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01
Jun
2017
Cifuentes comparece hoy ante la Comisión de Investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ciudadanos MadridLa Asamblea aprueba que se devuelva el dinero público utilizado para denunciar a periodistas

Hoy no va a ser un día normal en la Asamblea de Madrid, pues Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad, está citada a declarar en la Comisión de Investigación sobre corrupción que investiga, de forma extraordinaria, la adjudicación del contrato de la cafetería de la propia Asamblea, y este asunto, como no podía ser de otra forma, fue protagonista absoluto de la sesión de la Asamblea celebrada ayer.

El portavoz popular se ha referido a la comisión de investigación, en la que “finalmente se ha conseguido que venga un vicepresidente más de la Mesa de la Asamblea (Antero Ruiz, de IU) a comparecer, que era la propuesta que habíamos defendido desde el principio”. “Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad de lo que ha sucedido, en cambio el resto de grupos de la Asamblea lo que querían era una foto”, ha apostillado Ossorio.

“Los  Servicios Jurídicos de la Cámara que son prudentes y respetuosos con la labor parlamentaria plantearon que las propuestas del PP estaban en plazo y que resultaba aberrante que esa comisión no hubiese participantes a propuesta del Partido Popular”, ha explicado Enrique Ossorio. El portavoz popular ha señalado que “el Partido Socialista votó con nosotros y Cs se emperró hasta el último momento con su auto de fé, para que solo compareciera Cristina Cifuentes”.

En respuesta a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huertas, que ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que venga bien documentada el próximo viernes, Ossorio ha afirmado que “lo que ha sucedido con esta comparecencia de Cifuentes es que son los grupos parlamentarios los que no han pedido documentación, se produce esta sesión sin que los grupos hayan pedido información de este expediente”. “Podemos tampoco ha pedido documentación, y seguramente no lo han pedido porque ya tienen las conclusiones hechas, obviando que el juez ya desestimó el informe policial que investigó los contratos que adjudicaron los servicios de cafetería y restaurante en la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011”, ha denunciado el portavoz parlamentario popular.

Ossorio ha puntualizado que “en la Asamblea siempre se han hecho los contratos atendiendo a los informes de los técnicos, que son los que están habituados y actúan al margen de la política, y los políticos se han limitado a refrendar las opiniones de los funcionarios”. “Esta es la verdad, y no esperamos nada más de esta sesión”, ha añadido el portavoz.

Una sesión en la que los tres partidos de la oposición aprobaban que se devuelva el dinero público utilizado para denunciar a periodistas que, en los últimos 15 años, han acusado al Gobierno regional en casos de corrupción. La medida, propuesta por Podemos, salía adelante con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos.

“Señora Cifuentes, el cortijo del PP se acabó en la Comunidad de Madrid y van a tener que dar muchas explicaciones de todo lo que ha pasado”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, durante la sesión de control en donde ha preguntado sobre los trabajos realizados por la abogacía de la Comunidad de Madrid. Aguado se ha referido al informe de la UCO, en donde la Guardia Civil señala que “de forma indubitada, Cifuentes fue directa partícipe y conocedora de las irregularidades de contratación en la cafetería de la Asamblea de Madrid”.

Durante su intervención, el líder de Cs en Madrid ha criticado que la presidenta regional haya pedido un informe jurídico a la Comunidad de Madrid para “seguir cuestionando la labor de la Guardia Civil”. “Esto no es que no sea elegante es que no es legal. No puede recurrir a los servicios jurídicos de la Comunidad para temas propios” ha afirmado el portavoz de Cs y le ha recordado a Cifuentes que esta práctica ya la hacía en su momento Ignacio González, quien también utilizó los servicios jurídicos de la Comunidad para fines privados.

“Usted se rasgó las vestiduras cuando salió esta noticia y dijo que bajo su mandato el uso particular de los servicios jurídicos iba a acabar. Sin embargo, vemos que cuando su nombre sale en un informe de la UCO, la cosa cambia” ha señalado Aguado. "Los funcionarios de la Comunidad no trabajan para ustedes, sino para los madrileños. Se acabó utilizarlos para su beneficio" ha concluido el líder de Cs en Madrid.

Además de este asunto durante la jornada se habló, y mucho, de educación. El portavoz popular Enrique Ossorio, ha destacado durante su intervención en el Pleno que el pre Acuerdo Sectorial sobre Educación que se ha alcanzado recientemente es un ejemplo más de la voluntad del Gobierno de la Comunidad por mejorar la calidad de vida y los servicios públicos en esta región desde el diálogo y la búsqueda de soluciones con todos los interlocutores, especialmente con los agentes sociales.

Respecto a la Educación, Ossorio ha recordado que es el primer acuerdo sectorial que se firma en los últimos 11 años, pero también “se han firmado otros como el acuerdo laboral de los bomberos, el 112, el convenio colectivo del Canal de Isabel II, Acuerdo para la Mejora de las condiciones de los empleados públicos en las situaciones de enfermedad, y sin duda el histórico Pacto Regional por la Cañada Real, que ha puesto los mimbres para solucionar un problema de hace décadas”.

“El objetivo de este pre acuerdo sectorial es la mejorar de la calidad educativa –ha señalado el portavoz popular-, cuyo elemento esencial es el profesorado, por eso  se están poniendo en marcha  medidas para mejorar su situación”.

Así, el Gobierno ha ampliado la plantilla en 1.000 personas, pero el la cifra de 2.800 nuevos profesores en 2021. Los sexenios incrementarán su importe  en un 10 cada año hasta el año 2021 y desde este verano se abonarán las vacaciones de los profesores interinos con nombramiento superior a 9 meses.  También se mejorarán las licencias y permisos de los profesores.

“Se trata de un esfuerzo muy notable en favor de la educación pública madrileña, que esperemos que se complete con el apoyo de los grupos políticos de esta cámara  para lograr un acuerdo a la propuesta del Gobierno regional por la Transformación de la Educación Madrileña, una nueva muestra de diálogo y consenso dejando al margen este servicio público de los vaivenes políticos”, ha concluido Enrique Ossorio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado que “impulsar el acuerdo educativo es una apuesta firme de nuestro Gobierno, y espero que este pre acuerdo  se convierta en acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesionales”.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un curso de formación para profesores de Primaria en materia de primeros auxilios, seguridad vial y emergencias, según ha avanzado hoy en el Pleno de la Asamblea el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido. “Dentro de la cadena de respuesta ante emergencias, es fundamental el papel que desempeñan los ciudadanos como primeros intervinientes hasta la llegada de los servicios de emergencias. Y la escuela es el primer eslabón de esta cadena”, ha señalado.

Por eso, y en línea con el compromiso electoral 296 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Garrido ha explicado que la Comunidad está trabajando en la formación del profesorado de primaria y de los escolares en materia de prevención y protección civil. Así, el Gobierno regional ha puesto en marcha un curso, que se imparte de manera presencial y online, para formar a profesores de Primaria en maniobras y técnicas de primeros auxilios, en medidas de autoprotección ante incidentes de distintos tipo, en la gestión de emergencias y en materia de seguridad vial.

Esta formación aportará a los profesores los conocimientos necesarios para que, a su vez, impartan estas materias a sus alumnos, ya que estos contenidos ya forman parte del currículo escolar de Primaria en la Comunidad de Madrid. El curso ha sido diseñado, y es impartido, por profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMMA 112, así como por técnicos de AESLEME, una de las asociaciones referencia en seguridad vial. En la iniciativa participan las Consejerías de Presidencia, de Educación y de Sanidad, que cuentan con la colaboración de la Fundación MAPFRE.

“Tras esta primera edición para 35 profesores, se van a programar sucesivas ediciones de la formación al inicio del curso 2017-2018”, ha apuntado el consejero. En cuanto a la formación a los escolares, Garrido ha recordado que desde Madrid 112 y desde el Cuerpo de Bomberos se siguen impulsando talleres con los más pequeños en los que se les explica cómo funciona el sistema de atención de emergencias de la Comunidad de Madrid y se les enseñan conocimientos básicos de prevención y autoprotección ante emergencias.

Durante el curso 2015-2016 han participado en estos talleres 13.569 escolares. El objetivo es triplicar esta cifra durante el curso 2017-18, gracias al impulso de la Unidad de Divulgación del Cuerpo de Bomberos y a los Talleres 112 que impulsa el centro regional de emergencias Madrid 112. “Sin duda, una valiosa iniciativa, pionera en España, para que nuestros niños incorporen unos conocimientos esenciales para reforzar su seguridad y la de sus semejantes, fomentando con ello una sociedad más segura y más solidaria”, ha concluido Garrido.

Las evaluaciones contempladas en la LOMCE, en Educación Primaria y Secundaria, finalizan hoy en la Comunidad de Madrid con la realización de la segunda jornada de la prueba de 6º de Primaria. Estas evaluaciones, destinadas a cerca de 200.000 alumnos repartidos en un total de 1.640 centros públicos, concertados y privados de la región, se han desarrollado con normalidad y sin incidencias. De hecho, han contado con una participación del 97,5% en la prueba de 3º de Primaria, del 89,6% en la prueba de 4º de la ESO y del 94,6% en la primera jornada de la prueba de 6º de Primaria, celebrada el miércoles.

La Ley educativa en vigor (LOMCE) establece para todas las comunidades autónomas el desarrollo de evaluaciones de conocimientos en 3º y 6º de Primaria y en 4º de Secundaria como herramienta para la mejora de la calidad educativa. Se trata de pruebas de carácter diagnóstico, sin consecuencias académicas y cuyos resultados no serán objeto de ninguna clasificación de centros ni serán publicados. En este sentido, una vez corregida la prueba, la Consejería de Educación remitirá un informe a las familias y a los centros con el objetivo de mejorar la calidad educativa a través de la puesta en marcha de medidas de refuerzo en los aspectos que sean necesarios.

Las pruebas han sido facilitadas por la Comunidad de Madrid y gestionadas por el personal del centro, en cuanto a la aplicación y a la corrección, excepto los centros englobados en la DAT (Dirección de Área Territorial) Capital, que han sido evaluados por personal externo al centro, al igual que una muestra de alumnos de 250 centros del resto de DAT, con el fin de obtener datos representativos. El próximo curso, los centros englobados en las DAT Norte y Sur sean examinados por personal externo, mientras que en 2019, le tocará el turno a los DAT Este y Oeste. De esta manera rotatoria, cada tres años todos los centros de la Comunidad de Madrid habrán sido evaluados por personal externo.

La Comunidad de Madrid valora las evaluaciones como una importante herramienta de ayuda a los centros, familias, profesores y alumnos, pues completa y enriquece la información y orientación que reciben con la finalidad de mejorar la calidad educativa a través de la disposición de información y de la retroalimentación, con el objetivo de tomar las decisiones más acertadas y adaptadas al contexto de cada centro.

Los países con los mejores sistemas educativos del mundo y que alcanzan las primeras posiciones en las evaluaciones internacionales como PISA desarrollan desde hace muchos años evaluaciones externas de este tipo en sus centros. Además, organismos internacionales como la OCDE recomiendan hacer evaluaciones externas al sistema educativo para mejorarlo. Así, dos de cada tres alumnos de los países más desarrollados del mundo se encuentran en sistemas educativos en los que se realizan este tipo de pruebas.

Profesores de la Universidad de Stanford y del Instituto CesIfo de Munich resumieron en un estudio de 2011 “The Economics of International Differences in Educational Achievement”, los artículos de investigación que han analizado la relación entre la existencia de estas pruebas y el rendimiento académico de los alumnos. La evidencia es concluyente: los test externos y estandarizados mejoran los resultados académicos de los alumnos entre un 20% y un 40% de la desviación típica, tanto como si cada alumno hubiese estudiado medio curso escolar más al llegar a 4º de la ESO.

“Rectifique en su decisión de cerrar el Centro de Educación Adulta de Galapagar que a nadie beneficia”. Así se lo pedido la diputada de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, María Teresa de la Iglesia, al consejero de Educación, Juventud y Deporte, tras preguntarle en el pleno acerca de ‘si la Consejería de tiene previsto algún cambio de ubicación para el centro educativo de personas adultas La Oreja Verde del municipio de Galapagar’. De la Iglesia ha recordado que para Ciudadanos “la educación de personas adultas ha sido una prioridad desde el comienzo de la legislatura porque, de ella depende la empleabilidad y la inserción social y laboral de los colectivos más vulnerables”.

“Nos parece poco serio que recientemente la dirección del centro se haya enterado de que el próximo curso escolar tendrá que trasladar sus enseñanzas a una nueva ubicación en un instituto de educación secundaria”,ha lamentado la diputada de Cs quien, además ha criticado que “se trate de una decisión del alcalde que tiene la capacidad de decidir al tratarse de un local de propiedad municipal al que ha decidido darle otro uso que debe considerar más importante que la educación de adultos”. “Y todo esto, con un coste anual que no supera los 15.000 euros”, ha apostillado De la Iglesia.

La diputada de Cs se ha dirigido al consejero para instarle a “reflexionar sobre este tipo de decisiones improvisadas a final de curso”, y le ha reclamado que “dé explicaciones a los afectados acerca de cómo les va a afectar esta decisión”.

“Se trata de una decisión que pone de manifiesto la falta de coordinación entre un gobierno municipal y la Consejería de Educación”, ha defendido De la Iglesia quien ha calificado de “preocupante que desde la consejería puedan estar de acuerdo al tratarse de un traslado injustificado”.

La diputada regional de Cs se ha cuestionado si “este no será el terrible resultado de una fractura que se produce en el año 2012 en la política de la consejería de apoyo a la enseñanza de adultos cuando acaban con los convenios con los municipios”.

Por todo ello, De la Iglesia ha exigido “una rectificación en esta decisión” que, según ha añadido la diputada “no beneficia a los usuarios del servicio público ni mejora la educación de adultos”.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid defendió en el Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley (PNL) cuyo objetivo es proponer al Gobierno de la Nación el reconocimiento legislativo de la figura del “Mobbing maternal”, entendida ésta como toda discriminación laboral de la mujer por el hecho de ser madre, para promover su erradicación como práctica y proteger la maternidad desde un punto de vista laboral.

El portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha explicado que la presentación de esta PNL sobre moobing maternal “persigue la erradicación de esas conductas que se producen en las empresas en virtud de las cuales alguien pudiera conculcar los derechos laborales o discriminar a las mujeres por motivos de embarazo o maternidad”. El mobbing maternal es considerado como la segunda causa de acoso a las madres gestantes después del maltrato de género.

Según un informe de la Fundación Madrina sobre Mobbing laboral que ha adoptado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Europea, “la paternidad sigue premiándose, mientras que la maternidad sufre una penalización laboral de más del 50%, especialmente en madres con menores hasta tres años, sobre mejoras salariales y ascensos o mantenimiento de puestos de trabajo”. Esto lleva a que el 85% de la mujeres piensen que su maternidad no es valorada porque no es competitiva ni productiva, de ellas el 72% cree que la maternidad le ha limitado o impedido trabajar; un  58% piensa que un hijo es un obstáculo para su vida profesional y un 30%  expresan que tuvieron que dejar de trabajar por su maternidad.

Según estudios realizados por la OIT, resulta muy difícil determinar el alcance de los despidos y la discriminación en el empleo por razón de la maternidad, sin embargo la información procedente de causas judiciales, órganos encargados de velar por la igualdad de oportunidades, sindicatos y otras fuentes, indican que la discriminación es un problema constante en todo el mundo.

El informe de Expertos de la Unión Europea en 35 países europeos “La lucha contra la discriminación por motivo de embarazo, maternidad o paternidad (2012)”, reveló que en España, Lituania y Rumanía se han identificado tácticas de presión a trabajadoras embarazadas y madres recientes, como el acoso, para inducirlas a la renuncia de su puesto de trabajo.

En esta línea, la Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021, incluye una medida relativa al “Mobbing maternal” dentro de su Línea Estratégica 3: Apoyo a la Maternidad y Paternidad, motivo por el cual el Grupo Popular va a promover esta PNL para que el Gobierno regional se dirija al Gobierno de España para que regule esta figura a nivel nacional.

Ciudadanos ha sacado adelante su propuesta para que la Comunidad de Madrid tenga una nueva Ley de Hacienda.  La diputada de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Susana Solís, ha defendido durante su intervención en el pleno la Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar y presentar un proyecto de una nueva Ley de Hacienda para la Región, que supere las carencias y deficiencias de la ley vigente. Solís ha señalado que “desde Ciudadanos estamos preocupados por el control financiero del sector público autonómico , en particular por el control de sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones que la ley actual  regula  someramente ; así como  una racional, eficiente y transparente gestión de los fondos públicos de los madrileños y transparencia en  los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid”.

“Los sucesivos Gobiernos de la comunidad de Madrid se han limitado a parchearla con modificaciones ineludibles, utilizando habitualmente las Leyes de Acompañamiento de los presupuestos para incorporar preceptos sobre cualquier ámbito de las finanzas autonómicas, lo que ha conducido en algunas materias a una dispersión de la legislación presupuestaria y económico-financiera de la Comunidad”, ha sostenido la diputada regional de Cs.

Solís ha instado al gobierno regional a traer a la cámara un proyecto de ley que incluya, en primer lugar, “la necesidad de explicitar claramente, la composición del Sector publico institucional no administrativo, incluyendo las fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles”. “La cuenta General es  el principal estado financiero que refleja el sector público autonómico y, por tanto, debería  integrar los estados financieros globales de toda la Comunidad, también de estas entidades”, ha sostenido Solís quien ha puesto de manifiesto que “la nueva ley de Hacienda debe abordar una nueva regulación del control interno de la Comunidad de Madrid, estableciendo de forma clara y sistemática su extensión a todas las Entidades del sector publico autonómico e incorporar la modalidad de auditoría pública que ya está consolidada en todas las Administraciones”.

Además, para Solís es fundamental abordar el tema de los presupuestos y, por ello, desde Ciudadanos “pedimos Información más clara, transparente y entendible por los madrileños, tanto en relación con la asignación de los recursos públicos a las diferentes políticas de gasto, como en la financiación de las mismas, en especial los tributos que satisfacen los ciudadanos”.

 

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