Los Ecologistas recuerdan que es zona ZEPA y pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior no ha hecho pública ninguna evaluación oficial de daños, a pesar de que el incendio ha arrasado una amplia superficie de la Zona de Especial Protección para las Aves “Soto de Viñuelas” y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Los colectivos que integran la Plataforma, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura,  advierten que esta opacidad impide conocer el alcance real de la pérdida de biodiversidad, planificar medidas urgentes de restauración y proteger especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro o el búho real. Recuerdan que la Ley de Transparencia y la normativa europea obligan a facilitar información ambiental de forma proactiva y que el silencio administrativo en un caso así es inaceptable y compromete la recuperación del monte de Viñuelas.

Según la delimitación facilitada por Copernicus, el incendio habría calcinado tanto parte de propiedad privada como de titularidad pública, quedando a las puertas del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Comunidad de Madrid  (CRAS). Sin embargo, la Consejería no ha confirmado ni desmentido estos datos ni ha informado de posibles animales muertos, heridos o rescatados.

La Plataforma subraya que, aunque Tres Cantos no figure como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, recomienda que todos los municipios dispongan de un Plan Municipal de Emergencia por Incendios Forestales (PAMIF). Además, la normativa exige Planes de Autoprotección (PAIF) para instalaciones, urbanizaciones y actividades ubicadas en medio forestal o en su perímetro. Tres Cantos no cuenta con ninguno de estos planes, lo que agrava la falta de previsión y responsabilidad institucional.

“La magnitud del desastre y el valor ecológico del monte de Viñuelas hacen intolerable el silencio de las administraciones”, declara la Plataforma. “Exigimos que se publique de inmediato un informe detallado de daños, que se pongan en marcha medidas de restauración y que se investiguen las causas para depurar responsabilidades. Si no se actúa con transparencia y determinación, este incendio no será una tragedia aislada, sino la antesala de nuevos desastres en nuestros espacios naturales protegidos.”

El incendio forestal comenzó el lunes 11 de agosto en Tres Cantos y ha calcinado unas 2.000 hectáreas, afectando a amplias zonas del monte de Viñuelas, en el municipio de Madrid. Según imágenes satelitales y grabaciones aéreas, el fuego también habría alcanzado terrenos del municipio de Alcobendas, incluyendo parcelas del Parque Cementerio La Paz y el paraje Valdelamasilla, todos dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

El Monte de Viñuelas es un encinar adehesado atravesado por arroyos con sotos de fresnos centenarios. Fue incorporado a la Corona en 1751 como parte de El Monte del Pardo. Alberga nueve especies de aves protegidas y, por su alto valor ecológico, fue incluido en 1985 en el Parque Regional y, en 1988, designado como ZEPA “Soto de Viñuelas”, dentro de la Red Natura 2000.

La mayor parte del monte (3.000 hectáreas) es de propiedad privada y 300 ha están declaradas monte de utilidad pública. En esta zona pública se ubica el CRAS, que alberga fauna autóctona y exótica,  las llamas llegaron hasta el límite de sus instalaciones. El terreno privado es un coto de caza con presencia de jabalíes y gamos, y alberga el Castillo de Viñuelas, del siglo XVII, la carpa para celebración de eventos ha quedado calcinada por el incendio.

Desde el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) manifiestan su preocupación por el “asedio forestal y animal” que cada verano arrasa miles de hectáreas en España, con graves consecuencias para la fauna, la flora y las personas. Según estudios, entre el 90 % y el 96 % de los incendios con causa conocida son atribuibles a la acción humana, ya sea de forma intencionada o por negligencia, mientras que solo un 4–10 % tienen origen natural, principalmente rayos en tormentas secas.

A pesar de esta realidad, PACMA denuncia que un porcentaje muy bajo de los responsables acaban identificados y condenados, y que las investigaciones judiciales en los grandes incendios suelen tardar más de cinco años en resolverse. El partido recuerda que las penas por provocar un incendio forestal pueden llegar hasta 20 años de prisión si se pone en peligro la vida humana, además de elevadas multas e indemnizaciones, pero reclama que estas condenas se apliquen con mayor frecuencia y publicidad para disuadir futuros delitos.

La formación política animalista y medioambiental subraya que la lucha contra los incendios "no debe limitarse a la extinción" y reclama incrementar los efectivos y recursos policiales especializados, reforzar la vigilancia en zonas rurales y apostar por la prevención durante todo el año, especialmente en invierno, con trabajos de desbroce, gestión forestal y educación ambiental.

En España, la gestión de la extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas, y muchas de ellas externalizan total o parcialmente el servicio a empresas privadas. Esto significa que una parte importante del presupuesto anual contra incendios se destina a contratos con empresas privadas para medios aéreos, maquinaria pesada y brigadas temporales, mientras que la prevención y la investigación pública pueden estar recibiendo una atención insuficiente.

Instan al Gobierno y a las comunidades autónomas a actuar con contundencia para esclarecer las causas de los grandes incendios, garantizar que las condenas se cumplen y proteger de forma efectiva el patrimonio natural, evitando que cada verano se repita el desastre.

En cuanto a la evolución del fuego, el incendio ha sido finalmente controlado, y la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) ha descendido a nivel 0. Esto fue confirmado por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. A pesar del control del fuego, se han mantenido seis dotaciones de bomberos en la zona para realizar labores de enfriamiento y vigilancia durante varios días posteriores al incidente.

La mejora en la situación del incendio se atribuye a la ausencia de tormentas y fuertes vientos que se produjeron la tarde anterior, lo que facilitó el control del fuego. Novillo expresó su satisfacción con la respuesta de los operativos de emergencia, quienes trabajaron intensamente para mitigar los efectos del incendio.

El incendio ha afectado principalmente a áreas de pasto y matorral, dejando muchas zonas interiores sin quemar, lo que sugiere que una parte significativa de la vegetación arbórea podría sobrevivir. Aunque se reportaron daños considerables, se espera que la superficie afectada de 2.000 hectáreas pueda ser revisada y posiblemente reducirse tras un análisis más detallado.

Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los incendios de Tres Cantos y León. Novillo destacó el trabajo impresionante de todos los operativos involucrados y agradeció la colaboración entre la Comunidad de Madrid, la Administración General y los ayuntamientos.

La desescalada de recursos comenzó la tarde del 12 de agosto, con la desactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la reducción de las dotaciones de bomberos y brigadas forestales. A pesar de la disminución de recursos, los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, junto con la Policía Judicial de la Guardia Civil y Seprona, continúan investigando las causas del incendio.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, realizó un llamado a la acción en relación con la prevención y gestión de incendios forestales en la región. Francisco Martín enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y gestión forestal a lo largo del año. Destacó que es crucial ofrecer servicios públicos adecuados que estén alineados con la responsabilidad que conllevan las acciones de prevención y extinción de incendios. Este enfoque no solo se limita a la respuesta inmediata ante incendios, sino que debe ser una estrategia continua que se mantenga durante todo el año.

El delegado subrayó que el riesgo de incendios forestales es una realidad constante y que es fundamental actuar con anticipación. La prevención debe ser un pilar en la gestión de incendios, y se deben implementar medidas eficaces para la extinción. Martín instó a todas las comunidades autónomas a asumir su responsabilidad en la prevención extinción y gestión forestal en sus respectivos territorios.

El incendio en Tres Cantos, que había sido motivo de preocupación, fue declarado controlado. Sin embargo, Francisco Martín advirtió que las labores de vigilancia y enfriamiento en el área afectada continuarían. Esto es vital para evitar cualquier reactivación del fuego en las zonas ya quemadas.

El delegado del Gobierno también hizo un llamado a la población para que extremara la precaución, las indicaciones de los medios oficiales y de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en caso de que se produjeran nuevos incendios. La seguridad de los ciudadanos es una prioridad, y se deben tomar medidas proactivas para minimizar los riesgos.

Martín expresó su agradecimiento a los servidores públicos de las tres administraciones, reconociendo su "trabajo extraordinario" en las labores de extinción del incendio. Este reconocimiento es importante, ya que resalta la colaboración y el esfuerzo conjunto de diferentes entidades en la gestión de emergencias.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, realizó una declaración pública en la que abordó la situación de los bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes se encuentran en huelga debido a un convenio que ha estado caducado desde 2008. Su intervención se produce en un contexto de incendios recientes que han afectado a la región, destacando la labor de los bomberos a pesar de las adversidades.

Bergerot enfatizó que los bomberos están realizando su trabajo de manera efectiva, protegiendo vidas, a pesar de las condiciones laborales precarias. Criticó los salarios que perciben, que rondan los 1.300 euros al mes, y la falta de cobertura en más de 30 plazas, lo que agrava la situación de los servicios de emergencia.

La portavoz sugirió que, en lugar de despedir a los bomberos forestales al finalizar la temporada de verano, sería más beneficioso mantenerlos contratados durante todo el año. Argumentó que existe una necesidad constante de trabajo de prevención para mitigar el riesgo de incendios.

Bergerot criticó la postura del Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, quien, según ella, prefiere culpar a los bomberos por los incendios en lugar de garantizar condiciones laborales dignas y recursos adecuados para la prevención. Esta falta de acción política se traduce en un aumento de hectáreas quemadas, mayor peligro y más vidas en riesgo.

La diputada propuso la implementación de un plan de limpieza y prevención en las áreas donde el monte se encuentra con las viviendas, sugiriendo que esta tarea debe ser coordinada por los ayuntamientos para asegurar una respuesta efectiva y organizada.

Bergerot enumeró varias medidas que considera sencillas y eficaces para mejorar la prevención de incendios en la Comunidad de Madrid:

Creación de Cortafuegos: Establecer cortafuegos en zonas críticas para detener la propagación del fuego.

Podas y Limpiezas Periódicas: Realizar podas y limpiezas regulares en áreas susceptibles a incendios.

Limpieza alrededor de Infraestructuras Clave: Asegurar que las infraestructuras vitales estén libres de material inflamable.

Sustitución de Especies Inflamables: Reemplazar árboles y plantas inflamables por especies autóctonas que sean menos propensas a propagar el fuego.

Las organizaciones Fundación Salvando Peludos, Fundación Animal Guardians y Animales con Derechos denunciaron que no existen protocolos adecuados para el rescate y atención de animales en situaciones de emergencia. Esta situación es especialmente crítica dado el impacto del incendio en la fauna local, y las organizaciones han exigido la inclusión urgente de medidas de protección animal en los planes de emergencia existentes.

Un equipo de voluntarios, liderado por Fernando Sánchez, se dirigió al lugar del incendio con veterinarios que atendieron entre 80 y 100 animales. Sin embargo, la mayoría de los casos requirieron eutanasia humanitaria debido a sufrimientos irreversibles. Durante la intervención, se solicitó a los propietarios de las explotaciones que retiraran los cadáveres de los animales eutanasiados, pero las autoridades consideraron que esta acción no era prioritaria.

Los representantes de las organizaciones han criticado que algunos ganaderos se centraron en el impacto económico del incendio en lugar de en el bienestar de los animales. Fernando Sánchez enfatizó que los animales son seres sintientes, y que es crucial que se implementen protocolos de rescate para ellos, en cumplimiento de la ley.

Las organizaciones recordaron que la Ley 7/2023, en su artículo 21, establece que los planes de protección civil deben incluir medidas para la protección de los animales. Sin embargo, actualmente no existen tales protocolos en la Comunidad de Madrid, lo que representa un incumplimiento legal y ético. Lola García, abogada de Animales con Derechos, subrayó la urgencia de cumplir con esta ley.

Marta Esteban Miñano, presidenta de la Fundación Animal Guardians, destacó que la falta de protocolos no solo afecta a los animales, sino también a las personas que intentan rescatarlos, como fue el caso de un hombre que falleció mientras intentaba salvar caballos en una hípica. La ausencia de un protocolo adecuado puede llevar a situaciones de improvisación que ponen en riesgo vidas.

Los equipos que llegaron al lugar del incendio notaron una falta de coordinación y tensión debido a la ausencia de un protocolo autonómico de emergencia para animales. Veterinarios voluntarios informaron que muchas ovejas murieron intentando escapar del fuego, y que una intervención adecuada podría haber permitido salvar a algunos de estos animales.

Las organizaciones también denunciaron la difusión de videos en los que personas se reían en lugar de ayudar a los animales en peligro. Cristina Marcos, portavoz de Animales con Derechos, cuestionó la falta de empatía y sugirió que este tipo de comportamiento debería ser considerado un delito de omisión de socorro.

Las organizaciones exigen la creación y activación inmediata de un Protocolo Autonómico de Protección Animal en Emergencias, que debe estar integrado en los planes PLATERCAM e INFOMA. Este protocolo debería contar con recursos reales para su implementación y formación adecuada para todos los actores involucrados, incluyendo servicios de emergencia y entidades de protección animal.

Se requieren mecanismos claros para la apertura y evacuación de recintos donde se encuentren animales, así como la gestión responsable de los cadáveres para proteger a la fauna carroñera y evitar riesgos sanitarios y ambientales. Finalmente, las organizaciones han solicitado una revisión de la normativa para sancionar la inacción frente a animales en peligro y, si es necesario, impulsar reformas que tipifiquen la omisión de auxilio a animales en situaciones de emergencia.