La Plataforma por la Educación Inclusiva denuncia que "estigmatiza" a los niños

"Desde la Plataforma estatal por una Escuela Extraordinaria, de la que forman parte 86 entidades, queremos expresar nuestro más rotundo rechazo a la campaña institucional de la Comunidad de Madrid denominada “No sin mi cole” presentada este 25 de noviembre porque ataca frontalmente los derechos de las personas con discapacidad, utiliza la imagen de los niños y niñas con intereses espurios y perpetúa una concepción de la discapacidad cargada de prejuicios". Así presenta la Plataforma por la Educación Inclusiva el inicio de una recogida de firmas virtual contra la campaña de la Comunidad de Madrid a favor de los colegios de Educación Especial.

Con terribles sentencias como “este es su sitio”, el vídeo de la campaña refuerza el estereotipo de que las personas con discapacidad deben permanecer escolarizadas al margen del resto de la población y, en consecuencia, apartadas de la sociedad; algo que vulnera claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, vigente en España, y frena los avances en términos de inclusión social de este colectivo durante las últimas cuatro décadas.

También rechazamos firmemente la utilización de la imagen de personas con discapacidad en esta campaña precisamente para menoscabar uno de los derechos fundamentales que les ampara, el derecho a escolarizarse en escuelas comunes contando con todos los medios oportunos, tal y como se recoge en el ordenamiento jurídico español. Este hecho es más grave aún teniendo en cuenta que es una administración pública quien lo realiza, evitando en todo momento el debate racional sobre los derechos y llevándolo al terreno de una inaceptable manipulación sentimental.

La labor de las administraciones debe ser desarrollar las condiciones materiales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, no perpetuar la exclusión y la desigualdad con campañas que refuerzan estereotipos desfasados sobre el colectivo de personas con diversidad funcional.

Por todo ello, exigimos a la Comunidad de Madrid que retire de forma inmediata la campaña “No sin mi cole” y se ponga a trabajar en la consecución de un sistema educativo que cumpla con los derechos humanos, tal y como exigen los informes de condena emitidos por la ONU sobre nuestro país en los últimos años.

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, se ha reunido con asociaciones del sector de la Educación Concertada y Especial para escuchar sus reivindicaciones y abordar los efectos de la LOMLOE, la última reforma educativa impulsada por el Gobierno de España, sobre el sistema educativo, las familias y los alumnos. Durante el encuentro mantenido con asociaciones como la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) y el sindicato FSIE, entre otros, el vicepresidente regional ha manifestado y defendido un “sí rotundo a la libertad de elección por parte de las familias de la región con respecto a la educación de sus hijos”.

“Desde la Comunidad de Madrid no vamos a consentir que se ataque a la Educación Concertada o que se siembren dudas sobre la Educación Especial”, ha puntualizado Aguado. Precisamente, ha lamentado que la LOMLOE cercene “la libertad de las familias” a la hora de “elegir un centro donde educar a nuestros hijos y proporcionarles la formación necesaria”. La nueva ley educativa recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, la octava de la democracia, “resulta perjudicial para los alumnos de nuestro país y puede marcar negativamente el futuro de toda una generación”, ha añadido. Además, según Aguado, “se trata del enésimo proyecto educativo que nace fallido y sin el consenso necesario por parte de las fuerzas políticas del arco parlamentario”. “Si una ley cuenta con el rechazo de la mitad del Congreso de los Diputados, su implementación no tiene en cuenta el interés general”, ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido todo el apoyo del Gobierno regional a las familias con alumnos de Educación Especial, tras oponerse “frontalmente” al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). La nueva norma, ha destacado, “está construida sobre una falsa inclusión, que es un concepto muy romántico que todos queremos para todos, pero está mal aplicado”, ha subrayado.

Para la presidenta madrileña, que ha mantenido un encuentro con representantes de las familias con alumnos en Educación Especial, “no se trata de la inclusión de los niños en los colegios sino de la inclusión de los niños en su vida, en su futuro”. Y para eso, “cada familia y cada niño es distinto y son ellos los que saben qué camino han de tomar y nosotros no debemos confundirles ni obligarles a coger un itinerario y perder tiempo fundamental, sobre todo, en atención temprana”, ha señalado.

En la reunión celebrada en la Real Casa de Correos, han participado además de Díaz Ayuso y el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, la presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja; el vicepresidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, Luis Rojo Mardones; la presidenta de la Fundación Bertín Osborne, Fabiola Martínez; y José Luis Izquierdo, conocido como Mago More.

La presidenta se ha comprometido a trabajar en numerosas iniciativas, pasando por el refuerzo de la atención temprana, al mismo tiempo que desde el Gobierno regional se va a ver de “qué manera llevamos a los estudiantes universitarios la formación necesaria para que se recuperen estos profesionales que sepan indicar a las familias los mejores itinerarios para sus hijos”.

También ha animado a conocer a los ponentes de “esta fallida ley, porque nace muerta”, así como a la ministra de Educación, Isabel Celaá, a conocer cualquier colegio de Educación Especial de la Comunidad de Madrid para que “juntos escuchen los testimonios de estos alumnos y les pregunten directamente cómo están en estos colegios”. Asimismo, se reforzará la comunicación “para que se conozca más entre los ciudadanos y la opinión pública” por qué el Gobierno defiende que sean los padres quienes decidan en libertad qué modelo de educación quieren para sus hijos.

Por otro lado, ha recordado que llevarán preposiciones de ley a la Asamblea de Madrid y que impulsará una reforma educativa para resaltar la cultura del esfuerzo, el mérito, la autoridad del profesor y el sacrificio. “Esforzarse es mejorar y creemos en la educación en valores”, ha manifestado, para destacar que desde el Gobierno regional garantizará la atención que necesitan las familias.

Este curso, la Comunidad de Madrid cuenta con la escolarización de 5.914 alumnos que tienen algún tipo de discapacidad y requieren de una atención especial, representando el 8,3% del total de alumnos con necesidades especiales de la región. Asimismo, existen en la región 25 centros públicos y 41 centros concertados y 2 privados de Educación Especial.

El resto de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo está escolarizado en centros ordinarios con apoyos, en concreto el 91,7%. De hecho, la Comunidad de Madrid ha incrementado este curso escolar un 23% el número de aulas TGD, que se ha traducido en 110 nuevas más con lo que se alcanzará 591. La Comunidad invierte más de 315 millones de euros anuales para la atención a la diversidad en el conjunto de centros sostenidos con fondos públicos.

FSIE Madrid, el Sindicato Independiente de Enseñanza y Atención a la Discapacidad de Madrid, denuncia que el Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (121/7), popularmente conocido como Ley Celaá, infringe los derechos más básicos y esenciales de todos los trabajadores del sector y, de forma general, de todos aquellos que quieran elegir un centro educativo para sus hijos.

Esta Ley Celaá, llamada así por ser el apellido de Doña María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, impone un modelo educativo que impide a los padres elegir la opción educativa que prefieran para sus hijos, relegando a la Enseñanza Concertada a un papel subsidiario, la cual venía desempeñando hasta la fecha un papel esencial dentro del sistema educativo español.

Esto supondrá que muchas familias pierdan la posibilidad de escoger un centro concertado y se verán obligados a matricular a sus hijos en uno público en contra de su voluntad. Este planteamiento tan rígido e intervencionista se entiende contrario a una sociedad democrática, independiente y libre.

Desde FSIE Madrid también se critica la pérdida del español como lengua vehicular, viendo en esta medida una contradicción a la manifestación que hace la propia Constitución Española, donde se reconoce esta lengua como la común de todos los españoles y que a día de hoy es hablada en el mundo por más de 700 millones de personas.

Sobre la Educación Especial, se piensa que detrás de la Ley Celaá hay una hoja de ruta que acabará situando a estos colegios en un papel meramente testimonial, ya que los niños con discapacidad serán derivados a centros ordinarios. Pero lo peor de todo no es eso, es que esta medida se ha adoptado sin contar con la opinión de los padres.

FSIE Madrid también está haciendo mucho hincapié en defender las retribuciones de los trabajadores de colegios concertados, y equipararlas a los de la enseñanza pública. Parece algo obvio, no solo para el caso de los profesores, también para todo el personal de administración y servicios que se están viendo en una clara posición de desigualdad injustificada.

Sobre la carga lectiva, FSIE Madrid denuncia que hay que disminuir las horas lectivas para conseguir un mejor desempeño de la profesión y elevar así la calidad de la enseñanza. En esta línea, también se comprende necesario implantar un sistema de jubilación parcial que alivie la jornada de los profesores y a su vez, favorezca el relevo generacional y el acceso a los jóvenes al empleo.

Desde FSIE Madrid se está insistiendo igualmente en la necesidad de recuperar el acuerdo de centros en crisis que permita la reubicación de los profesores que perderán su puesto de trabajo por el cierre total o parcial de determinados centros.

Como acto de protesta, FSIE Madrid está participando en las multitudinarias concentraciones convocadas en Madrid, como del pasado 22 de noviembre. Además de una intensa colaboración en diferentes medios de comunicación para divulgar lo que entienden, un ataque a los derechos fundamentales de los padres y a los laborales de los profesionales que ellos mismos representan.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha inaugurado el webinar de convivencia escolar 'La educación nos hace ser', que se desarrollará los días 25 y 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En su intervención, la titular de Educación ha recordado el compromiso del Ministerio para mejorar el clima escolar. Más de 200 integrantes de la comunidad educativa participan en este curso online, que cuenta con la ponencia de Belinda Hopkins, especialista del paradigma restaurativo, y de la filósofa Adela Cortina.