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15
Abr
2021
España sacará a sus tropas de Afganistán después de veinte años de guerra PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaPiden que sea la OTAN la que se encargue de controlar la situación en el país

Las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya y de Defensa, Margarita Robles, han anunciado que España sincronizará la salida de sus tropas de Afganistán con la de Estados Unidos y demás aliados, que han anunciado hoy que pondrán fin a la Misión 'Resolute Support' coincidiendo con el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Las ministras han participado , junto a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, para Iberoamérica y Caribe, Cristina Gallach y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderon, en una sesión especial por videoconferencia de los ministros de Defensa y Exteriores de la OTAN, para debatir el plan de repliegue y el impulso del proceso de paz en el país centroasiático. Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin han analizado con los ministros aliados el anuncio y el modo de llevar a cabo el plan de repliegue.

Durante su intervención, la ministra de Defensa se ha referido a los destacables objetivos alcanzados por las misiones ISAF y 'Resolute Support' y ha manifestado que "las líneas generales del plan de repliegue propuesto por los Estados Unidos ofrecen margen suficiente para asegurar que se consoliden los progresos democráticos alcanzados en el país en materia de derechos humanos, educación y el bienestar de las mujeres y los niños", al tiempo que "se evita que vuelva a convertirse en un santuario para las organizaciones terroristas". Margarita Robles ha subrayado que "los logros conseguidos por la sociedad afgana en estos 20 años han sido posibles gracias a las misiones de la OTAN y a la incansable perseverancia y sacrificio de las Fuerzas Armadas aliadas".

Además, la ministra de Defensa ha destacado que España apoya la continuidad de las negociaciones del proceso de paz y ha planteado a sus colegas una propuesta que contribuya a consolidar los avances citados: "establecer un futuro acuerdo de asociación OTAN-Afganistán en el ámbito de la Seguridad y la Defensa". Robles ha declarado que "este nuevo compromiso de la OTAN sería el mejor tributo que podemos ofrecer al pueblo afgano y al sacrificio de nuestros soldados". Para terminar, la ministra declaró que España apoya un proceso de retirada gradual, bien coordinado, que garantice la seguridad y apoye el proceso de paz, para lo cual las Fuerzas Armadas españolas continuarán en Afganistán el tiempo necesario y en estrecha coordinación con nuestros aliados.

Por su parte, la ministra González Laya ha subrayado que España "mantiene su compromiso con la paz, la estabilidad y el futuro de Afganistán " y que "seguirá apoyando al gobierno afgano y a la sociedad civil para preservar los logros alcanzados en estos años, en particular los relativos a los derechos de las mujeres y las niñas". La embajada de España en Kabul seguirá abierta. Ambas ministras quieren rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres, civiles y militares, que en estos 20 años se han esforzado por la paz y la seguridad en Afganistán, con especial recuerdo a aquellos que dieron su vida y a sus familiares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido, a petición propia para dar cuenta ante el Congreso de los datos y gestiones del Ejecutivo en relación con la declaración del estado de alarma, en cumplimiento con el Real Decreto-ley por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. El presidente del Gobierno también ha informado sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras la intervención de Sánchez, sin límite de tiempo, han podido intervenir los grupos parlamentarios de mayor a menor para fijar su posición, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, que lo ha hecho en último lugar. A continuación, el presidente del Gobierno ha vuelto a tomar la palabra para responder a los representantes de los grupos parlamentarios, quienes han hecho uso, a su vez, de un turno de réplica. El debate lo ha clausurado el presidente del Ejecutivo, de nuevo, sin límite de tiempo.

La jornada de este miércoles ha concluido con la Sesión de Control al Gobierno, en la que los grupos parlamentarios han formulado las preguntas y las interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. Las preguntas se han dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

El Pleno también ha debatido tres interpelaciones urgentes. La primera, impulsada por el Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el G.P. Mixto, ha interpelado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre sobre los planes que tiene el Gobierno para la utilización de los terrenos e instalaciones actualmente fuera del uso correspondiente a su función y, en particular, la finca de La Remonta en Santander. La segunda, del G.P. Vox, versa sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para acabar con la desviación de poder en el Ministerio del Interior. Y en tercer lugar, la interpelación urgente del G.P. Popular, que se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé cuenta sobre la asunción de responsabilidades políticas por la sucesión de escándalos, irregularidades y sentencias condenatorias que afectan a su Departamento. La sesión ha concluido con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente, pospuesta en la sesión del martes, procedente del Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a los mayores.

La sesión plenaria de este jueves 15 de abril, comenzará a las 9:00 horas con el debate de dos dictámenes de iniciativas legislativas que, por su carácter orgánico, requieren de la mayoría absoluta en una votación final de conjunto del Pleno del Congreso antes de ser remitidas al Senado. Así, en primer lugar, se debatirá el Dictamen de la Comisión de Interior del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Este texto tiene por objeto establecer "las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública".

A continuación, se debatirá el Dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta norma busca la protección de todas las "personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior". Tiene como objeto "garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia (...) estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida".

Acto seguido, el Pleno debatirá tres Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. En primer lugar, verá el Acuerdo Marco de Cofinanciación entre el Reino de España y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, hecho en Madrid y Roma el 22 de septiembre de 2020; en segundo lugar, considerará el Convenio entre el Reino de España y Ucrania para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2020; por último, debatirá el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho "ad referendum" en Dakar el 22 de noviembre de 2020. Por acuerdo del Pleno, se ha suprimido el punto 32, referente al debate de totalidad de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. La sesión plenaria concluirá con la propuesta de la Comisión Constitucional, de creación de una Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Esta semana, el Pleno comenzaba el martes, 13 de abril, con el debate de totalidad de la propuesta del Parlamento de las Illes Balears, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, cuya  tramitación parlamentaria continuará, al haber sido aprobada con 338 votos a favor y 6 abstenciones. La iniciativa ha sido presentada por una delegación del parlamento balear,  integrada por Juli Dalmau de Mata, Juan Manuel Lafuente Mir y Josep Castells Bar, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Este texto reforma los artículos 44, 56.7 y 57.5 del Estatuto de Autonomía de esta comunidad autónoma, de tal forma que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears o la  Sala Penal del Tribunal Supremo, fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma, decidir sobre "la inculpación, prisión, procesamiento y juicio" de los diputados y diputadas autonómicos de las Illes Balears, así como de su presidente y de los miembros de su Gobierno.

A continuación, el Pleno ha dado luz verde a la Proposición de Ley del Parlamento Vasco de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que ha superado el debate de toma en consideración con 296 votos a favor, 1 en contra y 52 abstenciones. La iniciativa ha sido defendida por una representación de esta comunidad autónoma, integrada por Maitane Ipiñazar Miranda, Eba Blanco de Angulo y Gloria Sánchez Martín, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del Congreso de los Diputados. El texto propone la creación de un Fondo para la Indemnización de las Víctimas del Amianto, adscrito al ministerio que tenga asumidas las competencias en materia de seguridad social.

Además, la proposición de ley determina la estructura organizativa de este fondo, con un consejo rector, una secretaría general y unidades administrativas periféricas. De igual forma, establece la obligación de cotización a este fondo de todas las empresas definidas en el número 2 del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, así como de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La sesión plenaria de este martes ha continuado con el debate de dos proposiciones no de ley y tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, se ha debatido la del Grupo Parlamentario Vox, relativa a medidas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Este texto insta al Gobierno a abrir las golas que conectan el Mar Menor con el Mar Mediterráneo "a su dimensión de 1950", lo que "evitaría que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento"; a "construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor en los cuatro ayuntamientos existentes sobre el Mar Menor"; a "desarrollar un sistema de doble desalobrización con eliminación de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos existentes en el Campo del Mar Menor"; por último, solicita al Gobierno la "construcción de un drenaje conformado por una zanja" situada "a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría totalmente la entrada de las aguas del acuífero del Cuaternario en el Mar Menor", de tal forma que "quedaría totalmente anulado el efecto agrícola" sobre el Mar Menor.

En segundo lugar, el Pleno ha visto la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales, así como condenar los recientes episodios de violencia callejera. Con esta iniciativa, el grupo proponente insta al Gobierno a "condenar de manera firme y expresa las declaraciones de miembros del gobierno que ponen en duda que España sea una democracia plena, así como los mensajes de apoyo a los violentos"; a "apoyar y defender la labor que realizan todos los días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías locales", a "incrementar los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio"; y a "convocar de urgencia la Junta de seguridad de Cataluña".

La jornada de este martes ha concluido con el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la impulsada por Compromís, partido integrado en el G.P. Plural, sobre la urgente necesidad de reforma del sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se efectúe dicha reforma. En segundo y último lugar, la registrada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre las razones que tiene el Gobierno para modificar la reforma laboral. El Gobierno ampliará por tres meses más las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Las medidas, que tienen un carácter urgente y son necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables en el contexto de la evolución de la pandemia, contemplan:

La ampliación por tres meses más de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-Ley 11/2020. El objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo, actual fecha de finalización del estado de alarma, como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia, y que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda.

La extensión, también por tres meses más, de los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Finalmente, la ampliación por tres meses más de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el Juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación. En estos casos, siempre se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

a) Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.

b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.

d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.

e) Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.

f) Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Igualmente, en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Se trata de medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia, que se suman a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda por este Departamento, encaminadas a hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna adecuada y entre las que se puede citar:

  • El desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda, por primera vez en la etapa democrática.

  • Las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles.

  • Así como las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y mejora del parque de vivienda, sustentado todo ello en un incremento sin precedentes de la inversión presupuestaria en este ejercicio 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en el Congreso de los Diputados que, gracias al cumplimiento de los objetivos de vacunación y al Plan de Recuperación, la economía y el empleo repuntarán en el segundo semestre del año. Además, ha anunciado la prórroga de las medidas en materia de desahucios y alquiler de vivienda vigentes durante el estado de alarma. El jefe del Ejecutivo ha comparecido ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre el estado de alarma para contener la propagación del COVID-19 y para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Serán la democracia, la Constitución y Europa quienes nos conduzcan a la modernización de nuestro país y a superar la peor emergencia sanitaria, económica y social del último siglo", ha señalado en su intervención inicial. Este año -ha sostenido- debe ser el del comienzo tanto de la superación de la pandemia como de la transformación profunda de España, "y para ello hay que seguir acelerando el ritmo de vacunación, recuperar la economía y no dejar a nadie atrás".

Pedro Sánchez ha anunciado que, de acuerdo con ese compromiso social, el Gobierno ampliará tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos-leyes en materia de desahucios y contratos de alquiler de vivienda, que estaban vigentes hasta el 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma actual. "Se trata de medidas urgentes que se complementan con el conjunto de medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada", ha dicho el presidente, quien ha avanzado que en breve plazo se presentará la primera ley estatal de vivienda.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ayer se presentó en la Comisión Interministerial y se va a remitir este mes a la Comisión Europea, es la "mayor oportunidad económica" de España desde su ingreso en la Unión. En su elaboración -ha señalado- han sido fundamentales el diálogo con las administraciones, los grupos políticos y los agentes sociales y las propuestas presentadas por las empresas, los ayuntamientos y otros destinatarios de la iniciativa.

El Plan consta de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el período 2021-2023, y abarca "desde las líneas maestras del rumbo que España necesita hasta las políticas concretas que las harán posibles", según ha explicado el presidente. Las inversiones sumarán unos 70.000 millones de euros, procedentes de los fondos europeos de recuperación. Sánchez ha subrayado la importancia de la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación (PERTE), que impulsarán la colaboración público-privada en ámbitos prioritarios, como el desarrollo del vehículo eléctrico.

El jefe del Ejecutivo ha manifestado que el Plan va a ser "el gran motor de España en los próximos años" y que el Gobierno busca que ese impulso de la actividad económica y el empleo ya se perciban de manera tangible en la segunda mitad de este año. En esa línea, los Presupuestos Generales del Estado prevén una inversión adelantada de 27.000 millones de euros de los fondos europeos. El mercado laboral -ha añadido Sánchez- ya está dando signos de mejora que hay que reforzar, y las previsiones del Fondo Monetario Internacional sitúan a España como la economía desarrollada que más crecerá en 2021, junto a Estados Unidos.

Los españoles necesitan seguridad, tranquilidad y un horizonte de esperanza, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha abogado por una recuperación justa basada en el empleo de calidad, la mejora de la productividad, el impulso de la Formación Profesional y la atención a dos colectivos especialmente golpeados por la crisis: las mujeres y los jóvenes.

Pedro Sánchez ha resaltado los avances en la campaña de vacunación contra el COVID-19: ya se han administrado más de once millones de dosis y el 95,6% de los mayores de 80 años han recibido al menos la primera dosis.

A su juicio, la vacunación ha demostrado la entrega del personal sanitario, la disposición favorable de los ciudadanos y la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Ese trabajo conjunto ha permitido a España encabezar el proceso entre los países europeos de mayor población. Sánchez ha expresado la gratitud del Ejecutivo hacia todas las personas implicadas en esa tarea y, en general, en la lucha contra la pandemia desde su puesto de trabajo o su empresa.

El presidente ha asegurado que si continúa agilizándose el ritmo de vacunación, esta semana las personas vacunadas con pauta completa superarán a las oficialmente contagiadas, habrá diez millones de vacunados en la primera semana de junio y el 70% de la población estará inmunizada a finales de agosto. "Pero no queremos cumplir los objetivos, queremos superarlos", ha dicho Sánchez, quien ha recordado que la Estrategia de Vacunación es un procedimiento vivo que se actualiza según las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los escenarios cambiantes.

Respecto al estado de alarma aprobado el 25 de octubre, el jefe del Ejecutivo ha destacado su utilidad para mantener el control sobre el virus, como ocurrió con el que se decretó el 14 de marzo del año pasado.

Las circunstancias actuales -ha expuesto- son mejores y el aceleramiento de la vacunación ofrece mayores garantías de resistencia, "pero no podemos bajar la guardia y comportarnos como si el virus hubiera desaparecido", ya que la cuarta ola de la pandemia ya ha dado "sus primeros avisos" en España, aunque de manera más leve que en otros países europeos. La incidencia acumulada es ahora de 196 casos por cada 100.000 habitantes, y la cifra total de fallecidos asciende a 76.625, de los que 251 corresponden a esta última semana, según ha detallado Sánchez, que ha dicho que siempre tendrá presentes a las víctimas y sus familias.

El presidente ha afirmado que, cuando finalice el estado de alarma, el éxito contra el COVID va a depender de la unidad, de la eficacia de la coordinación y de la responsabilidad individual. Sánchez ha agregado que "el deseo del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma" y que "cada decisión que hemos tomado ha estado alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica y la evolución de la pandemia, y así va a seguir siendo".

El Ejecutivo -ha remarcado- seguirá trabajando para superar la peor emergencia sanitaria del último siglo e implementar todos los planes del Gobierno, en ámbitos como el cambio climático, la violencia de género, la ciencia y la protección de la infancia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que está en estudio la reforma de los contratos de formación. Además, ha apostado por consolidar la recuperación económica antes de emprender la reforma fiscal y ha instado a la oposición a llegar a un acuerdo para la renovación del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afirmado que combatir la falta de oportunidades en el ámbito laboral para los jóvenes españoles es una de las prioridades del Ejecutivo y ha mostrado su compromiso "con el presente y con el futuro del país, es decir, con nuestra gente joven".

En respuesta al diputado del grupo parlamentario mixto Isidro Martínez Oblanca, durante la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha señalado que mejorar la empleabilidad de los jóvenes es una cuestión que debe abordarse de manera transversal. En el ámbito laboral, respecto a los contratos de formación existentes, Sánchez ha mostrado su preocupación porque "no están funcionando tan eficientemente como debieran" y ha señalado que su reforma está siendo estudiada por el Gobierno.

Entre las medidas educativas impulsadas por el Gobierno, que el presidente ha considerado fundamentales para rebajar la tasa de abandono escolar y aumentar las posibilidades de empleo, ha destacado la modernización de la Formación Profesional y la actualización de sus currículums, la ampliación del número de becas y su dotación, y la mejora de la profesionalización y cualificación de los docentes.

Sánchez ha incidido también especialmente en la necesidad de mejorar el sistema de acreditaciones profesionales para las personas que no cuentan con titulación pero sí larga experiencia laboral, y se ha comprometido a colaborar con las comunidades autónomas, que tienen esta competencia, para multiplicar exponencialmente, desde ahora y hasta 2023, su capacidad de acreditación.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la consolidación fiscal es uno de los principales desafíos que tienen en el medio plazo todos los países europeos, incluida España. No obstante, ha reiterado que la coyuntura actual obliga ahora a consolidar la recuperación económica y trasladar certidumbre a los empresarios para que puedan crear empleo. El presidente respondía así al diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien se interesó por posibles medidas fiscales adicionales para abordar el gasto público generado por la pandemia.

Pedro Sánchez ha reconocido que una de las recomendaciones que la Unión Europea hizo a España es realizar una reforma fiscal, pero considera que ese debate se tiene que abordar en el plano multilateral, ya sea en Europa o en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. España, ha afirmado Sánchez, siempre ha defendido en la Unión Europea la armonización fiscal y aplaude el anuncio de la administración de Estados Unidos, con Joe Biden, de aumentar la imposición de las grandes corporaciones.

El presidente del Gobierno ha instado al diputado del grupo parlamentario popular Pablo Casado a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial: "Yo le tiendo la mano para que podamos renovarlo de una vez por todas y, por tanto, demos cumplimiento a la Constitución". Sánchez ha hecho esta invitación al diputado popular, tras ser preguntado por este sobre la imagen de España en el exterior. El presidente la ha valorado como buena, pero ha insistido en que es responsabilidad de todos mejorarla, tanto desde Gobierno como desde la oposición.

El presidente ha destacado que España está entre los veinte países del mundo con mejor reputación y, entre los datos aportados, se ha referido al informe del Instituto Elcano "La imagen de España en el año 2020", que sitúa a la española en el puesto 13 de las 55 principales economías con mejor imagen, y al índice Best Countries del año 2020 de la revista estadounidense US News World Report, que sitúa a España en el puesto 19 entre 73 países.

El jefe del Ejecutivo también ha defendido la gestión económica, ha puesto como ejemplo la emisión récord de deuda, y respecto a la llegada de los fondos de recuperación procedentes de Europa, ha asegurado que su correcta utilización estará sometida al control tanto de España como de la Unión Europea.

 

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