Deberán pagar tres millones a una empresa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que condena al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar a la empresa Care Quality Service Health S.L. (CQS) con más de 3 millones de euros. Esta indemnización se debe al impago de facturas relacionadas con un contrato para la provisión de mascarillas y trajes de protección destinados al hospital de campaña de Ifema durante la pandemia de COVID-19

El litigio se origina en marzo de 2020, en el contexto del estado de emergencia sanitaria. La Comunidad de Madrid, ante la crisis provocada por la pandemia, llevó a cabo la adquisición urgente de equipos de protección individual (EPI) y mascarillas para el pabellón 10 de Ifema. La empresa CQS presentó una reclamación por el pago de 2.878.480 euros en facturas, además de intereses de demora y daños y perjuicios.

CQS argumentó que el 25 de marzo de 2020, se firmó un pedido de suministro por un total de 5.664.590,80 euros (IVA incluido) para la entrega de EPI. La empresa reclamaba el pago de las facturas, pero la administración rechazó su solicitud, alegando que el pedido no había sido autorizado por el Consejo de Gobierno y que el material había sido entregado a otra empresa del mismo grupo.

El TSJM ha declarado que la actuación del SERMAS no se ajusta a derecho, lo que lleva a la anulación de la decisión administrativa. El tribunal reconoce el derecho de CQS al cobro de 2.878.480 euros, así como una indemnización adicional de 229.784,29 euros por daños y perjuicios. Los magistrados señalaron que la Comunidad de Madrid realizó el encargo sin cumplir con las formalidades requeridas por la normativa presupuestaria y la legislación de emergencia. Esto no es atribuible a la contratista, quien había solicitado la documentación necesaria para la financiación.

Se menciona un correo electrónico del 24 de marzo, en el que se informa a CQS que el pedido oficial y la copia de la retención de crédito serían enviados pronto. Esto refuerza la idea de que la contratación tenía apariencia de legalidad y que la confianza de CQS en la regularidad del proceso era legítima.

El tribunal destaca que la responsabilidad de la Comunidad de Madrid se incrementa al tener conocimiento de los informes sobre el pedido y las quejas de CQS sobre el bloqueo de la mercancía en Shanghai. A pesar de esto, la administración no respondió a las reclamaciones, permitiendo que la contratista continuara con la ejecución del contrato.