Recuerdan que se les recortaron 54 millones de lo que les correspondía

La Comunidad de Madrid celebra la admisión a trámite del recurso que el Gobierno regional presentó el pasado 6 de marzo en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso de los 53,64 millones de euros que ha recibido de menos por las entregas a cuenta de 2019.

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que el Ejecutivo madrileño espera “que la Audiencia Nacional acabe dándole la razón”, al tiempo que ha recordado que “durante todo el año pasado el Ministerio de Hacienda estuvo negando a la Comunidad de Madrid, y al resto de comunidades autónomas, la actualización de su financiación para el año 2019 y, cuando finalmente lo tuvo que hacer, nos quitó 54 millones de euros sin darnos alguna explicación válida ni convincente”

Antes de la presentación de este contencioso, en diciembre de 2019, la Comunidad de Madrid envió un requerimiento al Ministerio de Hacienda en el que solicitaba el abono de la cantidad restada en las entregas a cuenta, del que no obtuvo respuesta. Por este motivo, el Gobierno regional decidió interponer un recurso contencioso administrativo, tal y como hizo en octubre de 2019, para reclamar la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, estimada en 377 millones de euros, que también ha sido admitido a trámite y continúa su curso judicial.

No obstante, Fernández-Lasquetty ha destacado que a pesar de la deuda que el Estado mantiene con la Comunidad de Madrid, “hemos cumplido con el objetivo de déficit del año 2019, al contrario del Gobierno de España, que un año más no lo cumplió”.

En julio de 2018, el Ministerio de Hacienda comunicó a los gobiernos autonómicos la previsión de ingresos para 2019, de manera que estos pudieran confeccionar sus presupuestos regionales del siguiente año, según el procedimiento habitual. En ese momento, se informó a la Comunidad de Madrid que recibiría 14.432,12 millones de euros por entregas a cuenta.

Sin embargo, el 11 de octubre, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó desbloquear el ingreso de las entregas a cuenta para 2019, el Ministerio comunicó a la Comunidad que se transferiría 14.432,12 millones, una cantidad inferior a la transmitida en julio de 2018 (14.485,77 millones), y con la que Madrid había elaborado los presupuestos regionales de 2019. Esta diferencia supone el recorte de 53,6 millones de euros que reclama la Administración regional en los tribunales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto por importe de un millón de euros para la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas (FPT) de Avalmadrid en 2020. Esta subvención nominativa, que se abonará mediante un pago único anticipado, está prevista en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

El importe de esta subvención se integrará en el Fondo de Provisiones Técnicas de Avalmadrid, un instrumento creado por la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca para reforzar y ampliar su solvencia y su ratio de liquidez. El objetivo de este Fondo es cubrir los avales fallidos y dotar las provisiones necesarias como consecuencia del riesgo que asume Avalmadrid con las pymes y autónomos.

Las aportaciones al FPT no forman parte del capital social de estas sociedades sino de sus recursos propios, y permiten incrementar la actividad y las posibilidades de generar financiación para pymes y autónomos de las sociedades de garantía recíproca. Este acceso a financiación es especialmente necesario debido a las dificultades que afrontan las pequeñas y medianas empresas de la región a consecuencia de la crisis del COVID-19.

La beneficiaria de la subvención es Avalmadrid, que queda obligada a integrarla dentro del FPT para la cobertura del conjunto de operaciones, y los destinatarios finales son las pymes y autónomos a los que esta sociedad de garantía recíproca facilita financiación en mejores condiciones de las que ofrece el mercado tanto en coste como en plazo para fomentar su actividad.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 4.952.906 euros para el año 2020, cantidad destinada a la concesión de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo, tal y como está previsto en la Ley 5/2018, de 17 de octubre para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del terrorismo.

A día de hoy se han presentado 1.531 solicitudes, de las que se han aprobado y pagado 350 en 2019, lo que ha supuesto una inversión por parte de la Comunidad de Madrid de 15 millones de euros. Asimismo, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a propuesta del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, ha informado positivamente de 880 solicitudes, de las que aproximadamente 90 se sufragarán con cargo a los casi 5 millones de euros del crédito aprobados hoy.

El pago del resto de las 790 solicitudes se llevará a cabo, tal y como establece la Ley, en un plazo de 4 años desde la resolución estimatoria de la solicitud, para lo que se precisarán alrededor de unos 40 millones de euros, que se irán dotando de manera progresiva de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

A través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo se han atendido 2.000 llamadas y se han recibido más de 700 consultas por correo electrónico. Resultado de esta actividad es la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de los 15 millones de euros en ayudas mencionados anteriormente, a los que se suman los 5 millones que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy. Desde que se aprobó la Ley en el año 2018 se han registrado 1.531 solicitudes de ayudas por parte de víctimas del terrorismo.

A estas ayudas hay que unirle las subvenciones a entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. En este caso, el Gobierno regional ha concedido 300.000 euros a ocho: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (58.294 euros), Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M (52.736 euros), Fundación Víctimas del Terrorismo (50.000 euros), Asociación 11M Afectados del Terrorismo (40.000 euros), Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco (40.000 euros), Fundación Rodolfo Benito Samaniego (40.000 euros), Asociación Dignidad y Justicia (13.710 euros) y Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (5.258 euros).

La Comunidad de Madrid se personará como acción popular en todos los procedimientos judiciales sobre terrorismo y actos terroristas, así como en los sumarios y procesos que se abran en el futuro sobre delitos relacionados con el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas. Para llevar a cabo esta iniciativa, el Gobierno autonómico deberá reformar en la Asamblea de Madrid la Ley 5/2018 para la Protección, Reconocimiento y Memoria de la Víctimas el Terrorismo.

Con este cambio, el Gobierno regional defiende la necesidad de modificar la actual ley para impulsar nuevos instrumentos legales que mejoren la protección de las víctimas y sus familiares, impidiendo que nadie las insulte, ridiculice o banalice, además de no tolerar que se minimice su sacrificio o ataque su memoria.

La Comunidad de Madrid va a destinar 1.860.012 euros a la atención residencial temporal de menores extranjeros no acompañados (MENAS) con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy esta partida, que corresponde a dos ampliaciones de plazo de las declaraciones de emergencia contratadas con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para el establecimiento de 66 plazas.

Los contratos que ahora se prorrogan cuentan con dos partidas económicas diferenciadas: el primero de ellos, por un importe de 1.409.100 euros y un total de 50 plazas, y el segundo por un valor de 450.912 euros para otras 16 plazas. Ambos se extienden desde 1 de abril de 2020 hasta un máximo de seis meses, finalizando el 30 de septiembre de 2020.

Los menores en situación de desamparo deben contar, por imperativo legal, con el cuidado de la Administración que garantice su seguridad. En la actualidad, la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las comunidades autónomas, está recibiendo un aumento progresivo de llegadas de menores no acompañados de distintas nacionalidades, sin documentación acreditativa. Los centros de Primera Acogida no tienen capacidad para absorber la afluencia masiva de menores, por lo que ha sido necesario contar con dispositivos de emergencia que les pudieran prestar la atención necesaria.

Por otra parte, el estado de alarma ocasionado por el COVID-19 hace necesario proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad, incluyendo los recursos de atención a los menores migrantes que se encuentran en la región, lo que incide directamente en la continuidad de estas plazas de acogimiento temporal.

La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy destinar 500.000 euros para subvencionar entidades que desarrollen proyectos para el cuidado de mujeres embarazadas o madres con hijos de entre 0 a 3 años sin recursos, para que cuenten con una red de apoyo regional.

Estas ayudas irán orientadas al desarrollo de programas socio-laborales que garanticen la autonomía personal y la obtención de recursos propios de las mujeres en esta situación para evitar su vulnerabilidad o exclusión social, así como programas de asesoramiento legal o de orientación psicológica.

Las entidades también podrán optar a subvenciones en el caso de ofrecer alojamiento en recursos adecuados para las madres y sus hijos, o bien opciones para su cuidado y atención. El procedimiento será el de concurrencia competitiva, atendiendo a la puntuación que obtengan las solicitudes presentadas una vez valoradas.

La cantidad de 500.000 euros se mantiene respecto a la convocatoria de 2019, que ha sido ejecutada en su totalidad y ha permitido atender a 13.886 personas, de las que 12.031 son mujeres y 1.855 menores.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado o innovación social durante el presente año, con un importe asignado de 300.000 euros.

El procedimiento de concesión será de concurrencia competitiva hasta agotar el crédito, atendiendo a la mayor puntuación obtenida tras la valoración de las solicitudes presentadas.

Podrán subvencionarse con cargo a estas ayudas los gastos corrientes de las entidades que se originen por la realización de este tipo de proyectos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta la duración máxima de doce meses de cada proyecto y excluyendo los gastos financieros de los mismos.

Las bases indican que no podrá financiarse más de un proyecto por entidad en cada una de las dos modalidades de voluntariado o innovación. Asimismo, se limita la cuantía a conceder, con un máximo de 4.000 euros por proyecto de voluntariado o de 10.000 euros por proyecto de innovación social.

El crédito asignado a la convocatoria 2019 se ha ejecutado prácticamente en su totalidad hasta alcanzar 296.231,23 euros, lo que ha permitido subvencionar un total de 60 proyectos. La partida que se destinó el año pasado alcanzó los 300.000 euros. Al ser la misma cuantía que la de 2020, se espera que la subvención se reparta entre un número similar de iniciativas.

La Comunidad de Madrid apoya decididamente la aportación de los voluntarios en la región, así como el desarrollo de productos novedosos para la resolución de problemas sociales y las actuaciones emprendedoras en el ámbito social.

El Consejo de Gobierno ha aprobado 7,5 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas para la realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2020.

Los proyectos de doctorado industrial son los relacionados con la investigación planificada o estudios encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes, que puedan ser útiles para desarrollar productos, procesos o servicios (nuevos o que mejoren los existentes) y que suponen la colaboración efectiva entre una empresa y un organismo de investigación.

El proyecto de investigación se desarrollará en la empresa, que contratará al doctorando, y al mismo tiempo, en un grupo de investigación de una universidad, un organismo público de investigación, un hospital o una fundación hospitalaria, donde el doctorando llevar a cabo su formación investigadora, que debe dar lugar a una tesis doctoral.

Estas ayudas tienen como finalidad, por una parte, atraer y retener talento investigador en la Comunidad de Madrid y, por otra, mejorar la interacción entre el ámbito empresarial y el académico, facilitando la transferencia de resultados y la puesta en marcha de proyectos de colaboración mutua.

La convocatoria es idéntica a la de 2019 en sus requisitos, procedimiento y presupuesto. El pasado año, se presentaron 95 solicitudes y se concedieron 55 ayudas por importe de 7,5 millones de euros, por lo que se prevé que en 2020 se financien el mismo número de ayudas.

Los beneficiarios de estas ayudas son las universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid y los hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la región.

Además, también pueden solicitarlas las empresas públicas o privadas que deseen contratar investigadores predoctorales para realizar un proyecto de investigación industrial que les sirva como trabajo de tesis doctoral y sea de interés a las empresas.

La solicitud podrá ser llevada a cabo tanto por la institución de adscripción del director o codirector de tesis, como por la empresa que vaya a firmar el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de doctorado industrial y que contratará al doctorando. Solo se podrá hacer una solicitud por proyecto.

La duración de las ayudas será de tres años, que se contarán a partir de la fecha de la resolución de la adjudicación de las ayudas o de la fecha del contrato si esta es posterior.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la orden de apertura del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Programa de Empleo para municipios rurales, al que el Gobierno regional destina este año un total de 11 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es favorecer la contratación de desempleados y orientadores laborales en las 78 localidades de la región que tienen menos de 2.500 habitantes. Los ayuntamientos interesados tendrán desde mañana hasta el próximo 1 de julio para formalizar su solicitud en la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Estas ayudas, que se enmarcan en la Estrategia para revitalizar los municipios rurales que ha puesto en marcha el Ejecutivo madrileño, se aprobaron a finales del pasado año duplicando el presupuesto de la primera convocatoria de 2019 (que fue de cinco millones) con el objetivo de que todos los municipios que lo solicitaran pudieran beneficiarse del programa. Sin embargo, la suspensión de plazos administrativos para la tramitación de procedimientos del sector público decretada por el estado de alarma impidió publicar su convocatoria, prevista para el pasado mes de abril.

El Programa de Empleo para Municipios Rurales tiene como beneficiarios a ayuntamientos y mancomunidades de menos de 2.500 habitantes, y tiene una triple finalidad: fomentar la práctica laboral de las personas desempleadas en la realización de obras y servicios que se ejecuten en municipios rurales; promover la efectiva cualificación profesional adecuadas a las necesidades del entorno; y por último, actuaciones de orientación profesional para la prospección de empleo y potenciación del emprendimiento colectivo dirigidas a aquellos beneficiarios de las dos actuaciones anteriores.

Para lograr estos objetivos se ofrecen tres líneas de ayudas para contratar a desempleados en obras o servicios de interés general que se desarrollen en el municipio, llevar a cabo actuaciones que combinen empleo y formación con el objetivo de que los participantes obtengan un certificado de profesionalidad en distintas especialidades y realizar acciones de orientación profesional para la búsqueda de empleo y el emprendimiento colectivo de personas desempleadas.

Las ayudas permiten financiar los costes salariales y la cotización a la Seguridad Social de las personas contratadas dentro de cada una de estas líneas, además de los costes de posibles medios de transporte colectivo para los participantes en el programa o de las acciones de formación profesional para el empleo incluidas en el mismo.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de los diferentes contratos tramitados por procedimiento de emergencia, a través del Servicio Madrileño de Salud, para la compra de material sanitario y de protección, respiradores y la realización de PCR debido al COVID-19. El importe total ha sido de 3.483.212, 20 euros.

También por el mismo procedimiento se han adquirido nueve respiradores destinados al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, por un importe total de 155.448,70 euros, trámite del que se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno reunido hoy.

Por último, se ha informado de la contratación para la realización de determinaciones por PCR sobre el coronavirus que tienen como destino el Laboratorio Central, situado en el Hospital Universitario Infanta Sofía, por un importe de 896.000 euros.

Debido a la emergencia creada por la COVID-19 y con la finalidad de prestar los suministros necesarios para garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios, se ha sido necesario acudir a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta normativa faculta a la Administración para actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro, pudiendo ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la citada Ley.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de distinto material sanitario, equipos de tecnología sanitaria, material quirúrgico asistencial y para el montaje que permitió poner en marcha el Hospital temporal de la Comunidad de Madrid en IFEMA, por un importe de 21.336.300,65 euros.

Así, la Consejería de Sanidad ha invertido 9.480.818,34 euros en la adquisición de equipos de protección individual (EPIs) y material médico para este hospital dedicado a pacientes COVID-19, y otros 8.168.795,75 euros para suministros y otros equipos de material sanitario para esta instalación temporal puesta en marcha para hacer frente a los efectos de la pandemia.

También, se han destinado 2.297.248,95 euros para la adquisición de equipos de tecnología sanitaria, de Rayos X, ecógrafos, máquinas de anestesia, bolsas de aspiración y caudalímetros, entre otros. Asimismo, y por importe de 1.316.898,66 euros, se compró material quirúrgico asistencial y de curas.

Además, para gel hidroalcohólico, detergente enzimático, mascarillas, gafas de oxígeno y sistemas de administración de suero para el Hospital de IFEMA se han invertido 20.508,95 euros. Finalmente, para el diseño arquitectónico del proyecto de adaptación de las instalaciones se emplearon 52.030,00 euros.

A todos los contratos que está realizando la Administración regional para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

La Comunidad de Madrid va a lanzar una campaña informativa y de concienciación durante la desescalada, con el objetivo de que la población de la región adopte las medidas preventivas necesarias y refuerce así su protección frente al COVID-19. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 900.000 euros a esta acción, promovida por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que se iniciará el próximo 9 de junio y se mantendrá hasta mediados del mes de julio.

Consta de distintos materiales informativos como cartelería, cuñas radiofónicas, anuncios en prensa generalista, local, contenidos en internet y publicidad en exterior -monopóster y cartelería digital en el transporte-. La campaña bajo el lema Por mí, Por todos, Por ti, apela a la responsabilidad del ciudadano para hacer frente a la epidemia, recordando que la aplicación de las medidas preventivas afecta tanto al individuo como al conjunto de la sociedad.

Por ello, el Gobierno regional insiste en que se deben guardar las medidas esenciales de prevención: distanciamiento de 2 metros, usar la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente o usar gel hidroalcohólico, no tocarse la cara, nariz, ojos y boca y, por último, toser o estornudar en un pañuelo desechable o en el hueco del codo.

Además, los mensajes van destinados de forma concreta a grupos de población y a sectores de actividad. Así, se ha elaborado cartelería específica dirigida a las personas mayores y dependientes, a los que se reitera que tanto ellos como sus cuidadores eviten, en la medida de lo posible, acudir a lugares concurridos. También hay cartelería con medidas de protección de los menores, recordando que los adultos son los responsables de que adopten las medidas esenciales.

La cartelería por sectores de actividad contempla medidas de prevención en el trabajo, en general y para toda la población. También consejos para empresarios, para hacer la compra, para el uso del transporte público, para los trabajos en domicilios, los transportistas y la hostelería.

La Comunidad de Madrid defiende la necesaria colaboración público-privada a la hora de reactivar el sector inmobiliario tras la crisis provocada por el COVID-19. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha participado hoy, de manera telemática, en el Foro de Economistas Inmobiliarios, que ha abordado la Colaboración público-privada para impulsar la vivienda como fórmula para hacer frente a la actual situación.

Pérez ha respaldado el entendimiento entre los sectores público y privado, y lo ha considerado como el medio más eficaz para movilizar todos los recursos disponibles para reactivar el sector, “con el fin último de generar vivienda pública digna a un precio asequible”.

“Una vez que hayan sido atendidas aquellas situaciones de urgencia originadas por el COVID-19, es esencial reforzar el apoyo al sector de la vivienda y favorecer el retorno a la normalidad económica, recuperando el empleo perdido”, ha señalado el consejero.

Pérez ha recordado que, antes de la crisis, el sector inmobiliario ya estaba dando señales de requerir una mayor agilidad y una menor rigidez. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno madrileño “ha asumido la responsabilidad en la agilización de los trámites de las licencias y la digitalización de los procedimientos, mediante una mayor modernización administrativa, además de producir suficiente suelo que sea capaz de absorber la creciente demanda”.

El titular de Vivienda ha subrayado el compromiso de la Comunidad de Madrid para completar el Plan Vive Madrid, que trabaja para movilizar sus suelos de titularidad pública, hasta 1,2 millones de metros cuadrados en 43 municipios, “mediante concesiones administrativas, dirigidas a ofrecer un alquiler asequible, a precios inferiores a los de mercado, especialmente a los más jóvenes”.

Asimismo, ha destacado el buen funcionamiento que está teniendo el Plan Alquila, como soporte de seguridad al mercado del alquiler, y “que ha beneficiado a más de 140.000 madrileños desde su puesta en marcha hace más de una década”.

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha propuesto recientemente -a los principales agentes inmobiliarios madrileños y a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid- suscribir un gran Pacto Regional por la Vivienda, sustentada en seis pilares básicos como la fiscalidad en materia de vivienda; el desarrollo de políticas fiscales que bonifiquen y promuevan esta actividad; y generar más vivienda social, introduciendo condiciones que favorezcan su promoción. En este punto, la Comunidad de Madrid pretende contar en un futuro próximo con 1.500 nuevas viviendas sociales, que se sumarán a las más de 23.200 ya existentes.

La tercera de las medidas del futuro Pacto es la modernización administrativa, encabezada por la modificación de la actual Ley del Suelo, para garantizar una mayor agilidad en las tramitaciones, favoreciendo la administración digital urbanística. También sería necesaria una mayor seguridad jurídica, especialmente dirigida a la promoción y a la gestión del alquiler. Sobre este asunto, Pérez ha alertado nuevamente sobre el perjuicio que puede causar una intervención directa en el mercado del alquiler, topando los precios, tal y como ha propuesto el Gobierno central, y que ha evidenciado su fracaso en ciudades tan relevantes como París o Berlín.

El acuerdo contemplaría además que el sector disponga de una financiación suficiente y estable, con un sistema financiero e hipotecario que permita la promoción de viviendas en régimen de compra y de alquiler, en el que compradores, arrendatarios y promotores encuentren facilidades. Asimismo, en el ámbito de la rehabilitación, particulares y comunidades de vecinos deben contar con suficientes líneas ICO de financiación.

Por último, David Pérez ha apuntado la necesaria transformación y actualización del sector de la vivienda, estableciendo normativas, protocolos unificados, modificando las tipologías de viviendas existentes, apostando por la regeneración y la renovación urbana, la redensificación y la sostenibilidad, entre otras medidas que dinamicen el sector inmobiliario.

La Comunidad de Madrid ha implantado, desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), medidas de carácter extraordinario con el objeto de proteger la salud laboral de los funcionarios de la Administración de Justicia y el resto de empleados públicos, así como de los ciudadanos que tienen que visitar alguna de las 70 sedes judiciales de la región.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, acompañado por la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha visitado la sede de Plaza de Castilla para comprobar in situ, las medidas de seguridad laboral adoptadas por el Ejecutivo regional en las infraestructuras judiciales.

Como ha explicado López, desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid “de acuerdo con la autoridad sanitaria y en coordinación con los distintos operadores de la Administración de Justicia, ha adoptado medidas colectivas e individuales de seguridad laboral para garantizar al máximo la salud de los funcionarios y la de los ciudadanos que han debido hacer uso de las sedes judiciales”.

Tal y como ordenó el Ministerio de Justicia, desde el 25 de mayo la actividad judicial en la región se encuentra en la fase 2 de la desescalada, lo que significa que hasta un 70% de la plantilla se ha incorporado al trabajo. Previsiblemente, la próxima semana se pasará a la fase 3, con el 100% de la plantilla presencial.

El titular de Justicia del Ejecutivo autonómico ha explicado que la Comunidad de Madrid ha promovido la distancia de seguridad de al menos dos metros entre trabajadores, y entre estos y los ciudadanos. Para ello, desde el inicio de la crisis se restringió el acceso a las sedes judiciales y se adoptaron medidas de distancia social. Desde entonces, se limita el número de personas que acceden a cada sede y se respeta la distancia social, tanto en los accesos, como en espacios comunes, de atención al público y ascensores.

Asimismo, se ha estudiado el aforo de las sedes judiciales, salas de vistas y espacios comunes para evitar aglomeraciones, y se ha adaptado la señalética, con pegatinas y vinilos colocados en el suelo, con recomendaciones de uso del espacio tanto en pasillos como en el interior de las salas de vistas. Además, se han instalado mamparas de mesa en los estrados para juez, fiscal y abogado, y mamparas de pie en la zona donde se realizan las pruebas testificales y periciales.

Para ello, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Dirección General de Infraestructuras Judicales, ha adquirido 4.897 mamparas de diferentes tamaños. Sólo en los Juzgados de Plaza de Castilla se han colocado 1.803 pegatinas en el suelo, 33 catenarias de dos metros, 78 mamparas de pie y   480 de mesa.

Además, ya en abril, la Comunidad adquirió 10.000 pantallas faciales individuales que fueron distribuidas entre jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral.

Las personas que visiten las sedes judiciales tienen a su disposición dispensadores de gel hidroalcóholico en los accesos. Para ello, se han instalado 400 dispensadores de gel desinfectante en las 70 sedes judiciales y se ha intensificado la higiene y limpieza de todas estas infraestructuras.

Además, se ha contratado a una empresa de desinfección que actúa inmediatamente en casos de positivos confirmados por COVID-19. Hasta ahora se han llevado a cabo 255 actuaciones de desinfección, además de las que se realizan diariamente en el Registro Civil.

Desde que se inició esta crisis sanitaria, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional ha adquirido unas 110.000 mascarillas, casi 140.000 guantes y más de 16.000 dosis de medio litro de gel. Por último, desde el pasado miércoles se han puesto 9.000 test de detección del SARS-CoV2 a disposición del personal al servicio de la Administración de Justicia, para todos aquellos que quieran hacerse la prueba de manera voluntaria.

En total serán unas 8.500 personas: 7.400 empleados públicos, 550 letrados y 330 fiscales. Los jueces y magistrados no se realizarán esta prueba, toda vez que el Consejo General del Poder Judicial las está realizando por sus propios medios.

La Comunidad de Madrid ha creado en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, un centro de coordinación operativa del Cuerpo de Bomberos regional. Esta nueva infraestructura, que ha visitado el consejero Enrique López, centraliza la gestión de recursos y servicios para la atención más eficiente de las emergencias en las que tengan que intervenir los bomberos.

El nuevo centro de coordinación podrá analizar y seguir las emergencias a través del empleo de herramientas tecnológicas, mejorando la disposición de los efectivos de cada servicio, así como del resto de recursos de emergencia y seguridad gestionados a través de ASEM112. Como ha explicado López, este recurso consta de 14 puestos para operadores, un ingeniero técnico forestal, un jefe de sala y un Oficial de guardia y viene a “reforzar y mejorar la eficiencia en la gestión de emergencias, especialmente ahora que en unas semanas se inicia la campaña de incendios forestales”.

La Comunidad de Madrid ha iniciado la realización de 11.000 test de detección del SARS-CoV2 a efectivos de seguridad y emergencias que forman parte de la organización, coordinación y logística del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) que el Ejecutivo regional activó el pasado 13 de marzo.

Estos 11.000 test, que se suman a las 850 pruebas de diagnóstico PCR ya realizados a estos profesionales desde el inicio de la crisis, se practican en las instalaciones del Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE), coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) y en colaboración con Cruz Roja. Los test han sido cedidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

A los profesionales que den positivo en estos test se les someterá a una prueba de diagnóstico PCR para llevar a cabo un control exhaustivo de su situación sanitaria. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, departamento del que depende ASEM112, ha visitado hoy esta infraestructura. López ha destacado la importancia de esta campaña de test para la detección del virus ya que contribuye “a generar confianza y seguridad a aquellos que están en primera línea del dispositivo de emergencias de la Comunidad de Madrid”.

Los test están destinados a los 4.700 policías locales que forman parte de los distintos cuerpos que existen en la región; a los 1.500 miembros del Cuerpo de Bomberos regional; a los 250 agentes forestales de la Comunidad y a los 250 gestores de emergencias que integran el dispositivo puesto en marcha como consecuencia de la propagación del coronavirus.

Además del control de estos profesionales, el Gobierno regional también ha iniciado de forma progresiva la realización de pruebas a los cerca de 2.600 voluntarios que integran las 96 agrupaciones de Protección Civil y a los 700 brigadas forestales que participan en la campaña de incendios forestales. También se va a testar a 100 empleados de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, que forman parte del dispositivo.

Los distintos cuerpos han debido hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes, que les ha obligado a adaptar su trabajo diario en función de las necesidades de cada momento. Son ingentes las tareas que, gracias a la labor de estos efectivos, se han podido llevar a cabo, a través de la coordinación realizada por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, y en colaboración con la Delegación de Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido a la toma de posesión de los nuevos cargos de la recién creada Viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19, una reestructura que tiene como objetivo adaptarse a los nuevos tiempos que tiene que afrontar el Gobierno tras la pandemia del coronavirus y la futura desescalada en la región. “Todos los aciertos que tengáis son aciertos para toda España. Todo lo que vayáis haciendo hacia adelante va a servir para que otros rincones del mundo nos siga”, les ha indicado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Así, han tomado posesión de sus cargos el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero Gaviria; Elena Andradas Aragonés como nueva directora general de Salud Pública y Francisco Javier Martínez Peromingo nuevo director general de Coordinación Socio-Sanitaria. “La marca de Madrid está tocada en estos momentos y es fundamental que se sepa que Madrid es una región segura, también en lo sanitario y de cada avance y cada acierto va a ir detrás nuevo empleo y turismo”, ha asegurado Díaz Ayuso, que ha explicado que esta nueva área se centrará tanto en estudiar la enfermedad para “ir hacia ella” como en cuidar a uno de los colectivos más vulnerables, los mayores.  En el acto, celebrado en la Real Casa de Correos, también ha estado presente el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de que se han invertido 14.550.234 euros en el hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en IFEMA dirigido a pacientes COVID-19 y que ha permanecido abierto cerca de seis semanas. En concreto, esta partida se ha destinado a la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs); a material sanitario, de laboratorio y de limpieza; y a la contratación del servicio de montaje complementario de la instalación de gases medicinales a través de varios contratos tramitados por el procedimiento de emergencia.

Así, con la finalidad de prestar los suministros necesarios para garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios, la Comunidad de Madrid consideró necesario acudir a la contratación por el procedimiento de emergencia de un total de 13.381.614 euros dirigidos a la adquisición de EPIs y material sanitario.

De igual modo, se ha informado al Consejo de Gobierno de la contratación, por un importe de 786.671.12 euros, de servicio de montaje complementario de la instalación de gases medicinales para el hospital de campaña por el que pasaron en menos de seis semanas cerca de 4.000 pacientes contagiados de coronavirus.

Además, el Gobierno regional ha contratado los suministros correspondientes a la adquisición de equipos de material sanitario, material de laboratorio y material de limpieza por un importe de 381.948.79 euros.

El hospital de campaña de IFEMA abrió el pasado 21 de marzo y llegó a contar con 1.300 camas de hospitalización y 96 puestos de UCI atendidos por 1.000 profesionales sanitarios en dos pabellones, los 7 y 9. Además, dispuso del pabellón 10 como almacén y zonas de vestuario y de descanso para profesionales.

IFEMA recibió a pacientes derivados de los distintos hospitales de la Comunidad de Madrid y fueron atendidos en turnos de mañana y tarde por médicos de Atención Primaria, coordinados por médicos de medicina interna y otras especialidades. De igual modo, los profesionales del SUMMA cuidaron de los pacientes en los turnos de noche.

En el montaje y funcionamiento de este hospital han colaborado con la Comunidad de Madrid instituciones como el Ejército de Tierra, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Comunidad de Madrid, SAMUR, voluntarios, y cientos de entidades y empresas privadas que han participado a través de profesionales de distinto perfil, donaciones y entrega de material.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de las inversiones que ha realizado la Comunidad de Madrid para la adquisición de equipos de protección personal frente al COVID-19 dirigidos a pacientes y profesionales sanitarios. De este modo, la Comunidad de Madrid va a invertir 2.288.327,80 euros en la adquisición de parte de este material.

Así, la Consejería de Sanidad ha contratado la adquisición de mascarillas de protección FPP2 por 2.178.000 euros en un primer contrato mientras que ha encargado gafas de protección, protectores faciales y mascarillas quirúrgicas en un segundo por un total de 110.327,80 euros.

Los acuerdos que de los que hoy ha sido informado el Consejo de Gobierno han tenido como finalidad prestar los servicios necesarios a garantizar la atención sanitaria de los pacientes y los profesionales sanitarios y se han aprobado en base a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Este punto faculta a la Administración para actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro, pudiendo ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetare a los requisitos formales establecidos en la citada norma.

Además, el Consejo de Gobierno ha conocido la inversión de 273.339 euros realizada por la Consejería de Sanidad, también por procedimiento de emergencia, de sendos contratos para el trasporte hasta los laboratorios de análisis y diagnóstico de muestras sospechosas del virus SARS-CoV-2.

El primero de los contratos, por un total de 72.963 euros, tiene como objetivo la adquisición de embalajes de seguridad biológica para el transporte de las muestras humanas. El segundo va dirigido a la compra de material para su transporte, garantizando la colección y preservación de las muestras hasta el centro de diagnóstico clínico. El importe es de 200.000 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto de estructura de la Consejería de Sanidad, por el que se nombra viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 a Antonio Zapatero Gaviria. Elena Andradas Aragonés será la nueva directora general de Salud Pública y Francisco Javier Martínez Peromingo nuevo director general de Coordinación Socio-Sanitaria.

La nueva Viceconsejería aglutinará las direcciones generales de Salud Pública y de Coordinación Socio-sanitaria y, además, implementará la estrategia que se va a desarrollar en los centros socio-sanitarios, y residencias de mayores, para hacer frente al coronavirus a corto, medio y largo plazo.

Antonio Zapatero es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y Premio Extraordinario de Licenciatura. Médico Especialista en Medicina Interna, tiene, además, la Diplomatura de Médico de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Zapatero ha sido jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada y director médico de este centro. Ha sido, asimismo, uno de los directores médicos del Hospital temporal instalado en IFEMA para pacientes COVID-19.

Por su parte, la nueva directora general de Salud Pública, Elena Andradas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Además, es máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad. Andradas es funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores en Salud Pública y ha sido directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad de noviembre de 2015 a junio de 2018.

Francisco Javier Martínez Peromingo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares y médico especialista en Geriatría y Gerontología. Además, es máster en Gestión de Centros y Servicios de Salud por la Universidad de Barcelona. Hasta ahora ejercía de jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Rey Juan Carlos.

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación para la supresión de la mayoría de las licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, con el objetivo de evitar esperas de hasta doce meses. El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo para modificar la Ley del Suelo e impulsar y reactivar esta actividad dañada por el COVID-19.

Con este cambio, que adelantó la semana pasada la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, todas las licencias urbanísticas excepto las estatales se sustituirán por declaraciones responsables, lo que ayudará a acortar los plazos y a atraer la inversión nacional y extranjera para que la recuperación económica de la región sea una realidad lo antes posible ante este contexto de pandemia sanitaria mundial.

Aunque esta medida se pensaba contemplar en la nueva Ley de Urbanismo y Suelo en la que se está trabajando, la Comunidad de Madrid ha considerado tramitarla aparte e ir así eliminando trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral.

El Gobierno regional ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto a las actividades de comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, en un gran número de actividades comerciales, lo que redundó en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región.

Al igual que se ha hecho en la actividad comercial, la Comunidad de Madrid considera necesario reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad que están generando un coste añadido tanto al particular, como a la empresa y al ayuntamiento que la tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas.

En ese sentido, se suprimirán las licencias de obras menores que atascan los departamentos técnicos de los ayuntamientos y hace que los particulares pierdan tiempo en arrancar dichas obras. Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiere instalar un ascensor o una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio podrán ahorrarse trámites de entre dos y cuatro meses de tiempo.

Asimismo, una promotora podrá ahora levantar una promoción en un solar con edificaciones a demoler sin pedir licencia de demolición, por lo que se ahorra un trámite de seis meses pidiendo la declaración responsable.

La modificación se tramitará por el procedimiento de lectura única recogido en el reglamento de la Asamblea de Madrid, lo que permitirá que esta medida esté aprobada este verano con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región.

Con este cambio, el Gobierno regional pretende impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a la Comunidad de Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La aprobación de esta modificación legislativa, que mejora la eficiencia y la competitividad del tejido productivo, animará a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea.

De hecho, esta modificación permitirá impulsar también el proyecto Madrid Nuevo Norte, que la Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas, en plena situación de pandemia, cumpliendo así con uno de los compromisos estratégicos de la Legislatura, que tiene como objetivo seguir impulsando la economía de la región y de España.

En general, esta medida tendrá un impacto muy positivo en el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid favoreciendo la creación de empleo y reduciendo los efectos derivados del contexto actual en el que nos encontramos.

Este cambio también ayudará a eliminar trámites innecesarios u obsoletos para el desarrollo de las actividades económicas, priorizando el mecanismo de declaración responsable que garantizará que la actuación urbanística cumple con los requisitos exigidos por la ley, tanto urbanísticos como medioambientales.

Además, esta medida repercutirá en la eficiencia de las administraciones locales que intervienen en este proceso, lo que será un factor determinante del buen funcionamiento de las actividades productivas y, por tanto, del crecimiento y del desarrollo económico de la región.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. Los plazos dilatados para la obtención de licencias penalizan la actividad empresarial, ya que elevan el coste y dejan de atraer la inversión a la región.

A los costes mencionados se le suman además el que supondría el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.