x

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

05
Ago
2013
El PSM pide al TSJM que mantenga las medidas cautelares contra la externalización sanitaria PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - Comunidad de Madrid
Compartir en MenéameCompartir en TuentiCompartir en Buzz it!Compartir en FacebookCompartir en Twitter

No descartan llegar hasta Estrasburgo si la medida sigue adelante

El Partido Socialista de Madrid ha presentado recurso de reposición contra el auto del TSJM que levantaba las medidas cautelarísimas impuestas en el proceso de la privatización de la Sanidad Madrileña. En dicho recurso se reclama la "nulidad del auto emitido el 24 de julio por el TSJM por haber vulnerado lo dispuesto en el artículo 51.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, el derecho de tutela judicial efectiva prevista en la Constitución y sobre todo el derecho fundamental de poder recurrir en calidad de ciudadano un acto administrativo que tiene indicios de ser delictivo porque no se trata de un mero concurso de compra de sillas por un Ayuntamiento, esto es un Pliego de condiciones en el que, por virtud del mismo, se altera el sistema sanitario que reciben hasta el momento los recurrentes”, reza el escrito presentado por los socialistas.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, José Manuel Freire, quien ha manifestado que su formación "agotará todas las vías legales para frenar este proceso privatizador – desde un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal Supremo (TS), hasta acudir al Tribunal de Estrasburgo- si se mantiene la postura del TSJM de rechazar su recurso de reposición".

“Estamos hablando de la privatización no sólo de 6 hospitales, sino de la atención especializada de toda la población servida por esos hospitales, que son 1,2 millones de madrileños”, señalaba Freire para argumentar la base jurídica de las acciones emprendidas por los socialistas de Madrid, "no ya como representantes políticos de la ciudadanía sino como propios usuarios que son de las áreas afectadas por este proceso privatizador".

"No entiende nadie que los ciudadanos carezcan de legitimidad para recurrir", ha afirmado Freire, quien insistía en que si bien estaba apoyado por el PSM, el recurso era una acción de 'ciudadanos' y también criticaba que, a su juicio, la sala del TSJM revela con su auto que "no conoce los pliegos y no ha tenido la delicadeza de leerlos, puesto que emitió el fallo el 24 de julio, un día después de que los diputados socialistas presentaran sus alegaciones para demostrar su legitimidad en el proceso y aportar abundante documentación sobre los pliegos".

Así las cosas, en el recurso de reposición presentado por los socialistas madrileños se subraya que el auto “vulnera de manera absolutamente manifiesta el procedimiento previsto en el artículo 51 puesto que se otorgó el plazo de tres días para que a la vista de las alegaciones de la Comunidad de Madrid, se presentaran las justificaciones respecto de la supuesta falta de legitimación de los denunciantes y, sin embargo, de manera sorpresiva, la Sala, lejos de entrar en consideraciones respecto del escrito presentado, y probablemente advertida del tortuoso camino emprendido, decide no resolver sobre la medida cautelar urgente (en lo que estábamos) y para ello acude al procedimiento principal, dónde esta parte no ha tenido oportunidad de hacer alegaciones ni aportar documentos, causando de esta forma una enorme indefensión”.

“En definitiva, la Sala ha dictado una resolución apresurada, extemporánea y que vulnera el procedimiento previsto en la LJCA en el procedimiento principal, aún a pesar de los escritos presentados por esta parte en tal sentido anteriores al dictado del Auto. Una resolución que, aplica un procedimiento analógico, según se indica en el propio Auto, que vulnera derechos fundamentales de esta parte de manera absoluta y que crea una indefensión manifiesta”, continúa el escrito, que también apunta a una "vulneración de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 CE porque el Auto que inadmite el recurso no contesta a ninguna de las alegaciones de la legitimación esgrimidas por esta parte”.

A la vista de la anterior jurisprudencia constitucional, en el escrito de alegaciones presentado por los socialistas ya se indicaban las razones por las que usuarios/pacientes de esos seis Hospitales estarían legitimados para la interposición del recurso contencioso administrativo. Así, en este recurso de reposición se reitera que “el acto recurrido, lejos de ser un simple pliego de condiciones para la licitación de un concurso al uso, consiste en realidad en una modificación por parte de la Administración recurrida del modo en que ésta procede a proveer los servicios sanitarios a la población a la que pertenecen los habitantes que se señalan y en particular en el modo en que los recurrentes (usuarios y pacientes de los Hospitales objeto del recurso) van a recibir dichos servicios sanitarios a los que tienen derecho (artículo 43 CE). En definitiva, esto es no es un mero concurso de compra de sillas por un Ayuntamiento, esto es un Pliego de condiciones en el que, por virtud del mismo, se altera el sistema sanitario que reciben hasta el momento los recurrentes”.

En este sentido, José Manuel Freire insistía: “Que se dé por bueno que ciudadanos afectados por la privatización no estén legitimados para recurrir y tampoco sus representantes políticos, es algo que en democracia y en sentido común no entiende nadie… ¿Nada más que los empresarios tienen derecho a pronunciarse?", se preguntaba el responsable socialista, para quien, en definitiva “no es un caso de indefensión del PSM sino de los ciudadanos, ante un sistema gravemente lesivo para la población y la ciudadanía”.

Además, el diputado socialista apuntaba a que "este proceso debe permanecer paralizado porque pese a lo que quiere hacer creer la consejería de Lasquetty, éste no va bien: El gobierno trata, en una suerte de guerra psicológica de decir que todo el pescado está vendido, que la privatización está hecha, pero eso no es cierto ni política, ni legal, ni operativamente”, apuntaba Freire.

Y es que, ha añadido el responsable socialista en materia sanitaria, "es sintomático que aún no estén firmados los contratos de adjudicación. Algo que se debe, por una parte, a que las empresas están intranquilas porque la licitación está subiudice y, por otra, a que pese a que el Ejecutivo regional modificara las garantías a aportar rebajándolas en un 10% (denunciado por los socialistas por ir más allá de una mera corrección de errores que fomentaba el “reparto”) existen noticias que confirman que el grupo HIMA San Pablo tiene dificultades para reunir dichas cuantías económicas".

Cabe recordar, apuntaba Freire, que "a los recursos del PSM por la vía Penal, en el Constitucional y en la UE, aún pendientes de resolución, hay que sumar otras acciones jurídicas pendientes promovidas por AMYTS, CCOO, AFEM… No en vano existe una providencia del TSJM a un recurso de AFEM indicando a Sanidad que no corra tanto con la licitación puesto que aún se tienen que resolver recursos como éste". Por ello, los socialistas reclaman que el mes de agosto se considere hábil.

 

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar