Se le imponen las mismas medidas cautelares que a Koldo y Ábalos

El caso Koldo ha captado la atención mediática y judicial en España, centrándose en una trama de adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. El Tribunal Supremo, bajo la dirección del instructor Leopoldo Puente, ha estado investigando las acciones de varios implicados, entre ellos Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

Este miércoles Leopoldo Puente decidió poner en libertad a Santos Cerdán, quien había estado en prisión provisional durante 4 meses y 20 días. Esta decisión se produce a pesar de los "fuertes indicios" que apuntan a su implicación en la trama. Sin embargo, se le han impuesto medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de firmar quincenalmente en la sede judicial.

Cerdán había sido encarcelado el 30 de junio bajo acusaciones de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A lo largo de este tiempo, sus abogados habían solicitado su liberación en cinco ocasiones, pero estas peticiones fueron rechazadas tanto por el instructor como por la Sala de Apelación.

La decisión de Puente de liberar a Cerdán se basó en un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla las relaciones entre Acciona y Servinabar, la empresa en la que Cerdán posee un 45%. Este informe sugiere que Servinabar se beneficiaba del 2% de las obras públicas adjudicadas a Acciona, y que Cerdán y su familia disfrutaron de los ingresos generados a través de nóminas, alquileres de propiedades en Madrid y gastos cargados a una tarjeta de crédito.

En respuesta a esta información, Puente ordenó ocho registros en diferentes empresas, incluyendo la sede de Acciona, donde se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Además, se imputó a Justo Vicente Pelegrini, un ex directivo de Acciona, y a dos de sus subordinados, quienes han sido suspendidos de sus funciones.

El instructor Puente había inicialmente encarcelado a Cerdán debido a un "riesgo muy intenso" de destrucción de pruebas. Sin embargo, en su reciente resolución, Puente sostiene que este riesgo se ha "mitigado seriamente" gracias a las nuevas informaciones obtenidas por la UCO, que han permitido avanzar en la investigación y abrir nuevas líneas de indagación.

Puente aclara que, aunque existen indicios consistentes de criminalidad, esto por sí solo no justifica la continuación de la prisión provisional. El magistrado argumenta que no hay un riesgo claro de fuga o de obstrucción a la justicia que no pueda ser abordado mediante medidas cautelares.

Finalmente, Puente concluye que no hay razones suficientes para mantener a Cerdán en prisión provisional, dado que no ocupa actualmente un cargo público ni tiene vínculos directos con la dirección del PSOE. Por lo tanto, decide imponerle las mismas medidas cautelares que a otros implicados en el caso, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. Este desarrollo en el caso Koldo subraya la complejidad de la investigación y la continua evolución de las circunstancias legales que rodean a los implicados.

La reciente liberación provisional de Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE y mano derecha del presidente Pedro Sánchez, ha generado una gran expectación en la cárcel madrileña de Soto del Real. Cerdán había estado en prisión durante casi cinco, y su salida se produce tras la decisión del Tribunal Supremo, que, aunque hazado los indic de criminalidad en su contra, ha determinado que ya no existe de destrucción pruebas. Como resultado, se le ha concedido la libertad provisional sin fianza, se le han impuesto varias medidas cautelares, incluyendo la obligación de comparecer quenalmente ante el Juzgado, la prohibición de salir del país y la retirada de su pas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha declarado que "es el momento de la justicia" y ha instado a dejar que esta haga su trabajo, en respuesta a un nuevo informe que sugiere que la trama de Cerdán podría haber cobrado un 2% en comisiones por contratos amañados. Esta postura ha sido respaldada por el presidente Pedro Sánchez.

Por otro lado, la formación política Podemos ha expresado su escepticismo respecto a la idea de que la trama de corrupción se limite a Cerdán y Ábalos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido más explicaciones a Sánchez y señalado que el PSOE debería comprometerse a devolver el dinero defraudado y prohibir la contratación con empresas corruptas, como Acciona. Belarra ha advertido que sería un "error catastrófico" minimizar la gravedad de la corrupción en el PSOE en comparación con la del PP.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha manifestado que si la situación se reduce a "tres tipos que se repartían dinero con corruptelas", el Gobierno no debería caer. Sin embargo, ha advertido que si el caso escala hacia cuestiones de financiación ilegal, como la Gürtel del PSOE, se solicitará la convocatoria de elecciones generales.

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado enfatizó que su salida de prisión se debe a la decisión de un juez, quien ha considerado que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. Subrayó que esta situación no debe interpretarse como una vindicación o justificación de Cerdán.

El secretario del PP instó a Santos Cerdán a aprovechar su nueva situación para ofrecer una rueda de prensa donde explique su implicación en la supuesta trama de corrupción. Tellado exigió que Cerdán aclare su papel y el de otros miembros del PSOE, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se referían en grabaciones como "el número 1". Además, reclamó que se explique el destino de los fondos obtenidos a través de las "mordidas", enfatizando que dicho dinero proviene de los bolsillos de los ciudadanos españoles.

Durante la sesión de control, Miguel Tellado no escatimó en acusaciones hacia el PSOE, describiéndolo como "el gobierno de la corrupción y el del 2%". Esta referencia al "2%" alude a un supuesto porcentaje que se habría estado llevando en comisiones ilegales por parte de Santos Cerdán en relación a obras públicas. En respuesta a estas acusaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, solicitó a Tellado que diferenciara entre aquellos que son honrados y aquellos que tienen indicios de criminalidad.

Tellado argumentó que la corrupción en el PSOE está respaldada por las acciones de exministros como José Luis Ábalos y las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afirmando que los socialistas "robaron a manos llenas". En un tono acusatorio, mencionó varios proyectos específicos, como el túnel de Belate en Navarra y el puente del Centenario en Sevilla, sugiriendo que todos estaban asociados con prácticas corruptas.

Finalmente, Miguel Tellado dirigió sus críticas hacia Félix Bolaños, cuestionando la ética del PSOE en medio de las acusaciones de corrupción. Le preguntó directamente qué aspecto de la situación actual puede considerarse ético, dado el contexto de las acusaciones que rodean a su partido.

Tras su excarcelación Cerdán ha expresado su preocupación por lo que considera "muchas mentiras y muchas manipulaciones" en torno a la interpretación de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que le afectan. En este sentido, ha manifestado su confianza en que "la verdad se imponga" y que se haga justicia al final del proceso.

En sus primeras palabras tras salir de prisión, Cerdán ha querido agradecer a su familia, amigos y a sus abogados, quienes han sido fundamentales en su proceso legal. Este agradecimiento resalta el apoyo emocional y legal que ha recibido durante su tiempo en prisión.

Cerdán fue encarcelado el 30 de junio bajo acusaciones de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A lo largo de su tiempo en prisión, sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han solicitado en múltiples ocasiones su liberación, pero estas peticiones fueron rechazadas tanto por el instructor del caso como por la Sala de Apelación.

El exdiputado ha indicado que en los "próximos días" se pronunciará para aclarar su posición y que tiene la intención de "hablar con todos". Sin embargo, no ha proporcionado detalles adicionales ni ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación al abandonar el centro penitenciario.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha indicado que, aunque la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reforzado los indicios de su implicación en delitos graves, la existencia de estos indicios no justifica la continuación de su encarcelamiento.

El magistrado destacó que los resultados de la investigación no solo han confirmado los indicios existentes, sino que también han abierto nuevas líneas de investigación. Sin embargo, el riesgo de destrucción de pruebas, que fue la razón inicial para su prisión, ha disminuido, lo que ha llevado a la decisión de liberarlo.

A pesar de su liberación, Cerdán deberá cumplir con varias medidas cautelares, que incluyen:

Prohibición de salir del país.

Retirada de su pasaporte.

Firma quincenal en sede judicial.

La investigación ha estado en curso durante casi cinco meses, tiempo en el cual la UCO ha logrado obtener información crucial que podría haber estado oculta o de difícil acceso si Cerdán hubiera permanecido en libertad. Esto sugiere que su encarcelamiento fue útil para el avance de la investigación.

El 11 de noviembre, la UCO presentó un informe al magistrado que detalla cómo Cerdán y su entorno familiar se beneficiaron de la empresa Servinabar, supuestamente favorecida por los amaños en la adjudicación de obras públicas. Los beneficios incluyen el cobro de nóminas, alquileres de propiedades y el uso de una tarjeta de crédito.

El informe también analiza la relación de Servinabar, de la cual Cerdán posee el 45%, con la empresa Acciona. Se sospecha que varios contratos de obra pública fueron adjudicados a cambio de comisiones. Según los investigadores, Servinabar recibía un 2% neto de las adjudicaciones que logró a través de Acciona Construcción, lo que representaría al menos el 75,33% de sus ingresos, constituyendo así la relación con Acciona su principal fuente de financiación.

Aún está pendiente que el Instituto Armado entregue al Tribunal Supremo un informe sobre la situación patrimonial de Cerdán, el cual se ha estado elaborando desde junio, cuando el magistrado lo solicitó.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación ante el Tribunal Supremo solicitando penas de prisión y multas significativas para el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en relación con el caso conocido como 'caso Koldo', que involucra una supuesta trama de corrupción vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Fiscalía ha solicitado que se impongan 24 años de prisión a José Luis Ábalos por cinco delitos:

Pertenencia a organización criminal

Cohecho

Tráfico de influencias

Malversación

Uso de información privilegiada

Además, se ha reclamado una multa de 3,9 millones de euros. Esta solicitud se produce tras la propuesta del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de juzgar a Ábalos, al exasesor Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama.

Para Koldo García, la Fiscalía ha solicitado una pena de 19 años y medio de prisión por los mismos delitos que se le atribuyen a Ábalos, así como una multa de 3,9 millones de euros.

La Fiscalía también exige que Ábalos y Koldo García indemnizaran conjuntamente a las empresas Ineco y Tragsatec por un total de 44.978,40 euros. Además, se solicita el decomiso de ganancias derivadas del delito de cohecho, que se estima en al menos 430.298,4 euros.

En cuanto a Víctor de Aldama, el fiscal ha considerado la atenuante de confesión, solicitando una pena de 7 años de prisión por tres delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, así como una multa de 3,8 millones de euros.

La Fiscalía sostiene que la relación entre Ábalos y Koldo García se inició por recomendación de Santos Cerdán, quien sugirió que García fuera contratado como conductor de Ábalos. A partir de 2017, Koldo se convirtió en un colaborador cercano de Ábalos, actuando como su "alter ego" y manejando recursos económicos ilegales en beneficio del exministro.

El empresario Víctor de Aldama se unió a esta trama en 2018, cuando comenzó a recibir encargos de Ábalos a través de Koldo. La Fiscalía argumenta que los tres acusados formaron una organización criminal con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de contratos públicos, utilizando su influencia y conexiones.

La Fiscalía describe cómo la organización operaba de manera estructurada, con roles específicos para cada miembro. De Aldama se encargaba de localizar empresas interesadas en gestionar contratos con la administración, mientras que Koldo y Ábalos se beneficiaban de estas gestiones a cambio de comisiones ilegales.

Entre las irregularidades mencionadas por la Fiscalía se encuentran:

La emisión de salvoconductos durante el estado de alarma para empresarios venezolanos.

La recomendación de Koldo para que De Aldama se reuniera con altos funcionarios del gobierno.

La intervención de Koldo en la venta de mascarillas a Canarias y Baleares.

La Fiscalía destaca que Ábalos recibió un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid, así como pagos mensuales de 10.000 euros de De Aldama a Koldo, que se consideran parte de las comisiones ilícitas obtenidas por el exministro.

Finalmente, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revise las medidas cautelares impuestas a Ábalos y Koldo, que incluyen la prohibición de salir del país, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones y a la solicitud de penas de prisión