Piden claridad sobre en qué consiste el cumplimiento de la sentencia del Supremo

Una vez conocida la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el reparto de la TDT, que ha declarado nula la asignación en julio de 2010 de un canal múltiplex digital a los entonces concesionarios del servicio público de televisión analógica (Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta), AUC pide "claridad al Gobierno para saber realmente qué futuro le espera al mantenimiento y desarrollo de la televisión digital terrestre".

Básicamente, dicha sentencia viene a señalar que la Ley General de la Comunicación Audiovisual permitía transformar esas antiguas concesiones de la etapa analógica en licencias para la nueva TDT, pero estas licencias  debían ajustarse exclusivamente al “contenido concesional existente a la entrada en vigor de la Ley”, de modo que los canales adicionales que también se repartieron entre estas televisiones en realidad deberían haber salido a concurso público.

"AUC no entra a discutir el fundamento de la sentencia sobre la vigencia de unas u otras normas en el momento del reparto, ni tampoco a valorar si lo que se ha producido es una mera sustitución técnica de un canal analógico por un múltiplex digital que ocupa el mismo espectro radioeléctrico, o por el contrario una apropiación ilegítima de dicho espectro. Pero sí destaca que la consecuencia directa de la decisión del Supremo va a ser la desaparición de canales que en la actualidad forman parte de la oferta en abierto a la pueden acceder los espectadores de modo gratuito, sin que nada asegure que vuelvan a ponerse en marcha tras un futuro concurso. Por el contrario, cabe la posibilidad, según la Asociación, de que lo que esté en marcha sea una operación para el cierre definitivo de esos canales", afirman los Usuarios de la Comunicación.

AUC recuerda que "los ciudadanos han hecho un importante esfuerzo económico para adaptarse a la implantación de la TDT. Ahora se pretende, además, que vuelvan a realizar un nuevo desembolso para los cambios de antenización que requiera la reubicación de canales consecuencia del llamado “dividendo digital”, a pesar de que ese coste iba a ser cubierto inicialmente con lo pagado por los operadores de telefonía en la subasta del espectro radioeléctrico. Y todo ello con la promesa de acceder, como señalaba la propia legislación, “a un mayor número de canales y, en consecuencia, a un mayor número de programas y servicios de mejor calidad”, que les permitiría “participar activamente de los logros de la sociedad de la información, asegurando la preservación del pluralismo y la formación de una opinión pública libre”. Un objetivo que no ha llegado a cumplirse satisfactoriamente en este tiempo, pero que ahora queda aún más lejos de lograrse".

La Asociación señala, finalmente, que "los ciudadanos tienen derecho a saber si la confluencia de la sentencia del Supremo y del dividendo digital afectará a las posibilidades de oferta televisiva gratuita para los ciudadanos, que es precisamente la señal de identidad de la TDT, así como al futuro del 3D, de los servicios interactivos y, muy especialmente, de la alta definición, para la que muchos hogares se han equipado y que supone una de las principales demandas de los ciudadanos, junto con la mejora en la calidad de los contenidos".