Álvaro García Ortiz presentaba su renuncia por carta

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno español tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Esta decisión se produce en un contexto de creciente atención mediática y política, dado el impacto que tiene en la institución de la Fiscalía y en la confianza pública en el sistema judicial.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que no solo implica la inhabilitación de García Ortiz, sino que también conlleva una multa de 7.200 euros. La condena está relacionada con la filtración de un correo electrónico que contenía información sobre un fraude fiscal vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este caso ha suscitado un gran interés debido a las implicaciones políticas y legales que conlleva.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha expresado su decisión de dejar el cargo en "profundo respeto a las resoluciones judiciales". En su misiva, menciona que ha llegado el momento de abandonar "el desempeño de tan alta responsabilidad". A pesar de que la motivación de la sentencia aún no ha sido divulgada, García Ortiz ha solicitado su cese inmediato, argumentando que es un acto debido tanto al Ministerio Fiscal como a la ciudadanía española.

En la carta, García Ortiz manifiesta su "profundo respeto" por las decisiones judiciales y destaca su compromiso con la protección de la Fiscalía y sus fiscales durante su mandato. A pesar del fallo en su contra, se muestra convencido de haber servido fielmente a la institución, enfatizando su vocación de servicio público y lealtad institucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado proporcionar detalles sobre quién será el próximo fiscal general del Estado, sugiriendo que la información se dará a conocer en el momento adecuado. Sánchez ha indicado que el nuevo nombramiento podría no ser inminente y que el perfil del sucesor será revelado en su debido tiempo. Además, ha resaltado que su Gobierno ha propuesto históricamente candidatos con una trayectoria jurídica notable.

El proceso de nombramiento del fiscal general del Estado está regulado por la Constitución Española y la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según el artículo 124.2 de la Constitución, el fiscal general es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, tras consultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno presenta una propuesta al rey, después de haber recibido el informe del CGPJ, que aunque no es vinculante, es un paso esencial en el proceso. La propuesta del Gobierno se comunica al Congreso de los Diputados, donde se señala la comparecencia del candidato ante la Comisión correspondiente para evaluar sus méritos e idoneidad. Una vez que el candidato es nombrado, debe prestar juramento o promesa ante el rey y tomar posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.