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30
Oct
2020
El Congreso aprueba la prórroga por seis meses del Estado de Alarma PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosTan sólo PP, que se abstuvo, y VOX, que votó en contra, se opusieron

El Pleno del Congreso, que se ha reunido este semana, los días 27, 28 y 29 de octubre, ha autorizado la prórroga del estado de alarma, solicitada por el Gobierno,  durante un período de seis meses, hasta las 00h del 9 de mayo de 2021, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. De esta decisión se dará traslado ahora al Gobierno.

La autorización para la prórroga del estado de alarma decretado el pasado día 25, que se ha votado en los términos de las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios Republicano y Vasco (EAJ-PNV) aprobadas previamente por el Pleno, ha salido adelante con 194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones.

La solicitud, acordada por el Consejo de Ministros del 27 de octubre, fija que la prórroga del estado de alarma se extenderá desde las 00h del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00h del 9 de mayo de 2021. Asimismo, establece que las condiciones de esta prórroga son las establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, aunque con modificaciones en los artículos 9 y 10, y  de los Decretos que, en su caso, se adopten en uso de la habilitación conferida por la disposición final primera del citado Real Decreto.

Además, con las modificaciones de las condiciones planteadas por el G.P. Republicano y aprobadas por el Pleno con 189 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones, se establece que transcurridos cuatro meses de la vigencia de esta prórroga, la conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma, previo acuerdo del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.

Asimismo, se fija que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitará comparecer ante el Pleno del Congreso cada dos meses para dar cuenta de los datos y gestiones del Ejecutivo en relación con la aplicación del estado de alarma y que el ministro de Sanidad hará lo propio para comparecer ante la Comisión de Sanidad y Consumo, con periodicidad mensual.

Por su parte, con la propuesta de resolución del G.P. Vasco (EAJ-PNV), aprobada por 196 votos a favor, 147 en contra y una abstención, se establece que durante la vigencia del presente estado de alarma, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que ello sea obstáculo que este permanezca a una Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.

También habían presentado propuestas de modificación los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Euskal Herría Bildu. Así como, dentro del Grupo Plural Junts Per Catalunya, Partit Demòcrata, Más País, Compromís, y BNG y del Grupo Mixto, la CUP y Foro Asturias. Siendo todas ellas rechazadas.

Finalizado este debate, se han debatido las enmiendas que ha incorporado el Senado al Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Este Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero y por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con competencia legislativa plena, el 29 de junio, que remitió al Senado. Finalizada allí su tramitación, el Pleno ha aprobado definitivamente el texto, aceptando las enmiendas de la Cámara Alta, con 319 votos a favor, 9 en contra y 19 abstenciones.

Este Proyecto de Ley adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario, reforzando la seguridad jurídica en el uso de servicios electrónicos de confianza como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.

Tras esto, el Pleno ha debatido 14 dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores y que tratan sobre acuerdos, declaraciones, resoluciones o convenios internacionales, todos ellos aprobados.

La sesión ha finalizado con el debate del dictamen de la Comisión Constitucional sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que ha sido aprobada en votación final de conjunto con 269 votos a favor y 73 abstenciones, siendo ahora remitida al Senado. Con esta reforma se pretenden eliminar los afloramientos tanto de los diputados de la Asamblea Regional como de los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

La sesión de esta semana comenzó el martes, 27 de octubre, a las 15h., con el debate de toma en consideración de dos proposiciones de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, y que fue rechazada con 73 votos a favor, 273 en contra y 4 abstenciones.

Con esta iniciativa se pretendía eliminar los artículos del Código Penal que regulan las calumnias e injurias a la Corona o miembros de la Familia Real y las ofensas o ultrajes a España, sus Comunidades Autónomas, símbolos o emblemas efectuadas con publicidad. El grupo proponente argumentaba que "una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión" y que el Estado debe superar "censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona" acogiéndose, dicen, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Tras esta, se debatió la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, que fue aprobada con 195 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa tiene como objetivo derogar un apartado del Código Penal que castiga "con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses" a "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". El Grupo Parlamentario Socialista argumenta que con la aplicación de dicho apartado, "se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical" y entiende que debe desaparecer "toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga".

En esta misma sesión se debatieron dos proposiciones no de ley. La del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de los préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19, que ha sido rechazada con 153votos a favor, 164 en contra y 31 abstenciones. Con ella se pretendía instar al Gobierno a "ampliar a 6 años la garantía pública de los préstamos de la línea de liquidez del ICO COVID-19 ya firmados por parte de autónomos y pymes que así lo soliciten" y facilitar "la extensión del período de carencia del préstamo principal por un plazo igual al que ya tengan firmado en las condiciones vigentes de su préstamo".

Y la registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados y que ha sido aprobada con 203 votos a favor, 53 en contra y 92 abstenciones. Con ella el Congreso  insta al Ejecutivo "en coordinación con las comunidades autónomas, a desarrollar las medidas necesarias para garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados" y trabajar "para evitar y erradicar las conductas dirigidas a estigmatizar y criminalizar a este colectivo".

El Pleno se reanudó el miércoles, 28 de octubre, a las 9h., para celebrar la Sesión de Control al Gobierno, con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo.

En esta ocasión los grupos parlamentarios formularon 15 preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 203, Pablo Iglesias; y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Sanidad, Salvador Illa; y Consumo, Alberto Garzón.

A continuación, se plantearon las 3 interpelaciones urgentes registradas. La del G.P. Ciudadanos, dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos. La de la diputada Mireia Vehí Cantenys, de la CUP e integrada en el G.P. Mixto, hacia el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre la regulación de los precios del alquiler de vivienda a través de una futura ley al respecto. Y la del G.P. Popular en el Congreso sobre las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para evitar el grave deterioro de la imagen del Reino de España en el exterior.

Esta semana también se han debatido cuatro mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.  La del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el G.P. Mixto, sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales, que ha sido rechazada con 154 votos a favor, 169 en contra y 26 abstenciones.

La del diputado del PRC, José María Mazón Ramos, también en el G.P. Mixto, sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero), que ha sido aprobada a través de una enmienda transaccional con los G.P. Socialista, Popular y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, con 316 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones.

La del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique las medidas fiscales que está barajando para hacer frente al fuerte incremento de gasto anunciado y rechazada con 152 votos a favor, 129 en contra y uno en contra. Y, por último ,la del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional de las Universidades en Cataluña, también rechazada con 153 votos a favor, 195 en contra y una abstención.

 

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