“La Comunidad quiere echar a ocho mil policías y deja a los Ayuntamientos que hagan el trabajo sucio”, afirman los socialistas

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha exigido el cese del consejero de Presidencia, Salvador Victoria, por incumplir los convenios de las BESCAM suscritos con 111 ayuntamientos de la región, al recortar en un 50% la financiación de este servicio, que corresponde enteramente al Ejecutivo regional.

En este sentido, Valcarce ha denunciado que con estos recortes no sólo “se pone en riesgo la seguridad de los madrileños”, sino que además Ignacio González “quiere echar a la calle a 800 policías y quiere que los ayuntamientos hagan el trabajo sucio”. Y es que un tercio de los 2.500 agentes de las BESCAM corren el riesgo de no tener continuidad dado que los consistorios, independientemente de su signo político, sufren grandes dificultades para garantizar esa carga salarial.

Los convenios de las BESCAM, con vigencia hasta 2018, establecían que el Ejecutivo regional tiene la obligación de financiar 2.500 agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo de Ignacio González estableció en los últimos presupuestos regionales un recorte que asciende a 45 millones de euros (un 50% menos de lo acordado), lo que supone una ruptura “unilateral” por parte de la Comunidad y una agresión clara a los ayuntamientos por la repercusión y el perjuicio que ocasiona a sus arcas municipales.

Los socialistas denuncian además que aunque el gobierno regional anunciara posteriormente 21 millones de euros adicionales para financiar estas BESCAM, la realidad es que sigue sin cubrirse el 100% de la subvención comprometida por la Comunidad y que el reparto de la misma se basa en razones del todo arbitrarias, porque la cantidad que perciba cada Ayuntamiento dependerá de criterios fijados por el consejero Salvador Victoria tras reunirse a título discrecional con los alcaldes.

“¿De dónde salen esos 21 millones adicionales?”, cuestionaba Amparo Valcarce, quien explicaba que esa modificación presupuestaria “no ha llegado a la Asamblea” y denunciaba que el recorte inicial de un 50% en la financiación de las BESCAM no puede completarse con una cláusula a medida y completamente arbitraria a la hora de asignar la financiación a cada ayuntamiento.

“No vamos a consentir que para justificar recortes hagan un traje legal a medida con ese supuesto decreto oculto” ha afirmado la parlamentaria socialista, quien ha destacado el sangrante caso de Parla, a cuyo consistorio el gobierno de Ignacio González quiere restarle un 60% de la financiación de su policía BESCAM. “Nos preguntamos a qué ayuntamiento del PP le han aplicado un recorte del 60% como a Parla”, ha afirmado, para matizar posteriormente: “No vamos consentir ese escrache a los ciudadanos de Parla, al ayuntamiento de Parla y la policía de Parla”.

En ese sentido se manifestaba también el diputado y Secretario de Pequeños Municipios del PSM, José Luis García, quien exigía que el gobierno de Ignacio González cese en el empeño que tiene de perjudicar a los ciudadanos de Parla y denunciaba que, del mismo modo que las BESCAM se implantaron sin evaluar previamente las necesidades de cada municipio y sin convocar las comisiones mixtas que establece la ley, ahora “los alcaldes se someten al juicio de Salvador Victoria, con unas tablas que tienen escondidas donde establecen subjetivamente cuánto recortar a cada ayuntamiento”.

Por ello, García exigía el estricto cumplimiento de los convenios por parte de la Comunidad, que se convoquen las comisiones mixtas y que se entreguen a la FMM y a los grupos parlamentarios esas supuestas tablas que fijan la cantidad a recortar a cada municipio, cantidad que “debe consensuarse con los Ayuntamientos”.  Además, ha hecho un llamamiento "a todas las corporaciones locales, independientemente de su signo político, a ejercer las acciones oportunas ante esta nueva agresión a las administraciones municipales".

“No consentimos ni el recorte ni la arbitrariedad”, apostillaba por su parte Amparo Valcarce para quien este sistema de “llamar al confesionario” a cada alcalde “no vale ni es admisible”. “Y vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos y políticos para evitarlo”, ha finalizado.

No en vano 11 Ayuntamientos gobernados por el PSOE y adscritos a las BESCAM (Parla, Fuenlabrada, Bustarviejo, Villamanta, San Martín de Valdeiglesias, Manzanares el Real, Torrelaguna, Los Santos de la Humosa, Los Molinos, Miraflores y El Boalo) estudian ya denunciar por la vía jurídica esta ruptura unilateral del convenio.