El PSM pide “medidas cautelarísimas”, UPyD lo considera “un error” y la Plataforma por la Sanidad Pública piensa que “es una forma de que González se afiance en el cargo”

Como era evidente, después de todo lo ocurrido en los últimos meses, la aprobación de la adjudicación de la gestión de seis hospitales a empresas privadas generó ayer una fuerte reacción por parte de los integrantes de la llamada Marea Blanca. Si los vecinos del Corredor se encerraban el día anterior en previsión de lo que pudiera suceder, tras el anuncio eran los políticos los que analizaban la decisión del Consejo de Gobierno. UPyD tachaba de “error” la adjudicación, mientras que el PSM anunciaba la petición de “medidas cautelarísimas” para evitar la toma de posesión efectiva. Sin embargo, los más rotundos fueron los miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública, que veían en la aprobación “un intento de salvar la carrera política de Ignacio González”.

Así, los socialistas han solicitado a los tribunales de justicia “medidas cautelarísimas para que se paralice el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños que ha puesto en marcha el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid", tal y como ha anunciado el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.

Gómez ha hecho este anuncio desde Aranjuez, donde "el Hospital del Tajo también pretende ser privatizado por el PP y entregarlo a Hima San Pablo junto a otros dos hospitales públicos más (el de Parla y el de San Sebastián de los Reyes), una empresa privada que ha dicho que sus intenciones son entrar en el negocio de la sanidad española para promover el turismo sanitario de Marruecos".

"Hoy mismo los socialistas madrileños han ampliado los recursos contenciosos administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y ante el juzgado ordinario y que fueron admitidos a trámite. Ante las posibles consecuencias administrativas y penales, han aportado a los tribunales nuevos argumentos contra este proceso de privatización oscuro” y hecho de espaldas a la Ley”, informaba el socialista.

Tomás Gómez recordó que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid irregularmente permitió que las empresas privadas que han entrado en el “reparto” de los hospitales públicos aporten menos cantidad de aval del que tenían obligación por Ley (pasando de 233 a 23 millones de euros). Y es que, si el Gobierno de Ignacio González firmara la venta de hospitales, el asunto sería de máxima gravedad, ya que, por ejemplo, la garantía que tendrán que dejar las empresas la han rebajado tanto que si alguna de las empresas privadas se declara insolvente, no hay seguridad de que se pueda seguir prestando el servicio con normalidad o se pueda cobrar la penalización por mala gestión".

Por eso, Gómez alerta que "se puede dar la circunstancia de que una empresa tras  la adjudicación de los hospitales públicos, desaparezca y encima gane dinero de todos los madrileños", algo que considera una "golfada en términos jurídicos y sociales y que entra en la estrategia del PP de querer acabar con todo”.

Preguntado por la interrupción del compromiso de la Comunidad del plazo de espera de 30 días para las intervenciones jurídicas, Tomás Gómez apuntó que los recortes significan más plazos de espera, pero recordó que ésta es “la gran mentira del PP” porque “los madrileños sabemos bien que nunca ha habido un plazo de espera de 30 días. Este es un criterio obligatorio para todas las comunidades, pero en Madrid se ha incumplido sistemáticamente, porque el Gobierno del PP ha contado los plazos a su modo".

Por su parte, el diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Enrique Normand, consideraba “un error que la Comunidad de Madrid haya llevado hasta el final el proceso de privatización de 6 hospitales, teniendo en cuenta el rechazo ciudadano y profesional que ha provocado esta medida”.

Enrique Normand cree que “la Consejería de Sanidad sigue sin presentar un estudio propio en el que demuestre y justifique que la gestión privada es más eficiente que la pública”, y ha añadido que “es una medida a corto plazo, porque dudamos de que suponga un ahorro mayor a largo plazo”.

Además, ha afirmado que “la falta de competencia entre empresas en el concurso para la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, ha provocado que no se haya producido una reducción significativa del precio que propuso la Consejería de Sanidad. Las empresas que se han presentado al concurso no tenían incentivos reales para bajar el precio de su oferta económica a la Comunidad de Madrid, porque sabían de antemano que se les iban a adjudicar los servicios”.

Por otro lado, las Plataformas por la Sanidad tampoco están de acuerdo con la adjudicación. Así, vecinos de distintas localidades – Coslada, San Fernando, Mejorada del Campo, Velilla, Loeches, etc. - agrupados dentro de la PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA DEL HENARES, protagonizaron el miércoles una jornada de encierro en el Hospital del Henares en protesta por la privatización de este hospital público. "Este acto de protesta fue apoyado, solidariamente, por vecinos y usuarios de otros hospitales de la Comunidad de Madrid", según explicaban en un comunicado.

"El Hospital del Henares, según parece, será adjudicado a la empresa Sanitas, única empresa que ha concursado para la explotación privada del mismo. El hecho de optar, en solitario y sin posible competencia, por la adjudicación de este Hospital, favorecerá que Sanitas lo obtenga en inmejorables condiciones económicas, en detrimento del interés público, que debía ser una prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con su acto de protesta la ciudadanía , a través de la Plataforma en Defensa y Mejora de la Salud Pública del Henares, quiso manifestar su total oposición al desmantelamiento, por cesión para su explotación privada, del Servicio Público de la Sanidad madrileña; su denuncia de falta de la necesaria transparencia e información pública a usuarios y personal sanitario - en el proceso de adjudicación; y su firme decisión de seguir defendiendo la Sanidad pública y universal más allá de los intentos privatizadores del Gobierno y por todos los medios posibles a su alcance, incluida la vía legal".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, por su parte, afirmaba: "La adjudicación de los hospitales privatizados a las empresas que se presentaron a concurso no ha deparado muchas sorpresas salvo la pertinacia de la Consejería de Sanidad y del gobierno del PP madrileño. Era obvio que los hospitales iban a ser adjudicados a las únicas empresas que se presentaron y que “casualmente” lo hacían a distintos centros con lo que el supuesto concurso se convirtió en una farsa en el que todo apunta a que ha habido un reparto previo al mismo. Consecuentemente las ofertas se ajustan de manera escandalosa a los precios que fijo la Consejería de Sanidad, porque en un proceso concertado no tienen sentido la rebaja de precios que solo se produciría si hubiera una competencia real. Las empresas adjudicatarias plantean serios problemas.  Carece de legitimidad el empeño del gobierno de la CAM en vender estos hospitales a un fondo de inversión británico (BUPA) a una empresa extranjera que afirma estar más interesada en hacer negocio con el turismo sanitario que en la atención a la población madrileña (HIMA) y a una empresa insolvente, que ha causado la ruina de miles de madrileños y un agujero insalvable en las arcas públicas (Ribera Salud). Otro aspecto llamativo es que las empresas solo  optan al 70% de los hospitales y disponen de unas pocas semanas para tratar de convencer a los profesionales de que financien el 30% restante y se conviertan en accionistas de estos hospitales privatizados, los mismos profesionales que han protagonizado una movilización histórica contra esta privatización.  Parece que el objetivo de estas empresas es lograr que los profesionales aporten el dinero para iniciar el negocio, mientras  llega el dinero publico, lo que parece muy difícil salvo que se produzcan presiones para conseguirlo"

"Por supuesto no cabe esperar de esta privatización ni una mejora de la atencion sanitaria de la poblacion, ni una disminucion de las listas de espera, porque como es bien conocido los sobrecostes de la privatizacion se estan pagando con durisimos recortes en los centros que continuan con la gestión tradicional. Desde la ADSPM ya señalamos que los recortes en el sistema sanitario público madrileño significaban 1.054.000 menos consultas externas de Atención Especializada; 123.000 exploraciones radiológicas menos; 44.800 ingresos menos; y 37.400 intervenciones quirúrgicas menos y aunque Lasquetty pretenda echarle la culpa a la huelga (que el mismo de manera contradictoria con lo que ahora dice) aseguro que no habia tenido casi ninguna incidencia, la realidad es que los recortes de la Sanidad Pública de gestión tradicional, para pagar los negocios empresariales de las privatizaciones, son los responsables del desastre de la Sanidad madrileña. El gobierno madrileño se ha empecinado en continuar con un proceso privatizador realizado a marchas forzadas y con el rechazo frontal de los profesionales, las organizaciones ciudadanas y de la mayor parte de los usuarios de estos hospitales, incluyendo a los votantes del PP. Es una decisión absurda y condenada al fracaso. Además todo el proceso se encuentra pendiente de las decisiones judiciales a los múltiples recursos, en España y ante la UE, puestos por las entidades políticas y sindicales. El sentido común habría obligado a esperar que se despejase esta multitud de recursos antes de tomar una decisión, que de prosperar alguno de los mismos tendrá efectos indeseados y muy negativos para todas las partes (ciudadanos, profesionales y empresas). El empecinamiento por continuar adelante con las adjudicaciones solo puede responder a ocultos compromisos adquiridos con las empresas o al intento de salvar la carrera política de Gonzalez y Lasquetty. En cualquier caso una muestra mas del desastre y el caos en que se ha convertido la situación sanitaria madrileña donde los intereses económicos y personales de unos pocos están perjudicando a la salud de la población.", explicaban en un comunicado.