El Supremo considera probada la filtración de datos personales del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia significativa que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta condena se centra en un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo ha decidido imponer a Álvaro García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación. Además, se le ha sancionado con una multa de 7.200 euros. Esta decisión marca un precedente, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio y es condenado por un delito.

La condena se origina en la presunta filtración de un correo electrónico que contenía información sensible relacionada con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que ha suscitado un gran interés mediático y público. La revelación de secretos es un asunto grave, especialmente cuando involucra a figuras públicas y sus familias.

La sentencia ha generado controversia dentro del propio Tribunal Supremo, ya que dos de los siete magistrados han expresado su desacuerdo con la decisión mayoritaria. Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo han anunciado que presentarán votos particulares, lo que indica una división en la interpretación de los hechos y la aplicación de la ley.

Dado el desacuerdo, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha asumido la ponencia de la sentencia. Esto sugiere que la resolución final ha requerido un consenso más amplio y una cuidadosa consideración de las diferentes opiniones dentro del tribunal.

Además de las penas impuestas, el Tribunal Supremo ha ordenado a Álvaro García Ortiz que pague una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esto refleja la gravedad del impacto que la filtración tuvo en la vida personal de la pareja afectada.

La sentencia también incluye la obligación de cubrir las costas procesales del juicio, lo que implica que el fiscal general deberá asumir los gastos generados por el proceso judicial.