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09
Oct
2021
Los pensionistas vuelven a concentrarse este lunes PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CCOO MadridAplauden la subida prevista en los Presupuestos, pero piden el blindaje de las pensiones

El próximo lunes 11 de octubre se celebran concentraciones en más de 30 capitales por cuarta semana consecutiva. En Madrid será en la Puerta del Sol, donde 40 organizaciones de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se reúnen para exigir el blindaje de las pensiones en la Constitución. Tras la aprobación de los presupuestos en el Consejo de Ministros, la MERP ha aplaudido la subida de las pensiones que será del 2% y del 3% las mínimas para el 2022. “Toda subida, toda mejora, cada euro que reciban los pensionistas es bien recibido, y más en la difícil situación en la que estamos”, pero según los portavoces de la plataforma “lo que necesitan las pensiones públicas es un candado constitucional que prohíba la privatización de las pensiones de forma explícita y la pérdida de poder adquisitivo”.

Como cada lunes desde hace un mes, las organizaciones de la MERP acudirán este 11 de octubre a la Puerta del Sol para realizar su “bastonada”. Con decenas de gayatos, quienes asisten a la concentración llaman a la unidad por el blindaje constitucional de las pensiones golpeando el suelo y haciendo resonar como un redoble sus bastones, como símbolo de la vejez y defensa de las pensiones.

La MERP tiene como símbolo de su reivindicación un candado, con el que representan la protección más alta ue puede recibir un derecho en nuestra legislación. Pero los bastones son ya “un elemento de respeto hacia quienes son lo más valioso de nuestra sociedad y quienes representan el esfuerzo individual y colectivo, tanto la solidaridad como toda una vida de trabajo que debe ser recompensada con tranquilidad, estabilidad y bienestar”.

Según la MERP, “pronto las bastonadas van a convertirse en un símbolo de unidad por el blindaje constitucional de las pensiones, y llamamos a madrileños y madrileñas de todos los rincones de la comunidad, y a todo el que quiera desde cualquier punto del país, a unirse a las concentraciones y a las “bastonadas”…. tenemos bastones para todo el mundo”

El 1 de octubre se conmemoraba el Día internacional de las personas mayores y con tal motivo, CCOO y UGT han convocado una concentración ante el Congreso de los Diputados, en cuyo Registro han entregado un manifiesto con las reivindicaciones del colectivo de pensionistas y jubilados.

Algunas de ellas son unos servicios sociales, sanitarios y de dependencia públicos y de calidad; unas pensiones dignas y suficientes para todas las personas; y una atención bancaria a las personas mayores

En la concentración ha participado la secretaria de Política Institucional de CCOO de Madrid, Paloma Vega, que ha reclamado políticas públicas para ayudar a las personas cuando más lo necesitan, algo de lo que carece la Comunidad de Madrid, que tiene “abandonados” a “miles” de personas mayores. Vega ha denunciado la “especial gravedad” de la situación de los espacios de protección social en la región madrileña.

Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical de CCOO, Carlos Bravo, ha criticado que el diálogo social sobre pensiones lleve un mes parado, y ha rechazado “improvisación” de las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que generan “confusión e inquietud” entre la ciudadanía. Bravo, que ha querido dejar claro que no va a haber jubilación a los 75 años, espera que los próximos Presupuestos garanticen el incremento en su cuantía de las pensiones pactado en el acuerdo de junio, un acuerdo “muy importante” que tiene que ser el camino a seguir.

Finalmente, el secretario general de la Federación estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Vicente Llamazares, ha hecho hincapié en las condiciones de vida de las personas mayores, alertando de la situación de la pobreza energética y reclamando soluciones más allá del importe de las facturas, como el desarrollo de energías alternativas y sostenibles”. Llamazares ha denunciado que en un país como España, con una población mayor de 65 años del 17%, apenas haya mil geriátricos, lo que calificado como “escalofriante”.

MANIFIESTO

Hace 30 años, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106 designó el 1º de octubre como el día Internacional de las Personas de Edad, fecha que hemos celebrado y reivindicado ambos sindicatos, CCOO y UGT, para obtener la visibilidad necesaria y destacar las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad y para crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y los desafíos del envejecimiento activo en nuestro mundo.

Nuestro recuerdo inicial en este 1º de Octubre es para los miles de personas fallecidas por la acción asesina del virus que ha asolado a nuestra sociedad y nuestro abrazo solidario a sus familias. La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un desastroso impacto que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado, realizando políticas de prevención y desarrollando planes de acción para salvaguardarlas. Seguimos planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido en nuestro colectivo durante la pandemia y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el brutal resultado provocado por la inacción o acción errónea política y sanitaria durante la pandemia en este ámbito.

Pese a la dificultad evidente de gestión de una pandemia de estas características, hasta la puesta en marcha de un proceso de vacunación que parece haber permitido controlar la misma, la gestión y capacidad preventiva en las residencias de mayores han resultado claramente insuficientes para abordar una crisis de esta dimensión y naturaleza.

Las personas mayores contribuimos desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social de la nación, pero a pesar de ello, seguimos siendo discriminadas y excluidas de la sociedad, como esta pandemia ha vuelto a demostrar. Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible.

En el contexto de crisis sanitaria actual, la vida de las personas mayores y la calidad con la que la viven está condicionada, por un lado a que se aseguren y fortalezcan servicios públicos de calidad, capaces de mantener las medidas de higiene, atención y prevención necesarias. Por otro, a que generemos espacios de convivencia capaces de primar las necesidades sociales en condiciones de seguridad, como ciudades más peatonales y ciclables o redes de apoyo a las personas vulnerables.

Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, pues en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8 millones de personas tienen serias dificultades o, directamente, no tienen la posibilidad de salir de sus casas.

En cuanto a la atención a domicilio, hay que identificar a las personas con mayores necesidades de atención y priorizar las atenciones consideradas imprescindibles en cada caso para así poder reorganizar los recursos. Se emplaza a que sean los y las asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales o administraciones locales, quienes en el marco de una adecuada coordinación sociosanitaria, bajo la dirección de los servicios públicos de salud, valoren las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas que actualmente prestan estos servicios.

El hecho de que las personas mayores sean vulnerables, no implica ni mucho menos que con ello hayan perdido salud o capacidades. Los hombres y las mujeres que superan los 65 años siguen siendo personas que aún tienen expectativas de vivir décadas. Por ello debemos pública y colectivamente asumir el desafío de que sus vidas sean saludables y activas.

Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Además, son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones, para ello el último acuerdo es muy importante pues se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25%, se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional, el Estado asume los mal denominados gastos impropios de la Seguridad Social, dando un nuevo y decisivo paso en la separación de fuentes de financiación que se viene construyendo desde 1995, (dando cumplimiento de la forma más adecuada al sistema de financiación previsto en el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, principalmente a través de ingresos por cotizaciones y transferencias presupuestarias, que no préstamos) y se compromete a garantizar el sistema público de pensiones, al incluirse en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los PGE por alrededor de un 2% del PIB, que supone 22.000 millones de euros en cifras de 2021, lo que representa una gran mejora en los ingresos del sistema y por lo tanto de la sostenibilidad de las pensiones.

Durante años, sucesivos gobiernos han financiado con cargo a cotizaciones otras políticas de gasto, detrayendo durante la crisis anterior, de forma acelerada y por cuantías superiores a las previstas inicialmente en la Ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los fondos acumulados en el mismo.

El propio Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 103.690 millones de euros, lo que ha estimado financiación con cargo a cotizaciones de otras políticas que debieron ser financiadas presupuestariamente.

El acuerdo de pensiones recientemente alcanzado, refuerza esta línea de necesaria transparencia y rigor en el cumplimiento del principio de separación de fuentes que aún tenía muchas excepciones en su aplicación.

En este aspecto, resulta conveniente, conocer y tener en cuenta a la hora de abordar el futuro de la Seguridad Social, en el marco de la solidaridad intergeneracional, las aportaciones realizadas históricamente por las cotizaciones durante las últimas décadas y el destino real de las mismas, completar y mantener actualizado el proceso de separación de fuentes y clarificación de su utilización mediante su estudio y análisis por parte de la Seguridad Social, Con ello se refuerza también la transparencia en la gestión de la Seguridad Social, facilitando a los trabajadores y trabajadoras, de un lado, y al conjunto de la sociedad, de otro, el mejor conocimiento del destino de sus cotizaciones e impuestos, respectivamente, en la financiación de la Seguridad Social. Cotizaciones que son y serán la principal fuente de financiación del sistema y financiación presupuestaria que, con importancia creciente durante los próximos años, deben permitir financiar adecuadamente el sistema de pensiones durante las décadas en que va a tener que afrontar necesidades más elevadas.

No se trata solo de una exigencia democrática y de transparencia elemental, sino también de combatir las campañas interesadas en dar la falaz imagen de una Seguridad Social en bancarrota, endeudada y sin recursos suficientes, y al mismo tiempo defender que el sistema de reparto en el que se basa nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible, y más cuando no se le endosan –como en el pasado- gastos indebidos, y es además el único que puede garantizar y blindar el futuro de las mismas.

Resaltamos que la desigualdad laboral se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Antes de la crisis, ya se podía observar que las condiciones laborales y los distintos niveles de corresponsabilidad social afectan a la cuantía de las futuras pensiones y mantienen la desigualdad en el acceso y determinación de las mismas. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, deben tener un papel protagonista para evitar la brecha existente.

Por todo ello hoy día 1 de octubre, las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y de CCOO reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos, lo siguiente:

1.-El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos, el 7,2% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años. Ese incremento en la financiación debe aparejar el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total del gasto sanitario, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

2.-Que se siga protegiendo a las personas mayores del COVID19, para ello hay que considerar tres situaciones: Personas mayores autónomas, personas que requieren ayuda a domicilio, y personas residentes en centros de mayores. El primero de los casos requiere aislamiento y prevención primaria, pero los otros dos casos, precisan de una apuesta por el establecimiento de criterios comunes estatales amparando los derechos de atención a la dependencia y la salud pública, con una cooperación interadministrativa, con criterios claros de actuación, que deberán aplicar las administraciones competentes

3.-Se necesita más capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia ante la crisis sanitaria, pues ha resultado manifiestamente débil. Hay que recuperar la financiación estatal, insistiendo en la línea del reciente acuerdo en el marco del Diálogo Social para poner en marcha un Plan de Choque para culminar la implantación del Sistema de Atención a las personas Dependientes. Desde el 2012, el desarrollo del sistema se ha ido asentando sobre una fragilidad que se ha hecho patente los últimos años. Potenciar el sistema sobre el eje crucial de la calidad es clave para afrontar los retos demográficos que están por venir. Hay que hacer más hincapié en la relevancia de reorganizar los centros de atención a las personas dependientes adecuando sus recursos y espacios en función del grado de dependencia.

4.-Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, en demasiadas ocasiones, a convertirnos en sustentadoras principales, de las siguientes generaciones, pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

5.-Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida. Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.

En nuestro colectivo, las personas mayores, de forma compatible con la valoración positiva de nuestro sistema de pensiones contributivas, el margen de mejora de las pensiones en colectivos significativos, es muy evidente.

Un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa (60% de la mediana de ingresos), más de un 28% si le sumamos las pensiones no contributivas.

Incluso un 8,19% de las pensiones están por debajo del nivel de pobreza severa (30% de la mediana de ingresos).

Por todo ello, nuestra reivindicación de incremento de las pensiones más bajas, es una cuestión esencial.

Precisamente, enmarcado en términos de pobreza, el Acuerdo recién firmado por ambas organizaciones, ha supuesto poner freno a una sangría continua de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, consiguiendo frenar esa caída en picado al restablecer el IPC como índice revalorizador de las pensiones y asegurando el nulo efecto de una inflación negativa. Así como la desaparición del Factor de Sostenibilidad que actuaba como una auténtica espada de Damocles, que pretendía rebajar las pensiones de manera creciente, en un 9% para las personas que actualmente tienen 50 años, hasta un 25% para las más jóvenes, hoy en torno a los 20-25 años, para continuar aumentando el recorte incluso después, dejando a los futuros pensionistas en una situación límite, en el momento más vulnerable de sus vidas.

6.-Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio.

7.-Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

8.-Nos seguiremos movilizando contra la pobreza energética, pues el precio de la luz es desorbitado. Por ello deberían implantarse medidas específicas para la población más vulnerable, tales como:

  • · Desarrollar programas para la población, que por encontrarse en situación de pobreza energética, no puede acometer ninguna medida de eficiencia energética y necesita que las administraciones públicas (Gobierno Central, gobiernos autonómicos y municipales) financien dichas actuaciones.

  • · Ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables.

  • · Extender el plazo de moratoria a los cortes de luz para la población vulnerable.

  • · Aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.

Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados, de CCOO y de UGT, nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo, llamando y concurriendo con el conjunto de la sociedad a participar de estas movilizaciones.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, han presentado el II Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2021-2023 en el Palacio de Cibeles, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad.

Villacís ha destacado del nuevo plan que “es mucho más ambicioso que el anterior, ya que recoge un total de 239 actuaciones, un 65 % más” que el plan de 2017-2019 y “está dotado con 907 millones de euros”. Durante su intervención, la vicealcaldesa ha puesto en valor la colaboración de las áreas de Gobierno, “ya que este es un plan que atraviesa a todo el Ayuntamiento, al igual que la vida de los mayores se desarrolla en todos los ámbitos de la ciudad”. Además, ha explicado que este proyecto tiene como objetivo “que la sociedad reconozca el verdadero valor de las personas mayores”.

Por su parte, Aniorte ha destacado la participación de las propias personas mayores en la elaboración del plan a través del Consejo Sectorial y el trabajo de la Dirección General de Mayores.

Entre las actuaciones más relevantes, el delegado del área social ha resaltado la Estrategia contra la soledad no deseada desarrollada en colaboración con Madrid Salud y el nuevo contrato para familias cuidadoras “que entra en vigor precisamente hoy, 1 de octubre, Día de las Personas de Edad”. El programa Cuidar a quienes cuidan “multiplica por seis el anterior y permitirá realizar 12.000 visitas a los domicilios de los familiares que se hacen cargo de dependientes, la mayoría personas mayores”.

El Plan 2021-2023 se articula en torno a la participación de las personas mayores, el mantenimiento de su autonomía el mayor tiempo posible y la mejora del medio físico en el que transcurre la vida en la ciudad. De esta manera, toma como punto de partida la mejora de los espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, así como respeto e inclusión social, participación social, además de comunicación e información y empleo.

El Ayuntamiento de Madrid es miembro activo desde 2014 de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa se basa en la premisa de que una ciudad amigable es aquella que facilita que sus ciudadanos envejezcan de forma activa y que puedan participar en todos los ámbitos de la vida social.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó el 25 de febrero de 2020 desarrollar el II Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Mayores para dar continuidad al anterior con un enfoque transversal de todas las áreas de Gobierno municipales. Para su realización, la Dirección General de Mayores del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha articulado la participación de diferentes comisiones técnicas con representantes de todo el Ayuntamiento y grupos de trabajo para evaluar el funcionamiento del plan anterior y establecer nuevas áreas de mejora.

La Comunidad de Madrid ha programado 344 cursos y actividades con el objetivo de promover los hábitos saludables y la vida autónoma de los usuarios de los 32 centros de mayores gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Así lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, durante su visita a uno de estos recintos, ubicado en el barrio madrileño de Usera, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

La consejera ha recorrido las instalaciones y ha participado en alguna de las actividades organizadas para conmemorar esta jornada, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que este año tiene como lema Equidad digital para todas las edades, para poner el foco en la necesidad de que los mayores tengan acceso y preparación en el uso de las nuevas herramientas digitales.

Los cursos y talleres, que se van a desarrollar entre octubre y el próximo mes de junio, suman más de 96.000 horas de actividades, y “van a convertir los centros de mayores en algo más que centros de ocio y relaciones sociales, impulsando iniciativas que contribuyan al cuidado individualizado de los usuarios, la adquisición de hábitos saludables y el desarrollo de actividades terapéuticas que favorezcan la prevención de la dependencia y la vida autónoma”, ha subrayado la consejera.

Las actividades programadas buscan ofrecer un mayor nivel de bienestar y calidad de vida mediante la conservación de la capacidad física, cognitiva, funcional y social de los usuarios. Así, además de las habituales actividades artísticas (talleres de dibujo, baile…) y culturales (como visitas a museos), se realizarán cursos de actividades físico-preventivas y de promoción de la salud como aeróbic, taichí, gimnasia adaptada, memoria o musicoterapia; así como para el mantenimiento de una vida autónoma, desarrollo personal y habilidades manuales y artesanales, entre ellos alfabetización, corte y confección, cerámica o marquetería.

A esta oferta hay que sumar también la progresiva recuperación a lo largo de este mes de octubre de servicios como peluquería o podología, muy demandados por los casi 424.000 socios de los centros de la AMAS, que encuentran en estas instalaciones un lugar en el que reforzar sus relaciones sociales, evitar la vida sedentaria y la soledad y participar en diferentes actividades individuales o de grupo.

Los 32 centros de la AMAS forman parte de los 213 centros de mayores que desarrollan su actividad en la región, la inmensa mayoría de ellos gestionados por los distintos ayuntamientos. Todos ellos permanecieron cerrados desde el 6 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2021 para prevenir la expansión del virus. Desde entonces, y siempre siguiendo las directrices establecidas por la Consejería de Sanidad, ha ido recuperando paulatinamente su actividad.

La Comunidad de Madrid elimina a partir de este lunes, 4 de octubre, las limitaciones de número y duración de los encuentros de los usuarios en las residencias de mayores con sus seres queridos y, con ello, devuelve esta actividad a la situación existente antes de la pandemia por COVID-19.

Con motivo de la publicación de la nueva Guía de Medidas en Centros Residenciales para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo; y el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Juan José García Ferrer, han visitado el Centro San Camilo (Lares Madrid) para ver, de primera mano, el trato, el cuidado y el cariño que los centros sociosanitarios dan a residentes y familiares.

La actualización del protocolo sobre salidas y visitas de familiares a estos centros, elaborado por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, actualiza las medidas incluidas en la guía vigente desde el pasado 4 de agosto. La mayor novedad es la eliminación del límite en el número de visitas y la duración de las mismas.

Los residentes vacunados podrán seguir recibiendo a sus seres queridos en sus habitaciones, y los centros deberán facilitar a los familiares la estancia en distintas zonas comunes para realizar las visitas, tal y como sucedía antes de la pandemia. Como norma general, se establece un aforo máximo que consiste en un tercio de la capacidad habitual del recinto dedicado a facilitar estos encuentros. Y además, se permite el contacto físico, como cogerse las manos (siempre siguiendo los protocolos de lavado de manos), y los abrazos breves entre personas completamente vacunadas y sin contacto cara a cara. En todo momento, se exige que los visitantes lleven la mascarilla y mantengan la distancia de seguridad con otros residentes y sus familiares, y con el personal del centro.

En otro orden de cosas, se mantienen las medidas organizativas y de control que permitan conjugar el derecho de los mayores a recibir estas visitas con la seguridad de los residentes y empleados. Así, los centros deberán mantener un registro de las visitas, que seguirán limitadas a dos personas por residente o tres en caso de que alguno de los familiares que acuden tenga dificultades de movilidad. Se recomienda también que no acudan menores o personas que aún no tengan completa la pauta de vacunación, y no se permitirá el acceso a visitantes que hayan tenido contacto estrecho con positivos o tengan síntomas, aunque estén vacunados.

Si alguna residencia tuviera que suspender las visitas, salidas e ingresos debido a un brote, estas deberán facilitar a los residentes los medios para comunicarse a diario con sus familiares. La actualización del protocolo mantiene la recomendación de que tanto los usuarios como los trabajadores que vuelvan a las instalaciones tras un periodo vacacional, aporten una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a su regreso o bien un test de antígenos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración de dos contratos de servicios para la gestión de centros de atención especializada a personas mayores dependientes ubicados en Madrid capital y en San Sebastián de los Reyes. El importe conjunto de ambos, que se licitarán por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tendrán una duración de tres años, asciende a 24.871.805 euros.

Con esta cantidad se asegura el funcionamiento de las 480 plazas de estos centros, ambos propiedad de la Comunidad de Madrid, que ofrecen servicios de atención residencial, centro de día y plazas en pisos tutelados a personas dependientes mayores de 60 años, aunque en los casos de personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer la edad de acceso se reduce a 55 años.

El primero de estos contratos, que sale a licitación por un importe de 13.646.288 euros, corresponde a un centro ubicado en Usera (Madrid) que cuenta con un total de 300 plazas. De ellas, 160 corresponden a residencia, 40 al centro de día y las 100 restantes a pisos tutelados. Por su parte, el segundo contrato, que tiene un importe de 11.225.517 euros, corresponde a la gestión de las 180 plazas (140 en residencia y las 40 restantes en centro de día) del centro Moscatelares de San Sebastián de los Reyes.

Las plazas residenciales facilitan a sus usuarios alojamiento y asistencia continuada en la realización de las actividades de la vida diaria debido a sus circunstancias personales, familiares y sociales, mientras que el centro de día es un recurso de atención diurna y de carácter socio-rehabilitador destinado a personas de autonomía reducida. En cuanto a los pisos tutelados, constituyen una alternativa de convivencia que tiene por objeto facilitar a la persona mayor un modo de vida semejante al que llevaría en su propio domicilio.

 

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