Según FACUA, el correo se envió diez horas antes del inicio de las pruebas, y sin copia oculta

Los empleados públicos de los centros educativos madrileños han sido de nuevo víctimas de la improvisación, negligencia y mala gestión del gobierno regional. El último y más que lamentable incidente ha sido la filtración de un listado con datos laborales y personales de más de 16.000 trabajadores y trabajadoras del sector de la enseñanza que se ha enviado masivamente a través del correo electrónico. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, ha calificado de “grave fallo de seguridad” esta filtración y ha informado que CCOO ya lo ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La indignación hoy entre el personal docente y administrativo de los centros de enseñanza madrileños crece a medida que avanza el día por la forma en la que se les ha convocado para la realización de pruebas serológicas. Para empezar, la primera comunicación que se recibió en los centros de enseñanza relativa a la realización de test fue ayer martes a las 18,40 horas, es decir apenas unas horas antes de la cita, fijada para hoy a partir de las diez de la mañana. A los correos personales de la plataforma Educa Madrid la comunicación llegó a las cuatro de la madrugada. Lo del consentimiento informado, necesario para la realización del test, ha sido todavía peor. Ha llegado al personal hoy a las 10,28 horas, después de que se hubieran iniciado las pruebas.

El caos provocado por semejante e inaudita actuación por parte de la Comunidad de Madrid se traduce en confusión, largas colas, el personal apiñado en las aceras sin posibilidad de guardar la distancia de seguridad, sin acceso a baños y sin saber el tiempo estimado de espera, que supera las cuatro horas. Es decir ha puesto en riesgo a la salud del profesorado y el personal educativo convocado. Además de que se ha convocado a los empleados públicos sin que estuvieran informados de quién hacía las pruebas y cómo se harían incluso si eran voluntarias o no

CCOO rechaza además la externalización del estudio serológico, que debería ser realizado por una institución pública, por ser más barato y más seguro.

Por último, Galvín exige al consejero Ossorio que rectifique y se disculpe, y si no lo hace que dimita porque “un consejero de Educación que insulta y descalifica a su profesorado no está capacitado para liderar la educación”. “Se ha equivocado y debe reconocerlo y rectificar. Las pruebas no se han preparado con tiempo ni bien y no se ha informado adecuadamente al profesorado”, concluye la responsable sindical.

FACUA Madrid ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) por la difusión de datos personales de miles de trabajadores de centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid.

Varios docentes de Madrid han contactado con FACUA para poner de manifiesto que en la noche del martes han recibido un correo electrónico, en el que les citan para una PCR que les realizará Ribera Salud este miércoles por la mañana, acompañado de un documento adjunto con datos de casi 17.000 trabajadores del Área Territorial Madrid-Sur.

En el documento, en formato hoja de cálculo, aparecen los nombres, apellidos, sexo y el carácter de docentes o no docentes de 16.720 trabajadores así como el lugar y hora en el que están citados para la prueba para el diagnóstico del coronavirus.

En la denuncia, FACUA Madrid señala que los trabajadores de los centros de enseñanza no han dado su autorización a la Consejería de Educación para que facilite sus nombres y apellidos al resto de trabajadores ni tampoco a que estos sepan que previsiblemente estarán en un determinado lugar a una hora para realizarse una prueba PCR. Por ello, lo ocurrido incurriría en una vulneracion del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En el apartado primero, letra a del citado artículo, se indica que "el tratamiento solo será lícito" si "el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos". Como excepciones, la norma permite el tratamiento para "el cumplimiento de una obligación legal" o "proteger intereses vitales", pero la asociación advierte de que la consecución de esos fines no hace necesario, obviamente, que los trabajadores de los centros de enseñanza tengan acceso a datos personales de otros empleados y, entre ellos, a su cita para la realización de una prueba PCR.