Torrejón admite incrementos del 300% en la atención de sus servicios sociales

La regularización extraordinaria de migrantes ha pasado de ser una medida humanitaria a un campo de batalla política en apenas una semana. El frente está abierto en tres niveles: político (Gobierno central contra Comunidad de Madrid, y dentro del propio Ayuntamiento de la capital), judicial (con un recurro en el Supremo ya admitido a trámite) y administrativo (con servicios sociales desbordados y ayuntamientos reclamando recursos que no llegan).

El resultado, por ahora, es un caos de colas, funcionarios sin saber qué hacer, migrantes durmiendo en la calle para conseguir un papel que quizá no necesitan, y una guerra de declaraciones que no ayuda a nadie.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz (PP), ha sido la voz más dura del gobierno regional y municipal. Ha calificado el proceso de "inhumano" y ha vaticinado problemas de convivencia, "que probablemente es lo que quiere el Gobierno". Según Sanz, el Ejecutivo municipal ya advirtió de que "esto iba a pasar", porque el proceso se está haciendo "de forma chapucera" y "tratando de reventar los servicios públicos". "Cargan contra las espaldas de otras administraciones", ha lamentado. Sanz ha subrayado que Madrid siempre ha sido "una ciudad de acogida", pero que estas cosas hay que hacerlas "de forma rigurosa, no irresponsable".

En el extremo opuesto, la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha criticado duramente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por tratar de "boicotear" el proceso. Sánchez ha elogiado a los trabajadores sociales municipales, que "se están dejando la piel" y "lo dan todo" a pesar de estar "desbordados". "Todo lo contrario que Almeida", ha afirmado, acusando al alcalde de "no reforzar nada" el servicio y de "cambiar de criterio sobre cómo tienen que hacer su trabajo". "Es vergonzoso que un día diga que no se hacen informes de vulnerabilidad y otro día que sí", ha subrayado. Sánchez ha exigido a Almeida que refuerce los servicios "de inmediato".

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el decreto de regularización. La Comunidad de Madrid solicita medidas cautelares para suspender el proceso, al considerar que invade competencias autonómicas y genera un "caos" en los servicios públicos. El Alto Tribunal tendrá ahora que pronunciarse sobre el fondo, en una decisión que puede tardar meses.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha respondido instando al PP a "abandonar la confrontación y el politiqueo" y a colaborar. Martín ha reiterado que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero ha denunciado la "actitud obstruccionista" de la Comunidad y del Ayuntamiento.

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha denunciado el "colapso" en los servicios municipales de la región y el "nulo apoyo" del Gobierno central. Piquet ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno, quien la ha emplazado al próximo lunes 27 de abril. "Cada día que avanzamos desde la publicación de ese real decreto hay más colapso y tenemos que ir recalculando nuestra propia gestión municipal sin ninguna ayuda ni apoyo por parte del Gobierno, ni siquiera preguntarnos", ha denunciado.

Piquet ha criticado que el decreto se haya aprobado de forma "unilateral" sin contar con los ayuntamientos ni con la Comunidad. "En el texto aprobado no se contempla ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional para los ayuntamientos a pesar de la gran carga de trabajo que supone para nosotros hacerle el trabajo al Gobierno de España", ha lamentado.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está afrontando picos de saturación "puntuales" pero muy intensos. Su alcalde, Alejandro Navarro (PP), ha advertido de que la demanda se ha multiplicado por dos o por tres en la última semana, generando demoras en otros trámites habituales para los vecinos.

"Entendemos el enfado de muchos vecinos, pero no podemos hacer más desde el Ayuntamiento porque no disponemos de más medios", ha afirmado Navarro. El regidor ha matizado que no se trata de un colapso generalizado, sino de "momentos puntuales" de elevada afluencia. "Hay horas en los que la situación es difícil para muchos vecinos que venían a hacer otro trámite habitual, pero vamos sacándolo como buenamente podemos", ha explicado. Torrejón se suma así a otros municipios del Corredor del Henares que han denunciado la saturación de los servicios por la regularización.

Paralelamente a la tormenta política, el Ministerio de Migraciones ha tenido que salir al paso del caos administrativo. Seis días después del arranque del proceso, ha anunciado que va a emitir unos "criterios de interpretación" para aclarar en qué consiste el famoso certificado de vulnerabilidad, quién lo puede emitir, quién lo necesita y quién no.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha reconocido que este es "uno de los asuntos más controvertidos o que más expectación están generando". Y el director general de Migraciones, Santiago Yerga, ha soltado un dato demoledor: "Estoy convencido de que más del 80% de esas personas no necesitaba un informe de vulnerabilidad". Es decir: ocho de cada diez personas que han hecho colas interminables estos días en ayuntamientos y sedes de organizaciones sociales estaban allí por un documento que no necesitaban.

El proceso de regularización arrancó el 16 de abril de forma telemática y el 20 de abril de manera presencial. La idea es regularizar a migrantes que ya están en España. No es una amnistía, insiste el Gobierno, sino un "procedimiento reglado".

El problema es que uno de los requisitos para acogerse al proceso es un certificado de vulnerabilidad: un papel que acredita que el solicitante se encuentra en una situación económica o social que merece protección.

Pero hasta ahora nadie había explicado con claridad quién lo expide (¿el secretario del ayuntamiento? ¿cualquier funcionario?), qué formato tiene (¿es un certificado o un informe?) y, sobre todo, quién está obligado a presentarlo.

Según ha aclarado Yerga, no necesitan certificado de vulnerabilidad:

Los que hayan solicitado protección internacional.

Los que hayan trabajado en España (aunque sea sin papeles).

Los que tengan una oferta de trabajo o firmen una declaración responsable de trabajo por cuenta propia.

Los que tengan hijos menores de edad en España.

Los que tengan mayores con discapacidad o problemas de salud a su cargo.

Los que tengan ascendientes de primer grado (padres o abuelos) conviviendo con ellos.

Es decir: una parte muy grande de los migrantes que llevan años en España entran en alguno de estos supuestos. Y aún así, han hecho cola porque nadie se lo explicó a tiempo.

El caos ha sido tal que los trabajadores de Correos han denunciado públicamente que no tienen la formación necesaria para atender las solicitudes. Y mientras tanto, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) atienden a mil migrantes al día solo en su sede de Madrid.

Cancela ha negado que esta regularización vaya a provocar un "efecto llamada", porque solo está abierta a quienes ya están en el país. También ha asegurado que "Europa no se va a enfadar", y que el Consejo de Estado avaló esta vía jurídica.

El Gobierno lleva días diciendo que el proceso va bien, que está todo controlado, que es un éxito. Pero seis días después, se ven obligados a emitir instrucciones urgentes para aclarar lo más básico: qué documento hay que pedir y quién lo necesita. Además, la cifra del 80% es una estimación a bote pronto, no un estudio riguroso. Pero aunque sea una exageración, el dato político es claro: el Gobierno admite que la mayoría de la gente que está haciendo cola no tendría que estar ahí.

La regularización se enfrenta a un pulso judicial (recurso de la Comunidad en el Supremo), político (PP acusa al Gobierno de "chapuza" y la izquierda acusa al PP de "boicot") y administrativo (servicios sociales desbordados, ayuntamientos reclamando recursos, y migrantes haciendo colas innecesarias). La reunión entre Piquet y el delegado del Gobierno el próximo lunes 27 de abril podría desbloquear la coordinación. Pero las posiciones, de momento, siguen muy alejadas.