Consideran que el proyecto de Rajoy mata las copias privadas

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que ha aprobado el Consejo de Ministros no ha dejado indiferente a nadie, y ha conseguido algo que parecía totalmente imposible: poner de acuerdo a la SGAE, CEDRO y a la Asociación de Consumidores. Todos consideran que la nueva legislación "perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas".

"En efecto, de un lado perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada. Solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copias que sean realizadas a través de internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir. Y de otro lado, beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectual", explica la SGAE en un comunicado.

"De nuevo, las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural. Las entidades de gestión consideran que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo. El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas. Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea. Esta improvisación, que ha sido objeto de una denuncia ante Bruselas por las entidades de gestión, genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de los otros países miembros. En este mismo Proyecto de Ley se establecen unas medidas respecto de las entidades de gestión que ni responden a la realidad ni son conformes a Derecho", afirman.

"Las entidades de gestión manifestamos nuestro interés en que se garantice la transparencia de nuestra gestión en beneficio tanto de los titulares como de la sociedad en general. No obstante, muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general. Tampoco se han tenido en cuenta las Directivas Comunitarias que está preparando la Comisión Europea, tanto en materia de copia privada como en materia de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual", aseguran los autores.

Por su parte, AUC también opinaba, y lo hacía afirmando que la nueva ley terminará con la copia privada:

1. Aunque el Anteproyecto presenta algunos aspectos positivos, AUC considera inaceptable que se reduzca, hasta casi eliminar, la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar copas privadas de contenidos a los que acceden legítimamente, tal y como pueden hacerlo en la actualidad de forma legal.
2. Esta práctica prohibición de la copia privada, que tan solo se permite de modo temporal para la grabación de los contenidos emitidos por televisión, obligará, además, a la futura adopción de medidas penalizadoras contra los usuarios para impedir esas copias. Ello no sólo coloca a los ciudadanos en una situación de ilegalidad por hacer lo que hasta ahora estaba permitido, sino que va a obstaculizar aún más  la lucha contra la lacra de la piratería de contenidos digitales.
3. AUC considera que el Gobierno se ha metido en un callejón de difícil salida, que nos aleja, además, de los modelos de gestión de la propiedad intelectual existentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, así como de las propias directrices de la Unión Europea. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Brevemente, la secuencia de los hechos es la siguiente:

§  Hasta el año 2011 el modelo español de regulación de la propiedad intelectual, permite, de acuerdo con las opciones previstas por la Directiva europea en la materia, la copia privada por parte de los ciudadanos de contenidos a los que accedan legalmente, a cambio de una “compensación equitativa” para los titulares de derechos obtenida a través de un gravamen o canon aplicado al precio de los equipos y soportes que permitían la grabación.

§  A partir de ese año, y como respuesta al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la UE que obligaba a no aplicar el canon a aquellas personas “no físicas” que previsiblemente no utilizan los equipos y soportes para realizar copias, el Gobierno cambia radicalmente el modelo y suprime el canon digital, sustituyéndolo por una compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y señalando que la cuantía de esa compensación “se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.” Es decir, en el año 2012 no debería de haberse imputado ya el canon digital a los equipos y soportes vendidos, aunque habría que analizar si ello se ha traducido en una rebaja de los precios de esos equipos y soportes por parte de la industria tecnológica para los usuarios finales.

§  Al año siguiente, por medio de un nuevo Real Decreto, se establecen los criterios “objetivos” para determinar la cuantía anual de la compensación y se define el procedimiento de liquidación y pago a los titulares de los derechos “en función de la disponibilidad prevista” en los Presupuestos Generales del Estado. Es evidente que, en un momento de crisis como el actual, pasar el anterior “canon digital” a este nuevo “canon estatal” supone cargar sobre las espaldas de muchos ciudadanos que ni copian ni tienen equipos para hacerlo, el peso de una compensación que hasta ahora pagaban otros; pero además, esa “disponibilidad prevista” es evidentemente reducida y en modo alguno alcanza para abonar a los titulares de derechos las mismas cantidades que venían percibiendo hasta entonces. Por ello se realiza un nuevo cómputo del “lucro cesante” a compensar, que se reduce en más de un 90% pasando de 113 a 5 millones de euros para el año 2012, sin que haya ningún dato que avale que el “perjuicio causado” por la copia privada de contenidos se haya reducido, y menos en tales porcentajes.

4.    El Anteproyecto de Ley aprobado ahora por el Consejo de Ministros, prevé una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para limitar la copia privada, de modo que sólo pueda realizarse de modo individual y para a aquellas obras a las que se haya accedido mediante radiodifusión, únicamente con el propósito de permitir su visionado o audición en un momento temporal más oportuno. Tras esta oscura definición se esconde la prohibición de copias privadas para su disfrute en el tiempo y en cualquier soporte, la prohibición del intercambio de ficheros, y sobre todo la prohibición de copias privadas a las que se acceda a través de de canales no lineales e interactivos, es decir de internet, que es hoy la principal fuente de consumo de contenidos audiovisuales. ¿Quién copia hoy ya a partir de la radio y la televisión?. Por ello, en la práctica, esta norma que se pretende aprobar acaba de facto con la copia privada.

5.    Por todo lo anterior, la Asociación de Usuarios de la Comunicación rechaza el Anteproyecto de reforma de  la Ley de Propiedad Intelectual, y espera que en el proceso de dictámenes previo a su nueva remisión al Consejo de Ministros quede patente el error que supone penalizar (cuando no “ilegalizar” o “criminalizar”) al usuario por la realización de copias privadas y sin ánimo de lucro.

6.    Finalmente, AUC sigue defendiendo un modelo en el que se asocie la compensación a los titulares de derecho por la realización de copias privadas a su pago por aquellos agentes de la cadena de valor que se lucran precisamente gracias a la existencia de dichas copias: la industria de las TICs y los operadores de telecomunicaciones.

CEDRO, por su parte, considera que la nueva Ley perjudica gravemente a autores y editoriales. Según el presidente de CEDRO, Pedro de Andrés, esta propuesta de reforma «supone un gran retroceso en el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los escritores y editoriales de libros y otras publicaciones en nuestro país, así como en la valoración económica de los mismos».

1. Limitación al máximo de  la definición de copia privada. Por una parte, esto supondrá una drástica reducción de la cantidad que autores y editores recibían como compensación por copia privada de sus obras, y, por otra, se convertirán en ilícitas muchas reproducciones de libros que antes eran legales y por las que los titulares de derechos eran compensados mediante el famoso «canon digital».

2. Ampliación de las copias (fotocopias y digitales) de libros y revistas y de los usos que se pueden hacer de ellas en colegios y universidades sin contar con la autorización de los titulares de derechos y sin remuneración alguna para la mayoría de ellos.

En esta propuesta también se han incluido medidas para mejorar la lucha contra la piratería en la red y para incrementar la transparencia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. De Andrés asegura que el Gobierno tiene que reconsiderar el conjunto de esta propuesta y reformar la ley con una visión a medio y largo plazo, puesto que, de aprobarse finalmente el texto tal y como está, «se destruirá nuestro tejido editorial y creativo  y se discriminará a los creadores y a la industria española respecto a los países de nuestro entorno».

El borrador aprobado por el Gobierno, que sitúa a España en dirección opuesta a los países de la Unión Europea, se ha llevado a cabo sin tener en cuenta ni las peticiones presentadas por CEDRO ni las de los miles de socios de nuestra Entidad que le hicieron llegar estas mismas propuestas. La comunidad internacional, a través de IFRRO (Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) y de la EWC (Asociación Europea de Escritores) han trasladado al Gobierno su  rechazo al proyecto de reforma de la ley porque supone que España prive a los autores y editores de recibir una retribución por determinados usos de sus obras.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros tendrá que seguir los trámites oportunos hasta su aprobación definitiva. En este proceso CEDRO desarrollará las acciones necesarias para que el texto final incluya sus peticiones en materia de copia privada y en lo que se refiere a la remuneración por las reutilizaciones de las obras de sus socios en los ámbitos educativos.