Es el 27% del Presupuesto de la Región

Desde que aparecieron los primeros síntomas de la crisis económica en el año 2008, la Comunidad de Madrid fue la primera región en tomar medidas de ajuste que ya han supuesto un ahorro de más de 4.600 millones de euros, equivalente a un 2,5% del PIB madrileño. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, quien ha añadido que, desde ese año, la Comunidad ha conseguido un ahorro de 3.260 millones con iniciativas de reducción de consejerías, altos cargos, salarios, subvenciones, vehículos oficiales, alquileres, reducción de gasto corriente y reestructuración del sector público empresarial.

A esto hay que añadir los ajustes aprobados en los Presupuestos regionales de 2013 que contemplaron medidas de ahorro por valor de 1.427 millones. Ossorio resumió así las actuaciones reformistas y austeras acometidas por el Gobierno de Madrid desde los primeros indicios de la crisis económica en 2008 con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales con la máxima calidad en su prestación. En este sentido, ha señalado que Madrid es la región española que tiene un menor gasto sobre el PIB, un 9,06%, de manera que el esfuerzo de ajuste de gasto es mucho más importante todavía, ya que partía de un nivel de gasto mucho más bajo que la media que está situado en el 14,4%.

“El Gobierno de la Comunidad da la bienvenida a los planes de ajuste planteados por el Gobierno de la Nación –planes que la Comunidad de Madrid lleva aplicando desde 2008- y, aunque sigue defendiendo que todas las comunidades tengan el mismo objetivo de estabilidad, valora positivamente que se tengan en cuenta el grado de cumplimiento de las reformas a la hora de establecer los objetivos de déficit”, señaló Ossorio, quien matizó que “habrá que hacerlo con perspectiva temporal, porque, si no, podría darse la paradoja de que se diese un mayor margen a quienes peor lo han hecho hasta ahora”.

En ese sentido, Ossorio resaltó que para medir dicho cumplimiento “habrá que tener en cuenta todos los organismos, entes, empresas y demás instituciones suprimidas ya por las comunidades autónomas en estos años, así como las no creadas nunca, de manera que se establezca como un cumplimiento de partida, que compute en el grado de cumplimiento de la Reforma de las Administraciones Públicas”.

El consejero señaló que no se puede dar más objetivo de déficit a las comunidades que no se han esforzado en reducir gastos y órganos duplicados, y explicó que estas comunidades deben, en primer lugar, hacer un esfuerzo de reducción de gasto porque tienen margen para ello, frente a las comunidades que hemos cumplido porque hemos hecho ese esfuerzo.

La Comunidad ha tenido siempre el gasto público más bajo sobre el PIB de todas las comunidades autónomas. No obstante, desde 2008, la Comunidad de Madrid consiguió un ahorro de 4.611 millones con iniciativas de reducción de consejerías, altos cargos, salarios, subvenciones, vehículos oficiales, alquileres, reducción de gasto corriente y reestructuración del sector público. Un ahorro equivalente al 27% del último presupuesto madrileño. La Comunidad ha suprimido el 35% de su sector público, no tiene embajadas, no tiene defensores del pueblo, ni Consejo Económico y Social. El Gobierno madrileño ha eliminado siete consejerías, al pasar de 15 a 8, eliminó la vicepresidencia y 46 altos cargos, de 162 a 116, por debajo del nivel que existía en 2007. Asimismo, ha reducido el salario de los altos cargos entre un 11 y un 17%, y ha reducido dos tercios de los coches oficiales y se produjo una reducción superior al 21% del personal eventual. También se ha congelado el salario de los empleados públicos y a pesar de reforzar en 15.000 empleados los servicios esenciales, la plantilla presupuestaria está por debajo del nivel de 2007. Así, desde 2009 se ha reducido la plantilla en 3.417 efectivos, debido a la tasa de reposición (que sólo cubre las plazas asistenciales en servicios básicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales), y al ajuste realizado en el sector público empresarial. El objetivo de reducción de empresas públicas alcanza el 112% El Ejecutivo autonómico puso en marcha en 2010 una política de reducción de su sector público empresarial que ha supuesto la eliminación de 111 empresas, entes y organismos autónomos, así como la rebaja del gasto de este sector, que supone un ahorro de 1.131 millones. Así, el cumplimiento del Plan de racionalización de sector público empresarial se situó en el 112%, es decir, que se han reducido más empresas de las comprometidas.

El Gobierno de España aprobó en 2012 dos Decretos, uno en materia sanitaria y otro en materia educativa, que modificaban normativa básica estatal y respectivas carteras de servicios con el objeto de permitir que las comunidades pudieran reducir el gasto público ligado a dichas áreas. Aunque la mayoría de las comunidades no han llevado a cabo casi ninguna medida de ajuste obligada por dichos Decretos, Madrid sí lo aplicó y consiguió un ahorro de 331 millones de euros y 1,8 décimas de PIB.

Por otra parte, desde el año 2009, la Comunidad de Madrid consiguió un ahorro de más de 30 millones de euros en extinción y renegociaciones de contratos de arrendamientos. Sólo en 2012 y lo que va de 2013, el Gobierno regional se ahorró 20,69 millones de euros en alquiler de edificios públicos.

En resumen, la Comunidad tomó medidas de austeridad y reformas desde el comienzo de la crisis que han supuesto un ahorro de más de 4.600 millones, de los que 950 millones se corresponden a ahorros en gasto de personal, 525 millones en gastos corrientes y más de 1.500 millones en subvenciones. Además, se ha conseguido un ahorro de 320 millones en reducción y ralentización de inversiones, 1.131 millones en la reducción del sector público empresarial y el resto del ahorro se produjo al obtener mayores ingresos y por la reducción del gasto y otras medidas del sector público.

Las medidas adicionales de ahorro y ajuste que el Gobierno de la Comunidad acometerá en los próximos meses superan los 1.100 millones y casi seis décimas de PIB de ahorro. Así, se prevé intensificar la venta de Patrimonio, aumentar el ahorro sanitario por central de compras y obtener la rentabilidad procedente de participación en el Canal de Isabel II y Consorcios.

En muchos casos, las medidas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid son iniciativas pioneras que posteriormente han puesto en marcha otras administraciones públicas. Un ejemplo de ello es la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que ha eliminado barreras burocráticas al suprimir las preceptivas licencias urbanísticas para abrir nuevos negocios por una declaración responsable, que es una de las medidas estrella de la Reforma de la Administración que plantea ahora el Gobierno de España.

Por último, Enrique Ossorio resaltó que la Comunidad de Madrid ya adoptó en el año 2012 las medidas normativas y procedimentales que le permiten garantizar la exhaustividad en el registro de los gastos devengados por deuda comercial así como la transparencia e integridad en la información a comunicar a los organismos nacionales y europeos.