La Asamblea aceptó debatir la propuesta magenta con los votos de PSOE y PP, y la abstención de IU

La Asamblea de Madrid ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley (PL) del Grupo Parlamentario de UPyD para la reforma de la Ley Electoral con los votos a favor del PP y el PSOE, y la abstención de los diputados de IU.

El diputado y portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha afirmado que “ésta es la iniciativa de UPyD con la que se pretende lograr mayor igualdad en el voto y más poder de los ciudadanos, para que tengan más capacidad de elegir y de exigir responsabilidades a sus diputados”.

Ramón Marcos ha añadido que “UPyD manifiesta su voluntad de consenso porque cree que estas imprescindibles reformas deben aprobarse por acuerdo de una amplísima mayoría”.

UPyD considera que en España es esencial que se hagan reformas en sus principales instituciones para afrontar con éxito la grave crisis que tenemos, entre esas reformas una esencial es la de la Ley electoral y, en concreto, para la Comunidad de Madrid se propone:

1-    La reducción de 129 a 70 el número de diputados, para redimensionar los excesos del estado autonómico mediante la adecuación del tamaño de la Asamblea a sus funciones y a la población que representa. No es razonable que en el Congreso de los Diputados – que tiene  muchas y complejas competencias- haya un diputado por cada 130.000 habitantes aproximadamente y en Madrid uno por cada 50.000.

2-    Rebajar la barrera de entrada en la Asamblea del 5 al 3%, para mejorar la igualdad de poder de voto de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades de las diferentes candidaturas. Lo que permitirá una representación más adecuada de los intereses plurales de los electores.

3-    Listas desbloqueadas para dar más poder a los ciudadanos a la hora de decidir qué políticos deben ser diputados y limitar el poder de las direcciones de los partidos. De esa forma, los diputados se deberían más a los ciudadanos y se podría atajar parte dela partitocracia existente.

4-    Régimen de incompatibilidades, para que los diputados autonómicos no puedan ser a la vez alcaldes o concejales o tener el cargo de consejeros. Con estas incompatibilidades se podría reducir uno de los más graves problemas de nuestra comunidad: el clientelismo político, que ha conducido a gastos desmesurados en infraestructuras y subvenciones innecesarias e inútiles.

5-    Reducción de gastos electorales, como el mailing o envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral.

6-    Eliminación de las cuotas en las televisiones para la intervención de los partidos políticos durante las elecciones, lo cual provoca la situación de oligopolio de los partidos que tienen representación significativa e impide que las candidaturas nuevas que tienen apoyo significativo puedan explicar a los ciudadanos sus programas.