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30
Sep
2020
El Gobierno anula los Planes Económico Financieros y la Ley de Estabilidad durante los dos próximos años PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosSiguen en vigor los Planes de Ajustes, las medidas de endeudamiento y el Periodo Medio de Pago a Proveedores

El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021. Así lo ha comunicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación.La decisión va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que "la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea". Y, en este sentido, que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda. Y más recientemente, este mismo mes de septiembre, se comunicó que la cláusula de salvaguarda se mantendrá activa en 2021.

Dicha activación implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

Por tanto, la suspensión de las reglas fiscales se produce en cumplimiento de las medidas adoptadas por la UE para reforzar la respuesta a la crisis y desarrollar un marco de reconstrucción, transformación y resiliencia para seguir avanzando.

De esta forma, el Gobierno aprobará la suspensión de la senda de estabilidad vigente y dará el visto bueno al techo de gasto no financiero del Estado de 2021 que se aprobará en los próximos Consejos de Ministros.

Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios.

Este acuerdo pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la recuperación económica y social y diseñar un marco de colaboración y entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis.

La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados. La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años. Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España. En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas.

De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

El Gobierno considera que, dada la situación actual del tejido productivo, resulta más importante que nunca reducir los plazos de pago a proveedores, y el Ejecutivo está dando facilidades para que las CCAA y EELL accedan a los recursos necesarios que lo permitan. En ese sentido, la ministra de Hacienda ha adelantado que el periodo medio de pago de julio ha descendido en todos los subsectores.

El Gobierno de España seguirá trabajando de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que debe ser tarea conjunta de todas las Administraciones reconstruir la economía y poder continuar cumpliendo con los compromisos europeos de consolidación fiscal, a la par que apoyar a la economía española y a los colectivos más vulnerables.

Esta medida muestra el compromiso del Gobierno para adoptar todas las iniciativas que sean necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, teniendo en cuenta el especial papel que estas administraciones están teniendo en la crisis.

No obstante, María Jesús Montero ha insistido en el compromiso incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las finanzas públicas en cuanto sea posible.

De esta forma, el Gobierno no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.

El Gobierno destina todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia y en establecer una red de seguridad para evitar que nadie se quede atrás. Con esta finalidad está elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que, además de contribuir a la recuperación económica y social, serán una herramienta fundamental para canalizar los recursos que se reciban de la Unión Europea.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 deben ser la herramienta que permita a España salir lo antes posible de la crisis generada por la emergencia sanitaria y hacerlo con pilares más robustos, competitivos y con mayor cohesión social.

El jefe del Ejecutivo ha defendido la "cogobernanza" con las comunidades autónomas de los fondos europeos de reconstrucción y ha anunciado que se abordará en las próximas semanas en una Conferencia de Presidentes con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea. Además, ha apelado a los grupos parlamentarios para que se aprueben unos Presupuestos adecuados a las "circunstancias extraordinarias" del país.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presidido la LXXVIII conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que han participado representantes de las comunidades autónomas (CCAA) por videoconferencia y de manera presencial.

En la reunión se ha abordado el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 que van a ejecutar tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como las diferentes comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales. Un grupo específico se ha encargado, en colaboración con las autonomías, de reformularlo para adaptarlo al nuevo contexto tras la irrupción de la COVID - 19. Este trabajo ha permitido la adaptación a la nueva normalidad y una reformulación de los indicadores que permitirán evaluar la eficacia del plan.

En el encuentro, se ha acordado distribuir a las CCAA 895.916.723 euros, con el Ministerio de Educación y Formación Profesional como coproponente. La medida fue aprobada con el respaldo con la amplia mayoría de las CCAA.

La cuantía irá destinada a planes de formación, de empleo y de modernización, que permitirán a los beneficiarios y beneficiarias la adquisición de competencias para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

La mayor parte del montante distribuido en el día de hoy, algo más de 494 millones de euros, se dirigirá a trabajadores y trabajadoras desempleadas.

Los fondos destinados por el Gobierno están inmersos dentro del Plan correspondiente al año 2020 se suman a los 1.048.544.799 euros que se repartieron en la Conferencia Sectorial celebrada el 1 de abril por videoconferencia.

Para Yolanda Díaz, "es clave poner todos los recursos económicos, técnicos y humanos en la creación y la mejora del empleo, que no solo constituye un paso esencial en la lucha contra la crisis derivada por la pandemia, sino una pieza básica en la estrategia de transformación de los territorios", ha recalcado la ministra.

La colaboración y buena disposición de las comunidades autónomas ha sido fundamental para poder rediseñar el Plan Anual de Política de Empleo.

Es por ello que la ministra ha instado a las CCAA a realizar un esfuerzo para tener la estrategia de políticas activas lista para finales de este año, porque uno de los pilares de la reconstrucción es la creación de empleo.

"En esta Conferencia Sectorial incorporamos una propuesta para la constitución de los Grupos de Trabajo para el inicio de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, que serán los cimientos para pilar de Empleo del Plan Nacional para la Recuperación, Transformación y Resiliencia", subrayó Díaz.

La ministra explicó que el objetivo es buscar, con el concurso de todas las CCAA e interlocutores sociales, las respuestas de emergencia en el corto plazo y la respuesta estratégica de futuro, tan importantes para poder salir de la situación económica y social a la que nos ha conducido la pandemia derivada del COVID-19.

"El desempleo juvenil es, quizá, el reto más importante al que nos enfrentamos", ha señalado Yolanda Díaz en su intervención, "que representa un peligro para el equilibrio generacional". Otros retos son luchar contra el riesgo de exclusión sociolaboral de los colectivos más vulnerables y la contra la persistencia de la desigualdad de género.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se podrá presentar desde el 1 de enero de 2021 ante la Comisión Europa supone una oportunidad para afrontar los retos del mercado laboral y el empleo.

En la Conferencia también se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso a la digitalización para afrontar los efectos socioeconómicos de la pandemia garantizando que los servicios de empleo puedan apoyar, de manera efectiva, esta labor.

El Plan Anual 2020 se asienta en la orientación hacia los resultados en torno a los objetivos específicos incluidos en la Estrategia 2017-2020, dotada de 5.793.704.910 euros para un total de 696 servicios y programas de políticas de activación para el empleo. Está articulada en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso en el empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de empleo.

En el marco de la Conferencia se han presentado a informe consultivo las propuestas para incrementar, con carácter extraordinario en 2020 las subvenciones para los Centros Especiales de Empleo en el que trabajan personas con discapacidad.

También se ha sometido a consideración el proyecto de Real Decreto que regulará los programas comunes de activación del Sistema Nacional de Empleo, de aplicación en todo el Estado y gestionados por las Comunidades Autónomas y el SEPE y determinados programas de Políticas Activas de empleo precisaban una cierta revisión para conseguir una mayor eficiencia y adecuarse a las circunstancias cambiantes del mercado laboral y de los instrumentos de gestión.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido en el Congreso el compromiso del Gobierno con el orden constitucional para "desarrollarlo con plenitud". El ministro ha insistido en que el Ejecutivo "tiene un proyecto de país que mira a futuro, recogiendo lo mejor del pasado, inclusivo, y que abraza a todos y no deja a nadie fuera".

El Gobierno cuenta con un programa basado en cuatro pilares: Justicia social, defensa de los servicios públicos, libertad y cohesión territorial. Este es el camino de la defensa de los valores constitucionales, que hoy se centra necesariamente y por encima de intereses electoralistas, en proteger la salud de nuestra ciudadanía, ha explicado el ministro de Justicia. "Esta es la clave y esos son los elementos, y no el griterío", ha sido la respuesta de Campo al Grupo Popular en la sesión de control del Congreso.

Respecto a la tramitación de los indultos del procés, Campo ha recordado, en respuesta al Grupo Junts per Catalunya, que el indulto es una medida de gracia de carácter excepcional y que su tramitación es una obligación del Estado de Derecho y de la legalidad vigente.

También se refirió a los indultos en su respuesta a la interpelación del Grupo Popular: "No me rasgo las vestiduras por tramitar un indulto. ¿Si ustedes estuvieran en el Gobierno, no tramitarían los indultos?", preguntó el ministro, concluyendo que "el poder se ejerce cumpliendo la ley, en lo que me gusta y en lo que no me gusta".

Y en referencia a la reforma de los tipos penales de sedición y rebelión, el ministro de Justicia ha reiterado que no es ninguna novedad, pues el presidente del Gobierno lo anunció en su discurso de investidura. "Está en nuestra obligación, como Ministerio de la legislación, mejorarlos técnicamente, adaptándolos al contexto social en el que vivimos y atendiendo al marco europeo".

En relación a la ausencia del Rey en la entrega de los despachos a los jueces, Campo ha recordado, en respuesta al Grupo VOX y en la interpelación al Grupo Popular, que el Gobierno siempre ha valorado, junto con la Casa Real, todas las circunstancias para tomar la decisión más aconsejable en aras de la convivencia. En este caso, Campo ha explicado que la proximidad del 1 de octubre, la inminente resolución judicial sobre la inhabilitación del President de la Generalitat, así como las restricciones en el aforo por la COVID-19, desaconsejaban la presencia del rey en Barcelona en ese momento. "Tampoco fue posible aplazar el acto o cambiar el lugar de celebración", ha zanjado el ministro.

En cuanto a la inhabilitación de Torra, Campo ha afirmado que, "como ministro de Justicia y dentro del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, solo puedo hacer valer la garantía que ofrece el ordenamiento jurídico y sus instrumentos".

En respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Republicano sobre la necesidad de asegurar que todas las instituciones públicas del Estado se sometan a los principios democráticos, Campo ha especificado que la construcción de un Estado social y democrático de Derecho se hace cumpliendo "toda la Constitución, y no solo la parte que le interesa en cada momento", en alusión al Grupo Popular. "El camino es el diálogo", ha dicho el ministro que, además, ha aprovechado la respuesta para agradecer la iniciativa a los grupos que han suscrito el comunicado para la renovación de las instituciones con mandato caducado.

En respuesta a la cuestión formulada por Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular, en la sesión de control del Congreso, el presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo protege "tanto el presente como el futuro de los españoles". Pedro Sánchez ha citado como ejemplo de esa labor la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de la prestación a los trabajadores autónomos por cese de actividad.

Sánchez ha dicho que el Gobierno protege igualmente a las instituciones al reclamar que no se bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Y el Ejecutivo -ha argumentado el presidente en la Cámara Baja- respalda también el proyecto europeo, como demuestra el acuerdo sobre el fondo de recuperación logrado en julio, que va a beneficiar a España con 140.000 millones de euros durante los próximos seis años, lo que permitirá no solo mejorar las condiciones económicas, sino también avanzar hacia un modelo más "resiliente" y efectuar la transición ecológica y la digital.

Además, Pedro Sánchez ha abogado por la unidad de las administraciones y la búsqueda de acuerdos como el alcanzado ayer con la Comunidad de Madrid para luchar contra la pandemia, que hoy se va a sustanciar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Respecto a la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, asunto planteado por Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, el presidente ha subrayado la voluntad del Ejecutivo de "cogobernar" estos fondos, ya que en muchos casos están vinculados a materias que gestionan las comunidades autónomas o los ayuntamientos, como la renovación urbana, la rehabilitación de viviendas o la movilidad sostenible.

En relación con las comunidades, Sánchez ha avanzado que a finales de este mes o a principios de noviembre se celebrará una Conferencia de Presidentes sobre esos fondos a la que, además de los representantes autonómicos, asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tal como acordaron en su reunión de la semana pasada en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo ha detallado que la gestión de los fondos se articulará a través de una unidad de seguimiento instalada en La Moncloa, una comisión interministerial presidida por él y una conferencia sectorial en la que van a participar los responsables autonómicos y liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por último, el Gobierno rendirá cuentas de esa gestión en el Parlamento, una tarea que va a proponer que se lleve a cabo en la Comisión Mixta de la Unión Europea Congreso-Senado.

Además, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a plantear una revisión de la legislación básica con el objetivo de agilizar la ejecución de esos fondos y ha apuntado que la industria debe ser una de las prioridades de inversión.

El presidente ha recalcado en la sesión de control que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentará el Gobierno es el que necesita España. Unos Presupuestos que "tienen que ser progresistas porque esta es una coalición progresista", ha indicado en su respuesta a la diputada Mertxe Aizpurua, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.

Sánchez ha manifestado que "vivimos unas circunstancias extraordinarias" que, a su vez, "exigen de acuerdos extraordinarios", por lo que el Ejecutivo apela al conjunto de la Cámara para lograr la aprobación de las cuentas públicas del año 2021.

"Espero que haya una mayoría parlamentaria en este Congreso que conecte con el sentir y la emoción de la ciudadanía que quiere, con independencia de lo que vote, que haya unos nuevos Presupuestos para dar una respuesta efectiva y eficaz a la realidad", ha sostenido.

Además, ha asegurado que el Gobierno no solo está actuando frente a la pandemia, sino que "también está poniendo en marcha su hoja de ruta" con medidas como el Ingreso Mínimo Vital o, en el ámbito de la transición ecológica, la reciente aprobación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

 

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