El Gobierno de Ayuso intentó que la sentencia sólo afectase a una vivienda

La histórica sentencia que obliga a la Comunidad a recuperar la propiedad de las tres mil viviendas vendidas a Goldman Sachs en 2013 afecta a todas las viviendas. Así lo dictaminaba el Supremo hace unos meses, y lo confirmaba el TSJM el pasado mes de julio en respuesta a otro recurso presentado por la Comunidad para evitar la ejecución de la sentencia.

En concreto, el Gobierno de Ayuso intentó dilatar el cumplimiento de la sentencia del Supremo interponiendo dos recursos ante el Alto Tribunal madrileño, buscando que la sentencia sólo afectase a una vivienda, la del inquilino que inició la guerra con la Comunidad; y que no tuviera que publicarse en “El País”. Estos dos recursos eran tumbados por el Alto Tribunal hace poco más de un mes, pero el Gobierno Regional ya ha anunciado que está estudiando presentar otros dos recursos ante el Supremo para seguir dilatando los plazos.

Así, tras conocer la sentencia del juzgado de Primera Instancia que anulaba la venta, en 2019, el Gobierno regional interponía un primer recurso que fue desestimado en mayo. Tras esto, se plantearon dos nuevos recursos, en casación, al TSJM, que eran tumbados en noviembre de 2019 y en marzo de 2020. También en marzo el Supremo desestimaba el incidente de nulidad planteado en la misma batería de recursos.

Tras estos cuatro revolcones jurídicos, la Comunidad decide acatar la sentencia, pero insiste en que sólo afecte a una de las viviendas, lo que abre otra guerra jurídica. En febrero de 2021 recurre el alcance de la sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia, que vuelve a tumbarlo, pero aún así la Comunidad recurre ante el TSJM con los dos recursos que acaban de ser tumbados, y que podrían ser recurridos ante el Supremo. Pero además, el Gobierno de Ayuso ya está preparando una nueva vía de apelación, al considerar que la sentencia solo debería afectar a aquellas viviendas que no hayan sido alquiladas a terceros desde la venta de 2013.

La estrategia de huida hacia adelante del Gobierno regional contrasta con la de Goldman Sachs, que ya ha anunciado que está dispuesto a devolver 1.700 de esas viviendas a cambio de 198 millones de euros. La Comunidad se niega a aceptarlas, por lo que no sería extraño que la situación acabase en los tribunales.