 La EvAU recupera su calendario
La Comunidad de Madrid ha agradecido a las seis universidades públicas de la región el esfuerzo realizado en los últimos meses para mantener el modelo de enseñanza híbrido virtual-presencial y que está haciendo posible el buen desarrollo de este curso académico. Así se lo ha trasladado el consejero de Educación, Juventud y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, a la Conferencia de Rectores de las Universidades madrileñas (CRUMA), órgano con el que se ha reunido para analizar la situación de los campus y tratar sobre las próximas líneas de actuación.
Según el consejero, las universidades madrileñas han demostrado capacidad, calidad, eficacia y compromiso, sin poner en riesgo los parámetros de seguridad sanitaria. “Estáis logrando mantener las aulas abiertas y celebrar exámenes presenciales mientras en otros lugares los estudiantes vienen padeciendo, incluso desde antes de Navidad, un curso de cerrojazos e incertidumbre”, ha añadido.
Este éxito de gestión se ha logrado gracias al papel de la CRUMA como punto de encuentro de los intereses comunes de las seis universidades públicas madrileñas y como plataforma de diálogo y colaboración con la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y el conjunto de la comunidad universitaria y de los miembros del Espacio de Educación Superior madrileña.
En este sentido, el consejero ha recordado que los exámenes presenciales de la EvAU de 2020 se celebraron sin una sola incidencia de contagios, una experiencia para afrontar de manera segura la EvAU de este año, que se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de junio, volviendo así al calendario ordinario.
Con respecto a la planificación del curso 2021/22, la Comunidad de Madrid está manteniendo reuniones quincenales con los vicerrectores de Ordenación Académica de las distintas universidades -públicas y privadas- para coordinar actuaciones y establecer un marco común. La previsión es que el primer semestre se desarrolle con el modelo híbrido presencial-virtual que existe actualmente, y que el segundo semestre del curso se recupere la presencialidad plena, siempre que la situación sanitaria lo permita.
Ossorio también se ha referido a los Fondos Europeos REACT-EU que el ejecutivo madrileño ha solicitado para que las universidades y los IMDEA (Institutos Madrileños de Estudios Avanzados) investiguen sobre la pandemia. Los requisitos que deben cumplir los proyectos para acceder a estas ayudas de 50 millones de euros fueron analizados la semana pasada con los vicerrectores de investigación para que, una vez aprobados los fondos en Bruselas, se puedan enviar en el mes de septiembre.
La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado la actualización de las "Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias".
El documento recoge medidas generales de prevención de la transmisión, y medidas específicas para la organización de la prueba y la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador.
Entre las primeras se hace hincapié en que "no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19".
Además, se recuerda la necesidad de mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, la limitación de contactos reduciendo el aforo de los distintos espacios, la higiene de manos de forma frecuente y meticulosa y el uso de la mascarilla salvo en las exenciones detalladas. Respecto a esta última se subraya que no se debe "quitar para toser o estornudar, que en caso de quitársela, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal, realizando higiene de manos posterior y, que si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos". Además, se debe "evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión". Asimismo, se especifica cómo debe llevarse a cabo la ventilación y limpieza y desinfección de las superficies y espacios, y gestión de residuos.
En el apartado de las medidas para la organización de la prueba se indica que "en situación de transmisión comunitaria no controlada las administraciones competentes y las autoridades de Salud Pública indicarán de manera coordinada si son necesarias o no medidas adicionales o postergación de los exámenes".
En otro de los epígrafes se detalla que se deben facilitar medidas que eviten aglomeraciones y desplazamientos innecesarios de personas, como por ejemplo escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen o ampliar el número de sedes. Facilitar la información oportuna y canales de comunicación a todas las personas participantes en los exámenes y prever las necesidades organizativas y logísticas son otras de las cuestiones que se incluyen en esta actualización.
El capítulo que establece las medidas de prevención los días en los que se realicen las pruebas incluye desde recomendaciones en el acceso al recinto y exteriores pasando por el acceso a las aulas, aquellas a tener en cuenta en el interior de las mismas así como qué tener presente en el momento de la finalización de la evaluación y salida del aula y del recinto.
Entre ellas, se encuentra la apertura con antelación para ventilar desde al menos 15 minutos antes, mantener ventilación natural cruzada de manera permanente, a ser posible, abriendo ventanas y puertas. Y, en su defecto se usará ventilación mecánica. Además, se detalla, por ejemplo, que para la manipulación de los exámenes se recomienda una correcta y frecuente higiene de las manos o la comunicación al alumnado de que tras finalizar el examen abandone el centro, siguiendo la señalización y flujos dispuestos y no se quede formando grupos en zonas comunes exteriores.
El último apartado recoge seis medidas específicas dirigidas a la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador. Así, los alumnos que pertenezcan a población vulnerable para COVID-19 deberán seguir las indicaciones de su profesional sanitario de referencia respecto a las medidas de prevención más adecuadas. Y, el profesorado u otros trabajadores que deban participar en las pruebas, que se encuentren en el mismo caso (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán acudir al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de prevención de forma rigurosa.
En caso de duda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Por otro lado, si una persona empezara a tener síntomas de COVID-19 se deberá informar a la persona responsable COVID-19 del centro, se le dará una mascarilla quirúrgica si no la llevara previamente, se le indicará que se dirija a su domicilio lo antes posible (en los casos en los que fuera necesario, se avisará a su familia), evitando contactos estrechos, para iniciar medidas de aislamiento, si por cualquier motivo hubiera que atenderle, se le llevará a un espacio separado de uso individual, y la persona que le atienda debe llevar mascarilla FFP2 sin válvula.
La persona afectada se pondrá en contacto con el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, o en su caso, con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y se seguirán sus instrucciones. Si se trata de una persona trabajadora, debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
"A raíz de la colecta que han realizado en un instituto de Móstoles para pagar las tasas de selectividad de varios alumnos y alumnas, es necesario denunciar la inacción de la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la Universidad a las personas que reúnen todos los requisitos y méritos, pero que tienen menos recursos, especialmente durante una pandemia que ha afectado duramente los salarios de innumerables familias. Esta situación no es un caso aislado, sino un ejemplo de la desigualdad educativa presente en la Comunidad de Madrid, resultado de una década de recortes, austeridad y privatizaciones en el ámbito universitario", explica CCOO.
El coste de estudiar en la universidad pública ha subido 12 veces más que los salarios en la última década. La universidad se ha encarecido un 30% desde que empezó la crisis mientras los salarios han subido un 2,5%.
Dentro de estas cifras, que recogen el promedio nacional, Madrid se sitúa en el extremo: entre 2011 y 2013, la Comunidad de Madrid superó el doble del precio de las tasas universitarias. Ya por aquellos años, el movimiento estudiantil denunció que como consecuencia de la subida de tasas y de los recortes en becas, 45.000 estudiantes menos por año se matricularon en la universidad.
Aún a día de hoy, la Comunidad de Madrid es la región donde estudiar las carreras más económicas cuesta más que en el resto de España: 1.283€ anuales. Según nuestras cifras, de los 50.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid, al menos 7.500 están en riesgo de exclusión social.
La situación no ha cambiado mucho. Aunque se supone a las universidades una vocación pública, y por lo tanto universal e inclusiva, aquellas reformas del gobierno de Mariano Rajoy levantaron un muro divisorio que aún sigue en pie. Es un muro que hace increíblemente difícil que las familias de renta baja tengan acceso a la universidad, lo cual a su vez atenta contra el principio básico de la movilidad social.
Desde aquellas medidas de austeridad que recortaron la financiación de las universidades públicas, parte de esos costes se han transferido a las familias, que tienen que salir adelante con menos becas, tasas más altas, y todo esto durante una pandemia que ha reducido el salario medio de los españoles y españolas en un 3,1%, y que ha reducido el 13% de la masa salarial.
Si se quiere mantener la vocación pública de la educación en nuestro país, y si realmente creemos en nuestra Constitución y en esa parte del artículo 27 que afirma “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, hay que asegurarse de que cualquier familia, con independencia de sus medios económicos, pueda tener acceso a la Universidad. El acceso a la Universidad no puede depender de la caridad del profesorado o de las AMPA, sino que debe estar garantizada por la Comunidad de Madrid en tanto que servicio público.
Según la Ley Orgánica 6/2001, son las comunidades autónomas las que fijan los precios públicos de los estudios universitarios. Es, por lo tanto, a la Comunidad de Madrid a la que debemos pedir explicaciones y reformas. Y lo que deben hacer pasa por dos cambios muy sencillos a los que no pueden negarse:
Actualmente, respecto de las tasas de selectividad, sólo se contempla exención para familia numerosa sin tener en cuenta la renta, pero dado que el sistema de exenciones está ahí para paliar desigualdades, la regulación debería incorporar exenciones en función de la renta y situación familiar.
Por otra parte, las tasas de selectividad no se consideran tasas académicas, sino administrativas, y no están cubiertas por las becas, lo cual no tiene sentido, pues las tasas de selectividad también suponen un coste para las familias, y en muchos casos es un coste determinante que impide el acceso a la Universidad. Es urgente adaptar la regulación para que las becas o los mecanismos que sean pertinentes, cubran este tipo de tasas. Esta situación puede ser calificada de escándalo.
La Comunidad de Madrid destinará 9 millones de euros el curso 2021/22 a las becas de Bachillerato para facilitar que los alumnos con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro concertado en el que cursaban sus enseñanzas hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Estas ayudas beneficiarán a alrededor de 3.000 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión para financiar esta convocatoria de becas propias del Ejecutivo madrileño. Esta iniciativa garantiza el respeto a la libertad de elección de centro, permitiendo que los alumnos no tengan que cambiar de colegio al pasar a una etapa que ya no está concertada por motivo de su situación socioeconómica.
Los beneficiarios de estas ayudas serán los alumnos que hayan realizado 4º de ESO en un centro concertado de la Comunidad de Madrid y que quieran continuar sus estudios de Bachillerato en el mismo colegio, siempre y cuando no tengan concertada también esta etapa. Del mismo modo, podrán acceder a ellas los estudiantes que hayan obtenido la beca en 1º de Bachillerato y pasen a 2º curso.
Además, deberán cumplir los requisitos de tener la reserva de plaza realizada, no ser repetidores y no superar la renta per cápita de 10.000 euros. Como particularidad de estas becas, en el concepto de unidad familiar a la hora de calcular la renta computarán los hermanos del solicitante hasta los 25 años. Las ayudas también benefician a las personas que tengan una discapacidad, debidamente acreditada, igual o superior al 33%, o que justifiquen la condición de víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, estar sujeto a protección internacional o cuando el alumno para el que se solicita la beca se encuentre en situación de acogimiento familiar. |
