Los partidos de izquierda leyeron la declaración en los pasillos tras el veto de las derechas

Iba a ser el Pleno de Telemadrid, de la Comisión de Investigación de Barajas, y de la elección de los nuevos senadores autonómicos, pero un asunto hizo saltar por los aires el Orden del Día llevándose todos los titulares: PP y VOX vetaban la declaración institucional presentada por los partidos de izquierda condenando el asesinato de Samuel Luiz, ante lo que PSOE, Más Madrid y UP abandonaban el hemiciclo para leerla en los pasillos. Más allá de la escenificación, lo cierto es que la Asamblea de Madrid, como órgano, no ha condenado un suceso que está dando la vuelta al mundo, y que ya ha suscitado la crítica unánime de buena parte de la sociedad.

Y es que, de VOX podía esperarse, pues siempre han sido muy claros en su postura sobre violencia de género y movimiento LGTBI, pero del PP no tanto, pues no han dudado en participar en manifestaciones del Orgullo hasta hace dos meses. Es más, el PP sí ha condenado el asesinato del joven gallego en el Consistorio de Pontevedra y en el Parlamento de Galicia, pero no en la Asamblea de Madrid.

En el debate, Ayuso se metía en un nuevo jardín al afirmar que “veía con malos ojos la inversión de la carga de la prueba, y acusar sin motivos, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia”, en referencia a Luiz, al que nunca se dirigió por su nombre.

Pero no sólo del asesinato que ha conmocionado a España se habló en el Pleno, pues los diputados debatieron y aprobaron la nueva Ley de Telemadrid, una Ley que, tras su publicación hoy en el BOCM, supondrá la destitución inmediata del Director de la tele pública madrileña, y el nombramiento, por parte del Gobierno regional, de un administrador con las mismas funciones que el depuesto.

"Un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro y, por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Por eso, reformamos una ley en el Legislativo. Estoy obligada a asegurar su viabilidad (la del ente público de Radio Televisión Madrid) y me ocupo de cumplir, entre otras cosas, el Contrato-Programa cuando la dirección de la propia cadena ni siquiera lo ha elaborado en el plazo establecido. Si no llega a ser por el trabajo del gobierno de la Comunidad de Madrid, se quedan sin cobrar sus nóminas. Para ello, se adelantaron 10 millones de euros en febrero", afirmaba Ayuso.

La polémica Ley salía adelante gracias a la abstención de VOX, que, si bien criticó duramente una Ley que, afirmaban “mantiene la politización de la televisión pública”, no se atrevía a votar en contra permitiendo, de facto, su aprobación. Los que sí votaron en contra, y anunciaron recursos cuando entre en vigor, fueron los partidos de izquierda, que ya han pedido al Gobierno que la tumbe vía recurso del Consejo de Ministros.

Cerrar Telemadrid o, en su defecto, reducir su gasto y hacer que sea plural y transparente. Ese es el objetivo de VOX y por esa razón el Grupo Parlamentario se abstendrá en la reforma de la Ley de la televisión pública que hoy se vota en la Asamblea de Madrid. “La diferencia entre el resto de partidos y VOX es que, mientras todos aspiran a poner a su servicio los chiringuitos que cuelgan de la Administración, en VOX aspiramos, simple y llanamente, a cerrarlos”, sentenció José Luis Ruiz Bartolomé en el Pleno de este jueves.

El diputado de VOX recordó los -aproximadamente- 75 millones de euros de sobrecoste que supone mantener la televisión pública para las arcas madrileñas -sufragadas con los impuestos de todos- y lamentó que el PP solo tenga afán de “intervención política, de utilizar el ente autonómico como un altavoz al servicio de su propaganda”. “¿En qué se diferencian ustedes de la izquierda sectaria o del separatismo más excluyente?”, preguntó Ruiz Bartolomé a la bancada del Gobierno haciendo referencia a RTVE o TV3, entre otros medios al servicio del poder político.

“Es urgente expulsar a los comisarios políticos de Telemadrid. A todos. Pero tan urgente como ello es proceder a su cierre”, defendió el portavoz de VOX en la Comisión correspondiente. Y, tras exponer que el PP tiene derecho -por su amplia mayoría- a impulsar su propio modelo de Telemadrid -y no el del cierre que quiere VOX-, dejó claro que si el Ejecutivo quiere contar con los votos de estos 13 diputados, “tendrán que poner encima de la mesa lo que la inmensa mayoría de madrileños que nos han votado quieren oír: reducción de gasto, cierre de áreas, auditorías públicas, transparencia, limpieza y neutralidad”.

Austeridad, porque Telemadrid cuesta a cada madrileño “el triple que la suscripción a cualquier canal de pago”. Porque con 75 millones al año se podrían sufragar las cuotas de autónomos de 15.000 empresario, multiplicar por cuatro las ayudas de alquiler, construir un Zendal, mil viviendas para desalojar la Cañada Real o aumentar un 40% las anunciadas ayudas a la maternidad de Díaz Ayuso. Transparencia y auditorías, porque la mitad de lo que nos cuesta Telemadrid a todos los madrileños acaba en manos de productoras externas.

Pero a pesar de ello, VOX no se unirá a la izquierda “feliz con la situación actual donde domina y controla continentes y contenidos de Telemadrid”. “Unos y otros han pretendido utilizar a nuestro grupo parlamentario en beneficio de sus propios intereses, nunca para el de los madrileños”, recordó Ruiz Bartolomé para explicar la abstención del GPVOX. Una abstención “activa y militante” que consistirá en vigilar que el PP no convierta Telemadrid en correa de transmisión de sus intereses políticos o en campo abonado para el despilfarro y los chiringuitos.

“Esta es su ley”, incidió el diputado de VOX, que lanzó una advertencia al PP de cara al resto de la tramitación de la misma. “Si quieren avanzar en la neutralidad y la austeridad, nos encontrará a su lado. Si, por el contrario, busca perseverar en el modelo de gasto sin control y asignación de cargos públicos a discreción, les invitamos a que se entiendan con el PSOE. ¿O acaso no han estado (los socialistas) esta semana en Telemadrid, tranquilizando a sus tropas, asegurándoles que conseguirán colocar un director general consensuado con el PP?”, lanzó. Y concluyó: “Esta es su ley y de lo que ocurra a partir de ahora son solo ustedes responsables. Los madrileños les juzgarán por ello”, zanjó Ruiz Bartolomé.

Si polémica fue la Ley de Telemadrid, no lo fue menos la creación de la Comisión de Investigación sobre Barajas. De nuevo VOX criticó la Comisión afirmando que la Comunidad estaba echando balones fuera sobre sus competencias, pero su abstención permitió que saliese adelante a pesar del voto en contra de las izquierdas.

La diputada del GPP, Ana Dávila, ha intervenido en la Asamblea de Madrid para defender la creación de una Comisión de Investigación sobre la posible incidencia de la entrada del coronavirus a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas en la expansión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. A Dávila no le ha sorprendido la oposición de los grupos de Izquierda a la creación de esta comisión,  “no nos extraña que quieran tapar las vergüenzas y la ineptitud de la gestión del Gobierno de Sánchez en toda materia que aquí se debata”.

La popular ha explicado el motivo por el que su grupo ha registrado la creación de esta comisión, “debemos conocer si los mecanismos de control propios de su competencia para hacer frente a la pandemia, han sido suficientes, en su aplicación, en su comunicación y en su trascendencia para la población, siendo un asunto de interés público por la magnitud de esta crisis y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales”.

Asimismo, la diputada ha criticado que “tan solo un 7 % de los viajeros han sido objeto de algún test, el control de PCRs es aleatorio y durante meses se estableció tan solo la inspección ocular y controles de temperatura”. “El Gobierno de la Nación ha de asumir que la colaboración entre administraciones es crucial y necesaria para dar respuesta a una situación de emergencia y que ha de actuar poniendo en funcionamiento todos los mecanismos de control necesarios”, ha finalizado.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Noelia Núñez, ha preguntado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por cómo valora la situación del Aeropuerto de Barajas en relación con el control de la pandemia. La popular considera que ha habido una “dejación de poderes absoluta” y ha explicado que, por ello, el GPP ha propuesto una Comisión de Investigación sobre Barajas, “porque queremos saber el impacto que hubiera tenido el que les hubieran hecho caso”, ha explicado.

Núñez ha recordado como los propios trabajadores de Barajas califican de “coladero” el aeropuerto, y que solo se ha hecho test al 7 % de los viajeros y que el aeropuerto cuenta en la actualidad con 9 médicos para controlar la llegada de más de 300.000 pasajeros. “Es vergonzoso que el ministro Ábalos o el presidente Sánchez no le hayan hecho caso a usted nunca, cuando ha pedido en numerosas ocasiones un mayor control sobre los viajeros que llegaban a Barajas desde el inicio de la pandemia.”, ha afirmado.

“Estamos acostumbrados a que el Gobierno Central primero niegue una medida para luego acabar dándole la razón en todo a la presidenta Ayuso, pero es que ni las nuevas cepas han hecho recapacitar en su actitud a Sánchez”, ha concluido la portavoz popular.

El partido verde veía como se quedaba solo en su intención de acabar con las subvenciones a sindicatos y asociaciones de empresarios, una PNL que todos los demás partidos rechazaron votando en contra. Acabar con el gasto político superfluo para invertir esos recursos en lo verdaderamente necesario: Sanidad, Educación y Emergencia social. Ese es uno de los principales objetivos de VOX, que este jueves ha llevado al Pleno de la Asamblea de Madrid su propuesta para retirar las subvenciones a sindicatos y patronal. ¿El resultado? Solo queda VOX: todas las demás formaciones han votado en contra de dicha iniciativa.

“Ya no representan a los trabajadores”, denunció Ana Cuartero, que recordó que el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid está formado por siete miembros: tres del Gobierno, dos de patronal y uno por cada sindicato de clase. “Y la Comunidad de Madrid subvenciona a cada uno de estos miembros por 300.000 euros anuales por cabeza”, detalló.

“¿Creen que esto es independencia?”, se preguntó la portavoz de VOX de Presupuestos y Hacienda del Parlamento madrileño. “A mí me suena más a venderse por un plato de lentejas. Bueno, o por una mariscada”, ironizó.“¿Cómo creen que reciben estas subvenciones los trabajadores que siguen en ERTE, a los trabajadores del ERE demadrid Caixabank, los de la industria madrileña o los de los salones de peluquería y belleza asfixiados por los 13 puntos de IVA que les subió el PP y cuya bajada bloquea el PSOE?”, argumentó Cuartero.

Por todo ello, “VOX exige que sindicatos y patronal se financien única y exclusivamente con las cuotas de sus socios y se alejen de esta postura de formar parte de la red clientelar de los gobiernos de uno y otro color”. “VOX ha venido para quedarse. Y no hay mayor muestra de solidaridad con los trabajadores que hacer lo mismo que ellos: reducir gasto político para invertir en las necesidades reales de los madrileños”, concluyó Cuartero.

La última polémica de la jornada llegaba en el cierre de la sesión, pues la Asamblea decidía nombrar a los senadores de representación autonómica, y en la lista dejaban fuera a VOX y UP. Así el PP se queda con cinco asientos (Ana Camins, Jaime de los Santos, Paloma Adrados, Alicia Sánchez Camacho y Eduardo Raboso); Más Madrid con uno, que ocupará Pablo Perpinyá; y el PSOE con otro para Pilar Llop, Presidenta de la Cámara Alta.

En la Sesión de Control Rocío Monasterio llevaba un asunto que salpica de forma directa a la Zona Este: la suspensión de un profesor de Biología que dijo en su clase del IES Complutense de Alcalá que “sólo existen dos sexos”. "La cordura del PSOE duró poco y, arrastrado por Podemos, ha aprobado la Ley trans que defiende la autodeterminación de género. Un término ya avalado por las leyes de la Comunidad de Madrid de 2016 que VOX quiere derogar", afirmaba el partido verde.

“El PP poco puede criticar la Ley Montero cuando en 2016 fueron ustedes los que aprobaron una ley donde dice que “se otorga soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración” y que, además, vulnera la presunción de inocencia, invierte la carga de la prueba, da preferencia en subvenciones a quienes promueven identidad género y autodeterminación, impone códigos deontológicos a medios de comunicación, da formación específica en colegios públicos, privados y concertados, e incorpora la identidad de género a todas las leyes y competencias”, resumió la portavoz de VOX en el Pleno de la Asamblea de este jueves.

Rocío Monasterio explicó lo que eso significa: “Si usted quiere construir 26.000 viviendas en Boadilla, tiene que hacer un informe sobre impacto de género”. Y recordó, también, el caso de Jesús Barrón, profesor sancionado por afirmar el hecho biológico de que todos nacemos XX o XY (mujeres u hombres).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se justificó afirmando que a dicho docente se le había abierto un expediente “por extralimitarse en sus competencias” y, aunque criticó las leyes que invierten la carga de la prueba y dejan indefensos a hombres en los juzgados, defendió también que se dé “educación sexual” en los colegios y presumió de otros aspectos de las leyes del PP que ella misma votó en 2016.

Es decir, dejó sin responder la pregunta de Monasterio: “¿Van a sumarse ustedes al marxismo cultural de la izquierda, defendiendo la autodeterminación de género o van a ser valientes y defender hechos biológicos y científicos y la libertad para que un profesor no tenga que ser un héroe por decir que nacemos mujeres o nacemos hombres?”.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición No de Ley para instar a la Comunidad de Madrid, para que a su vez inste al Gobierno de la Nación, a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo,  no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

En su intervención, la diputada del GPP, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que “el señor Sánchez está concediendo un indulto rendición a los que le están imponiendo el chantaje por la supervivencia política en el poder de la Moncloa”. “La democracia debe defenderse en todo momento y especialmente ahora en estos momentos cruciales en los que el Gobierno del señor Sánchez está poniendo en duda los derechos y las libertades de todos los españoles”, ha afirmado Sánchez-Camacho.

Asimismo, con la aprobación de esta iniciativa, el GPP busca que la Asamblea de Madrid exprese su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país.

“Con esta iniciativa trasladamos a todos los madrileños la obligación ineludible de condena y repulsa expresa de unos indultos infames que se han concedido a unos delincuentes que actuaron al margen de la ley, que dieron un Golpe de Estado en Cataluña, que aprobaron unas leyes de desconexión absolutamente inconstitucionales para aprobar una república fundacional y para aprobar un derecho de autodeterminación que no está incluido en nuestra Constitución, por eso condenamos ese indulto infame del señor Sánchez”, ha asegurado.

La diputada ha recordado como los indultados no han pedido perdón ni han mostrado arrepentimiento, “sino que además siguen atacando a España como Estado opresor y dicen que lo volverían a repetir, y esto no lo vamos a permitir desde esta Asamblea”, ha finalizado.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Mari Mar Blanco, ha intervenido en el Pleno de la Asamblea donde ha asegurado que “a diferencia de la izquierda, nosotros situamos a la familia en el centro de nuestra gestión”. Blanco, que ha dado la bienvenida al PSOE en cuestiones de familia “porque en los últimos 20 años no ha mostrado el más mínimo interés en este ámbito”, ha recordado el anuncio de la presidenta en el Debate de Investidura de que la protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de la legislatura.

La diputada popular también ha valorado que el PSOE haya propuesto la creación de una Comisión de Estudio sobre natalidad, “un copia y pega de la registrada por mi grupo en la legislatura pasada”. Blanco ha comparado las propuestas de su grupo con las políticas que está llevando a cabo el Gobierno Central, por eso ha afirmado que “no me creo la iniciativa que hoy nos trae aquí, un brindis al sol, donde lo único que buscan es un titular, teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez es el Gobierno más antisocial y contrario a la familia que ha sufrido España”.

Frente a las políticas del Gobierno regional con el objetivo de crear empleo, Blanco ha criticado que “el Gobierno de Sánchez se haya convertido en una auténtica máquina de destrucción de empleo, con unos datos de paro en estos momentos en España demoledores”, ha concluido.

La diputada del GPP, Paloma Tejero, ha intervenido en la Asamblea de Madrid, donde ha señalado que “el Gobierno Central debería ser un aliado de Madrid y no un enemigo si de verdad quieren que consigamos ser climáticamente neutrales en 2050”.

Tejero ha afirmado que a la izquierda, más que el cambio climático, “le preocupa el verdeo, que es esa ideología que la izquierda abandera, para intentar mantener ese supremacismo ideológico del que alardean”. En este sentido, Tejero ha explicado que, “su fiesta verde, siempre la pagan otros, y casi siempre los que menos tienen, y si no, pregunten a los españoles a los que ustedes han subido la luz”. “Ustedes utilizan la política verde, como un escenario más de confrontación ideológica”, ha añadido.

“Somos una de las capitales más verdes de Europa, un 48 % de nuestra superficie está amparada por algún tipo de protección y contamos con el mayor porcentaje de red Natura 2000 a nivel nacional”, ha afirmado. “Y lo seremos aún más con el proyecto Arco Verde, seremos la primera comunidad con una planta pionera de hidrogeno verde, mientras, el PSOE de Sánchez reduce el presupuesto dedicado al Plan Nacional para el Hidrógeno de 6.000 a 100 millones”, ha añadido.

Tejero ha asegurado que “el compromiso con la calidad del aire no se mide por el despilfarro en ministerios, secretarias de estado o subvenciones a organizaciones ecologistas afines, sino por el compromiso con un transporte público eficiente, la mejor red y mejor interconectada de toda España, gracias a la cual le liberan de la superficie más de 77 millones de vehículos al año”.

Para finalizar, la diputada popular, dirigiéndose a la bancada de la izquierda, ha negado que estos puedan dar lecciones al Partido Popular en materia de protección del medio ambiente. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid sí tiene un plan y sabemos hacia donde debemos ir, y no tenemos que ver “Chernobyl” para saber que el Medio Ambiente, está mejor cuidado y gestionado cuanto menos comunismo haya a su alrededor”, ha concluido.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha preguntado al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, sobre cómo valora la pretensión del Gobierno de la Nación de llevar a cabo la llamada “armonización fiscal”.

Muñoz ha explicado que “si hay algo en lo que la izquierda son verdaderamente expertos, es en modelar adecuadamente el lenguaje y modificar para usar a conveniencia los conceptos, para ocultar así las verdaderas intenciones y consecuencias de sus políticas”. En este sentido, el portavoz ha afirmado que “por eso hablan de armonizar impuestos entre comunidades autónomas cuando, en realidad, lo que quieren hacer es subir impuestos a los madrileños”. Muñoz ha recordado como España es uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de la OCDE y que “en la Unión Europea no hay ningún país con impuesto de patrimonio y en 15 países no hay de sucesiones”.

“En realidad, armonización solo es un eufemismo, que además de camuflar una subida de impuestos, busca impedir que el PP pueda llevar a cabo una de sus señas de identidad con la bajada de impuestos y garantizar que el independentismo catalán pueda tener como rehenes a los ciudadanos en el infierno fiscal de Cataluña”, ha asegurado. “Desde el Partido Popular advertimos que no vamos a consentir que el sr. Rufián diga cuántos impuestos tenemos que pagar los madrileños y menos para que paguen fianzas, multas o sanciones a quienes incurren en malversación”, ha finalizado el portavoz popular.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha afirmado que “Podemos es un chiringuito, que más que un partido parece el Tínder de la política”. Serrano ha recordado lo ocurrido en el Ayuntamiento de Alcorcón, “donde si eres cuñada del Teniente de Alcalde a la sazón Secretario General de Podemos, tienes el puesto garantizado”. El popular ha lamentado que el Gobierno de Ayuso haya eliminado 4 consejerías ahorrando 2 millones de euros, “y la critiquen por crear una oficina para promocionar el español y atraer así más oportunidades, más riqueza, más inversiones y más cultura para Madrid”.

En este sentido, ha enumerado algunas medidas que ha tomado el Gobierno regional, como el inicio de empresas en el proceso de vacunación, adelantarse en la vacunación de los mayores de 16 años o la renovación de 11.000 sanitarios. “Mientras la izquierda despide a 3.000 por whatsapp en Valencia y pone el foco en uno de los nombramientos de su Gobierno”, ha afirmado.

En su intervención, el portavoz ha recordado que el Gobierno regional ha aprobado estos días el primer proyecto de ley, el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa, “que busca como objetivo el derecho a que nuestros hijos reciban la educación que queremos sus padres y no la que nos diga Echenique”. “Nueva legislatura y nueva temporada de insultos, ataques e insidias más falsas que los títulos de Yolanda Díaz. Y frente a eso, más acción de gobierno y más medidas en favor de los madrileños”, ha afirmado.

Para finalizar, Serrano ha agradecido a la presidenta que vele por los intereses de los madrileños y por su bienestar y espera que en la reunión que mantendrá mañana la presidenta Ayuso con el presidente Sánchez, “tenga enfrente un Presidente del Gobierno que entienda de una vez que a Madrid no se le ataca, ni se le impone ni se le desprecia, que a los madrileños, por encima de todo, se nos debe un respeto”.