La alianza contra la pobreza energética vuelve a pedir el retorno de la luz a la Cañada Real

Como cada año, desde 2007, el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social para apoyar y promover el trabajo conjunto de la comunidad internacional para erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social de toda la ciudadanía.

La consecución de estos objetivos está condicionada por la existencia y fortaleza de los sistemas públicos de protección social, como la educación, sanidad, pensiones y servicios sociales.

En la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, sufrimos sin embargo un retroceso en el bienestar de la ciudadanía y cada vez más desigualdad y menos justicia social. El gobierno regional del Partido Popular continúa con la estrategia de desprestigio e inexorable deterioro de los servicios públicos de protección social para justificar su posterior privatización.

La sanidad es un claro ejemplo de ello, una atención primaria al borde del colapso por la falta de recursos, con sus servicios de urgencia de atención primaria cerrados desde hace 2 años, las listas de espera hospitalarias en máximos históricos, la salud pública y la salud mental absolutamente olvidadas… y sin perspectivas de solución.

La escuela pública convertida en un arma arrojadiza contra el gobierno del Estado para evitar la aplicación de la Lomloe (Ley Estatal de Educación), un incremento continuo de las plazas concertadas en detrimento de las públicas, escasez de estas para los ciclos formativos de formación profesional, mientras se ponen en marcha iniciativas, como el cheque escolar, que solo favorecen a las personas con más recursos económicos.

Unos servicios sociales, que siendo una herramienta básica de cohesión social para la contención de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, están en una alarmante situación, mermados en recursos humanos, prácticamente privatizados en su totalidad y con una escasa dotación presupuestaria que no llega a dar cobertura al cerca de millón y medio de personas pobres y/o en riesgo de exclusión social que hay en la región.

Este año CCOO de Madrid quiere denunciar especialmente el grave desamparo e indefensión que sufren 4.500 vecinas y vecinos de los Sectores 5 y 6 de La Cañada Real, entre los que se encuentran 1.800 niñas y niños, que llevan más de 500 días y 500 noches sin suministro eléctrico. Una injusticia social intolerable, cargada de violencia institucional, que con frío y oscuridad pone en peligro sus vidas, y que sucede ante la lamentable pasividad de Markel Gorbea, Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana y del resto de administraciones públicas.

El sindicato urge a los gobiernos regional y municipal que den cumplimiento tanto al Artículo 47 de la CE, que reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada, como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo para impulsar, a la mayor brevedad, las acciones que resulten precisas para que se puedan realizar los contratos necesarios, se restablezca el suministro eléctrico a la Cañada Real y se ponga en marcha una mesa de seguimiento de las acciones dirigidas a la inclusión y mejora de las condiciones de vida en esta zona de Madrid.

En este sentido, CCOO de Madrid hace un llamamiento a la afiliación y a la ciudadanía a unirse a la concentración que tendrá lugar en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno Regional, el próximo domingo, 20 de febrero, a las 10 h, convocada por la Plataforma Cívica de apoyo a la Luz en Cañada Real, de la que forma parte.

El lunes 21, junto con Marea Naranja y Alianza Social, presentaremos un manifiesto en la Asamblea de Madrid con propuestas de mejora para el Sistema Público de Servicios Sociales.

CCOO de Madrid le vuelve a recordar al gobierno de la Comunidad de Madrid que la gestión de los mecanismos de protección y acceso al bienestar social de la ciudadanía, debe estar basada en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas e inclusión. Obligaciones que parecen haber olvidado hace tiempo.

En España más 6,8 millones de personas (el 15 % de la población) declararon tener dificultad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o retrasos en el pago de las facturas de energía, y 900.000 personas (el 2% de la población) dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica por dificultades económicas.

En la Comunidad de Madrid 1,4 millones de personas son pobres y se encuentran en riesgo de exclusión social. De ellas, más de 467.000 sufren carencia material severa. Además, el 10,8% de los hogares, por encima de los 283.000, no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, afectando por tanto esta última carencia a más de 700.000 personas en la región.

Las personas incapaces de mantener unas condiciones interiores de confort en su vivienda son más vulnerables en lo que se refiere a ciertas enfermedades y afecciones, especialmente algunos grupos como los mayores de 65 años, los menores de 15 años, las mujeres embarazadas y las personas con algún tipo de discapacidad.

La pobreza energética también sabe de desigualdad de género. La precariedad en los servicios básicos afecta en mayor medida a quien vive más ligado a las actividades de cuidados y de hogar que son, hoy por hoy, mayoritariamente las mujeres. Los colectivos más vulnerables son las familias monomarentales, las mujeres jubiladas y las que se dedican a tareas domésticas, las trabajadoras del sector del servicio doméstico y las mujeres migrantes.

Ante estos datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética, reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental es urgente.

Tal derecho parte de la consideración de la energía como un bien común y un servicio esencial para la vida, no una mercancía, cuyos titulares son los individuos y los grupos. Se trata de un derecho que gira en torno a la solidaridad, nuestras decisiones pueden afectar a otros y otras en el presente, y que sin duda también afectarán a las generaciones futuras. Dicho derecho humano es compatible con un sistema político en el que los poderes públicos den cabida y se nutran de la participación de una sociedad informada y organizada como verdadera protagonista del cambio.

El agotamiento de los recursos fósiles, el escenario de crecimiento de consumo energético, la alta dependencia del exterior, el cambio climático y el gran aumento de la pobreza energética en los últimos años, nos hace configurarlo necesariamente como un derecho humano a una energía asequible, renovable o sostenible, fiable y moderna para todas y todos.

Para CCOO de Madrid, la pobreza energética tiene solución el derecho a la energía.

El sindicato anima a que toda su afiliación en especial y la ciudadanía en general a que se movilice para terminar con situaciones como la de la Cañada Real, que lleva 500 días sin energía eléctrica con más de 1.800 niños en situación insostenible y más de 4.000 personas en condiciones infrahumanas.

CCOO de Madrid llama a participar en los actos convocados:

Sábado, 19 de febrero, a las 18 horas, programa especial Pobreza Energética de Radio Vallekas.

Domingo, 20 de febrero, de 10 a 12 horas, en la Puerta del Sol, concentración de la Plataforma Cívica de luz para La Cañada Real, uniéndose a la convocada por la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada, en la plaza de la Provincia). A las 12 horas, acto final y concentración de la Plataforma contra la pobreza energética