 340.000, un tercio de ellos en ERTE a tiempo parcial.

En la misma línea, los autónomos cubiertos por la prestación extraordinaria de cese de actividad se situaron a finales de junio en el entorno de las 160.000 personas, el menor nivel en nueve meses. Y las afiliaciones a la Seguridad social han registrado el mayor crecimiento de la serie histórica en el mes de junio, superando incluso los niveles de afiliación bruta de 2019.

La ministra ha subrayado que en el promedio del mes de julio se podría recuperar más del 90% del empleo neto perdido como consecuencia de la pandemia y la prioridad del Gobierno sería la reincorporación de los 340.000 trabajadores aún cubiertos por ERTE.

Nadia Calviño ha avanzado que si la evolución del empleo sigue siendo positiva, en septiembre se podría estudiar un aumento del Salario Mínimo Interprofesional que permita avanzar "hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para final de legislatura".

La recuperación del empleo, según ha expuesto la ministra, está acompañada por una reactivación en el consumo. Además de los indicadores cuantitativos, como el gasto con tarjeta o la demanda de energía, los cualitativos también reflejan una recuperación de la economía. Las expectativas de los consumidores y empresarios han mejorado y se ha reactivado el turismo gracias al avance de la vacunación.

La titular de Asuntos Económicos ha resaltado que todos los analistas prevén que España recuperará en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y que en 2023 se situará en la senda de crecimiento anterior. Calviño ha añadido que el conjunto de medidas de apoyo a familias, trabajadores y empresas adoptadas por el Gobierno desde el principio de la pandemia "han conformado una red de seguridad, un escudo social que ha sido clave para amortiguar su impacto económico y social y proteger una base para la recuperación económica".

El Ejecutivo mantiene sus previsiones de crecimiento en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022, en línea con las previsiones macroeconómicas compartidas en el mes de abril, con una revisión al alza de la contribución del sector exterior, gracias al aumento de las exportaciones de bienes durante el primer trimestre del año. Nadia Calviño ha explicado que el consumo privado muestra un gran dinamismo por la reapertura progresiva y por el ahorro neto embalsado de los hogares, que según las estimaciones del Gobierno, se sitúa en 60.000 millones de euros durante el primer trimestre del año.

La ministra también ha destacado el dinamismo de la inversión, en particular en bienes de equipo, si bien revisa ligeramente a la baja la previsión de inversión en construcción. El turismo extranjero alcanzaría un nivel ligeramente inferior al 50% del registrado en 2019 y el nacional llegaría al 75%.

La tasa de paro se mantiene en el entorno del 15% este año y del 14% el año próximo. En este punto, Nadia Calviño ha incidido en que España está encarando la quinta ola de la pandemia con una tasa inferior a la prevista por instituciones como el Banco de España o la OCDE, que la situaban entre el 20% y el 25%. Además, ha trasladado que los informes del Gobierno reflejan progresos en transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social, ejes del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Calviño ha reiterado que gracias a las medidas adoptadas desde marzo de 2020, el Ejecutivo ha suavizado el impacto social negativo de la crisis, ha respondido con instrumentos para evitar un aumento de la desigualdad, proteger a los colectivos más vulnerables y mitigar el deterioro de la solvencia empresarial.

El Gobierno ha lanzado en audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Nadia Calviño ha detallado que la futura ley incorpora mejoras en cuatro ámbitos. Facilita la constitución de empresas, que se podrán crear con un capital social de un euro y de forma digital. Incluye medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

La norma también mejora el clima de negocios y el entorno regulatorio de las actividades económicas, reforzando la cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales y modifica el funcionamiento de la Ley de Unidad de Mercado. Asimismo, incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el 'crowdfunding'.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que incluye 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. 13.982 plazas son de ingreso libre y 9.509 de promoción interna para la Administración del Estado. El resto corresponde a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron aprobadas ya mediante Real Decreto.

Esta oferta es "la mayor de la serie histórica", ha resaltado la ministra responsable de Función Pública, María Jesús Montero. Sumada a las de los tres años anteriores, supone la convocatoria por el gobierno actual de 110.000 plazas de empleo público, un 73% más que durante los seis ejercicios anteriores, de 2012 a 2017.

Montero ha reiterado la importancia de lo público en relación con la protección de las personas y la necesidad de articular una administración moderna, ágil y transparente, capaz de acompañar los retos de transformación contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de cuyas política palanca es precisamente "Una Administración para el siglo XXI".

En consonancia con estos objetivos, la Oferta de Empleo Público pone el acento en las actividades conectadas con el Plan: un 12% de las plazas se dirige a las vinculadas a la transformación digital; más del 10% a la modernización del sistema fiscal; un 8,4% a la reforma de la justicia, y más del 5% a sanidad y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Asimismo, se potencian las plazas asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con un aumento del 37% de las convocadas respecto a 2020.

Otros Acuerdos

  • Aprobado el Plan UniDigital para la modernización y digitalización del sistema universitario español, dotado con 77 millones de euros para el período 2021-2022.

  • Aprobado el Catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género, dentro del Plan de Mejora y Modernización Contra la Violencia de Género.

  • Autorizada la contratación para la reserva y ocupación de plazas del Programa de Termalismo por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

  • Aprobada la creación de la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista.

  • Autorizada la distribución entre comunidades autónomas de casi 23 millones de euros destinados a apoyar la atención a los niños y niñas migrantes no acompañados.

  • Concedida una subvención de 30 millones de euros para el programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en Canarias.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha participado en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que ha presidido la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y a la que ha asistido también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

En el marco de este encuentro, el departamento que dirige María Jesús Montero les ha informado a las Entidades Locales de que su participación en los tributos del Estado, es decir, las entregas a cuenta, registrarán un crecimiento del 13% con respecto a la cifra de 2021 y alcanzarán los 22.062 millones de euros.

Estas entregas a cuenta harán posible que la financiación total con que contarán las Entidades Locales el próximo ejercicio marque un hito: superará los 20.000 millones de euros. Aun teniendo en cuenta las liquidaciones negativas de años anteriores, los recursos de los que dispondrán crecerán un 8% interanual, o 1.600 millones, hasta los 21.200 millones de euros en 2022. Se trata del mayor volumen de financiación de la historia.

En ejercicios anteriores no se ha facilitado información a las Entidades Locales acerca de la financiación con la que se trabaja para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente. En esta ocasión se ha considerado oportuno ofrecerles datos globales que les pueden ser útiles para elaborar sus presupuestos para el próximo año.

También hay que contar con que el departamento que dirige María Jesús Montero está trabajando en el diseño de una dotación adicional y extraordinaria de recursos por un importe global equivalente al volumen total de los reintegros que deberían efectuar las Entidades Locales en 2022 derivados de la liquidación definitiva de 2020.

Si bien la cuantía exacta de esta compensación de las liquidaciones negativas correspondientes al año 2020 no se podrá determinar hasta el segundo semestre de 2022, una primera estimación apunta a una aportación extraordinaria para las Entidades Locales por valor de 732 millones de euros.

Además, el próximo año se habilitará un crédito presupuestario para dar cobertura a la compensación por la implantación por parte del Gobierno del PP en 2017 del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA) para las Entidades Locales. Esta habilitación se incluirá en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

El importe de ese crédito se ha cuantificado en función del impacto del SII sobre la liquidación de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado de 2017, conforme han establecido las dos sentencias del Tribunal Supremo. Esa compensación por ese concepto se cifra en 466 millones de euros.

Además, se incluyen otros 30 millones de euros por los posibles intereses de demora devengados, incluso aunque las Entidades Locales no han iniciado en tiempo y forma procesos judiciales para reclamar la compensación.

En total, por concepto de compensación por la pérdida de recursos tras la implantación del SII-IVA, las Entidades Locales ingresarán 496 millones de euros en 2022.

La Administración General del Estado, por tanto, ha adquirido el compromiso de articular una medida que permita compensar el impacto que la implantación del SII IVA tuvo en la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado en 2017.

La ministra de Hacienda ha recordado que el Gobierno en todo momento ha tenido la intención de paliar los efectos negativos que el SII-IVA ha provocado sobre la recaudación del IVA. Así, en el Proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 se incorporó la reversión de esta medida, pero las Cortes Generales lo rechazaron. Y en febrero de 2020 María Jesús Montero planteó la exclusión del efecto del SII-IVA en el cómputo de la regla de gasto, a efectos de cumplimiento en las liquidaciones de presupuestos de 2019.

En conjunto, por la dotación adicional para cubrir la liquidación negativa de 2020 y la correspondiente a la corrección del efecto SII-IVA en la liquidación de 2017, las Entidades Locales contarán con recursos extra de 1.228 millones de euros en el año 2022.

Hacienda también ha comunicado a las Entidades Locales las tasas de déficit de referencia para el año que viene, una vez que el Gobierno aprobara el martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero para 2022.

Este subsector municipal lleva registrando superávit desde 2012 y para 2022 se plantea un nivel de equilibrio, cifra coherente con una tasa del 5% de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas que se calcula para el próximo ejercicio.

No se trata de una tasa de obligado cumplimiento, ya que las reglas fiscales previsiblemente quedarán suspendidas también en 2022, en línea con la decisión adoptada a nivel comunitario. No obstante, al igual que en 2020 y 2021, el Gobierno ha planteado unos valores de referencia para todos los niveles de las Administraciones Públicas.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha anunciado que las comunidades recibirán el próximo año una transferencia adicional de 3.900 millones para cubrir las liquidaciones negativas de 2020. Esta reunión, que se ha celebrado de forma telemática, se han abordado asuntos fundamentales para garantizar que las Comunidades Autónomas sigan contando con los recursos suficientes para hacer frente a los efectos de la pandemia.

Durante la reunión, Montero ha puesto en valor, y así lo han reconocido buena parte de los consejeros, el esfuerzo que ha realizado la Administración Central para salvaguardar los recursos de las Comunidades Autónomas, que en los últimos años han recibido los mayores recursos de su historia. Un apoyo financiero que se mantendrá en el año 2022.

Montero ha recordado que todas las iniciativas adoptadas desde el inicio de la pandemia van dirigidas a blindar la financiación de las Comunidades Autónomas y evitar que sus recursos se vean perjudicados por la crisis de la COVID-19. De esta forma, el sistema de financiación de las comunidades ha quedado protegido del impacto de la pandemia y ha sido el Estado quien ha asumido la mayor parte del coste de la crisis.

Durante cuatro horas de reunión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha abordado temas como el reparto de la partida extraordinaria de 13.486 millones incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el incremento de las entregas a cuenta para 2022 y el compromiso inédito adquirido por Hacienda de compensar a las Comunidades Autónomas por las liquidaciones negativas y por el impacto del SII IVA.

La ministra de Hacienda ha comunicado el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que el Estado transferirá a las Comunidades este mismo año. Esta transferencia extraordinaria incide en la idea de que la Administración Central asuma una parte importante del déficit regional con el objetivo de proteger la financiación de los territorios, especialmente en momentos como los actuales, con la crisis derivada de la pandemia.

Se trata de unos recursos que ya fueron comunicados en el Consejo de Política Fiscal celebrado en octubre de 2020 y que se incluyeron en los Presupuestos Generales de 2021.

Los criterios de distribución de esta partida fueron consultados a las Comunidades Autónomas en un proceso de diálogo habilitado por el Ministerio de Hacienda en línea con la política de cogobernanza puesta en marcha por el Gobierno. De esta forma, el reparto de estos recursos se hará en base a la población ajustada, criterio apoyado por la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

La asignación de estos 13.486 millones adicionales para las Comunidades se concretará mediante un Real Decreto que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. La ministra ha precisado que el 70% de esos recursos se transferirán en septiembre y el 30% restante en el mes de noviembre de este ejercicio.

Durante la reunión del CPFF, la ministra de Hacienda ha comunicado a las Comunidades Autónomas la estimación de los recursos del sistema de financiación de 2022. En ese sentido, ha anunciado que las Comunidades recibirán el próximo año unas entregas a cuenta récord de 112.213 millones de euros, un 6,3% más que en 2021. Una cifra que corrobora el compromiso del Gobierno para garantizar los servicios públicos esenciales que prestan las administraciones regionales.

La mejora de las entregas a cuenta es un reflejo de la recuperación económica y una señal de que las medidas que implantó el Gobierno para proteger rentas y empleos han surtido efecto y han permitido una reactivación de la economía, de manera que los organismos internacionales estiman que España será el país de la Unión Europea que más creerá este año.

En la reunión del CPFF también se ha abordado la fórmula para compensar la liquidación negativa de 2020. La ministra recordó que, el año pasado, cuando estalló la pandemia, una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue calcular las entregas a cuenta sin tener en cuenta los estragos que la emergencia sanitaria ocasionaría a las cuentas públicas. Dicho de otra forma, el sistema de financiación funcionó como si no existiera una pandemia ni una recesión económica inédita.

Las Comunidades recibieron más dinero del que les correspondía por la evolución de los ingresos y eso ha generado una liquidación negativa que, en cumplimiento de la normativa vigente, las Comunidades Autónomas deben devolver a la Administración Central en 2022.

Sin embargo, la ministra de Hacienda ha diseñado una fórmula para evitar que la devolución de esos recursos genere tensiones de tesorería en las cuentas regionales. Montero ha comunicado a los consejeros autonómicos que el Estado aprobará una transferencia para cubrir el importe de las entregas a cuenta, que se estima en 3.900 millones.

Se trata de una medida inédita y beneficiosa para los intereses autonómicos. En años anteriores, cuando se había producido una liquidación negativa, la Administración Central había permitido su devolución en varios años, pero nunca había sido la Administración Central quien asumía íntegramente el coste.

La ministra de Hacienda y Función Pública también ha anunciado la aprobación de una partida presupuestaria en 2022 para solventar el perjuicio económico que supuso para las Comunidades Autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y que supuso recibir menos recursos en 2019. En concreto, la aprobación del llamado Suministro Inmediato de Información (SII IVA) provocó que las Comunidades perdieran un mes de recaudación por este impuesto.

La ministra de Hacienda ha recordado que en su etapa de consejera de Hacienda de Andalucía ya denunció esta decisión y que en la primera legislatura de Pedro Sánchez incorporó un cambio normativo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para solventar este problema, que fue rechazado por la oposición. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda ha ideado una solución definitiva tras las sentencias emitidas por varios tribunales a raíz de recursos interpuestos por algunas comunidades.

De esta forma, María Jesús Montero ha anunciado a las comunidades que el Gobierno compensará con 3.100 millones a las regiones afectadas por la liquidación del SII IVA, mediante una partida específica contemplada en los Presupuestos Generales de 2022. Esta solución será aplicable a todas las comunidades de régimen común y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con independencia de que hayan iniciado o no un proceso judicial para reclamar la compensación. Además, Hacienda no exigirá que las comunidades que recibieron un préstamo por el importe del SII IVA al tipo del 0% deban amortizar ese crédito por acceder a la transferencia.

Por último, el Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha abordado la tasa de referencia del subsector Comunidades Autónomas para 2022. El pasado martes, 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Límite de Gasto no Financiero para 2022, que contempla la suspensión de las reglas fiscales para ese ejercicio en línea con la recomendación de la Comisión Europea. De esta forma, al no existir objetivos de estabilidad, se establecen unas tasas de referencia.

Sin embargo, la ministra ha resaltado que el hecho de que no existan objetivos de estabilidad, no es incompatible con reducir el déficit público. De hecho, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del PIB, lo que supone una reducción de 3,4 puntos respecto al 8,4% previsto para 2021. En el caso de las Comunidades Autónomas, la tasa de referencia para 2022 será del 0,6%, lo que supone una décima menos que el cierre previsto para 2021.

Se trata de unos objetivos asumibles en un contexto en el que la Administración Central ha registrado más déficit para que las Comunidades cuenten con más recursos y no tengan ningún problema de tesorería. De esta forma, con el margen de déficit y los recursos habilitados para 2022 por el Gobierno, las Comunidades Autónomas dispondrán de la misma capacidad de gasto que este año y mantendrán la calidad de la prestación de servicios públicos esenciales. Ello supone una muestra más del compromiso y la sensibilidad del Gobierno central con la financiación de los territorios autonómicos.

 

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