Tomaron las calles de Madrid este sábado

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma de enorme transcendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos.

El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación, algo que se producirá durante el mes de marzo. Nadie entiende las prisas del Gobierno regional en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos. Apenas han pasado dos meses desde que el ejecutivo hiciera público el anteproyecto de la ley y a pesar de las peticiones de la sociedad civil, con el argumento de una urgencia que no ha justificado en ningún momento, tan solo dejó siete días hábiles, entre la Noche Buena y la Noche Vieja, para presentar sugerencias y alegaciones.

Los colectivos sociales consideran muy grave que las más de 600 alegaciones ciudadanas y solicitudes de paralización de la Ley que se presentaron no formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. Es una vuelta de tuerca más en la opacidad con la que se está tramitando esta nueva norma.

La Ley Ómnibus está a punto de ser aprobada. Por eso, las entidades convocantes de la marcha del sábado, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un grito multitudinario de protesta. Una norma tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social.

Recordamos que la Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y  urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales, Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte. Y, tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la “red de viviendas públicas o de integración” como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.

En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone para los mismos fines de su Junta Central de Compras. En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Agencia podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias.

En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte de la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.

Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio. Además, permite que los vehículos con distintivo ambiental C, es decir, los más contaminantes, sigan circulando por vías urbanas hasta 2027, algo que Madrid Central no permitía.

Por otro lado, presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la RMI, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Esto es solo un botón de muestra de lo que supondrá la nueva ley. Razones suficientes para tratar de pararla con todas nuestras fuerzas. Porque arrasa nuestros servicios públicos, nuestros servicios y nuestras ciudades y pueblos, decimos No a la Ley Ómnibus. ¡Movilízate!

Alfredo Villafranca, Secretario de Política Sectorial e Industrial de CCOO de Madrid, asegura que “con el falso pretexto de pretender facilitar trámites administrativos, lo que hace este anteproyecto de ley es liberalizar más el suelo con fines especulativos. Va en contra del interés de común de las madrileñas y madrileños y beneficia a importantes promotores y terratenientes privados”.

La eliminación de autorizaciones y controles preceptivos, permitirán la puesta en marcha de proyectos que actualmente están expresamente prohibidos por ley.

Las entidades privadas podrán otorgar licencias urbanísticas o verificar usos de suelos, lo que les convierte en juez y parte de unas actuaciones que nunca irán en contra de sus intereses.

Otro extremo de máxima gravedad para CCOO de Madrid es que el anteproyecto pretende sustituir las concesiones administrativas, que velan por que se cumpla la ley, por meras “declaraciones responsables” de las constructoras, como requisito para iniciar una obra.

Posibilitará desarrollar proyectos urbanísticos en zonas no urbanizables, además de permitir a promotores privados la expropiación de suelo, una potestad, hasta ahora, exclusivamente pública.

Se elimina el requisito para que cualquier edificación en terreno no urbanizable se pueda convertir en hotel rural o similar.

Con esta ley desaparecerá una de las bases del ordenamiento urbanístico, la obligación del promotor de ceder suelo a los ayuntamientos para la construcción de infraestructuras sociales como parques, centros escolares, guarderías, hospitales, centros de salud. Se deja en manos del promotor la opción de cambiar la cesión por el pago del suelo.

A juicio de Alfredo Villafranca esta ley “deja en manos del inversor privado la capacidad de llevar a cabo cualquier proyecto urbanístico en cualquier lugar. Pura especulación urbanística que supone un claro perjuicio para la ciudadanía madrileña en beneficio de los intereses de muy pocos”.

Desde CCOO de Madrid seguimos trabajando para sumar fuerzas políticas y sociales que permitan evitar la aprobación de una ley que supondría un claro retroceso de las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora madrileña.